STC158-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC158-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04626-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam Carolina Mart\u00ednez C\u00e1rdenas contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 2014-00006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 2 de septiembre de 2021, mediante el cual la magistratura encartada la sancion\u00f3 con multa equivalente a 5 smmlv, por incumplir la orden que se le impuso en su calidad de Directora General de la Agencia Nacional de Tierras, en la sentencia de restituci\u00f3n del 12 de diciembre de 2018. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, reproch\u00f3 que el aludido tr\u00e1mite incidental no est\u00e1 expresamente consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico y adem\u00e1s se encuentra proscrito para el proceso de restituci\u00f3n de tierras; adem\u00e1s, la iniciaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n no se le notificaron debidamente, en su correo personal; que all\u00ed no se tuvo en cuenta que la orden impartida en la sentencia no era lo suficientemente clara, ni tampoco correspond\u00eda a funciones propias de la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n
Agrega que no se demostr\u00f3 la existencia de un criterio de atribuci\u00f3n subjetiva en cabeza suya, que hiciera jur\u00eddicamente viable la sanci\u00f3n que se le impuso; y que desde el pasado 19 de noviembre, la entidad ya dio cumplimiento a la directriz impartida en la sentencia del 12 de diciembre de 2018, por lo cual el tr\u00e1mite sancionatorio carece de objeto. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado auto o que, en subsidio, se inaplique la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de s proceder y recalc\u00f3 que la solicitud de inaplicaci\u00f3n que aqu\u00ed formul\u00f3 la actora, no le ha sido formalmente elevada. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Agencia Nacional de Miner\u00eda y Ecopetrol S.A. dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela satisface el presupuesto de subsidiariedad y, de ser as\u00ed, si el juzgador accionado vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, en virtud de las circunstancias a que all\u00ed se hizo alusi\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configuran ambas modalidades. De un lado, porque la accionante reconoci\u00f3 que no recurri\u00f3 el auto del pasado 2 de septiembre (mediante el cual se impuso la cuestionada sanci\u00f3n), sino que fue otro de los funcionarios adscritos a la Agencia Nacional de Tierras (frente a quien no se adopt\u00f3 ninguna decisi\u00f3n sancionatoria), el que intent\u00f3 cuestionar ese prove\u00eddo, circunstancia que motiv\u00f3 el rechazo de ese medio de impugnaci\u00f3n, dada la falta de inter\u00e9s del memorialista. <\/p>\n
Y del otro, porque la convocante no acredit\u00f3 que, antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, hubiera planteado ante el tribunal querellado la indebida notificaci\u00f3n, la carencia actual de objeto y dem\u00e1s irregularidades y argumentos que aqu\u00ed esboz\u00f3 como fundamento de su solicitud de amparo. <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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