STC147-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC147-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04672-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alfonso Luis Navarrete Lozano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y defensa, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abse revoquen los fallos de primera y segunda instancia\u00bb, dictados en el juicio criticado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bloque Constructora SAS promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Alfonso Luis Navarrete Lozano, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 9 de agosto de 2019. <\/p>\n
2.2. Enterado el demandado formul\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abpago de la obligaci\u00f3n\u00bb, que fue desestimada con sentencia del 8 de septiembre de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el ejecutado, siendo confirmada con providencia del 20 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que las decisiones criticadas se fundamentan en \u00abuna err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb, toda vez que la sociedad ejecutante carec\u00eda de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb; y que el juez de primera instancia \u00abno era competente para determinar\u2026 un valor de un canon de arrendamiento ya pactado, ya que la adquisici\u00f3n del bien inmueble por parte del demandante no pod\u00eda afectar las condiciones legales establecidas en los contratos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicion\u00f3 que los falladores accionados desconocieron que se trataba de \u00abun contrato de arrendamiento de un establecimiento de comercio y no simplemente de un bien inmueble\u00bb que su contraparte \u00absolo adquiri\u00f3 el bien inmueble, no\u2026 el establecimiento comercial, y en aras de esto, se determina que es due\u00f1o de una parte solamente de lo que corresponder\u00eda dentro del contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio, que incluye el bien inmueble adquirido por \u00e9ste\u00bb; y que, en consecuencia, el cr\u00e9dito reclamado resulta \u00abinexistente\u00bb, pues \u00abla parte actora ya tiene en su haber m\u00e1s de lo que le correspondiera por la parte del inmueble, involucrado en el contrato de arrendamiento\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe y remiti\u00f3 copia del proceso criticado. <\/p>\n
2. Raymundo Moreno Lobon, quien fungi\u00f3 como apoderado judicial del actor en el juicio criticado, dijo coadyuvar el reclamo constitucional. <\/p>\n
3. La abogada Martha Patricia Castro Barreto, quien dijo fungir como \u00abapoderada judicial de\u2026 Inversiones Bloque SAS, dentro del proceso ejecutivo\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representar a dicha persona jur\u00eddica en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este punto, sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 20 de septiembre de 2021, que confirm\u00f3 la dictada el 8 de septiembre de 2020, toda vez que fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la referida providencia de 20 de septiembre de la anualidad anterior no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviables los argumentos que esgrimi\u00f3 el demandado, para enervar la ejecuci\u00f3n que se promovi\u00f3 en su contra, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 el demandado reprocha la decisi\u00f3n de instancia alegando, en s\u00edntesis, la falta de legitimaci\u00f3n por activa de la sociedad actora, en la medida que no suscribi\u00f3 el contrato de arrendamiento, e insistiendo en el pago de la obligaci\u00f3n, toda vez que al inmueble materia de discusi\u00f3n \u00fanicamente le correspond\u00eda una tercera parte del valor del canon de arrendamiento; sin embargo, se advierte que la decisi\u00f3n censurada debe ser confirmada, conforme se procede a explicar: <\/p>\n
De manera liminar se advierte que la discusi\u00f3n en torno a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa ya fue zanjada por esta Corporaci\u00f3n al desatar el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, mediante auto del 15 de enero de 2019, el juzgador de instancia neg\u00f3 la orden de pago deprecada tras considerar que \u201cno se avizora la condici\u00f3n de acreedora que por esos conceptos se depreca, pues no aparece incorporado dentro de los anexos de la demanda el contrato de arrendamiento celebrado entre aquella y el extremo demandado\u201d, y que, \u201cindependientemente que esta entidad aduce ostentar la condici\u00f3n de cesionario del remate celebrado dentro del proceso ejecutivo hipotecario a que se refiere la documental anexa, debe dejarse por sentado que los derechos que le son inherentes sobre dicho bien ra\u00edz solo vienen a consolidarse desde el momento mismo en que se materializ\u00f3 la entrega del predio objeto de venta forzada, lo que para el presente asunto se efectu\u00f3 el 15 de diciembre de 2016 (\u2026)\u201d <\/p>\n
