STC093-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC093-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-21-000-2021-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ganader\u00eda e Invertriana S.A.S. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La sociedad gestora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al trabajo y a \u00abla propiedad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras que Mar\u00eda Emilia Jaramillo V\u00e9lez tramit\u00f3 respecto del predio \u00abLejan\u00edas\u00bb, del que figuraba como titular del derecho de dominio, proceso identificado con radicado 2020-00031. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, \u00abdeclarar la nulidad de lo actuado dentro del [precitado] proceso, desde el auto admisorio incluso y ordenar la notificaci\u00f3n, vinculaci\u00f3n y representaci\u00f3n de las partes en debida forma\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que mediante escritura p\u00fablica No. 1130 de 4 de octubre de 2005 de la Notar\u00eda 27 de Medell\u00edn, adquiri\u00f3 el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 028-8302 de la Oficina de Registro de Sons\u00f3n, inmueble que se incluy\u00f3 en el Registro de Tierras Despojadas mediante Resoluci\u00f3n RW 01213 de 19 de diciembre de 2019 de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de Medell\u00edn, donde se indic\u00f3 que la se\u00f1ora Mar\u00eda Emilia Jaramillo V\u00e9lez era quien ostentaba la calidad de propietaria al momento de ocurrencia de los hechos violentos o victimizantes. <\/p>\n
Sostiene que la prenombrada a trav\u00e9s de la Territorial Antioquia de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, inici\u00f3 el referido juicio sobre el aludido bien, el cual fue admitido el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, decisi\u00f3n que se envi\u00f3 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que aparec\u00eda en su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal \u00abjalbertoaristizabal@hotmail.com\u00bb, pese a que, dice, no era para la fecha la utilizada por la sociedad, pues correspond\u00eda a una persona externa que les prest\u00f3 asesor\u00eda contable, de manera que, asegura, \u00abse incumpli\u00f3 con la debida notificaci\u00f3n, afectando con ello el principio de publicidad, lo que desencaden\u00f3 un conocimiento tard\u00edo de la admisi\u00f3n de la demanda y por lo mismo, la no contestaci\u00f3n de aqu\u00e9lla dentro del t\u00e9rmino legal\u00bb <\/p>\n
Asevera que su correo electr\u00f3nico no pod\u00eda ser obtenido de dicha fuente, ya que el registro mercantil no se hab\u00eda renovado desde el 2019; no obstante, la nulidad que elev\u00f3 dentro del proceso le fue negada, y por ende, no cont\u00f3 con la posibilidad de solicitar pruebas, y \u00absi bien es cierto que la funcionaria hizo uso de la facultad oficiosa de decretar ciertas pruebas, algunas de ellas tomadas de las solicitudes efectuadas por la parte aqu\u00ed actora, no es menos cierto que no se esmer\u00f3 en llegar a la realidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, dio acceso a la versi\u00f3n digital del expediente del proceso cuestionado, y afirm\u00f3 que \u00abtodas las decisiones fueron tomadas con fundamento en la Ley 1448 de 2011\u00bb <\/p>\n
b.) Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. \u2013ISA, por intermedio de apoderado judicial, inform\u00f3 que intervino dentro del decurso cuestionado porque en el predio objeto del mismo se constituy\u00f3 una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, sin oponerse a la restituci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
c.) El Procurador 20 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3, que en auto del 23 de noviembre de 2020, el Juzgado accionado neg\u00f3 la nulidad que el aqu\u00ed interesado elev\u00f3 con sustento en los mismos motivos que expone en este escenario, decisi\u00f3n mantenida en reposici\u00f3n el 11 de diciembre del mismo a\u00f1o, y que cuenta con un fundamento plausible, por lo cual corresponde negar el amparo invocado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia neg\u00f3 la salvaguarda, tras considerar que \u00absi el accionante considera no haber sido vinculado en debida forma al tr\u00e1mite procesal, tiene a su disposici\u00f3n el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011, el cual, haciendo alusi\u00f3n al proceso de restituci\u00f3n de tierras, dispone: \u201cContra la sentencia se podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d; instrumento procesal que le permite exponer el motivo de discrepancia referido en esta sede, conforme lo consagrado en el numeral 7 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual contempla como causal de revisi\u00f3n el \u201cestar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que si en gracia de discusi\u00f3n el precitado medio de defensa se juzgara no id\u00f3neo, en todo caso, \u00aben lo atinente a la notificaci\u00f3n del auto admisorio, el juzgado procedi\u00f3 en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por el 2 del art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, los cuales posibilitaban la notificaci\u00f3n personal de dicha providencia a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el cual, en el caso de las personas jur\u00eddicas y comerciantes ser\u00e1 el que repose en el respectivo registro mercantil llevado por las C\u00e1maras de