STC119-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC119-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00245-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2021, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rubiela Medina Becerra contra los Juzgados Promiscuo Municipal de El Pital y Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, ambos del Huila, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, y \u00abde congruencia de las sentencias judiciales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las sentencias emitidas en ambas instancias, en el marco del proceso declarativo de restituci\u00f3n de tenencia que Ramiro Silva Trujillo promovi\u00f3 contra \u00c1ngel Mar\u00eda Chavarro Carvajal, identificado con el radicado No. 2018-00119-02. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene \u00abreempla[zar] la providencia datada del quince (15) de marzo de 2021, proferida por el Juez Segundo del Circuito de Garz\u00f3n, donde en la parte considerativa al resolver el recurso de apelaci\u00f3n confirm\u00f3 la sentencia proferida el seis de julio de 2020, por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Pitalito Hila, mediante la cual se desat\u00f3 la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, en lo esencial, que es c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del demandante dentro del citado asunto, quien falleci\u00f3 el 6 de enero de 2021, y en vida celebr\u00f3 contrato de aparcer\u00eda con \u00c1ngel Mar\u00eda Chavarro Carvajal sobre los predios colindantes identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 204-733 y 204-13976 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de La Plata \u2013Huila; no obstante, ante el incumplimiento de \u00e9ste a dicho acuerdo de voluntades y el vencimiento del tiempo de duraci\u00f3n del mismo, se inici\u00f3 el referido juicio, dentro del cual el 6 de julio de 2020, el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de El Pital dict\u00f3 sentencia en que reconoci\u00f3 a favor del demandado un pago por $56\u00b4377.922.oo \u00abpor concepto de mejoras, utilidades y gastos de instalaci\u00f3n de caf\u00e9 soca durante los a\u00f1os 2017 y 2018\u00bb. <\/p>\n
Afirma que dicha condena no fue solicitada por el demandado en su contestaci\u00f3n de demanda ni en el dictamen pericial que aport\u00f3 al proceso, por lo que la decisi\u00f3n al respecto fue \u00abultra petita\u00bb, pese a que \u00e9ste no estaba amparado de pobreza; adem\u00e1s, se orden\u00f3 indemnizar a una persona jur\u00eddica que no hizo parte dentro del proceso que plant\u00f3 una de las mejoras, motivos por los cuales apel\u00f3 la citada sentencia, pero la misma fue confirmada el 15 de marzo de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, decisi\u00f3n cuya solicitud de adici\u00f3n le fue negada el 4 de octubre siguiente, situaciones por las que en su criterio se incurri\u00f3 en lo fallado en los defectos procedimental absoluto y sustantivo, y, por ende se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) Juli\u00e1n Medina Trujillo, hijo de Ramiro Silva Trujillo y de la aqu\u00ed accionante, coadyuv\u00f3 la solicitud de \u00e9sta. <\/p>\n
b.) El Juez Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n que emiti\u00f3 dentro del asunto no fue incongruente, pues obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n plausible del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, tal como expuso en la sentencia de 15 de marzo de 2021, por lo cual pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
c.) Guillermo Leiva Aguirre, quien afirm\u00f3 ser apoderado judicial de \u00c1ngel Mar\u00eda Chavarro Carvajal, indic\u00f3 que las mejoras cuya indemnizaci\u00f3n se orden\u00f3 pagar a la aqu\u00ed interesada, fueron cuantificadas dentro del dictamen pericial rendido dentro del proceso, el cual no fue objetado por \u00e9sta. Aleg\u00f3 tambi\u00e9n que se incumple con el requisito de la inmediatez, debido a la fecha en que fue emitido el fallo de segundo grado cuestionado. <\/p>\n
d.) La titular del Juzgado Promiscuo Municipal de El Pital, Huila, se manifest\u00f3 sobre los hechos de la solicitud de protecci\u00f3n y pidi\u00f3 se deniegue la misma, porque ritu\u00f3 el asunto en legal forma, y dio prevalencia a la ley sustancial debido a la presencia dentro del litigio de una \u00abparte m\u00e1s d\u00e9bil\u00bb, conforme autoriza el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, porque \u00abno supera el umbral de procedibilidad, habida cuenta que, como lo pretendido con la acci\u00f3n de amparo es que se le reste validez jur\u00eddica a la decisi\u00f3n proferida el 18 de marzo de 2021, por medio de la cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra de la sentencia del 06 de julio de 2020, observa la Sala que, en raz\u00f3n del principio de inmediatez que gobierna la acci\u00f3n constitucional, dicha pretensi\u00f3n se torna improcedente, dado el lapso transcurrido entre la fecha en la que se profiri\u00f3 la misma (18 de marzo de 2021) y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (2 de noviembre de 2021, seg\u00fan acta de reparto obrante en el informativo), tiempo que para la Sala no resulta razonable\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00absi bien se tiene que mediante auto del 04 de octubre de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n resolvi\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n formulada por el extremo demandante respecto de la sentencia del 18 de marzo de 2021, lo cierto es que, con la aludida solicitud no se buscaba pronunciamiento alguno en torno a los reproches que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de amparo se realizan en procura de dejar sin efecto la aludida decisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, el t\u00e9rmino prudencial para agotarse la acci\u00f3n constitucional inici\u00f3 su c\u00f3mputo desde el mismo momento en el que la sentencia judicial fue notificada, toda vez que ese es el instante en el que presuntamente se genera la conducta vulneradora de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, alegando que la oportunidad para interponer la tutela debi\u00f3 establecerse a partir del momento en que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, esto es, cuando se resolvi\u00f3 sobre su adicci\u00f3n, y en todo caso, que el requisito de la inmediatez no debe juzgarse con absoluto rigor en casos como el presente, donde, dice, se presentaron las situaciones se\u00f1aladas en el escrito de tutela como vulneradoras de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Rubiela Medina Becerra se duele, concretamente, de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, a trav\u00e9s de la cual se mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 6 de julio de 2020 del Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de El Pital, Huila, de acceder a las pretensiones, en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia que Ramiro Silva Trujillo, su fallecido c\u00f3nyuge, promovi\u00f3 contra \u00c1ngel Mar\u00eda Chavarro Carvajal, pues seg\u00fan su dicho, se decidi\u00f3 \u00abextra petita\u00bb, al hab\u00e9rsele ordenado al demandante pagar una indemnizaci\u00f3n que su contraparte no solicit\u00f3, sin que adem\u00e1s, las normas aplicables posibilitaran tal proceder. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, data del 15 de marzo de 2021; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 2 de noviembre siguiente, es decir, transcurridos m\u00e1s de ocho (8) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la decisi\u00f3n del estrado judicial antes se\u00f1alado, de confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia de ordenarle al extremo actor indemnizar unos perjuicios, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se excuse en la solicitud de adici\u00f3n que se present\u00f3 respecto de dicho fallo, ya que la misma no busc\u00f3 en modo alguno discutir la mentada particularidad. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, al resolver el precitado mecanismo vertical, \u00fanicos sobre los que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por haber cerrado el debate aqu\u00ed propuesto, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa aplicable al caso concreto, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, el estrado accionado enlist\u00f3 los motivos de inconformidad expuestos contra la sentencia de primer grado y de los mismos, en seguida observ\u00f3 que, \u00abse\u00f1ala la parte demandante recurrente, una indebida valoraci\u00f3n del contrato de aparcer\u00eda y una clara violaci\u00f3n del principio de congruencia, porque la parte demandada no solicit\u00f3 el reconocimiento de la mejora consistente en el beneficiadero ecol\u00f3gico, al cual se le fij\u00f3 en su concepto un alto valor dado su estado regular\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa inconformidad se\u00f1al\u00f3 que \u00absi bien como se rese\u00f1\u00f3, el art\u00edculo 281 del C.G.P. en su inciso segundo, se\u00f1ala que no podr\u00e1 condenarse por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido, la disposici\u00f3n no es absoluta, especialmente teniendo en cuenta que el par\u00e1grafo segundo de la misma norma precisa que, en los procesos agrarios los jueces aplicar\u00e1n la ley sustancial teniendo en cuenta que ellos buscan conseguir la plena realizaci\u00f3n de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y principios del derecho agrario, especialmente en lo relativo a la protecci\u00f3n del m\u00e1s d\u00e9bil en las relaciones de tenencia de tierra y producci\u00f3n agr\u00edcola. Como complementaci\u00f3n el inciso final prev\u00e9 que, en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones jur\u00eddicas, el juez tendr\u00e1 en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos\u00bb. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, razon\u00f3 a continuaci\u00f3n que \u00abno existe duda alguna, de acuerdo con la definici\u00f3n legal y sus caracter\u00edsticas, que en el contrato de aparcer\u00eda el aparcero, quien principalmente aporta su trabajo personal y familiar, es la parte m\u00e1s d\u00e9bil. Por ello ya tono con la disposici\u00f3n legal, le asiste el derecho que la funci\u00f3n jurisdiccional garantices sus derechos, puesto que los campesinos y trabajadores rurales son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad y discriminaci\u00f3n a que han sido sometidos hist\u00f3ricamente, para lo cual la norma rese\u00f1ada corresponde al Corpus Iuris, orientado a garantizar su subsistencia y la realizaci\u00f3n de su proyecto de vida; de acuerdo con lo ense\u00f1ado, entre otras, en sentencia de constitucionalidad C-077 de 2017. <\/p>\n
En ese contexto, el adecuado entendimiento para el caso concreto de los art\u00edculos noveno y 18 de la Ley especial prev\u00e9n que el aparcero no podr\u00e1, salvo estipulaci\u00f3n contraria, plantar ni permitir que terceros establezcan mejoras, y que no obstante se presumir\u00e1 autorizaci\u00f3n si dentro de los tres meses siguientes el propietario no hubiere expresado su rechazo, mediando intervenci\u00f3n judicial o administrativa; d\u00e1ndole al aparcero el derecho de retenci\u00f3n sobre el predio en garant\u00eda de pago de tales, como de utilidades, suministros, salarios y participaciones; deben entenderse en concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 21 de la Ley especial que se\u00f1ala: \u201cSalvo lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00ba, el aparcero no podr\u00e1 renunciar a los derechos que en su favor consagra la presente ley, ni estipular, en contra del m\u00ednimo de derechos que en su favor se establecen. Las partes podr\u00e1n transigir sus diferencias, excepto cuando versen sobre derechos ciertos e indiscutibles del aparcero\u201d. As\u00ed las cosas, establecida como est\u00e1 la existencia de la construcci\u00f3n del beneficiadero ecol\u00f3gico, hecha con la anuencia t\u00e1cita de la parte demandada, se ajusta su reconocimiento a la normatividad legal y a la elemental justicia, por el valor se\u00f1alado en la sentencia, pues fue tomado del dictamen pericial avalado, sin que se redarguyera su cuantificaci\u00f3n a pesar de su estado f\u00edsico\u00bb. <\/p>\n
De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, se soport\u00f3 en la aplicaci\u00f3n del razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de la tutelante con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad encontr\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n reclamada estaba probada dentro del proceso con el dictamen pericial presentado por el aparcero, y proced\u00eda la orden para su pago, seg\u00fan se extra\u00eda del an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de las normas que regulan el contrato de aparcer\u00eda, adem\u00e1s de la condici\u00f3n de parte d\u00e9bil que dicho extremo ten\u00eda en esa relaci\u00f3n negocial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por la aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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