STC137-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC137-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04631-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Magdiel Benavides Sep\u00falveda contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, libertad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana y \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdeclarar sin valor y efecto las providencias de\u2026: primera instancia, adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama\u2026 el 26 de mayo de\u2026 2017 que [lo] decla[r\u00f3]\u2026 penalmente responsable del delito de acoso sexual y,\u2026 lo sentenci[\u00f3] a la pena principal de\u2026 16 meses de prisi\u00f3n\u2026; \u2026segunda instancia, proferida el\u2026 24 de noviembre de 2017\u2026 por la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo\u2026 que confirm[\u00f3] la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n\u2026; y el auto de decisi\u00f3n de la sala de casaci\u00f3n penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de\u2026 16 de septiembre de 2020 que fij\u00f3 inadmitir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado, hasta la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Magdiel Benavides Sep\u00falveda se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abacoso sexual\u00bb, que luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 26 de mayo de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama lo conden\u00f3 a 16 meses de prisi\u00f3n; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 24 de noviembre de 2017 la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en sede de alzada, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio; decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n, empero, el 16 de septiembre de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inadmiti\u00f3 la demanda formulada. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, las decisiones referidas a espacio, pues, refiere, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, adem\u00e1s, por falta de defensa t\u00e9cnica no pudo aportar las entrevistas tomadas a otros estudiantes, compa\u00f1eros de la v\u00edctima, con el fin de desvirtuar su dicho; asimismo, \u00abla presunta conversaci\u00f3n sostenida con la denunciante, es mentira, jam\u00e1s reali[z\u00f3] esta conversaci\u00f3n, y esto qued\u00f3 demostrado dentro del proceso, lo cual reitero, en ocasi\u00f3n a la falta de diligencia de [su] defensor no realiz\u00f3 las acciones concretas, correctas para que se resolviera en forma favorable el proceso, al contrario, con una serie de inconsistencias, desaciertos y sobretodo, falta de preparaci\u00f3n para llevar a cabo el proceso penal, permiti\u00f3 y facilit\u00f3 el trabajo en la fiscal\u00eda para que fuera condenado\u00bb; de la misma manera, \u00abno se constat\u00f3 que los mensajes hubiesen salido de [su] cuenta de Facebook\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que las versiones rendidas por la presunta v\u00edctima son \u00abdisimiles, irreales y por m\u00e1s fantasiosos\u00bb, adem\u00e1s, fue condenado por \u00abuna conversaci\u00f3n que jam\u00e1s se corrobor\u00f3, que dichos mensajes provinieran de [su] cuenta de la red social, esto con un investigador de la fiscal\u00eda, se [le] condena con una impresi\u00f3n la cual tambi\u00e9n se desconoce su origen\u00bb, sumado a que, careci\u00f3 de una defensa t\u00e9cnica, pues su mandatario \u00abno se opuso a estas pruebas, no interpuso recursos en los momentos procesales correctos, y como yerro m\u00e1s grave no estaba en sus cinco sentidos para llevar a cabo la defensa\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que el juicio adelantado en su contra es nulo, comoquiera que, \u00abel juez de conocimiento, conocedor de los yerros efectuados por [su] defensor, continu[\u00f3] con el tr\u00e1mite de la audiencia\u00bb, adem\u00e1s, insiste, en la falta de defensa t\u00e9cnica, pues en ocasiones \u00abel juez le solicita al fiscal instruir al defensor\u00bb, quien no present\u00f3 pruebas, ni recursos, ni prepar\u00f3 a los peritos, quebrantando sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que las pruebas para ser valoradas en el juicio deben ser pertinentes, conducentes, reconocer el tipo y los l\u00edmites, que, en su sentir, para el caso concreto, no se cumpli\u00f3 dichos requisitos, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n conlleva a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; adem\u00e1s que, su defensor \u00abno debi\u00f3\u2026 permitir que se realizara la