La sociedad ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, y resuelto desfavorablemente el primero, mediante prove\u00eddo del 6 de junio de 2019 esta Corporaci\u00f3n revoc\u00f3 la decisi\u00f3n atacada y le orden\u00f3 al juez librar la orden de pago respectiva, argumentando que, \u201cuna vez pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el secuestre restituir el dep\u00f3sito al adjudicatario; entonces, a partir del momento en que se realiza la adjudicaci\u00f3n (\u2026) cesa la gesti\u00f3n del secuestre, hecho que convalida la legitimaci\u00f3n para exigir el cumplimiento de las acreencias que versen sobre el bien de la cual la adjudicataria tiene propiedad, a\u00fan m\u00e1s, cuando por el actuar temerario o negligente del auxiliar de la justicia que se reh\u00fasa a entregar el bien se le encarg\u00f3 en administraci\u00f3n, se le imponen cargas a la actora que no tiene que soportar y no le corresponden, yendo as\u00ed en detrimento en su patrimonio.\u201d <\/p>\n
Concluyendo que \u201cel adjudicatario por ministerio de la Ley, asumir\u00e1 el contrato dejado por el secuestre en las mismas condiciones de tiempo, lugar y modo, en resumen, dichas circunstancias, no modifican m\u00e1s que el beneficiario del canon de arrendamiento\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, en lo que hace al reparo seg\u00fan el cual la obligaci\u00f3n se habr\u00eda cancelado, puesto que en el contrato de arrendamiento del bien se incluy\u00f3 tambi\u00e9n un establecimiento de comercio, por lo que el valor real a pagar corresponde a una tercera parte, se advierte que no es este el escenario para debatir el valor del canon de arrendamiento, pues, se itera, \u00e9ste presta m\u00e9rito ejecutivo seg\u00fan el tenor literal del mismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, mal se har\u00eda al admitir una discusi\u00f3n sobre el contenido del mentado negocio jur\u00eddico a trav\u00e9s de este medio, contra la sociedad demandante, quien, por dem\u00e1s, recibi\u00f3 el bien en virtud de la adjudicaci\u00f3n en remate, en el estado en el que se encontraba. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan la labor del secuestre y concluy\u00f3, en primer lugar, que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 22791 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el canon 2199 de esa misma codificaci\u00f3n2, la sociedad Bloque Constructora SAS, en su condici\u00f3n de adjudicataria del predio sobre el cual versaba el contrato de arrendamiento soporte de la ejecuci\u00f3n, se encontraba legitimada para exigir el pago de los c\u00e1nones dejados de pagar por su antagonista. <\/p>\n
De otro lado, estim\u00f3 el Tribunal convocado que no se demostr\u00f3 que, como lo aleg\u00f3 el demandado, del valor del canon pactado en el aludido acuerdo de voluntades, deb\u00eda deducirse una tercera parte, correspondiente al arrendamiento de dos establecimientos de comercio, comoquiera que ello no se plasm\u00f3, expresamente, por las partes en el citado instrumento, sin que tampoco existiera otro elemento de juicio que as\u00ed lo acreditara. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, cabe a\u00f1adir que si el gestor consider\u00f3 que los valores se\u00f1alados en el mandamiento de pago, por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, no correspond\u00edan a los pactados en el contrato base de la ejecuci\u00f3n, as\u00ed debi\u00f3 alegarlo en dicho proceso, actuaci\u00f3n que, de los elementos de juicio aqu\u00ed recaudados, no parece haberse adelantado, lo que denota la inviabilidad del reclamo que, por v\u00eda constitucional, elev\u00f3, pues ni tan siquiera tal aspecto se mencion\u00f3 como soporte de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso contra la sentencia que dirimi\u00f3, en primera instancia, el litigio atacado. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el actor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl secuestro de un inmueble tiene relativamente a su administraci\u00f3n, las facultades y deberes de mandatario, y deber\u00e1 dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Las mencionadas normas fueron invocadas por el Tribunal convocado en el auto de 6 de junio de 2019, que revoc\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el prove\u00eddo que neg\u00f3 la orden de pago, consideraciones a las que se remiti\u00f3 dicha sede judicial en la criticada sentencia del 20 de septiembre de 2021. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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