STC097-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC097-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02514-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por AAL Group Ltda contra la Superintendencia de Sociedades \u2013Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la compa\u00f1\u00eda actora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad convocada, dentro del decurso de reorganizaci\u00f3n empresarial, tramitado respecto de Vertical de Aviaci\u00f3n S.A.S., radicado bajo el N\u00b0 10725. <\/p>\n
Solicita, en concreto, \u00abse ordene a la Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, reconocer el cr\u00e9dito concursal derivado de la condena judicial contenida en el Laudo Definitivo de 31 de enero de 2019, por un valor adicional de USD $7.594.969,46, en los t\u00e9rminos en que qued\u00f3 acreditada dicha deuda en el expediente concursal, [y c]omo consecuencia de la anterior solicitud, que se instruya el ajuste de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y asignaci\u00f3n de derechosa de voto, en el sentido de incluir como cr\u00e9dito cierto el indicado en el ordinal segundo de este apartado, as\u00ed como los consecuentes derechos de voto proporcionales\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar sus pedimentos expresa, que en el tr\u00e1mite censurado, el 1\u00b0 de octubre de 2018 el promotor designado present\u00f3 el inventario de activos y pasivos de la sociedad en reorganizaci\u00f3n, y el 14 de noviembre siguiente, ados\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, del cual se le corri\u00f3 traslado a los acreedores, quienes, como la aqu\u00ed accionante, de manera oportuna formularon objeciones, dirigi\u00e9ndose las suyas, particularmente, a controvertir \u00abla no inclusi\u00f3n en el Proyecto de una obligaci\u00f3n por un valor equivalente a USD $21.070.007,67, (valor a mayo de 2019) por conceptos de capital e intereses calculados en un porcentaje del 6% anual, en virtud de la existencia de sendos laudos arbitrales en firme en contra de la concursada, proferidos en el marco de un arbitraje internacional con sede en Londres, Reino Unido. (\u2026) En efecto, en el marco del Caso de Arbitraje No. 153204 se profirieron dos laudos, uno parcial definitivo del 28 de julio de 2016, con condenas por USD $11.205.486,5, y uno definitivo del 31 de enero de 2019, por un valor adicional de USD $7.594.969,46\u00bb. <\/p>\n
Asegura que para soportar sus objeciones, ados\u00f3 copias debidamente traducidas de los laudos comentados, as\u00ed como la sentencia de 30 de octubre de 2017 dictada por esta Corte, y mediante la cual se reconocieron los efectos del laudo arbitral extranjero de 28 de julio de 2016; no obstante, asevera, no pudo aportar el fallo de reconocimiento del laudo de 31 de enero de 2019, debido a \u00abla oportunidad preclusiva para presentar objeciones al Proyecto, que se cerr\u00f3 el 21 de mayo de 2019\u00bb. <\/p>\n
Afirma que una vez venci\u00f3 el per\u00edodo de conciliaci\u00f3n sin lograrse un acuerdo sobre las objeciones, el 9 de abril de 2021 se decretaron como pruebas los documentos adosados por los interesados y se fij\u00f3, para el 21 de mayo siguiente, la realizaci\u00f3n de la audiencia respectiva, a fin de desatar tales oposiciones. <\/p>\n
Refiere que en la fecha programada se adelant\u00f3 la diligencia y sobre las objeciones de la tutelante, se resolvi\u00f3 acceder parcialmente a ellas, incluy\u00e9ndose la deuda a su favor contenida en el laudo de 28 de julio de 2016; empero, no la del laudo de 31 de enero de 2019; que aunque interpuso reposici\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, en la misma audiencia se desestim\u00f3 dicho remedio, por lo cual, seg\u00fan manifiesta, es claro que \u00abel juez del concurso incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de pruebas regularmente aportadas al proceso\u00bb, comoquiera que si bien no ados\u00f3 la sentencia donde se le reconocieran efectos en Colombia al laudo extranjero de 31 de enero de 2019, la deuda all\u00ed contenida no fue controvertida por la sociedad en reorganizaci\u00f3n y, con todo, \u00abel tr\u00e1mite de reconocimiento de laudo extranjero es un procedimiento necesario para la ejecuci\u00f3n judicial de una providencia, no para que se considere que exista la providencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Superintendencia de Sociedades se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, defendiendo la legalidad de su actuaci\u00f3n; adem\u00e1s, precis\u00f3 que no incurri\u00f3 en irregularidad, pues \u00abel estatuto arbitral exige una sentencia proferida por autoridad competente para que el laudo extranjero, en este caso el Laudo Definitivo, pueda ejecutarse