STC114-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC114-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00527-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Central de Inversiones S.A. \u2013 CISA – le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La empresa actora, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho de \u00abpetici\u00f3n\u00bb para que \u00abse ordene al accionado, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la Sentencia de tutela d\u00e9 respuesta a [su] derecho de petici\u00f3n de fecha 27 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
En lo que resulta relevante, adujo, que el 27 de enero de 2021 \u00abradic\u00f3 escrito de manera virtual\u00bb solicitando al estrado acusado: \u00ab1) la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y consecuentemente decretar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas; 2) Ordenar la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos a favor de CISA una vez efectuado el d\u00e9bito del valor del cr\u00e9dito y las costas; 3) librar los oficios de desembargo a las entidades bancarias y 4) dar impulso al proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00b0 del C.G.P.\u00bb dentro del litigio ejecutivo adelantado en su contra por Osiris y Orior Emilio Quintero Mora, \u00abcumpli\u00e9ndose m\u00e1s de 210 d\u00edas h\u00e1biles sin que el accionado haya dado respuesta a [su] petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga se opuso al ruego, toda vez que \u00abcontrario a lo expresado por el apoderado de la accionante, mediante auto de 5 de abril de 2021, resolvi\u00f3 lo pedido, tal como se hace visible en el sistema de siglo XXI en la que se indic\u00f3 que no era posible acceder a la terminaci\u00f3n del proceso, comoquiera que ello ya hab\u00eda ocurrido desde el 8 de mayo de 2018, junto con la expedici\u00f3n de oficios que comunicaban lo pertinente en materia de cautelas y que ya se hab\u00eda ordenado tambi\u00e9n la entrega de $7.200.000 a favor de la accionante, auto que se public\u00f3 en la p\u00e1gina web de la rama judicial, en los respectivos estados electr\u00f3nicos, por lo que se debe denegar el amparo\u00bb. <\/p>\n
El curador ad litem de Osiris y Orior Emilio Quintero Mora manifest\u00f3 que \u00abauscultado el dossier se advierte que la petici\u00f3n cuya ausencia de respuesta se denuncia por esta v\u00eda, fue resuelta a trav\u00e9s de providencia en la que se explicitaron los motivos por los cuales no era posible atender favorablemente la petitoria\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo concedi\u00f3 la salvaguarda al encontrar que \u00absi bien a la fecha de interposici\u00f3n del auxilio, el juzgado ya hab\u00eda otorgado respuesta a la petici\u00f3n, lo que sucedi\u00f3 es que la parte interesada no se percat\u00f3 de tal situaci\u00f3n, estando en posibilidad de hacerlo, pues la providencia de 5 de abril de 2021 fue correctamente notificada, argumento que bastar\u00eda para desestimar la tutela, sin embargo, en lo que tiene que ver con el diligenciamiento de los oficios que comunican lo pertinente en materia de cautelas, pese a que la actitud de la actora ha sido descuidada, lo cierto es que conforme el art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020, las comunicaciones para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales, deben ser remitidas por el juzgado mediante mensaje de datos procedente del correo electr\u00f3nico oficial, por lo que no es recomendable bajo las actuales circunstancias sanitarias, imponer a la gestora el retiro y radicaci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica de las pluri citadas comunicaciones, por lo que se concede el amparo \u00fanicamente en lo relativo al diligenciamiento de las comunicaciones que informan lo propio en materia de cautelas\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, orden\u00f3 al juzgado convocado que \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, diligencie los oficios que comunican el levantamiento de las medidas cautelares en el proceso ejecutivo a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico institucional de ese despacho\u00bb. <\/p>\n
4.- El titular del juzgado criticado, refut\u00f3 tal veredicto, enfatizando que \u00abcomo efectivamente lo advirti\u00f3 el Tribunal, la solicitud fue resuelta, en la que se le record\u00f3 a la actora que el 8 de mayo de 2018, casi tres a\u00f1os atr\u00e1s, el proceso termin\u00f3 con la consecuente orden sobre levantamiento de medidas (\u2026) para la \u00e9poca en que termin\u00f3 la ejecuci\u00f3n, el Decreto 806 de 2020 no estaba vigente, luego la carga para diligenciar los oficios de desembargo radicaba \u00fanica y exclusivamente en la gestora, no en este juzgado, motivo por el cual el expediente se archiv\u00f3 con ellos (\u2026) ahora no obra ninguna solicitud en la que se ruegue por una autorizaci\u00f3n o cita para ingresar al palacio a retirar en f\u00edsico los oficios de desembargo, o en su defecto que los enviemos de acuerdo con los postulados del art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020, por tanto, no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno y menos amenazado\u00bb. <\/p>\n
