STC107-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC107-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02570-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 1\u00b0 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro la acci\u00f3n de tutela promovida por ADN Potencial Humano SAS, Berta Mar\u00eda Rivera Ortiz y Yeison David Parra Rivera, contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del tr\u00e1mite administrativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron el amparo de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que estimaron vulnerada en el marco del proceso de intervenci\u00f3n administrativa y judicial adelantado en su contra, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 91943. <\/p>\n
Por lo anterior, pretenden concretamente su exclusi\u00f3n de dicho tr\u00e1mite y el levantamiento de las medidas cautelares all\u00ed decretadas, y consecuentemente, la anulaci\u00f3n de toda la actuaci\u00f3n administrativa y judicial seguida frente a ADN Potencia Humano SAS. <\/p>\n
2. Como sustento de tal pedimento indicaron, que con ocasi\u00f3n de una denuncia por presunta configuraci\u00f3n de los supuestos de hecho de captaci\u00f3n ilegal de recursos, mediante Resoluci\u00f3n 0344 del 24 de marzo de 2020, la Delegatura para la Protecci\u00f3n del Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera orden\u00f3 en contra de la Sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S., Correa y Abogados \u2013establecimiento de comercio, Iv\u00e1n Camilo Correa Granada y Jairo Andr\u00e9s Guisao, la suspensi\u00f3n inmediata de las actividades que constitu\u00edan captaci\u00f3n o recaudo no autorizado de recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
Aseguraron que en el marco de ese tr\u00e1mite previo, investigaci\u00f3n administrativa, se recepcionaron diferentes declaraciones, todas coincidentes en la forma como se desarrollaba el negocio, las cuales de modo alguno vincularon a los gestores del amparo; pese a ello, la Superintendencia de Sociedades, a quien posteriormente le fue remitido el asunto, emiti\u00f3 el auto n.\u00ba 460-004804 fechado 18 de mayo de 2020, a trav\u00e9s del cual, de forma inesperada, orden\u00f3 su intervenci\u00f3n bajo la modalidad de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de ADN Potencial Humano S.A.S., so pretexto de encontrar demostrada la realizaci\u00f3n de actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico, sustentado en el memorando n.\u00ba 300-003097, el cual en su momento no les fue enterado. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que inconformes, el 14 de agosto siguiente interpusieron sin \u00e9xito incidente de exclusi\u00f3n y solicitud de levantamiento de medidas cautelares, pues mediante auto n.\u00ba 910-01010 la autoridad mantuvo su determinaci\u00f3n, pretextando que \u00ab[l]a sociedad ADN Potencial Humano S.A.S., cuyos representantes legales durante el periodo de captaci\u00f3n11 fueron los se\u00f1ores Berta Mar[\u00ed]a Rivera y Yeison Parra, estuvieron vinculados con las operaciones de captaci\u00f3n desplegadas por la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS hoy en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n dado que: i) se desempe\u00f1\u00f3 como br\u00f3ker entre los inversionistas y la sociedad intervenida en calidad de vendedor; ii) recibi\u00f3 comisiones por esa actividad de intermediaci\u00f3n; iii) se comprob\u00f3 un listado de 467 inversionistas con un valor m\u00ednimo invertido de $19.782.335.161 respecto de los a\u00f1os 2017, 2018 y 2019; iv) no fueron exhibidos a la comisi\u00f3n visitadora los estados financieros por tercero con corte a 31 de diciembre de 2017 a 2019 y v) no se alleg\u00f3 conforme compromiso los estados financieros por tercero con corte a 31 de diciembre de 2019, ni se rindi\u00f3 explicaciones satisfactorias frente a la no presentaci\u00f3n de los a\u00f1os 2017 y 2018, por lo tanto, se concluy\u00f3 que la sociedad despleg\u00f3 una actividad comercial en pro de la captaci\u00f3n ilegal desarrollada por la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n as\u00ed como la configuraci\u00f3n de los supuestos de captaci\u00f3n dispuestos en el Decreto 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