Comercio, como en efecto se dio en el caso objeto de an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad gestora, alegando que no acude al recurso de revisi\u00f3n debido al perjuicio irremediable que le genera la orden de entrega del predio restituido, y haciendo \u00e9nfasis en que no era v\u00e1lida la notificaci\u00f3n que se verific\u00f3 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que obraba en su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, porque no hubo acuse de recibo del mensaje de datos ni se demostr\u00f3 en modo alguno que su destinatario tuvo acceso al mismo; as\u00ed mismo reproch\u00f3 que debi\u00f3 ser enterada del juicio no como tercera, \u00absino directamente\u00bb, y que no hubo designaci\u00f3n de curador para representar a las personas indeterminadas y terceros interesados en las resultas del proceso, pese a que fueron citados con publicaciones en prensa y radio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la sociedad Ganader\u00eda e Invertriana S.A.S. se duele, concretamente, de su indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio emitido entro del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras que Mar\u00eda Emilia Jaramillo V\u00e9lez tramit\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, respecto del predio \u00abLejan\u00edas\u00bb, pues seg\u00fan su dicho, el acto de enteramiento fue enviado a una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que no corresponde con la manejada por las directivas de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n del expediente del proceso cuestionado se observa que la anotada inconformidad fue elevada por la compa\u00f1\u00eda actora dentro del proceso cuestionado, a trav\u00e9s de la solicitud de nulidad de lo actuado, y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia la neg\u00f3 el 23 de noviembre de 2020, decisi\u00f3n que la inconforme atac\u00f3 mediante el recurso de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, al cual el estrado cognoscente dio el tr\u00e1mite de reposici\u00f3n, que resolvi\u00f3 el 11 de diciembre del mismo a\u00f1o, manteniendo lo decidido. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia de no declarar la nulidad procesal pretendida por la gestora, qued\u00f3 en firme con la decisi\u00f3n del 11 de diciembre de 2020; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 17 de noviembre de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de once (11) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la sociedad actora es reprochar la manera como se la tuvo por notificada del auto admisorio emitido dentro del proceso criticado, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la decisi\u00f3n con que se le neg\u00f3 la nulidad que solicit\u00f3 por dicha situaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se excuse en modo alguno. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo expuesto, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en los anotados prove\u00eddos con que se deneg\u00f3 la nulidad del juicio de la referencia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, pues, para fundamentar la determinaci\u00f3n, aquella autoridad, en el auto de 23 de noviembre de 2020, cit\u00f3 varias decisiones emitidas por esta Sala acerca de la tem\u00e1tica propuesta por la actora y en seguida anot\u00f3 que, \u00abfue menester integrar el contradictorio con la empresa Ganader\u00eda e Invertriana S.A.S, en calidad de titular del derecho de dominio inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 028-8302, que comprende el predio objeto de reclamaci\u00f3n (art. 87 de la Ley 1448 de 2011). <\/p>\n
Se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n personal, a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio, conforme los preceptos del art. 93 \u00eddem, y del numeral 2.del art. 291 del C.G.P. <\/p>\n
Las anteriores actuaciones se acreditan con la constancia de env\u00edo del auto admisorio, la solicitud y sus anexos, el d\u00eda 30 de junio de 2020 a las 9:47 de la ma\u00f1ana, solicitando en el mensaje acuse de recibido (constancia obrante en el consecutivo 3 del expediente digital). Tambi\u00e9n obra en el proceso la confirmaci\u00f3n \u201cel mensaje ha sido entregado a los siguientes destinatarios: jalbertoaristizabal@hotmail.com\u201d, que como se mencion\u00f3, es la direcci\u00f3n registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Ganader\u00eda e Invertriana S.A.S (certificado expuesto en el consecutivo 2). <\/p>\n
Lo anterior permite inferir que el mensaje se entreg\u00f3 al servidor del correo electr\u00f3nico, el cual, arroja constancias de env\u00edo y recepci\u00f3n, lo que se entiende este como el acuse de recibo del sistema destinatario; pues se entiende que desde la libertad de prueba para establecer que el \u201cacuse el recibo\u201d, y de acuerdo con la jurisprudencia decantada, este es un medio id\u00f3neo para certificarlo, adem\u00e1s que la ley no exige expresamente lectura del mensaje. <\/p>\n
Pese a lo anterior, en el mensaje de datos enviado el 30 de junio pasado, se solicit\u00f3 acusar recibo, y en esa oportunidad la empresa omiti\u00f3 dar respuesta a esta petici\u00f3n. Por tanto, nuevamente el 5 de agosto de este a\u00f1o, la citadur\u00eda del juzgado solicit\u00f3 nuevamente acusar recibido, sin que la empresa acudiera al llamado. Sin embargo, se reitera, se tiene prueba que efectivamente el mensaje de datos fue entregado al correo anunciado, seg\u00fan constancia arrojada por el servidor de correo electr\u00f3nico, sin evidenciar problema alguno en la entrega en la bandeja de entrada de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica destinataria. <\/p>\n
