STC143-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC143-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00062-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, el actor solicita la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso \u00aben las modalidades de violaci\u00f3n al derecho de defensa y errores sustanciales de los juzgadores en armon\u00eda y concordancia con el principio de confianza leg\u00edtima\u00bb, a la honra, al buen nombre y a la libertad, al igual que \u00aba la SEGURIDAD SOCIAL, en conexidad con los derechos fundamentales a la VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO A LA APLICACI\u00d3N DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD, DE FABORABILIDAD (sic) EN LA INTERPRETACION Y EXPEDICION DE LAS NORMAS LABORALES\u00bb (Negrilla y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
De su extenso escrito (84 folios), aduce en compendio, que al ejercer durante muchos a\u00f1os como comerciante exportador de mercanc\u00edas, abri\u00f3 una cuenta en el Banco de Occidente, regional Barranquilla dado que cumpl\u00eda con los requisitos establecidos metodol\u00f3gicamente por el Banco de la Rep\u00fablica para el tr\u00e1mite de los Certificados de Reembolso Tributario – CERT. <\/p>\n
Informa, que como en una auditor\u00eda interna del Banco de Occidente, esa Entidad determin\u00f3 que no reclamar\u00eda m\u00e1s del Gobierno Nacional esa clase de incentivos, se interrumpi\u00f3 el flujo de dinero que recib\u00eda, raz\u00f3n por la cual, demand\u00f3 mediante proceso ordinario de mayor cuant\u00eda al Banco citado por el incumplimiento del contrato de intermediaci\u00f3n financiera, espec\u00edficamente, por contravenir el tr\u00e1mite de CERT recibidos ante el Banco de la Rep\u00fablica, demanda en la que aleg\u00f3 que al poseer la calidad de exportador ten\u00eda derecho a los referidos Reembolsos. <\/p>\n
No obstante en la investigaci\u00f3n penal adelantada en su contra, el Juzgado Primero Penal de Santa Marta lo conden\u00f3 por el delito de fraude procesal el 24 de julio de 2020, a la pena principal de 72 meses de prisi\u00f3n y multa de 200 salarios m\u00ednimos, con sustento en que se pudo establecer, que sin tener la calidad de exportador que alegaba, present\u00f3 demanda ordinaria en contra del Banco de Occidente con la finalidad de recibir unos dineros que se les otorgaba como beneficio a todos aquellos exportadores que para los a\u00f1os de 1987 y 1988 realizaran exportaciones, y para demostrar la calidad alegada, utiliz\u00f3 documentos espurios con la intenci\u00f3n de inducir en error al Juzgado de conocimiento para que adoptara una decisi\u00f3n a su favor con la finalidad de recibir un beneficio econ\u00f3mico, decisi\u00f3n que apelada por su abogado, confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
Por lo anterior, el 22 de abril de 2021 interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, incurriendo los accionados en defectos sustantivo y f\u00e1ctico, en tanto que, \u00abignoraron toda la legislaci\u00f3n relativa al reconocimiento, tr\u00e1mite y pagos de los CERT\u00bb. <\/p>\n
Finalmente pide, que se amparen los derechos fundamentales que reclama y, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias atacadas ordenando al Juzgador a quo proferir sentencia absolutoria y se ordene al Banco de Occidente \u00abme cancelen los perjuicios materiales y morales que me ha ocasionado al denunciarme injustificadamente de un delito que no comet\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 14 del presente mes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal adem\u00e1s de hacer llegar copia del auto atacado, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto en virtud de la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor del procesado Vi\u00f1as Ni\u00f1o, y mediante auto de 14 de julio de 2021, decidi\u00f3 inadmitir la demanda, tras concluir que el memorialista no asumi\u00f3 las cargas motivacionales inherentes al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El Banco de Occidente citado, se pronunci\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado y solicit\u00f3 negar el amparo; para tal efecto indic\u00f3 que el solicitante en su escrito reitera los argumentos expuestos en el recurso de casaci\u00f3n que interpuso y que le result\u00f3 fallido por los defectos de la demanda presentada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo que plantea el solicitante, desconoce que las partes tienen deberes y cargas que cumplir que no satisfizo oportunamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Del escrito inicial se concluye que el demandante en tutela, se queja adem\u00e1s de los fallos de primera y segunda instancia, de la providencia de 14 de julio de 2021 (Radicaci\u00f3n n\u00b0 59737), por la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que interpuso su defensor frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta, el 10 de febrero de 2021, que confirm\u00f3 la condena proferida el 24 de julio de 2020 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, por el delito de fraude procesal, y en sustento de lo anterior, alega que tal recurso extraordinario fue inadmitido \u00abpor fallas en la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n y sin pronunciamiento alguno de los aspectos sustanciales de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, observa la Corte, que si bien el defensor del se\u00f1or Vi\u00f1as Ni\u00f1o formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto de la sentencia dictada por el Tribunal acusado, tal impugnaci\u00f3n fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia de 14 de julio de 2021 por cuanto, no reun\u00eda los requisitos establecidos en el art\u00edculo 212 de la Ley 600 de 2000, en tanto que, \u00abel memorialista incurri\u00f3 en m\u00faltiples equivocaciones formales, toda vez que anunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho, pero, finalmente, incluy\u00f3 argumentos propios de la violaci\u00f3n directa, as\u00ed como algunas ideas inconclusas sobre la violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb, y principalmente porque \u00abel impugnante viol\u00f3 el principio de correcci\u00f3n material, toda vez que: (i) tergivers\u00f3 el objeto de debate, (ii) eludi\u00f3 varios de los fundamentos de la condena, y (iii) realiz\u00f3 un estudio fragmentario de las razones expuestas por el Juzgado y el Tribunal para sustentar la condena, en orden a demostrar que, individualmente consideradas, no son suficientes para derruir la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que el actor desperdici\u00f3 el medio id\u00f3neo, en el que pudo exponer ampliamente las irregularidades que ahora alega en relaci\u00f3n con los fallos de instancia. <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que, seg\u00fan lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el car\u00e1cter extraordinario de ese medio de impugnaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (CSJ STC13448-2014 y STC3145-2015). <\/p>\n
Adem\u00e1s, encuentra la Sala que pese a que era viable acudir al mecanismo especial de insistencia con el fin de que se revisara la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, el peticionario no agot\u00f3 ese instrumento, lo que descarta el buen suceso de este camino, pues, como lo ha reiterado esta Sala, dado el car\u00e1cter residual y especial de la acci\u00f3n de tutela, no ha sido instituida para reemplazar los remedios contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso. <\/p>\n
Sobre el mecanismo referido, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab (i) (\u2026) [s]e trata de un mecanismo especial al que puede acudirse luego que la Sala decidi\u00f3 no seleccionar la demanda de casaci\u00f3n, con el fin de provocar que \u00e9sta reconsidere su decisi\u00f3n. <\/p>\n
(ii) La insistencia s\u00f3lo puede ser promovida por el demandante, por ser \u00e9l a quien asiste inter\u00e9s en que se reconsidere la decisi\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
(iii) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio P\u00fablico, a trav\u00e9s de sus delegados para la casaci\u00f3n penal, o ante alguno de los Magistrados integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, seg\u00fan lo decida el demandante. <\/p>\n
(iv) La solicitud respectiva puede tener dos finalidades: la de rebatir los argumentos con fundamento en los cuales la Sala decidi\u00f3 no seleccionar la demanda, o para demostrar por qu\u00e9 no empece las incorrecciones del libelo, es preciso que la Corte haga uso de su facultad para superar sus defectos y decidir de fondo. <\/p>\n
A su turno, como quiera que la ley no establece t\u00e9rminos para el tr\u00e1mite de la insistencia, es preciso fijarlos conforme la facultad que en tal sentido se consagra en el art\u00edculo 159 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Con tal prop\u00f3sito, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual no se selecciona la demanda est\u00e1 contenida en un auto a cuyo enteramiento o publicidad debe procederse obligatoriamente, con arreglo a lo dispuesto en sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002, por v\u00eda del procedimiento se\u00f1alado en el art\u00edculo 169, inciso 3, de la Ley 906 de 2004, esto es \u00abmediante comunicaci\u00f3n escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facs\u00edmil, correo electr\u00f3nico o cualquier otro medio id\u00f3neo que haya sido indicado por las partes\u00bb, se establecer\u00e1 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la fecha en que se produzca alguna de las anteriores formas de notificaci\u00f3n al demandante, como plazo para que \u00e9ste solicite al Ministerio P\u00fablico o a alguno de los Magistrados integrantes de la Sala, si a bien lo tiene, insistencia en el asunto\u00bb. (CSJ AP 12 jun. 2005, rad. 24322, reiterado, entre otros, en AP 5 sep. 2012, rad. 36578). <\/p>\n
En el contexto expuesto, advierte esta Sala que el reclamo constitucional resulta improcedente, en tanto que, de una parte, el aqu\u00ed solicitante no hizo uso en debida forma del instrumento que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para que se reexaminara la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, e igualmente, porque desperdici\u00f3 el mecanismo expedito frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por lo que, \u00abno es posible promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar al decaimiento del medio de impugnaci\u00f3n aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional\u00bb (STC11698-2021). <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte de manera reiterada ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026) 2\u00bb. (STC 2963-2021). <\/p>\n
En compendio, no puede predicarse de la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulneraci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb, porque actu\u00f3 en el marco del procedimiento establecido para inadmitir el recurso extraordinario impetrado (arts. 180 -184 y s.s. de la Ley 906 de 2004), en raz\u00f3n a las falencias que presentaba la demanda de casaci\u00f3n, y, si adem\u00e1s el actor desperdici\u00f3 el instrumento id\u00f3neo, esto es, el mecanismo de insistencia, no se observa que se hayan conculcado o amenazado los derechos fundamentales reclamados, pues, como lo ha reiterado insistentemente esta Corte, dado el car\u00e1cter residual y especial de la acci\u00f3n de tutela, no ha sido instituida para reemplazar los remedios contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Enrique Carlos Vi\u00f1as Ni\u00f1o contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Primero Penal de la misma ciudad, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
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