Declararon que \u00ablos fundamentos de esta intervenci\u00f3n judicial, el iter probatorio y el ejercicio de valoraci\u00f3n de las pretendidas pruebas recolectadas\u00bb no les fue puesto en conocimiento, y aunque as\u00ed lo hicieron saber a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, la autoridad despach\u00f3 de forma adversa su pedimento con similares argumentos a los expuestos en primigenia oportunidad, situaci\u00f3n que consideran suficiente para viabilizar la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer el orden jur\u00eddico que estiman quebrantado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Superintendencia Financiera de Colombia explic\u00f3, que en efecto se demostr\u00f3 que el Grupo Empresarial Correa y Abogados incurri\u00f3 en captaci\u00f3n de recursos habitual y masiva, en la medida en que \u00abrecaudan dinero de forma masiva, sin que dicho recaudo tenga como prestaci\u00f3n o un bien o servicio, por el contrario, se destina a negocios que generan rentabilidad, lo que encaja perfectamente en la definici\u00f3n que ha acogido la Superintendencia Financiera\u00bb, y para ello, utiliz\u00f3 contratos para adquirir derechos de cr\u00e9dito, con ofrecimiento de rentabilidad fija; se\u00f1al\u00f3 que dentro del asunto s\u00f3lo encontr\u00f3 una \u00fanica referencia que mencionaba a la sociedad aqu\u00ed tutelante lo que le impidi\u00f3 vincularla directamente con la actuaci\u00f3n; entonces, tras encontrar que el Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS particip\u00f3 \u00abdentro de los negocios promocionados por GECA, pues adem\u00e1s de encargarse de dictar las capacitaciones en remates judiciales, fung\u00edan como asesores comerciales de GECA y recib\u00edan una comisi\u00f3n por cada cliente referido que llevaran\u00bb, le impuso una medida cautelar \u00abla cual se materializ\u00f3 mediante la resoluci\u00f3n 0344 del 24 de marzo de 2020, suscrita por la Superintendente Delegada para el Consumidor Financiero\u00bb, y en su oportunidad remiti\u00f3 el asunto a la Superintendencia de Sociedades, a quien le corresponde adelantar el proceso de intervenci\u00f3n, con miras a lograr la devoluci\u00f3n de los recursos captados. <\/p>\n
b.) Por su parte, la Superintendencia de Sociedades pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, tras considerar que no estaban reunidos los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n y, contrario a lo entendido por los gestores del resguardo, asegur\u00f3 que en el marco del asunto all\u00ed adelantado se respetaron todas las garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
En ese orden, anot\u00f3 que la sociedad aqu\u00ed querellante estuvo vinculada a las operaciones de captaci\u00f3n ilegal en las que incurri\u00f3 la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S. pues actu\u00f3 como \u00abbr\u00f3ker entre los inversionistas y la sociedad intervenida en calidad de vendedor; ii) recibi\u00f3 comisiones por esa actividad de intermediaci\u00f3n; iii) se comprob\u00f3 un listado de 467 inversionistas con un valor m\u00ednimo invertido de $19.782.335.161 respecto de los a\u00f1os 2017, 2018 y 2019; iv) no fueron exhibidos a la comisi\u00f3n visitadora los estados financieros por tercero con corte a 31 de diciembre de 2017 a 2019 y v) no se alleg\u00f3 conforme compromiso los estados financieros por tercero con corte a 31 de diciembre de 2019, ni se rindi\u00f3 explicaciones satisfactorias frente a la no presentaci\u00f3n de los a\u00f1os 2017 y 2018\u00bb, decisiones que fueron objeto de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, sujetas a las formas propias de cada tr\u00e1mite que impiden la revisi\u00f3n constitucional aqu\u00ed reclamada. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3, que si bien en la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 0344 proferida por la Superfinanciera \u2013a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de actividades respecto de la Sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, no se mencion\u00f3 a los aqu\u00ed accionante, fue porque esa investigaci\u00f3n estaba encaminada a determinar si la referida sociedad \u00abincurri\u00f3 o no en hechos de captaci\u00f3n ilegal de recursos y con posterioridad, tuvo lugar otra investigaci\u00f3n, pero en este caso, adelantada por la Superintendencia de Sociedades, tambi\u00e9n dotada de competencia para conocer, pero en esta ocasi\u00f3n frente a ADN Potencial Humano S.A.S. y otros., en relaci\u00f3n con los hechos de captaci\u00f3n determinados respecto de la primera sociedad se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