imputaci\u00f3n del delito de acoso sexual, toda vez que, el delito no se cometi\u00f3, no existe prueba que se ha indicado que se asedi\u00f3, acos\u00f3, persigui\u00f3 a la presunta v\u00edctima, a un m\u00e1s grave, el hecho en que las \u00fanicas personas que conocieron supuestamente de los hechos son allegados, como la profesora de la cual se menciona tener una amistad \u00edntima, al igual que su mam\u00e1, por las reglas de la sana cr\u00edtica se conoce que ninguna familiar o en la mayor\u00eda de los casos un familiar no declara en contra de su propia familia\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que agot\u00f3 todos los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, asimismo, cumple con el presupuesto de inmediatez, pues fue privado de la libertad desde el 31 de agosto de 2021. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; indic\u00f3 que el tr\u00e1mite adelantado en esa instancia se surti\u00f3 debidamente sin quebrantar garant\u00edas fundamentales; que el promotor estuvo representado por mandatario de confianza; que lo pretendido es una revisi\u00f3n del proceso, as\u00ed como la libertad, situaci\u00f3n que se escapa de la competencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Analizada la demanda constitucional, encuentra la Sala que el promotor persigue cuestionar la legalidad del proceso penal adelantado en su contra, que culmin\u00f3 con el auto inadmisorio de demanda de casaci\u00f3n emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 16 de septiembre de 2020 (AP2355-2020), pues, en su sentir, dicho juicio tuvo una indebida valoraci\u00f3n probatoria, adem\u00e1s, porque no tuvo una debida defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela soportada en similares hechos, que fue negada por esta Corporaci\u00f3n el 18 de diciembre de 2020 (STC11961-2020), decisi\u00f3n que no fue impugnada, por lo que est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad, est\u00e1 Sala precis\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo se sustentaba en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El 08 de marzo de 2016, la Fiscal\u00eda imput\u00f3 al accionante el delito de acoso sexual (art. 210-A del C.P.) ante el Juzgado 4\u00ba Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Duitama y lo acus\u00f3 \u00ab\u2026bajo los mismos presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en audiencia del 22 de junio subsiguiente\u00bb. <\/p>\n
2.2. Tal asunto fue repartido al Despacho 2\u00ba Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de esa municipalidad. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia del 26 de mayo de 2017 se declar\u00f3 penalmente responsable al actor por el \u00abdelito de acoso sexual\u00bb y se le impuso \u00abla pena principal de diecis\u00e9is (16) meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual t\u00e9rmino. No concedi\u00f3 el subrogado penal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, interpuso apelaci\u00f3n. La alzada fue desatada en fallo del 24 de noviembre siguiente, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo decidi\u00f3 confirmar el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
2.4. Contra esa decisi\u00f3n, present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n accionada el 16 de septiembre de 2020. Frente al mismo radic\u00f3 el mecanismo de insistencia. Sin embargo, el 03 de noviembre siguiente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se abstuvo de acceder a dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Reproch\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 la Sala accionada sobre las probanzas recaudadas en el curso del proceso, \u00abd\u00e1ndole un alcance no previsto en la ley\u00bb. <\/p>\n
Adujo, adem\u00e1s, que se dejaron de resolver cuestiones sustanciales en la inadmisi\u00f3n del recurso por \u00abaspectos de mera forma que implicaron a su vez la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales [invocados]\u2026 resultando en la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n omiti\u00f3 no solo el precedente jurisprudencial aplicable, sino que desestim\u00f3 la argumentaci\u00f3n proporcionada por la defensa y haciendo uso arbitrario e injusto del acervo probatorio del proceso, dej\u00f3 de estudiar de fondo el caso para, a partir de argumentos ex\u00f3genos e interpretativos, ampliar independientemente el alcance del acosa sexual como delito\u00bb. (CSJ STC11961-2020). <\/p>\n
Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