en Colombia. Documento que a la fecha no existe\u00bb, e indic\u00f3 que la tutelante contaba con otras alternativas para lograr la ejecuci\u00f3n del laudo extranjero de 31 de enero de 2019, \u00aben virtud de lo establecido en el art\u00edculo 26 de la Ley 1116 de 2006, para lo cual, ser\u00e1 necesario igualmente el procedimiento especial consagrado en la Ley 1563 de 2012 sobre el reconocimiento y ejecuci\u00f3n del laudo extranjero en cuesti\u00f3n, situaci\u00f3n que no se acredit\u00f3 en la etapa de objeciones ni de resoluci\u00f3n de objeciones en el proceso de la sociedad Vertical de Aviaci\u00f3n S.A.S. \u2013 En Reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b. La sociedad Vertical de Aviaci\u00f3n S.A.S. se\u00f1al\u00f3 el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, por cuanto el ente acusado no lesion\u00f3 los derechos de la petente, toda vez que la obligaci\u00f3n que aqu\u00e9lla pretende hacer valer \u00abhace parte de un laudo arbitral extranjero que no tiene a la fecha reconocimiento en Colombia, y, por tanto, no es exigible\u00bb. <\/p>\n
c. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la salvaguarda propuesta, toda vez que no hall\u00f3 irregularidad en la gesti\u00f3n criticada, pues \u00abpara toma la decisi\u00f3n cuestionada (estimaci\u00f3n parcial de la objeci\u00f3n y desestimaci\u00f3n del cr\u00e9dito contenido en el laudo definitivo), ratificada al desatarse el recurso de reposici\u00f3n presentado por el apoderado de la accionante, la Superintendencia accionada, se fundament\u00f3 en lo reglado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 111 de la Ley 1563 de 2021, seg\u00fan el cual la ejecuci\u00f3n de laudos extranjeros requiere \u201creconocimiento previo por la autoridad judicial competente\u201d y como la \u00fanica prueba que aport\u00f3 la actora para deprecar el reconocimiento de la obligaci\u00f3n a que hace referencia el laudo definitivo de 31 de enero de 2019, fue el mismo laudo, sin que allegara ning\u00fan documento adicional (certificaciones de deuda, contratos, negocios jur\u00eddicos, t\u00edtulos, entre otros), que probara la existencia del cr\u00e9dito, neg\u00f3 dicha petici\u00f3n, soportada adem\u00e1s, en que tampoco se prob\u00f3 siquiera sumariamente, la instauraci\u00f3n de un proceso de reconocimiento del laudo arbitral en cuesti\u00f3n en Colombia; determinaci\u00f3n esta que se encuentran motivada y cuenta adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria; de manera que frente a las referidas determinaciones existe un desacuerdo del accionante, que no puede ser el fundamento de una queja constitucional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden de ideas, no se observa un desafuero jur\u00eddico en la postura adoptada por la superintendencia accionada, pues se itera, su motivaci\u00f3n no es producto de la subjetividad o el capricho; antes bien, encontr\u00f3 respaldo en las normas que gobiernan el asunto, y como la pretensi\u00f3n de la sociedad gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a su particular disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para \u201cestimar parcialmente\u201d la objeci\u00f3n que present\u00f3 al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, dicha disconformidad, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que el Tribunal proh\u00edje o no la tesis que se reprocha, sin que tampoco se advierta una anomal\u00eda de tal entidad que permita abrirle paso a la petici\u00f3n de amparo, contingencia que impone concluir que lo criticado constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad del amparo contra providencias; por lo que, la alegada v\u00eda de hecho, no se encuentra configurada en este asunto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad actora con argumentos an\u00e1logos a los esgrimidos en el escrito introductor. Adicionalmente, expres\u00f3 que el Tribunal \u00abomiti\u00f3 revisar el detalle de los elementos que sustentan la presente acci\u00f3n constitucional, pues no se pronuncia sobre estos, ni para recogerlos, ni para desaprobarlos\u00bb; insisti\u00f3, as\u00ed mismo, en que \u00abel Laudo existe a partir de su expedici\u00f3n y en esa medida deber\u00eda ser incluido en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Cosa distinta es que se deba surtir el tr\u00e1mite ante la Corte Suprema para dotarlo de eficacia para su ejecuci\u00f3n o cumplimiento, cuesti\u00f3n que jam\u00e1s ha sido desconocida por la parte actora\u00bb; y destac\u00f3 que en el caso exist\u00edan otras pruebas de las cuales se derivaba la obligaci\u00f3n, siendo \u00ab[u]n ejemplo de ello, (\u2026) el hecho de que el primer laudo que fue reconocido (\u2026), hab\u00eda sido proferido en el marco