c.) La agente interventora del Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS se opuso al \u00e9xito de la presente acci\u00f3n, al estimar incumplido el requisito de la subsidiariedad, toda vez que al interior del tr\u00e1mite administrativo que los quejosos debieron desplegar toda su defensa y no usar el mecanismo de amparo como una instancia paralela a los medios de defensa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el auxilio deprecado, al considerar que la determinaci\u00f3n objeto de reproche, lejos de desmesurada, fue el resultado de un \u00aban\u00e1lisis hermen\u00e9utico que se considera aplicado con criterio razonable\u00bb, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n constitucional reclamada; refiri\u00f3 que previo decreto de una prueba de oficio, la Superintendencia de Sociedades \u00abincorpor\u00f3 al expediente, bajo la modalidad de reserva, \u201clos documentos que hacen parte de los papeles de trabajo y de la investigaci\u00f3n administrativa que dieron lugar al Memorando 2020-01-163337 de 7 de mayo de 2020 y que llevaron a la intervenci\u00f3n de los se\u00f1ores Yeison David Parra Rivera, Berta Mar\u00eda Rivera Ortiz y Jobanny Andr\u00e9s Parra Rivera\u00bb; que mediante el memorando 2021-01-296307 de 6 de mayo de 2021, la Coordinadora del Grupo de Investigaci\u00f3n Administrativa por Captaci\u00f3n \u00abremiti\u00f3 los documentos requeridos a la oficina jurisdiccional en cita, el que fue puesto en traslado de los aqu\u00ed quejosos el 19 de mayo de 2021\u00bb, pero en esa oportunidad los querellados se mantuvieron pasibles, por lo que no era acertado que ahora manifestaran que se soslay\u00f3 su derecho a la defensa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los gestores de la salvaguarda, reiterando los primigenios argumentos, insistiendo en que no se adelant\u00f3 previamente una investigaci\u00f3n administrativa que diera paso a la actuaci\u00f3n judicial desplegada por la accionada, m\u00e1xime cuando no se notific\u00f3 en debida forma el memorando referido en el libelo genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el expediente digital, las documentales allegadas y el informe presentado por la autoridad jurisdiccional accionado, destaca la Corte que habr\u00e1 de confirmarse la determinaci\u00f3n constitucional de primera instancia conforme teniendo en consideraci\u00f3n los siguientes hechos probados a saber: <\/p>\n
3.1. Inicialmente mediante Resoluci\u00f3n n.\u00ba 344 del 24 de marzo de 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia orden\u00f3 a la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S., junto a sus representantes legales y el establecimiento de comercio Correa y Abogados la suspensi\u00f3n inmediata de todas aquellas actividades que encontr\u00f3 constitutivas de captaci\u00f3n no autorizada de dineros del p\u00fablico. <\/p>\n
3.2. Entretanto, fue el Superintendente Delegado para Inspecci\u00f3n, Vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades quien mediante memorando 2020-01-163337 de 7 de mayo de 2020 con destino a la Coordinadora de Grupo de Admisiones de la Delegatura de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, que solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n de los ahora querellantes al advertir que \u00ablas actividades, negocios y operaciones realizadas por el GRUPOS EMPRESARIAL CORREA Y ABOGADOS S.A.S. (\u2026) intervenido por la Superintendencia Financiera de Colombia, se desarrollaron con la participaci\u00f3n directa o indirecta\u00bb de ADN Potencial Humano S.A.S., situaci\u00f3n que finalmente se materializ\u00f3 el 18 de mayo de 2020 cuando se orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n de sus bienes y haberes, en los t\u00e9rminos del Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
3.3. Para pedir su desvinculaci\u00f3n los quejosos expusieron, en s\u00edntesis, que de las declaraciones recopiladas en el marco de la investigaci\u00f3n adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia no fueron mencionados de forma alguna. <\/p>\n
