STC110-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01761-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Miguel \u00c1ngel Bravo Caicedo en calidad de \u00abDiputado electo y en ejercicio del Departamento de Putumayo\u00bb, le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a Burgenes Florencio Rosero Pe\u00f1a, a la Fiscal\u00eda 8\u00aa Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a la Sala 1\u00aa de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y dem\u00e1s partes e intervinientes en el radicado n\u00b0 11001600010220200010604. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, verdad, justicia y reparaci\u00f3n, aprestigiamiento de la justicia y moralidad p\u00fablica\u00bb para que, en consecuencia, se dejara sin efecto la decisi\u00f3n \u00abproferida y ejecutoriada el 12 de agosto de 2021\u00bb y las \u00abactuaciones judiciales y administrativas\u00bb derivadas de ella. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que, dentro de la causa criminal seguida en contra de Buanerges Florencio en su condici\u00f3n de Gobernador del Putumayo por delitos relacionados con la \u00abdefraudaci\u00f3n del erario p\u00fablico\u00bb, la Magistratura censurada declar\u00f3 la libertad del acusado por vencimiento de t\u00e9rminos (12 ag. 2021). <\/p>\n
Sostuvo que la determinaci\u00f3n, \u00abno exhort\u00f3 el acatamiento a la normatividad internacional, constitucional y legal vigente, as\u00ed como tampoco [la] pac\u00edfica y profusa jurisprudencia de las Altas Cortes de Justicia\u00bb, por lo que la Fiscal\u00eda y el representante de las v\u00edctimas de la Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n formularon recurso de reposici\u00f3n, despachado desfavorablemente. <\/p>\n
2.- La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n requirieron su desvinculaci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb, mientras que la Procuradora 2\u00aa Delegada para la investigaci\u00f3n y juzgamiento penal adujo la razonabilidad de la resoluci\u00f3n fustigada, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb del demandante, al no ser un sujeto \u00abprocesal\u00bb reconocido en el expediente tramitado. Por su parte la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n coadyuvaron la s\u00faplica. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi el actor considera lesionados sus derechos, podr\u00e1 solicitar ante el juez de conocimiento correspondiente, en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, que lo reconozca como v\u00edctima a voces del art. 132 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Adem\u00e1s, a\u00fan dispone de la acci\u00f3n popular prevista en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y desarrollada por el legislador en la Ley 472 de 1998, para salvaguardar los derechos a la moralidad administrativa y \u201caprestigiamiento de la justicia\u201d que alega afectados con la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Judicial demandada\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el gestor iterando los argumentos inaugurales y su \u00ablegitimaci\u00f3n (\u2026) como veedor nato de los recursos p\u00fablicos del departamento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se ha dicho que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la \u00abtutela\u00bb, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, ya que en observancia del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, se sostiene que \u00e9sta: <\/p>\n
\u00abse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021 y STC11332-2021). <\/p>\n
2.- En el caso concreto, la salvaguarda de Bravo Caicedo no est\u00e1 llamada a prosperar porque no es el titular de la dispensa infringida. <\/p>\n
Como se desprende del escrito genitor, las bases de sus alegaciones derivan de sus calidades de \u00abtitular del control pol\u00edtico y veedor de recursos p\u00fablicos\u00bb, lo que resulta insuficiente para cuestionar actuaciones \u00abjudiciales\u00bb originadas en un proceso del que no es parte y en el que no ha solicitado y obtenido su intervenci\u00f3n, porque all\u00ed, como lo establece el legislador y la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la participaci\u00f3n es reglada conforme a los c\u00e1nones 113 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala en STC2076-2020, reiter\u00f3 que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (citada en STC5643-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, esto es, si se violaron las garant\u00edas de los \u00absujetos procesales\u00bb dentro del \u00abexpediente\u00bb arriba enunciado. <\/p>\n
3.- En lo que tiene que ver con los reproches al pronunciamiento de primer grado, es propio recordar que la facultad para representar \u00abderechos\u00bb ajenos, de conformidad con el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, \u00abexige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n\u00bb, que para el caso no est\u00e1n satisfechos. <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01 y STC9428-2021). <\/p>\n
Y en cuanto a los \u00abprocedimientos judiciales\u00bb es un\u00e1nime en advertir que <\/p>\n
\u00abla persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta espec\u00edfica v\u00eda es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales (\u2026) El principio de la informalidad que impera en estos tr\u00e1mites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a \u00e9l se le violaran las \u201cgarant\u00edas fundamentales\u201d y no a quien pretende favorecer\u00bb (STC, 16 feb. 2011, Rad. 2011-00090-01). <\/p>\n
En este orden, no obran elementos suasorios que fijen la aludida representaci\u00f3n en favor de Miguel \u00c1ngel y menos que puedan desprenderse por ser \u00abDiputado electo y en ejercicio del Departamento de Putumayo\u00bb, para acceder al anhelo del impulsor. <\/p>\n
4.- Ergo, se convalidar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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