STC140-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC140-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04655-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Residencial Bilbao Propiedad Horizontal contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y \u00abacceso material a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como de los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la sede judicial accionada al dictar sentencia de segunda instancia en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin efecto la decisi\u00f3n de segundo grado\u2026[,] ordenando que en un t\u00e9rmino perentorio se corrija y\/o profiera nuevamente\u2026[,] ajustada a derecho\u00bb; o subsidiariamente, que aqu\u00ed se dicte la correspondiente determinaci\u00f3n de remplazo. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que Carlos Arturo Rocha Ramos inco\u00f3 contra el accionante, en sentencia del pasado 1\u00ba de diciembre el Tribunal convocado revoc\u00f3 la dictada el 18 de mayo anterior por el a-quo -adversa a las pretensiones- para, en su lugar, declarar infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas e ineficaces \u00ablas decisiones proferidas en la Asamblea ordinaria del Conjunto Residencial Bilbao P.H. realizada el 4 de abril de 2019\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela, adujo el quejoso que se profiri\u00f3 un \u00abfallo ultra y extrapetita\u00bb, incurriendo en incongruencia, \u00abdesconociendo lo pretendido y en particular la argumentaci\u00f3n que llev[\u00f3] al actor a interponer la apelaci\u00f3n\u00bb, comoquiera que \u00e9ste pidi\u00f3 \u00abla nulidad del acta y no de los actos\u00bb, tampoco rog\u00f3 su ineficacia; adem\u00e1s, indebidamente se aplic\u00f3 al caso el canon 897 del C\u00f3digo de Comercio, pasando por alto que dicha norma establece que \u00ab\u201c\u2026Cuando en este C\u00f3digo se exprese que un acto no produce efectos, se entender\u00e1 que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaraci\u00f3n judicial\u2026\u201d Es decir, se refiere s\u00f3lo a aquellos aspectos que regula la Ley mercantil y que no pod\u00eda como mal lo hizo la sala accionada desconocer que, trat\u00e1ndose de las propiedades horizontales, ellas tienen una norma especial, Ley 675 de 2001, la cual\u2026 s\u00f3lo contempla la sanci\u00f3n de ineficacia trat\u00e1ndose de las decisiones que se adoptan en reuniones no presenciales\u00bb (art\u00edculo 44). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Tribunal \u00ab[d]ej\u00f3 de pronunciarse en el sentido de declarar que el accionante no hab\u00eda demostrado ser el titular del derecho de dominio, amen que la norma que regula la impugnaci\u00f3n, art\u00edculo 49 establece de forma categ\u00f3rica, que s\u00f3lo podr\u00e1 enfilar esta acci\u00f3n aquel que demuestre ser titular del derecho de dominio, l\u00e9ase propietario\u00bb; que para dar esto por sentado s\u00f3lo se alleg\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n del inmueble pero no la escritura p\u00fablica a trav\u00e9s de la cual se adquiri\u00f3 su dominio; que la convocatoria a la asamblea impugnada \u00abse realiz\u00f3 dentro del t\u00e9rmino previsto en la Ley 675 de 2001 y que la fecha mencionada en la sentencia de segunda instancia no corresponde a la de la convocatoria\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en la sentencia del 1\u00ba de diciembre de 2021, mediante la cual se revoc\u00f3 la dictada el 18 de mayo anterior por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 -adversa a las pretensiones de la demanda- para, en su lugar, declarar infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas e ineficaces \u00ablas decisiones proferidas en la Asamblea ordinaria del Conjunto Residencial Bilbao P.H. realizada el 4 de abril de 2019\u00bb, el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia los motivos para tal proceder. <\/p>\n
2.1. En efecto, al dictar esa providencia, tras rese\u00f1ar que \u00ab[e]l problema jur\u00eddico por resolver es si\u2026 la Asamblea de copropietarios del Conjunto Residencial Bilbao P.H., realizada el 4 de abril de 2019 es nula\u00bb, de cara a las normas aplicables al caso concreto, consider\u00f3 que se presentaba una necesaria remisi\u00f3n a las contempladas en el C\u00f3digo de Comercio, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026Para resolver lo pertinente recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001 consagra la impugnaci\u00f3n de actas, pero no desarrolla que sanciones se pueden generar, por lo que debe acudirse para tal efecto al estatuto mercantil, que en su art\u00edculo 190 dispone que \u201cLas decisiones tomadas en una reuni\u00f3n celebrada en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el art\u00edculo 186 ser\u00e1n ineficaces; las que se adopten sin el n\u00famero de votos previstos en los estatutos o en la leyes, o excediendo los l\u00edmites del contrato social, ser\u00e1n absolutamente nulas; y las que no tengan car\u00e1cter general, conforme a lo prescrito en el art\u00edculo 188, ser\u00e1n inoponibles a los socios ausentes o disidentes.\u201d. <\/p>\n
