STC131-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC131-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04551-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Adolfo Guti\u00e9rrez Arrubla contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, defensa y el principio de favorabilidad, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse decrete la nulidad de la sentencia de casaci\u00f3n\u2026 del 8 de octubre de 2003 y se ordene\u2026 que\u2026 proceda a realizar los ajustes correspondientes y a tomar las medidas judiciales que haya lugar, derivadas de tal declaratoria\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Gustavo Adolfo Guti\u00e9rrez Arrubla, el Juzgado Regional de Medell\u00edn lo conden\u00f3 a la pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de los punibles de omisi\u00f3n de informes sobre actividades terroristas, transporte de coca\u00edna, falsedad material de particular en documento p\u00fablico, concierto para delinquir y extorsi\u00f3n agravada. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 8 de febrero de 2000 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad la modific\u00f3, reduciendo la pena a 17 a\u00f1os de prisi\u00f3n, determinaci\u00f3n que recurrida en casaci\u00f3n, en sentencia de 8 de octubre de 2003 no se cas\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la Fiscal\u00eda no decret\u00f3 oficialmente el cierre de la investigaci\u00f3n, pues si bien sostiene que el proceso fue archivado, la realidad es que \u00absigue vivo, es decir, que conserv[a] la calidad de procesado desde el 29 de mayo de 1993\u00bb; que en sede de apelaci\u00f3n el Tribunal disminuy\u00f3 su condena y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n la confirm\u00f3; y que el 21 de septiembre de 2001 le concedieron la libertad por pena cumplida, atendiendo los beneficios reconocidos. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que para el momento en que la Sala acusada adopt\u00f3 su decisi\u00f3n los delitos por los que era investigado hab\u00edan sido expresamente derogados del ordenamiento; que cuando fue emitida dicha determinaci\u00f3n llevaba dos a\u00f1os en libertad; que no recuerda ser notificado del fallo ni leer su contenido, pues pensaba que hab\u00eda purgado su pena; y que nadie se pod\u00eda imaginar que dicha providencia incurr\u00eda en \u00abtama\u00f1o error\u2026 transcurridos m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde la derogatoria de las normas que [le] aplicaron\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que del yerro cometido se enter\u00f3 a finales del 2019 cuando revis\u00f3 sus antecedentes en la Procuradur\u00eda, por lo que interpuso tutela; que en febrero de 2019 fue vinculado a otra investigaci\u00f3n, en donde se deber\u00e1 tener en cuenta la pena que ha pagado; y que la normatividad aplicable era el Decreto 2265 de 1991. <\/p>\n
2.6. Adujo que la Sala accionada violent\u00f3 el principio de legalidad al condenarlo por delitos inexistentes, dejando de lado el debido proceso que le asist\u00eda; que se deb\u00eda reconocer una excepci\u00f3n al requisito de la inmediatez, pues la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 tres a\u00f1os despu\u00e9s de la derogatoria de las disposiciones del Decreto 180 de 1988; y que se vulneraron las disposiciones de la Carta Pol\u00edtica y las que conforman el bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia inform\u00f3 que se encontraba en la b\u00fasqueda del expediente, pues por ser tan antiguo no hab\u00eda sido posible su ubicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que no contaba con las piezas procesales censuradas, ya que las remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que una vez resolvi\u00f3 el recurso, devolvi\u00f3 el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 53 Especializada -Direcci\u00f3n Especializada contra las violaciones de Derechos Humanos realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas dentro de la investigaci\u00f3n en la que vincul\u00f3 al promotor. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo criticado de 8 de octbre de 2003, y la interposici\u00f3n de la tutela en noviembre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos con los que el gestor pretende superar el anotado presupuesto, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la decisi\u00f3n que denuncia como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales, e incluso contando el tiempo desde la fecha en la que dice que se enter\u00f3 del fallo de casaci\u00f3n -finales del 2019-, tampoco se da observancia a esa exigencia. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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