1. Al elevarse \u00absolicitudes\u00bb a autoridades judiciales calificadas por los interesados como \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb y concernientes con procesos a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales el querellante busca adelantar una actuaci\u00f3n propia del rito o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se suplica una actividad administrativa. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el expediente y se rigen bajo las reglas del mismo. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de \u00abpetici\u00f3n\u00bb y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo relatado se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026\u201d (STC8023-2020, reiterada en STC6517-2021). <\/p>\n
Como quiera que las reclamaciones de la Central de Inversiones S.A. se han referido a cuestiones de car\u00e1cter jurisdiccional ante el despacho confutado, no hay lugar a establecer el quebranto del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino al debido proceso. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, se advierte que lo prove\u00eddo en primera instancia debe ratificarse porque ninguno de los reparos del funcionario recurrente tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
En efecto, en el dossier aparece acreditado que al momento de la interposici\u00f3n de la salvaguarda, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga ya se hab\u00eda pronunciado respecto a los requerimientos de la gestora, tendientes a: i) La culminaci\u00f3n del ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n; ii) El levantamiento de las medidas cautelares mediante el diligenciamiento de los respectivos oficios y iii) La devoluci\u00f3n de t\u00edtulos judiciales, advirtiendo que \u00abno es procedente acceder a la misma, por cuanto este tr\u00e1mite termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 8 de mayo de 2018, as\u00ed mismo, se expidieron los oficios de levantamiento de medidas cautelares. Igualmente, a trav\u00e9s de auto de fecha 19 de junio de 2018, se orden\u00f3 hacer entrega a favor de CENTRAL DE INVERSI\u00d3N S.A. de los dineros consignados los cuales ascend\u00edan a la suma de $7.200.000\u00bb (5 abr. 2021), determinaci\u00f3n debidamente notificada, evidenci\u00e1ndose que el estrado no fue moroso o incurioso en su actuar y por el contrario se observa poca diligencia o descuido por la tutelante en las resultas del litigio donde fung\u00eda como demandada. <\/p>\n
No obstante, conforme lo exterioriz\u00f3 la primera instancia, imponer a la quejosa, pese a su desidia, el retiro y radicaci\u00f3n f\u00edsica de las comunicaciones libradas el 8 de mayo de 2018 que avisaban lo referente a la cesaci\u00f3n de las cautelas, no es recomendable, atendiendo las actuales circunstancias sanitarias por las que atraviesa el pa\u00eds, cuando de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020, el cual se encuentra vigente, \u00ab[l]os secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitir\u00e1n las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad p\u00fablica, privada o particulares, las cuales se presumen aut\u00e9nticas y no podr\u00e1n desconocerse siempre que provengan del correo electr\u00f3nico oficial de la autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es de recibo el argumento del impugnante en el sentido que no debi\u00f3 concederse el resguardo al no existir \u00absolicitud donde se ruegue por una autorizaci\u00f3n o cita para ingresar al palacio a retirar en f\u00edsico los oficios de desembargo o en su defecto que los enviemos de acuerdo con los postulados del art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020\u00bb, pues lo cierto, es que a pesar de que tuvo conocimiento de la presente acci\u00f3n superlativa, se abstuvo de facilitar el diligenciamiento de las misivas, optando por dejar vigente los efectuados en el a\u00f1o 2018, desconociendo con ello, la eficacia que debe caracterizar a los funcionarios p\u00fablicos en sus actuaciones. <\/p>\n
3. Corolario de lo reflexionado, se impone la convalidaci\u00f3n del veredicto fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC114-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC114-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00527-01 (Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de septiembre de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60564","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60564\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}