STC090-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC090-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00639-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Juan Carlos Rueda Mej\u00eda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El querellante actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, demanda la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a la defensa y a la \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, que consider\u00f3 conculcados por la autoridad judicial encartada, al no escucharlo en el marco del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 Cecilia Ortiz Barrag\u00e1n y Efra\u00edn Serrano Navas, cuyo radicado correspondi\u00f3 al consecutivo n.\u00ba 2020-00211. <\/p>\n
En consecuencia, exige la revocatoria de las decisiones adoptadas el 25 de junio de 2021, a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga dispuso \u00abno tener por contestada la demanda y las excepciones, presentadas en el proceso de Restituci\u00f3n de Inmueble arrendado, iniciado por EFRA[\u00cd]N SERRANO NAVAS Y CECILIA ORTIZ BARRAG[\u00c1]N bajo el radicado No. 68001310300120200021100; como el auto proferido el 22 de octubre de 2021, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n y deneg\u00f3 el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo dijo, en s\u00edntesis, que el 7 de agosto 2017, suscribi\u00f3 dos contratos de arrendamiento en calidad de arrendatario respecto de un inmueble cuya destinaci\u00f3n \u00abser\u00eda un establecimiento de comercio dedicado a Eventos y Servicios de Recreaci\u00f3n Social con Venta de Alimentos, camping, Bebidas y Bar al Publico\u00bb (sic), el primero de ellos por $6.000.000.oo, mientras que el segundo por $1.000.000.oo; explic\u00f3 que el mayor valor se pagar\u00eda \u00fanicamente \u00abcuando las condiciones de oferta y demanda fueran buenas\u00bb, realizando una inversi\u00f3n importante en mejoras para lograr la ejecuci\u00f3n de ese acuerdo, pero por cuenta de la pandemia, las actividades econ\u00f3micas \u00abtuvieron una disminuci\u00f3n en sus ventas\u00bb, lo que le impidi\u00f3 cancelar el canon a tiempo, por lo que fue demandado en restituci\u00f3n, y aunque dentro de la oportunidad concedida para ello se opuso al \u00e9xito de la demanda y excepcion\u00f3 \u00abdeuda pendiente por pagar de los arrendadores por las mejoras realizadas al inmueble\u00bb, lo que en su criterio, constitu\u00eda un \u00abeximentes (sic) de responsabilidad en la mora en el pago de la renta o la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de responsabilidad por la inejecuci\u00f3n del contrato de arrendamiento en raz\u00f3n a una imposibilidad sobrevenida por causa extra\u00f1as por la crisis generada de la pandemia COVID\/19\u00bb, y hac\u00eda imperiosa la revisi\u00f3n del contrato, el juez del asunto mediante decisi\u00f3n del 25 de junio de 2021, dispuso no o\u00edrlo y tener por no contestada la demanda, tras considerar que \u00abninguna excepci\u00f3n atacaba la existencia del contrato de arrendamiento, desconociendo la que se denomin\u00f3 \u201cEXISTENCIA DE CAUSALES QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD EN LA MORA DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO\u201d\u00bb, y que tampoco se acredit\u00f3 que hubiere consignado \u00absi quiera[,] la suma determinada como menor valor dentro de uno de los contratos de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Refiere que inconforme interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra lo resuelto, pero el 22 de octubre siguiente el Despacho mantuvo en su integridad esa determinaci\u00f3n, pasando por alto que \u00abse hab\u00eda consignado la suma determinada de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($28.986.000), por concepto de c\u00e1nones m\u00e1s IVA, de marzo de 2020 a octubre de 2021, conforme lo contratado entre las partes; y que hubo una inejecuci\u00f3n del contrato de arrendamiento, para luego reabrirse gradualmente con limitaci\u00f3n de clientes, por ocasi\u00f3n de la pandemia COVID\/19, circunstancia extraordinaria, imprevista o imprevisible que ameritan una revisi\u00f3n de los contratos\u00bb, raz\u00f3n por la cual, dice, estima viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, adem\u00e1s de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, que el accionante de modo alguno desconoci\u00f3 la existencia del contrato sino \u00fanicamente el \u00abvalor del canon y para ser escuchado deb\u00eda el demandado\u00bb, situaci\u00f3n que fue objeto de explicaci\u00f3n en la providencia atacada, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar la acci\u00f3n, m\u00e1xime cuando considera que existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa, por ausencia de poder especial. <\/p>\n