3.4. Para resolver la anterior solicitud, por auto del 17 de abril de 2021 la superintendencia accionada dispuso tener como pruebas las documentales aportadas por las partes, y decret\u00f3 como prueba de oficio \u00ablos documentos que hacen parte de los papeles de trabajo y de la investigaci\u00f3n administrativa que dieron lugar al Memorando 2020-01-163337 de 7 de mayo de 2020\u00bb; en consecuencia, requiri\u00f3 al grupo de Investigaciones Administrativas por Captaci\u00f3n para que remitiera esa documental. <\/p>\n
3.5. En cumplimiento de lo anterior, la Coordinadora del Grupo de Investigaci\u00f3n Administrativa por Captaci\u00f3n remiti\u00f3 la antedicha documental, la cual en su oportunidad fue puesta en conocimiento de las partes y el t\u00e9rmino de traslado corri\u00f3 en silencio. <\/p>\n
3.6. Realizado el tr\u00e1mite de rigor, la Superintendencia de Sociedades mediante auto 2021-01-485012 del 6 de agosto de 2021, tras realizar una detallada explicaci\u00f3n de la naturaleza del proceso de intervenci\u00f3n reglamentado en el Decreto 4334 de 2008, precis\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n administrativa que determina la concurrencia de hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n y los sujetos vinculados, se genera una presunci\u00f3n legal, que puede ser desvirtuada, ah\u00ed en el curso del proceso judicial\u00bb; siguiendo con su exposici\u00f3n refiri\u00f3, que \u00abcada sujeto intervenido, luego de la decisi\u00f3n de intervenci\u00f3n, tiene la posibilidad de solicitar su exclusi\u00f3n del procedimiento cautelar, demostrando id\u00f3neamente que no debi\u00f3 ser intervenido, o que, aun cuando tiene alguna de las calidades que lo ubican como sujeto de intervenci\u00f3n, no particip\u00f3 en los hechos antijur\u00eddicos, no supo de ellos o no deb\u00eda saber de ellos, en raz\u00f3n de su perfil y tampoco se benefici\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa anot\u00f3, que en el auto que orden\u00f3 la intervenci\u00f3n de los aqu\u00ed quejosos del 18 de mayo de 2020, \u00abse se\u00f1al\u00f3 que conforme la actuaci\u00f3n adelantada por la Delegatura de Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control que dio lugar a la expedici\u00f3n del memorando 300-003097 de 7 de mayo de 2020, lo siguiente: 27.1 La sociedad ADN Potencial Humano S.A.S., cuyos representantes legales durante el periodo de captaci\u00f3n fueron los se\u00f1ores Berta Mar[\u00ed]a Rivera y Yeison Parra, estuvieron vinculados con las operaciones de captaci\u00f3n desplegadas por la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS hoy en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n dado que: i) se desempe\u00f1\u00f3 como br\u00f3ker entre los inversionistas y la sociedad intervenida en calidad de vendedor; ii) recibi\u00f3 comisiones por esa actividad de intermediaci\u00f3n; iii) se comprob\u00f3 un listado de 467 inversionistas con un valor m\u00ednimo invertido de $19.782.335.161 respecto de los a\u00f1os 2017, 2018 y 2019; iv) no fueron exhibidos a la comisi\u00f3n visitadora los estados financieros por tercero con corte a 31 de diciembre de 2017 a 2019 y v) no se alleg\u00f3 conforme compromiso los estados financieros por tercero con corte a 31 de diciembre de 2019, ni se rindi\u00f3 explicaciones satisfactorias frente a la no presentaci\u00f3n de los a\u00f1os 2017 y 2018, por lo tanto, se concluy\u00f3 que la sociedad despleg\u00f3 una actividad comercial en pro de la captaci\u00f3n ilegal desarrollada por la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n as\u00ed como la configuraci\u00f3n de los supuestos de captaci\u00f3n dispuestos en el Decreto 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, y en punto a las quejas de los actores referentes a que en una primera oportunidad al expedir la Resoluci\u00f3n n.\u00ba n.