Se debe aclarar que, como bien lo aduce el apoderado judicial que invoca la nulidad, el Despacho mediante auto de sustanciaci\u00f3n No. 549 del 9 de octubre de 20207 , al resolver la solicitud elevada por este, con fecha del 22 y luego del 30 de septiembre, reiterada el 7 de octubre del a\u00f1o en curso; explic\u00f3 que se efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n de la solicitud y se corri\u00f3 traslado de esta, haciendo entrega del respectivo traslado, a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica registrada en el certificado de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, (consecutivo 3), el cual feneci\u00f3 el 22 de julio del mismo a\u00f1o, sin que se presentara contestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed queda clara la efectiva notificaci\u00f3n personal del auto admisorio de la solicitud que se hiciera a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad, lo cual se comprob\u00f3 por otro medio id\u00f3neo, cual es la constancia autom\u00e1tica de env\u00edo del mensaje al destinatario, que arroja el sistema de correo electr\u00f3nico del despacho; se reitera, sin evidenciar problema alguno en la comunicaci\u00f3n. Es tanto as\u00ed que el mismo apoderado allega esta constancia de recibido dentro de las pruebas que sustentan la solicitud de nulidad, anexando certificaci\u00f3n que en las dos oportunidades los mensajes llegaron al destinatario, al punto que en la segunda oportunidad, el destinatario del correo electr\u00f3nico registrado ante la C\u00e1mara de Comercio, remiti\u00f3 a otra persona dentro de la entidad los documentos allegados en la primera comunicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, expres\u00f3 el mandatario judicial: \u201c9. En consecuencia, se advierte que efectivamente el correo electr\u00f3nico enviado por el despacho, llega a la bandeja de entrada del correo electr\u00f3nico jalbertoaristizabal@hotmail.com el 30 de junio de 2020, no obstante, este no fue advertido por el contador de la empresa al no ser un correo relacionado con las funciones en la empresa\u201d. Agrega, \u201c10. El se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Aristiz\u00e1bal Salazar advierte a las directivas de la empresa, el contenido del correo de notificaci\u00f3n el 05 de agosto de 2020 debido a que se le pide confirmaci\u00f3n del correo del 30 de junio de 2020. Ese mismo d\u00eda se pone en conocimiento de las directivas de la empresa del contenido del correo de notificaci\u00f3n, no obstante, como posteriormente lo recalc\u00f3 el Despacho, el t\u00e9rmino para oponerse en el proceso, contados a partir del 30 de junio fenec\u00eda el 22 de julio de 2020\u201d, esto \u00faltimo, como se indic\u00f3, pese a haberse solicitado acuso de recibo el 5 de agosto, tampoco actu\u00f3 con diligencia la entidad en esa oportunidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, al momento de resolver el recurso de reposici\u00f3n presentado por la aqu\u00ed interesada contra la decisi\u00f3n que se viene citando, el estrado accionado consider\u00f3 que, \u00ablas normas que regulan el tema de la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico -tema depurado en la providencia recurrida- Ley 527 de 1999, Acuerdo PSAA 06-3334 de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, normas que completan lo regulado en el art. 291 del C.G.P, permiten que los datos generados por control interno del sistema de informaci\u00f3n de la autoridad judicial, sean certificados por los funcionarios delegados para ese fin y bajo la observancia del Consejo Superior de la Judicatura. Con ello, se sustenta que si es pertinente activar esa presunci\u00f3n alegada por el quejoso (Acuerdo PSAA06-3334-2006 y Ley 527 de 1999), la cual permite certificar que la comunicaci\u00f3n lleg\u00f3 al destinatario, obteniendo constancia del servidor del Despacho. Prueba de ello, obra en el consecutivo 3\u00b0 del expediente, la constancia emitida por la Mesa de Ayuda T\u00e9cnica del correo electr\u00f3nico, la cual realiz\u00f3 la verificaci\u00f3n del mensaje enviado el d\u00eda 30 de junio desde la cuenta electr\u00f3nica del despacho con destino a la cuenta jalbertoaristizabal@hotmail.com, confirmando que el mensaje \u201cnotifica actuaci\u00f3n judicial rad. 05000312100120200003100\u201d fue entregado. <\/p>\n
Con lo anterior se reitera la prevalencia de esa constancia frente al acuse de recibo que pudiere aportar el destinatario del mensaje (literal b) del art. 12\u00b0 del Acuerdo PSAA06- 3334 de 2006). <\/p>\n