b.) Cecilia Ortiz Barrag\u00e1n y Efra\u00edn Serrano Navas, vinculados, explicaron que si bien suscribieron dos contratos de arrendamiento con el promotor del amparo, tal situaci\u00f3n obedeci\u00f3 a la sugerencia del arrendatario quien dijo requerirlo por temas de \u00abcontabilidad\u00bb, pero en realidad el canon de arrendamiento era equivalente a $7.000.000,oo, decisi\u00f3n no condicionada a circunstancia alguna, como lo refiere el quejoso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, luego de advertir que las decisiones cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta senda excepcional, en raz\u00f3n a que \u00abdurante el t\u00e9rmino deferido para la contestaci\u00f3n de la demanda y la presentaci\u00f3n de excepciones no se acredit\u00f3 el pago de lo adeudado, en tanto ello s\u00f3lo ocurri\u00f3 hasta el 11 de octubre de este a\u00f1o, es decir, cerca de dos meses despu\u00e9s de vencido el lapso concedido para ejercer la defensa del all\u00ed demandado y, de cualquier forma, como con acierto lo determin\u00f3 el juez accionado\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente indic\u00f3, que en todo caso, el actor no \u00abdesconoci\u00f3 la existencia del contrato\u00bb sino la exigibilidad de las rentas en el marco de la emergencia, situaci\u00f3n no \u00abprevista como excepci\u00f3n a la exigencia del pago de lo adeudado a efectos de ser o\u00eddo dentro de los procesos de restituci\u00f3n de inmueble fincados en la mora en el pago del canon pactado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo se mostr\u00f3 inconforme con la decisi\u00f3n, tras insistir en las presuntas irregularidades expuestas en el libelo genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En este caso, el se\u00f1or Rueda Mej\u00eda cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, concretamente, la decisi\u00f3n del 25 de junio de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga se neg\u00f3 a escucharlo dentro del juicio verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado seguido en su contra, sin reparar, dice, que previamente acredit\u00f3 el pago de \u00ab$145.439.715\u00bb correspondiente a las rentas causadas hasta el 31 de julio de 2020, \u00abfecha de terminaci\u00f3n del asunto\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n cuestionada a la autoridad convocada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, pues, la determinaci\u00f3n de no o\u00edrlo en el juicio verbal ya identificado obedeci\u00f3 a una razonada aplicaci\u00f3n del inciso segundo del numeral cuarto del canon 384 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor dispone: \u00ab[c]ualquiera que fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 consignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 de ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de dep\u00f3sito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso ejecutivo\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
V\u00e9ase que tanto en la decisi\u00f3n atacada, como en la que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n \u201328 de octubre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga le indic\u00f3 al aqu\u00ed accionante que con las excepciones propuestas en su oportunidad: i) compensaci\u00f3n de obligaciones entre c\u00e1nones y mejoras realizadas, ii) desconocimiento de lo pactado en los contratos suscritos entre las partes, no se cuestion\u00f3 la existencia del contrato, lo que hac\u00eda imperioso realizar el pago total de las rentas causadas, y no solo las demandadas, incluso, en esa \u00faltima determinaci\u00f3n, sino todas aqu\u00e9llas que se ocasionaran en el decurso de la actuaci\u00f3n, encontrando que la suma consignada no acreditaba tal supuesto; situaci\u00f3n, como se advirti\u00f3 en precedencia, que luce como una respetable aplicaci\u00f3n de la norma en cita. <\/p>\n
Lo anterior permite concluir entonces, que no era necesario exigir una detallada explicaci\u00f3n de las razones por las cuales se consideraba insuficiente el dinero que por concepto de rentas pag\u00f3 el demandado en el desarrollo del proceso, pues bastaba con exponer, como lo hizo el despacho, que al no encontrarse en entredicho el contrato suscrito entre las partes y dada la causal de restituci\u00f3n alegada, resultaba imperioso acreditar el pago total de las rentas requeridas y las que en curso se fueran causando dado que las etapas del asunto son preclusivas, siendo del resorte del all\u00ed convocado consignar oportunamente a \u00f3rdenes de ese Juzgado, los c\u00e1nones causados durante el proceso. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, se advierte que la decisi\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito criticado de no escuchar al aqu\u00ed interesado hasta que acreditara el pago de las c\u00e1nones causados durante el asunto, y en consecuencia, tener por no contestada la demanda, no obedeci\u00f3 al capricho o la arbitrariedad de aquel juzgador, sino que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo esa decisi\u00f3n se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad procesal y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso los motivos por los cuales exigi\u00f3 el pago de los c\u00e1nones que se causaron durante todo el juicio (los cuales lejos estuvieron de ser compensados con mejoras), y no s\u00f3lo los referidos en la demanda. <\/p>\n
5. De ah\u00ed que, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la citada postura, no merece reproche en este escenario dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC14066-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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