STC159-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC159-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04644-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Cornejo Mantilla contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Sexto de Familia de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, propiedad privada y trabajo, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que Virgelina Mendoza Delgado, su excompa\u00f1era permanente, present\u00f3 demanda de partici\u00f3n adicional de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (rad. 2012-00413), con fundamento en que desconoc\u00eda varios bienes que integraban la prenotada comunidad, la cual correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, quien admiti\u00f3 el libelo el 24 de julio de 2012; decisi\u00f3n frente a la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, porque \u00abla se\u00f1ora Virgelina Mendoza conoc\u00eda de la existencia de todos los bienes de la sociedad, es decir, no hab\u00eda bienes nuevos\u00bb, argumento al que accedi\u00f3 el estrado, revocando en todas sus partes el prenotado prove\u00eddo. <\/p>\n
Sin embargo, su contraparte formul\u00f3 las mismas defensas, pero el despacho se mantuvo en su determinaci\u00f3n, por lo que concedi\u00f3 la alzada y, el 25 de septiembre de 2013, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad la revoc\u00f3 para, en su lugar, ordenar la referida tramitaci\u00f3n, pese a que \u2013insiste\u2013 \u00abla se\u00f1ora Mendoza conoc\u00eda de los bienes no solo antes de haber firmado el contrato de transacci\u00f3n, sino durante todo el tiempo, como quiera (sic) que realiz\u00f3 negocios jur\u00eddicos con algunos de ellos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el asunto se remiti\u00f3 al hom\u00f3logo Sexto de Familia de la citada urbe, quien avoc\u00f3 conocimiento y corri\u00f3 traslado de los inventarios y aval\u00faos, los cuales fueron objetados por el aqu\u00ed precursor; aspecto que se decidi\u00f3 el 22 de agosto de 2016, declarando parcialmente pr\u00f3speros los reparos, auto que nuevamente fue recurrido en apelaci\u00f3n y, el 29 de marzo de 2017, el ad quem confirm\u00f3 lo resuelto. <\/p>\n
Con posterioridad, se solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, la cual fue negada en las instancias; luego, se decret\u00f3 la partici\u00f3n que el censor objet\u00f3 el 3 de febrero de 2020, en virtud de lo cual el 30 de junio de 2021 se orden\u00f3 al partidor rehacer el trabajo. Presentado el nuevo documento, que fue corregido, el a quo lo aprob\u00f3 con sentencia de 26 de octubre siguiente, disponiendo hacer las respectivas inscripciones en los folios de matr\u00edculas inmobiliarias. <\/p>\n
En ese sentido, reiter\u00f3 que, en su criterio, \u00abel proceso de partici\u00f3n adicional se fundament\u00f3 en un enga\u00f1o, en una vil mentira de la que fueron v\u00edctimas los Jueces de Familia que conocieron el proceso y la H. Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bucaramanga\u00bb, raz\u00f3n por la cual, incluso, radic\u00f3 denuncia penal contra la all\u00ed gestora, la cual se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga. As\u00ed mismo, concluy\u00f3 diciendo que este asunto le ha generado un perjuicio irremediable, al ser \u00abdespojado\u00bb de sus bienes. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse decrete la nulidad no solo de la sentencia que puso fin al proceso de partici\u00f3n adicional y que data de 23 de octubre de 2021, sino de todo el proceso, toda vez que es m\u00e1s que claro que ese proceso era improcedente y fue edificado en el delito de fraude procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Jueza Sexta de Familia de Bucaramanga se opuso a la prosperidad del amparo, porque \u00aben este proceso se han adelantado todas las diligencias previstas en el C\u00f3digo General del Proceso para esta clase de asuntos, entre ellas la diligencia de inventarios realizada el 27 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, en la cual se determinaron los activos y pasivos que conformaron la sociedad conyugal en liquidaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que se encuentra en firme desde esa \u00e9poca, esto es, hace ya m\u00e1s de seis a\u00f1os, casi