del mismo proceso arbitral y que los fundamentos f\u00e1cticos de dicho laudo tambi\u00e9n eran prueba de la relaci\u00f3n negocial de las partes, por lo que en el acervo probatorio s\u00ed exist\u00edan elementos que demostraban esa relaci\u00f3n comercial que daba origen a las obligaciones descritas en el segundo laudo arbitral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Examinada la queja constitucional se establece, que la sociedad querellante reprocha, concretamente, la determinaci\u00f3n adoptada en la audiencia de 21 de mayo de 2021, en relaci\u00f3n con las objeciones por ella planteadas frente al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, pues aunque se reconoci\u00f3 la deuda contenida en el laudo extranjero de 28 de julio de 2016, no ocurri\u00f3 lo mismo con el de 31 de enero de 2019, decisi\u00f3n ratificada al definirse la reposici\u00f3n planteada por la tutelante en la citada diligencia. <\/p>\n
3. Escuchada la audiencia rese\u00f1ada, pronto se establece, como lo resolvi\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso del amparo rogado, pues no se constata irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En efecto, se encuentra que la tutelante, contra el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, expres\u00f3 sus objeciones, reclamando, para lo que aqu\u00ed interesa, la inclusi\u00f3n de los valores a ella adeudados, conforme \u00abal Laudo Parcial [28 de julio de 2016] y Laudo Definitivo [31 de enero de 2019], en donde Vertical le debe a la Sociedad USD $21,070,007.67 al 21 de mayo de 2019. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que las deudas originadas con base en el Laudo Parcial y Laudo Definitivo se incrementan a diario por los intereses equivalentes al 6% anual y descritos en la secci\u00f3n 1 numeral 1, por ende, al momento del pago efectivo de dicha deuda, deber\u00e1n incluirse y pagarse todos los intereses adeudados. Teniendo en cuenta que la deuda es en moneda extranjera, solicito que el valor de la misma sea convertida a pesos colombianos de acuerdo a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) vigente al momento de la firmeza del acto que declare resueltas las presentes objeciones. No obstante, a la fecha del presente documento, el valor adeudado por Vertical a la Sociedad es de COP $ 70.420.390.335\u00bb. <\/p>\n
3.2. Frente a lo anterior, en la audiencia de 21 de mayo de 2021, la Superintendencia acusada resolvi\u00f3 aceptar parcialmente las objeciones de la querellante para incluir como cr\u00e9dito en su favor, el monto del \u00abLaudo parcial\u00bb extranjero de 28 de julio de 2016, reconocido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia de 30 de octubre de 2017, la cual fue aportada, pero no lo relativo al \u00abLaudo definitivo\u00bb de 31 de enero de 2019. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo se\u00f1al\u00f3: \u00abEn relaci\u00f3n con el laudo definitivo de 31 de enero de 2019, la sociedad objetante no alleg\u00f3 sentencia de autoridad competente en la que se acredite el reconocimiento de dicho laudo arbitral. Para la ejecuci\u00f3n de un laudo arbitral extranjero, como el reci\u00e9n enunciado, se requiere su respectivo reconocimiento como lo indica el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 111 de la Ley 1563 de 2012; en consecuencia, el Despacho no puede darle validez en su ejecuci\u00f3n dentro del presente proceso de reorganizaci\u00f3n, ni para efectos de incluir el cr\u00e9dito en el proyecto ni para considerarlo eventualmente como gasto de administraci\u00f3n tal y como lo requiri\u00f3 la sociedad objetante. En los t\u00e9rminos anteriormente expuestos el Despacho estimar\u00e1 parcialmente la objeci\u00f3n, tal como lo se\u00f1al\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3.3. La querellante inco\u00f3 reposici\u00f3n frente a la anterior decisi\u00f3n, insistiendo en la inclusi\u00f3n de la deuda contenida en el laudo de 31 de enero de 2019; sin embargo, la autoridad acusada mantuvo su determinaci\u00f3n, se\u00f1alando: \u00abEl Despacho indica que i) en la pretensi\u00f3n subsidiaria No. 4.2. del escrito de objeci\u00f3n, no se indic\u00f3 o solicit\u00f3 reconocer los cr\u00e9ditos objeto del Laudo Definitivo como condicionales o litigiosos. ii) En el expediente no obra documento alguno, diferente del Laudo, que pruebe los v\u00ednculos negociales entre las partes o la deuda a cargo de la concursada. iii) Tampoco obra prueba alguna de una aparente solicitud de reconocimiento de laudo extranjero ante autoridad judicial en Colombia. Finalmente, el Despacho advierte que el objetante cuenta con las opciones previstas en el art\u00edculo 26 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, se encuentra que