Del examen de las pruebas que reposan en el expediente, pronto advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia rogada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, al resolver sobre la admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario, el Colegiado accionado expuso razonadamente los motivos por los cuales se impon\u00eda la inadmisi\u00f3n de este al no reunir las exigencias necesarias para ello. A tal conclusi\u00f3n arrib\u00f3 despu\u00e9s de realizar un an\u00e1lisis detallado del libelo, para lo cual expres\u00f3, en relaci\u00f3n con el cargo principal y subsidiario, lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, con respecto al vicio de nulidad por vulneraci\u00f3n del derecho de la defensa t\u00e9cnica -relacionado con las m\u00faltiples falencias endilgadas por el actor a su defensor en el proceso debatido-, determin\u00f3 que \u00ab\u2026la censura est\u00e1 hu\u00e9rfana de trascendencia, pues la sustentaci\u00f3n del reclamo no demuestra de qu\u00e9 manera habr\u00eda de variar el sentido de la decisi\u00f3n -condenatorio- si en la audiencia preparatoria se hubieran incorporado otros medios de conocimiento y, en el transcurso del juicio, se hubiera ejercido de manera distinta la actividad y controversia probatorias por la defensa\u00bb. <\/p>\n
En el punto, destac\u00f3 que el censor se refiere gen\u00e9ricamente a la impericia para solicitar pruebas pero \u00ab\u2026no se\u00f1ala cu\u00e1les concretamente dejaron de practicarse y cu\u00e1l habr\u00eda sido su impacto en la estructura probatoria que soporta la condena, si hubieran sido practicadas. Alude simplemente a peticiones probatorias que \u201cpodr\u00edan ser de vital importancia\u201d, m\u00e1s en manera alguna las identifica ni contrasta con los enunciados f\u00e1cticos que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad por acoso sexual\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en cuanto a la confusi\u00f3n entre las figuras de exclusi\u00f3n y rechazo de los elementos probatorios, que \u00abtal afirmaci\u00f3n no supera un mero cuestionamiento a la precisi\u00f3n conceptual del defensor, pero no acredita, desde la \u00f3ptica de la trascendencia, por qu\u00e9 debi\u00f3 decretarse la exclusi\u00f3n de alguna prueba obtenida con violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales\u00bb. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que \u00abtampoco se\u00f1ala cu\u00e1les son las razones por las cuales habr\u00eda de ser negada la introducci\u00f3n de los mensajes enviados por la red social Facebook, en punto de pertinencia, utilidad o conducencia\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, puso de presente que la censura desatendi\u00f3 los fundamentos de la determinaci\u00f3n apelada, sin tener en cuenta que \u00abel contenido de los mensajes se dio por probado con los testimonios de Roci\u00f3 Bernal T\u00e1mara (madre de la v\u00edctima), Ginet Vanessa Hern\u00e1ndez Lagos (compa\u00f1era de estudio de la menor) y del docente Carlos Alirio Nausa G\u00f3mez, quienes leyeron los mensajes en el celular de I.N.L.B\u2026. Aunado a lo anterior, la misma I.N.L.B., como destac\u00f3 el a quo, se refiri\u00f3 al contenido de esos mensajes\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n con la ineptitud conceptual del togado, resalt\u00f3 que el accionante se limit\u00f3 a rese\u00f1ar la discusi\u00f3n que se dio en la audiencia entre el fiscal, defensor y juez, \u00absin poner de presente, en \u00faltimas, si las mismas fueron decretadas o negadas y, mucho menos, c\u00f3mo habr\u00edan incidido en el sentido del fallo si se hubieran incorporado en el juicio\u00bb, lo que demuestra la carencia de importancia frente al juicio de trascendencia. M\u00e1xime cuando en el fallo de primer grado \u00abel investigador Sergio Balaguera Guti\u00e9rrez declar\u00f3 en el juicio y, a trav\u00e9s suyo, se incorporaron [las] declaraciones anteriores\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en lo atinente a la etapa de pr\u00e1ctica de pruebas en el pleito \u00abno utiliz\u00f3 ninguno de los elementos probatorios descubiertos por la Fiscal\u00eda, como tampoco los de la propia defensa, para impugnar credibilidad, lo que ahonda la crisis defensiva\u00bb, por esto destac\u00f3 que ese \u00ab\u2026alegato no pasa de ser una alusi\u00f3n gen\u00e9rica a la supuesta falta de conocimientos en litigaci\u00f3n oral del anterior defensor\u00bb. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, despach\u00f3 lo aludido frente al interrogatorio y a las objeciones, pues no se mostr\u00f3 \u00abcuales eran esas preguntas tan supuestamente inadmisibles que cualquier defensor las habr\u00eda objetado, como tampoco pone de manifiesto qu\u00e9 l\u00edneas de contra interrogaci\u00f3n eran absolutamente necesarias e inevitables\u00bb. <\/p>\n