De manera esquem\u00e1tica, las sanciones establecidas en el estatuto mercantil contra las decisiones de la junta de socios o la asamblea general de accionistas se dan en las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n
Ineficacia, cuando las decisiones son tomadas en una reuni\u00f3n que no se ha efectuado en el sitio del domicilio principal indicado en la citaci\u00f3n, cuando la convocatoria contiene irregularidades, o cuando se ha realizado sin el qu\u00f3rum previsto en la Ley o en los estatutos, pues en este \u00faltimo evento, verificada la falta de qu\u00f3rum, tal circunstancia determina per se, que el acto es ineficaz, o sea, que no puede producir ning\u00fan efecto, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 897 del C\u00f3digo de Comercio: \u201cCuando este c\u00f3digo exprese que un acto no produce efectos, se entender\u00e1 que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaraci\u00f3n judicial.\u201d. <\/p>\n
Nulidad absoluta, cuando las decisiones se toman sin el n\u00famero de votos previsto en las leyes o en los estatutos, vale decir cuando los actos se adoptan sin la mayor\u00eda requerida, pero dentro de una reuni\u00f3n realizada con el qu\u00f3rum legal o estatutario, o excediendo lo l\u00edmites del contrato social. <\/p>\n
Inoponibilidad, cuando las decisiones no tengan car\u00e1cter general. <\/p>\n
Luego, en punto a la legitimaci\u00f3n por activa en casos como el propuesto, dijo que \u00e9sta radicaba \u00aben el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de los bienes privados \u201ccuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal\u201d\u00bb; supuesto que hall\u00f3 satisfecho en el asunto sometido a su conocimiento porque \u00abel demandante es propietario del apartamento 318 del Conjunto Residencial Bilbao P.H.\u00bb; lo que, valga anotar, en todo caso, no fue objeto de cuestionamiento por la pasiva al contestar la demanda. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n especific\u00f3 que los reparos concretos del apelante frente a la sentencia del a-quo fueron los siguientes: <\/p>\n
\u2026que la convocatoria no cumpli\u00f3 con las prescripciones legales; que con la convocatoria no se envi\u00f3 el presupuesto ni los estados financieros, los que se allegaron un d\u00eda antes a la asamblea; que no se garantiz\u00f3 el derecho de inspecci\u00f3n y que, si no se declararon probadas las excepciones, deb\u00eda accederse a las pretensiones. <\/p>\n
Despu\u00e9s, luego de transcribir el contenido del art\u00edculo 39 de la Ley 675 de 2001, anot\u00f3 que \u00ab[d]el precepto en comento se deduce que la convocatoria se deber\u00e1 realizar con una antelaci\u00f3n no inferior a quince d\u00edas, y deber\u00e1 contener la relaci\u00f3n de los propietarios que adeuden la administraci\u00f3n\u00bb; y que, \u00aben cuanto a la oportunidad de la convocatoria\u00bb, advert\u00eda que \u00abla citaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 21 de marzo de 2019 y la asamblea se efectu\u00f3 el 4 de abril siguiente, debiendo verificarse si dentro de esas datas transcurrieron los quince d\u00edas calendario previstos en la norma, efecto para el cual debe tenerse en cuenta que no puede contabilizarse ni el d\u00eda de la citaci\u00f3n ni el de la realizaci\u00f3n de la Asamblea\u00bb, afirmaci\u00f3n \u00faltima que valid\u00f3 referenciando concepto de la Superintendencia de Sociedades al respecto (\u00abCircular D-002 de 1978, reiterada en diversas ocasiones1\u00bb). <\/p>\n
Por ese sendero, concluy\u00f3 que \u00ab[e]n el presente asunto\u2026 la citaci\u00f3n no se realiz\u00f3 con el lapso establecido en la norma, ya que s\u00f3lo transcurrieron trece d\u00edas, como pasa a verse\u00bb: <\/p>\n
MARZO <\/p>\n
LUNES <\/p>\n
MARTES <\/p>\n
MIERCOLES <\/p>\n
JUEVES <\/p>\n
SABADO <\/p>\n
DOMINGO <\/p>\n
21 <\/p>\n
22 <\/p>\n
23 <\/p>\n
24 <\/p>\n
25 <\/p>\n
26 <\/p>\n
27 <\/p>\n
28 <\/p>\n
29 <\/p>\n
30 <\/p>\n
31 <\/p>\n
ABRIL <\/p>\n
LUNES <\/p>\n
MARTES <\/p>\n
MIERCOLES <\/p>\n
JUEVES <\/p>\n
1 <\/p>\n
2 <\/p>\n
3 <\/p>\n
4 <\/p>\n