el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 111 de la Ley 1563 de 2012 expresamente se\u00f1ala que \u00ab[p]ara la ejecuci\u00f3n de laudos extranjeros, esto es de aquellos proferidos por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre fuera de Colombia, ser\u00e1 necesario su reconocimiento previo por la autoridad judicial competente\u00bb (subraya fuera de texto); por tanto, el hecho de haberse requerido el pronunciamiento judicial correspondiente para incluir en el tr\u00e1mite concursal la deuda contenida en el laudo extranjero de 31 de enero de 2019, no se observa descabellado o arbitrario, a\u00fan mas si, como lo expuso la autoridad denunciada, llegada la fecha de la diligencia de decisi\u00f3n de objeciones -21 de mayo de 2021, nada indicaba que la tutelante hubiese impulsado el tr\u00e1mite jurisdiccional pertinente. Aunado a ello, debe resaltarse que tampoco pod\u00eda imponerse a la accionada asumir la existencia del cr\u00e9dito contenido en el laudo de 31 de enero de 2019, no s\u00f3lo porque no figuraba ninguna prueba al respecto sobre tal acreencia, sino, adem\u00e1s, por cuanto el \u00ablaudo parcial\u00bb de 28 de julio de 2016, reconocido en sentencia de 30 de octubre de 2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, no conten\u00eda una decisi\u00f3n expresa al respecto. <\/p>\n
5. Sobre la importancia de obtener el reconocimiento de los laudos extranjeros para que surtan efectos en Colombia, esta Sala expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[P]ara la validaci\u00f3n de los laudos, la competencia se radica en cabeza de la Corte, con apego a los expresado por el art\u00edculo 115 del Estatuto Arbitral, donde se admitir\u00e1 o denegar\u00e1 la solicitud, con per\u00edodo de traslado de 10 d\u00edas a la contraparte, indicando que una vez surtido este traslado, se decida, sin tr\u00e1mite adicional. En cuanto a la competencia funcional, el art\u00edculo 113 del Estatuto, establece que el reconocimiento se dar\u00e1 en \u00fanica instancia y que, contra la decisi\u00f3n del mismo, no procede recurso o acci\u00f3n alguna. <\/p>\n
(\u2026) Las sentencias y los laudos arbitrales proferidos en el exterior y que afectan o que inciden en los intereses de personas naturales o jur\u00eddicas extranjeras o, cuando est\u00e1n llamados a ser ejecutados en pa\u00edses diferentes al lugar en donde se dictaron, cumplen unas finalidades muy importantes. Pueden ser personales, sociales, pol\u00edticas, antropol\u00f3gicas, etc. Uno de tales designios es el econ\u00f3mico-jur\u00eddico. En el caso que se estudia se est\u00e1 en presencia de una decisi\u00f3n judicial emitida en otro pa\u00eds y la funci\u00f3n de las autoridades nacionales debe ser la de facilitar el tr\u00e1fico mercantil y la integraci\u00f3n econ\u00f3mica entre los Estados; asegurando el orden p\u00fablico y econ\u00f3mico internacional, los principios de equidad, de solidaridad, seguridad jur\u00eddica, inversi\u00f3n extranjera, respeto a la supremac\u00eda constitucional; y en general, proveyendo un sistema de soluci\u00f3n de controversias racional y estable. <\/p>\n
En este contexto, para efectos de la eficacia y aplicabilidad en el \u00e1mbito interno, como para el desarrollo del principio de cooperaci\u00f3n internacional, el reconocimiento de los laudos arbitrales debe darse en coherencia con el fundamento de la supremac\u00eda que tiene la Constituci\u00f3n Nacional como elemento \u00faltimo de validez y de coherencia legal en el sistema, pero tambi\u00e9n con respeto al corpus iuris international\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ SC4481-2021). <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se insiste, la Superintendencia de Sociedades no pod\u00eda habilitar el cobro de la acreencia contenida en el renombrado laudo extranjero de 31 de enero de 2019, sin contar con el reconocimiento judicial del mismo, efectuado por la autoridad jurisdiccional competente, todo lo cual refuerza la ausencia de irregularidad en el proceder de la entidad querellada. <\/p>\n
7. Por tanto, como lo pretendido por la actora es anteponer su propio criterio al de la entidad censurada, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, la protecci\u00f3n no sale avante en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb, y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
8. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC097-2022 Magistrado ponente STC097-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02514-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60552","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60552"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60552\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}