siete\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, destac\u00f3 que \u00abel proceso termin\u00f3 por sentencia aprobatoria de la Partici\u00f3n del 26 de octubre del presente a\u00f1o, luego de que hubieran sido resueltos varios recursos frente a decisiones tomadas al interior del proceso, pues como consta en el expediente, se interpusieron recursos de apelaci\u00f3n ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este Distrito frente a los autos del 1 de abril de 2013, del 19 de junio de 2014, del 17 de julio del 2014, auto del 31 de julio de 2015, auto del 22 de agosto de 2016 y auto del 21 de junio de 2017. Todas estas decisiones fueron confirmadas por el juez superior, esto es la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, por lo que no solo se entienden ajustadas al debido proceso, sino adem\u00e1s fueron estudiadas en sede de segunda instancia, lo que garantiza la sujeci\u00f3n a Derecho\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 que se incumple el criterio de subsidiariedad, comoquiera que \u00aben ning\u00fan momento la sentencia fue impugnada por el hoy accionante, pues qued\u00f3 ejecutoriada en debida forma, por lo cual, se puede indicar que la accionante te\u00edna la posibilidad de atacarla por los medios de impugnaci\u00f3n pertinentes y contemplados en el C.G.P., y el hecho de que guardara silencio le impide que su oposici\u00f3n a dicha sentencia sea tramitada por medio de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno hay violaci\u00f3n al DEBIDO PROCESO, por cuanto se ha seguido el procedimiento de ley para resolver las objeciones de los inventarios, a la vez que se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite del Recurso de Apelaci\u00f3n con sujeci\u00f3n a las normas procesales, por lo cual no puede advertirse ninguna irregularidad de naturaleza procesal. Tampoco existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho de DEFENSA pues siempre tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones del juzgado, en los momentos procesales pertinentes, y menos se puede decir que lo decidido implica una vulneraci\u00f3n al DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL TRABAJO, dado que no explica las razones en que sustenta su afirmaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa localidad manifest\u00f3 que \u00abefectivamente por reparto del 5 de febrero de 2020 correspondi\u00f3 a este Despacho el conocimiento del proceso bajo radicado N\u00ba 68001.6008.828.2016.02497 seguido contra la se\u00f1ora Virgelina Mendoza Delgado, por la presunta comisi\u00f3n del delito de fraude procesal, causa dentro de la cual, el 5 de marzo de 2021 se realiz\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y actualmente se adelanta la audiencia preparatoria, la cual ya se instal\u00f3 y se fij\u00f3 el 15 de febrero de 2022 para continuar con la diligencia. Ahora, se evidencia que con la presente acci\u00f3n constitucional el actor busca que se decrete la nulidad del proceso de partici\u00f3n adicional surtido ante el Juez de Familia, sin embargo, este Despacho advierte que frente a ello no tiene competencia, pues aqu\u00ed se adelanta es la causa penal seguida contra la se\u00f1ora Mendoza Delgado, reiterando que el proceso avanza en etapa de juzgamiento\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado Primero de Familia de Bucaramanga reliev\u00f3 que \u00abconforme a los hechos dados a conocer por el aqu\u00ed accionante, resalta a la vista que este Despacho Judicial no ha vulnerado sus derechos constitucionales, como quiera que no tiene bajo su competencia el conocimiento del proceso liquidatorio de la sociedad patrimonial adelantado entre los se\u00f1ores VIRGELINA MENDOZA DELGADO y MIGUEL ANTONIO CORNEJO MANTILLA, toda vez que tal y como se observa en la p\u00e1gina de la Rama Judicial cuya imagen se anexa a esta respuesta, el presente proceso fue remitido por competencia al Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga el 18 de marzo de 2015, no teniendo injerencia alguna en las decisiones adoptadas por el juzgado hom\u00f3logo a partir de esa fecha, mucho menos en aquella que puso fin a la actuaci\u00f3n y que se informa fue del 26 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
4. Una abogada que adujo haber sido apoderada del aqu\u00ed solicitante, explic\u00f3 que \u00abno tengo contacto con \u00e9l (\u2026) [y] ya no es mi cliente\u00bb. <\/p>\n