Convenci\u00f3n: rojo d\u00eda inh\u00e1bil <\/p>\n
Por tal motivo, encontr\u00f3 configurada \u00abla irregularidad denunciada\u00bb y precis\u00f3 que la misma no era \u00absancionada con nulidad como lo solicit[\u00f3] el actor, sino con la ineficacia de las decisiones tomadas en la citada Asamblea, la que opera de pleno derecho y deber\u00e1 reconocerse a pesar de la falta de t\u00e9cnica del recurrente en su solicitud\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[e]n cuanto a los dos repartos restantes, esto es, si con la convocatoria deb\u00edan enviarse los presupuestos y los estados financieros, y en lo que corresponde al derecho de inspecci\u00f3n, la Sala se abstendr\u00e1 de resolverlos en virtud de la prosperidad del primer reparo\u00bb; y que las defensas de fondo propuestas por la pasiva carec\u00edan de fundamento para salir avante, lo que as\u00ed justific\u00f3: <\/p>\n
\u2026debe pasarse a estudiar las excepciones de m\u00e9rito formuladas por el extremo demandado, que se denominaron (i) \u201cinexistencia de violaci\u00f3n a las normas, reglamentarias, legales y\/o naturaleza constitucional\u201d; (ii) \u201causencia de especificidad en cuanto a lo pretendido, en concreto no se determin\u00f3, por el demandante, cual de las decisiones en concreto est\u00e1n afectadas de vicio y\/o nulidad\u201d y, (iii) la \u201cgen\u00e9rica y\/o innominada\u201d. <\/p>\n
En lo que tiene que ve[r] con la inexistencia de violaci\u00f3n a las normas reglamentarias baste decir que la convocatoria no se realiz\u00f3 con la antelaci\u00f3n exigida en el art\u00edculo 39 de la Ley 675 de 2001, como atr\u00e1s se explic\u00f3, y por ende, est[\u00e1] llamada a ser desestimada. <\/p>\n
En lo que corresponde con la ausencia de especificidad en cuanto a lo pretendido, si bien es cierto que la demanda no es un desechado de t\u00e9cnica, no menos cierto es que el juez debe interpretar la demanda atendiendo para ello que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (art. 11 C.G.P.). Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que: <\/p>\n
\u201cPues bien, si como acaba de verse la demanda es un acto inaugural de extraordinaria importancia, y al mismo subyace el ejercicio de derechos fundamentales, la falta de claridad en la redacci\u00f3n de las pretensiones o de los hechos no puede convertirse en un acto insalvable, porque primero habr\u00e1 lugar a inadmitir la demanda para exigir la correspondiente subsanaci\u00f3n, y segundo, de haberse omitido ese control, se impone, en clara sinton\u00eda con el principio pro actione, activar \u2018el deber hermen\u00e9utico del fallador a efectos de proferir sentencia de m\u00e9rito, seg\u00fan las pretensiones inferidas del escrito\u2019\u201d2 <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e con la excepci\u00f3n gen\u00e9rica, no se advierte la existencia de ninguna excepci\u00f3n que deba ser reconocida de oficio por la Sala. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el gestor del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que hall\u00f3 aplicables al caso concreto y valor\u00f3 conjuntamente las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, justificando la aplicaci\u00f3n del estatuto mercantil ante el vac\u00edo del precepto 49 de la Ley 675 de 2001 (derogado parcialmente por la Ley 1564 de 2012), as\u00ed como que a pesar de la falta de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n de la demanda, en cuanto en ella se pidi\u00f3 la nulidad del acto cuando la indebida citaci\u00f3n a la asamblea, que se encontr\u00f3 demostrada, acarreaba era la ineficacia de las decisiones tomadas en ella, lo cierto era que al \u00e9sta operar de pleno derecho se impon\u00eda su declaraci\u00f3n; a lo que debe agregarse que, sumado a que en ninguna de las excepciones de m\u00e9rito formuladas se cuestion\u00f3 la legitimidad del demandante para incoar la acci\u00f3n, como tard\u00edamente se hace en la demanda de tutela, lo cierto es que el Tribunal la dio por probada con los documentos arrimados al plenario, los que no desconoci\u00f3 el accionante y daban cuenta de que aqu\u00e9l era propietario de uno de los inmuebles de la copropiedad. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Entre otras en Concepto 220-055985 del 20 abr. 2018. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC4447-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC140-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC140-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04655-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Residencial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}