STC092-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC092-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00028-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la salvaguarda que Juan Carlos J\u00e1tiva R\u00faales le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos censurados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, debido proceso y libertad\u00bb, para que \u00abse imparta orden perentoria para que se apruebe el permiso de salida sin vigilancia durante quince (15) d\u00edas continuos, por parte del amparo a [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Tribunal Superior de Popay\u00e1n declar\u00f3 improcedente la tutela que le formul\u00f3 al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad por \u00abnegarle mediante auto de 11 de febrero de 2021 el beneficio de permiso sin vigilancia durante 15 d\u00edas, pese a que re\u00fane los requisitos legales para tal efecto\u00bb, tras estimar que \u00abno se colm\u00f3 el principio de subsidiariedad, pues tuvo la oportunidad de hacer ejercicio de los recursos, esto es, el recurso de reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n, como mecanismos para confrontar la decisi\u00f3n y no lo hizo\u00bb (19 mar. 2021), decisi\u00f3n que fue convalidada por el superior (6 may.). <\/p>\n
En su criterio, lo resuelto lesion\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que \u00absi analizamos detenidamente [su] caso particular, encontramos que el juzgado ejecutor frente a [su] situaci\u00f3n, una vez cumplidos los requisitos para acceder al permiso salida por quince d\u00edas conforme al art. 147 A de la Ley 65 de 1993 y pese a reunir los requisitos legales para tal autorizaci\u00f3n, se [le] neg\u00f3, lo cual no est\u00e1 en sinton\u00eda con la Carta Pol\u00edtica, en cuanto la decisi\u00f3n afecta el objeto de preparaci\u00f3n para la vida en libertad y se le neg\u00f3 la tutela bajo el argumento que no interpuso los recursos que correspond\u00edan\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al ruego, toda vez que \u00abes evidente que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, ante la improcedencia de la tutela contra otra de igual naturaleza. Este medio excepcional no es el medio adecuado para controvertir las decisiones proferidas en tr\u00e1mite de la misma naturaleza, sino que la parte actora debe acudir a la encargada de la guarda y supremac\u00eda de la Carta Magna e insistir en la revisi\u00f3n del asunto \u2013 en caso de que no sea seleccionado – y alegar sobre los fundamentos tenidos en cuenta al momento de tomar la determinaci\u00f3n, que aqu\u00ed objeta\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, manifest\u00f3 que \u00abcon la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el beneficio solicitado no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por cuanto este \u00faltimo se halla privado de la libertad por un delito inmerso en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas\u00bb dirigidas contra el decurso de otra guarda, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar. 2021). <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, acept\u00f3 la viabilidad de \u00abacciones\u00bb como la presente, cuando la resoluci\u00f3n adoptada en la ayuda es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se reprochan \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
2.- En el sub lite el promotor intenta dejar sin efectos el fallo expedido por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n (19 mar. 2021), ratificado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (6 may.) en el resguardo n\u00b0 2021-00128-00, por cuanto \u00abel juez accionado neg\u00f3 su solicitud de permiso sin vigilancia durante 15 d\u00edas, pese a que re\u00fane los requisitos legales para tal efecto\u00bb. Es decir, su inconformidad es con el fondo de los veredictos, lo que imposibilita la injerencia supralegal implorada, tornando improcedente el estudio del anhelo superlativo, m\u00e1xime que no se advierten hechos constitutivos de \u00abfraude\u00bb, lo cual tampoco fue alegado ni probado en estas diligencias; evento capaz de viabilizar la prosperidad de este mecanismo excepcional, como qued\u00f3 visto en precedencia. <\/p>\n
Ahora, se evidencia que, remitido el expediente a la Corte Constitucional, \u00e9sta no lo seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n (17 sep. 2021). As\u00ed las cosas, se advierte que la cuesti\u00f3n censurada y la determinaci\u00f3n definitiva adoptada ya fueron abordadas por este instrumento residual y, en consecuencia, no es factible someterla nuevamente a control supralegal, ya que, en esta ocasi\u00f3n, el quejoso pretende renovar una controversia, cobijada por la instituci\u00f3n de la \u00abcosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, en sentencia T-089 de 2019, la Corte Constitucional sostuvo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuraci\u00f3n del elemento subjetivo que es la intenci\u00f3n de buscar enga\u00f1ar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporaci\u00f3n se pronuncia sobre una determinada acci\u00f3n de tutela ya sea mediante fallo o a trav\u00e9s del auto de selecci\u00f3n que notifica la no selecci\u00f3n de la misma. Lo anterior, de conformidad con el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. La figura de cosa juzgada constitucional proh\u00edbe \u2018(\u2026) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocer\u00eda la seguridad jur\u00eddica que brinda este principio de cierre del sistema jur\u00eddico\u2019\u00bb (STC13273-2021). <\/p>\n
3.- Adicionalmente, observa la Sala que el memorialista frente a la \u00abexclusi\u00f3n\u00bb no ejerci\u00f3 la herramienta de la insistencia para plantear la disertaci\u00f3n que aqu\u00ed expresa, remedio del que esta Colegiatura ha predicado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, el socorro instado surge impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Juan Carlos J\u00e1tiva R\u00faales. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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