Alega el recurrente que lo que pretend\u00eda demostrar era que no se cumpli\u00f3 con la eficacia de la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, pues al correo que lleg\u00f3 el mensaje no era de la sociedad convocada; discute que sobre ese aspecto se solicit\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n y procur\u00f3 derribar la presunci\u00f3n aplicada por el despacho de entenderse por notificada la parte con constancia de entrega generada de forma autom\u00e1tica por el servidor de correo electr\u00f3nico del despacho. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, observa esta agencia judicial que si esa direcci\u00f3n electr\u00f3nica es utilizada para actividades contables de la empresa, significa que si se relaciona con la actividad empresarial; al punto que fue esta la inscrita en el Registro Mercantil; de donde se puede deducir que es una direcci\u00f3n id\u00f3nea para enviar notificaciones judiciales. No puede colegir el afectado que la autoridad judicial tenga que saber si el due\u00f1o de la cuenta de correo electr\u00f3nico pertenece o no a las directivas de la sociedad, pues es deber de las sociedades inscritas en la C\u00e1mara de Comercio mantener actualizado el contenido de su registro mercantil, para los fines judiciales y administrativos pertinentes; adem\u00e1s inscribir ante esa entidad la direcci\u00f3n para notificaciones, es un acto de buena fe, de confianza leg\u00edtima y de lealtad no solo con las entidades estatales, dentro de las cuales se encuentra la Rama Judicial, sino tambi\u00e9n con todas las personas (naturales o jur\u00eddicas) que necesiten enviar documentaci\u00f3n v\u00eda correo electr\u00f3nico a esta entidad; pues es una direcci\u00f3n inscrita en un documento p\u00fablico y al cual se acude para conocer la direcci\u00f3n de la entidad (tanto f\u00edsica como electr\u00f3nica). <\/p>\n
Es claro desde el punto de vista legal, que la informaci\u00f3n que obra en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de una sociedad es susceptible de ser utilizada por diferentes estamentos judiciales para la comunicaci\u00f3n y\/o notificaci\u00f3n de los actos procesales, y con ello no es v\u00e1lido predicar que se est\u00e1 obstruyendo el acceso a la justicia, ni los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n 6 a la sociedad Ganader\u00eda e Invertriana S.A.S.; pues es carga del convocado mantener actualizados los registros mercantiles y direcciones de notificaci\u00f3n judicial para el efectivo enteramiento de las disposiciones judiciales, y no pretender que por su propia inactividad procesal como se anot\u00f3, d\u00e9 lugar a descorrerle nuevamente los t\u00e9rminos para presentar oposici\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con las pruebas que obran en el expediente sobre el env\u00edo de la notificaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico registrado en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal y la afirmaci\u00f3n efectuada por el mismo apoderado al decir que la parte convocada si tuvo conocimiento de la providencia judicial y de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras al recibir los correos provenientes del Despacho, se demuestra que la empresa Ganader\u00eda e Invertriana S.A.S. efectivamente recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n el 30 de junio de 2020; pese a que su lectura se haya efectuado el 5 de agosto o con posterioridad, y el dejar vencer el t\u00e9rmino previsto en el art. 88 de la Ley 1448 de 2011, no implica que se deba declarar una nulidad por indebida notificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite del proceso, que lo \u00fanico que busca es revivir una oportunidad que se dej\u00f3 vencer por su propia negligencia\u00bb. <\/p>\n
6. Bajo este panorama, se advierte que la decisi\u00f3n cuestionada, no obedeci\u00f3 al capricho o la arbitrariedad de Juzgado accionado, sino que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad y la ratio decidendi de pronunciamientos judiciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso ampliamente los motivos por los cuales estaba probado dentro del proceso que el acto de notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de mensaje de datos fue debidamente recibido en la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico registrada en la fuente legalmente autorizada para el efecto, esto es, en el registro mercantil de la sociedad inconforme, sin que oportunamente \u00e9sta acudiera al juicio. <\/p>\n
De este modo, entonces, aunque los anteriores razonamientos y valoraciones, aun cuando pudieran o no compartirse \u00edntegramente, lejos est\u00e1n de poder ser considerados caprichosos o arbitrarios, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso las acusaciones de la accionante, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible, o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que le sirvieron a la autoridad judicial cuestionada de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
7. De otro lado, si la gestora considera que hubo otras irregularidades en la manera como se efectu\u00f3 su vinculaci\u00f3n al decurso criticado, o por la supuesta falta de designaci\u00f3n de curador para representar a las personas indeterminadas o terceros interesados, le correspond\u00eda exponerlas primero ante el juez natural del asunto, por lo que al as\u00ed no haber procedido, vedada qued\u00f3 la posibilidad de intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez de tutela, pues, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
8. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC093-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC093-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-21-000-2021-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60550","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60550"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60550\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60550"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60550"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}