Y, adem\u00e1s, asever\u00f3 que \u00abel juicio de trascendencia (\u2026) no opera en abstracto, por lo que es insuficiente se\u00f1alar errores que, de ser suprimidos, especulativamente podr\u00edan conducir a diferentes resultados procesales. No. Para demostrar que el yerro es trascendente, la censura ha de poner de manifiesto, con especificidad, c\u00f3mo la subsanaci\u00f3n del error conducir\u00eda a variar el sentido de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3 con respecto a la nulidad derivada de ausencia de defensa t\u00e9cnica que: \u00abQuien alega este tipo de irregularidad debe superar la mera postulaci\u00f3n de cu\u00e1l cree que debi\u00f3 ser la gesti\u00f3n adelantada por su predecesor. El simple planteamiento de una v\u00eda alternativa de defensa, incapaz de demostrar que la actividad defensiva vulner\u00f3 alg\u00fan componente del debido proceso en cabeza del acusado deja al reclamo carente de acreditaci\u00f3n. Adem\u00e1s, mal podr\u00eda evidenciar su trascendencia, pues \u00e9sta implica explicar de qu\u00e9 manera la afectaci\u00f3n condujo a la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n injusta\u00bb. <\/p>\n
3.2. En cuanto al cargo subsidiario -violaci\u00f3n directa de la ley sustancial -, enfatiz\u00f3 que \u00abel demandante altera la base f\u00e1ctica en referencia a la cual se aplic\u00f3 el juicio sustancial de responsabilidad; de otro lado, al alterar -por omisi\u00f3n- los fundamentos probatorios en que se soporta la condena, deja al reclamo desprovisto de aptitud sustancial, por insuficiencia refutatoria\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, con fundament\u00f3 en el marco f\u00e1ctico valorado por el tribunal, los elementos probatorios -mensajes de textos- y el testimonio de la ni\u00f1a, que exist\u00eda una finalidad sexual repudiada por la v\u00edctima. <\/p>\n
De lo precedente, comprob\u00f3 que el accionante mutil\u00f3 \u00abrazones probatorias consideradas por los falladores para adecuar el comportamiento -hostigador y asediador- del procesado en el ingrediente normativo \u201cfinalidades sexuales no consentidas\u201d\u00bb, lo que modifica \u00abla base f\u00e1ctica de las sentencias, quebrantando la unidad l\u00f3gica del reproche por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se exalta que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida con fundamento en una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas al plenario, la normatividad y jurisprudencia que gobierna el asunto en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica una disparidad de criterios -acerca de los planteamientos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte al pronunciamiento de inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n-, entre lo considerado por la Sala acusada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo cual, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Desde luego, en este escenario, tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. En efecto, <\/p>\n
el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00). <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, seg\u00fan lo verificado en el sistema de gesti\u00f3n judicial, no fue impugnada por el actor. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud del gestor. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, de cara al juicio penal que culmin\u00f3 con sentencia de 24 de noviembre de 2017 proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso seguido en contra del accionante por el delito de acoso sexual, mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo condenatorio que dict\u00f3 el Juzgado el 26 de mayo anterior. <\/p>\n
En este orden de ideas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo tambi\u00e9n es inviable, toda vez que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3, pues, tal como qued\u00f3 visto, su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 16 de septiembre de 2020, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir lo relativo a la defensa t\u00e9cnica y los medios suasorios allegados al plenario. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC137-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC137-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04631-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Magdiel Benavides Sep\u00falveda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}