\u00ba 344 del 24 de marzo de 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia de forma alguna los vincul\u00f3 al tr\u00e1mite, asever\u00f3 que \u00abaquella investigaci\u00f3n estaba encaminada a determinar si la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S. incurri\u00f3 o no en hechos de captaci\u00f3n ilegal de recursos y con posterioridad, tuvo lugar otra investigaci\u00f3n adelantada por la Superintendencia de Sociedades, tambi\u00e9n dotada de competencia para conocer, pero en esta ocasi\u00f3n frente a ADN Potencial Humano S.A.S. y de J & H Abogados Asociados S.A.S., en relaci\u00f3n con los hechos de captaci\u00f3n determinados respecto de la primera sociedad se\u00f1alada\u00bb, aclarando que, aunque \u00aben la primera investigaci\u00f3n no se relacionaran a los aqu\u00ed intervenidos y vinculados, no es \u00f3bice para que con posterioridad se adoptaran medidas de intervenci\u00f3n, por hechos no conocidos o por solicitudes de investigaci\u00f3n o quejas, conocidas con posterioridad a la conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n inicial, siempre que se respete el procedimiento\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente explic\u00f3, que en el decurso de la investigaci\u00f3n all\u00ed establecida se determin\u00f3 con claridad la configuraci\u00f3n de hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n, en los precisos t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008, \u00abque indican la entrega masiva de dineros a Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n, a trav\u00e9s de la vinculaci\u00f3n directa e indirecta que sosten\u00edan con esta sociedad captadora ilegal de dineros del p\u00fablico, mediante el ejercicio de la actividad comercial de intermediaci\u00f3n o enlace con los inversionistas, definida en el contrato de colaboraci\u00f3n en intermediaci\u00f3n inmobiliaria con Broker remitido en memorial 2020-01-060189 anexo ABA\u00bb; por dem\u00e1s, realiz\u00f3 el correspondiente juicio de responsabilidad en cabeza de los administradores de la sociedad intervenida, sustentada en lo consagrado en el canon 2344 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.7. As\u00ed mismo, al momento de desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la anterior determinaci\u00f3n, la convocada explic\u00f3, entre otras, que \u00abde acuerdo con el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, se considera tan responsable al que capta como al que tiene con \u00e9l una participaci\u00f3n indirecta en la actividad de captaci\u00f3n, cuando se trata de una colaboraci\u00f3n determinante, y las labores de uno y otro est\u00e1n vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, y, una vez m\u00e1s explic\u00f3 la discrepancia existente entre la investigaci\u00f3n previa y la intervenci\u00f3n judicial. <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la autoridad criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed intervenidos), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la Superintendencia de Sociedades tuvo en cuenta los hechos expuestos y los normas que rigen la materia, los que permitieron advertir que, en efecto, muy a pesar de lo considerado por los aqu\u00ed accionantes no hab\u00eda lugar a ordenar su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto y menos la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, pues de manera detallada la accionada explic\u00f3 las resultas de la investigaci\u00f3n administrativa y de las razones de la intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y Patrimonio de ADN Potencial Humano S.A.S., en la medida en que en la primera etapa se verificaron conductas y actividades que atentan contra el inter\u00e9s p\u00fablico protegidas por el art\u00edculo 335 de la Carta Pol\u00edtica; luego, m\u00e1s all\u00e1 de las quejas de los actores, lo que se denota es una conducta tendiente a subsanar su propia negligencia e incuria, pues lo cierto es que m\u00e1s all\u00e1 de su inconformidad, dentro de la oportunidad los accionantes no cuestionaron de modo alguno los documentos \u00abque hacen parte de los papeles de trabajo y de la investigaci\u00f3n administrativa que dieron lugar al Memorando 2020-01-163337 de 7 de mayo de 2020\u00bb, con los que se encontr\u00f3 m\u00e9rito para adelantar el proceso. <\/p>\n
5. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el sentido del fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC107-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC107-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02570-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}