5. Un togado que indic\u00f3 ser el defensor de confianza de Virgelina Mendoza Delgado en la causa penal relat\u00f3 las actuaciones all\u00ed adelantadas y precis\u00f3 que el amparo es improcedente. <\/p>\n
6. Un jurista que adujo comparecer en su calidad de mandatario judicial del aqu\u00ed memorialista en el proceso que se revisa dijo que \u00abmi concepto es que el proceso de partici\u00f3n adicional nunca debi\u00f3 iniciarse por carencia del requisito m\u00e1s importante, como bien lo se\u00f1alan los art\u00edculos 620 del C.P.C y 518 del C.G.P; el Tribunal Superior Sala Civil debi\u00f3 acoger los planteamientos vertidos en la providencia emanada del Juzgado 1\u00ba de Familia, que rechaz\u00f3 de plano la demanda y el Juzgado Sexto de Familia, en la Sentencia, debi\u00f3 se\u00f1alar la violaci\u00f3n al debido proceso, por carencia de un requisito de procesabilidad, que genera nulidad de pleno derecho y abstenerse de aprobar la partici\u00f3n por ese solo hecho, por la violaci\u00f3n flagrante al debido proceso; debi\u00f3 el Juzgado en cualquier oportunidad procesal, proceder a la declaratoria de nulidad a partir del auto que admiti\u00f3 la demanda y proceder a su rechazo de plano\u00bb. <\/p>\n
8. La apoderada de Mendoza Delgado en el tr\u00e1mite de partici\u00f3n adicional arguy\u00f3 que \u00abel accionante a trav\u00e9s de este medio especial o acci\u00f3n de tutela, pretende revivir y dejar sin efecto todo un proceso controvertido y tramitado desde el a\u00f1o de 2012, el cual fue objeto de innumerables recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual subi\u00f3 a la sala civil familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en seis oportunidades, fue objeto de dos tutelas ante esta Superioridad despachadas de manera desfavorable y en todo caso en la \u00faltima de ellas donde claramente La Corte le record\u00f3 al hoy accionante que el tema puesto en su conocimiento era de competencia exclusiva del juez natural o cognoscente del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de partici\u00f3n adicional de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que se inici\u00f3 contra el convocante (rad. 2012-00413), por darle tr\u00e1mite y dictar sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo respectivo, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Hechos probados. <\/p>\n
2.1. En el asunto de la referencia, el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga admiti\u00f3 el libelo el 24 de julio de 2012, decisi\u00f3n que fue recurrida mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, primera defensa que, al ser dirimida el 1 de abril de 2013, accedi\u00f3 a lo solicitado y rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.2 Con prove\u00eddo de 25 de septiembre de 2013, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa urbe revoc\u00f3 el precitado prove\u00eddo, producto de la alzada formulada por la contraparte del censor, y dispuso que se tramitara el proceso. <\/p>\n
2.3. El 27 de febrero de 2015, se realiz\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos. Por el cambio de despacho, el conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, quien corri\u00f3 traslado de los mismos, los cuales fueron objetados por el demandado, aqu\u00ed gestor, raz\u00f3n por la cual el 22 de agosto de 2016 se declararon probados parcialmente los reproches; determinaci\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n, sede en la cual fue confirmada por el ad quem. <\/p>\n
2.4. El 24 de abril de 2017, se decret\u00f3 la partici\u00f3n, en virtud de lo cual se present\u00f3 el respectivo trabajo, lapso durante el cual el memorialista solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, la cual fue denegada en ambas instancias. Luego de esto, el 27 de enero de 2020, se corri\u00f3 traslado del enunciado documento, que fue objetado. <\/p>\n
2.5. El 30 de junio de 2021, el estrado a quo resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n a la partici\u00f3n y orden\u00f3 al partidor rehacerla, con las concernientes instrucciones. Recibida nuevamente y realizados nuevos ajustes, el despacho consider\u00f3 que estaba conforme a las previsiones del numeral 6 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.6. Por ende, con sentencia de 26 de octubre de la misma calenda, se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, por lo que se dispuso la inscripci\u00f3n en los folios de matr\u00edculas inmobiliarias pertinentes. Esta resoluci\u00f3n no fue objeto de recursos. <\/p>\n
3. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Corporaci\u00f3n advierte que habr\u00e1 de declararse la improcedencia del resguardo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que el inconforme no ejerci\u00f3 el medio de defensa de que dispon\u00eda frente a la decisi\u00f3n proferida el 26 de octubre de 2021 por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, esto es, el recurso de apelaci\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abson apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad\u00bb), en concordancia con lo dispuesto en el canon 509, numeral 2 ibidem, que \u00fanicamente excluye la citada defensa cuando no se formula objeci\u00f3n, caso ajeno al sub ex\u00e1mine, pues aqu\u00ed s\u00ed se presentaron los reproches frente al trabajo de partici\u00f3n, tal como qued\u00f3 acreditado. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: \u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
5. Precisiones adicionales. <\/p>\n
5.1. De otra parte, en lo atinente a los reparos sobre (i) la supuesta irregularidad en la admisi\u00f3n de la demanda; (ii) la decisi\u00f3n sobre las objeciones a los inventarios y aval\u00faos; y (iii) los eventuales errores en los que la contraparte del pretensor habr\u00eda hecho incurrir a los funcionarios cognoscentes, quienes no decretaron la suspensi\u00f3n del proceso, deviene di\u00e1fana su inviabilidad; teniendo en cuenta que se superar\u00eda notablemente el presupuesto de inmediatez que rige el resguardo, pues al libelo se dio tr\u00e1mite el 24 de julio de 20121;las observaciones sobre la mentada diligencia se dirimieron con autos de 22 de agosto de 2016 \u2013a quo\u2013 y 29 de marzo de 2017 \u2013ad quem\u2013; al paso que la solicitud de suspensi\u00f3n de la causa se defini\u00f3 con prove\u00eddos de 21 de junio de 2017 \u2013a quo\u2013 y 11 de diciembre de 2019 \u2013ad quem\u2013. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a determinaciones judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
5.2. Sumado a lo anterior, esta Sala pudo verificar que el interesado ha interpuesto otras acciones de tutela en las que ha ventilado de forma similar las que, en su criterio, constituyen irregularidades; fincadas, de igual manera, en el hecho de haberse dado tr\u00e1mite a la demanda y denegar la suspensi\u00f3n del proceso por encontrarse en curso la causa penal que el aqu\u00ed memorialista inco\u00f3 contra la all\u00ed libelista (v. gr. STC15792-2016, 2 nov., rad. 2016-031052, STC2670-2020, 12 mar., rad. 2020-006433), con lo que se ratifica la inviabilidad de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
5.3. Por \u00faltimo, tampoco se abre paso la protecci\u00f3n transitoria deprecada por el peticionario, en tanto el perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave sus prerrogativas; y, en este sentido, no se prob\u00f3 un detrimento que torne viable otorgar el reclamo en las condiciones descritas. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se decretar\u00e1 la improcedencia del auxilio propuesto, pues, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ, STC5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Decisi\u00f3n que fue pasible de recursos y el ad quem estableci\u00f3 que deb\u00eda seguirse con el tr\u00e1mite, con prove\u00eddo de 25 de septiembre de 2013. <\/p>\n
2\u0002 Asunto que fue excluido de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Ver: expediente T6017546. <\/p>\n
3\u0002 Causa que tambi\u00e9n fue excluida de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Ver: expediente T7981457. <\/p>\n
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STC159-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC159-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04644-00 (Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Cornejo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60596","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60596\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}