STC160-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC160-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 12 de noviembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Domingo Ter\u00e1n Matos contra el Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no pronunciarse sobre la solicitud que elev\u00f3 el 28 de noviembre de 2019, en el marco del proceso ejecutivo de alimentos que Yury Paola Mahecha C\u00e1rdenas promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2016-03380-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para \u00abtutelar el derecho al levantamiento de las medidas cautelares (\u2026) y terminar el proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n, en caso de que haya devoluci\u00f3n de los dineros descontados dem\u00e1s de [su] mesada pensional\u00bb, dentro del juicio referido. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en lo esencial, que pese a que desde la fecha referida en l\u00edneas anteriores present\u00f3 derecho de petici\u00f3n para obtener la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas en su contra \u00abpor cumplimiento a la deuda del cr\u00e9dito\u00bb, el Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 no ha emitido respuesta, raz\u00f3n por la cual, dice, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de esta capital precis\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues ha resuelto todas y cada una de sus peticiones; adem\u00e1s que, \u00ab[a] la fecha ninguna de las partes ha actualizado el cr\u00e9dito para determinar el valor adeudado y mucho menos el demandado ha aportado sentencia de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria o acuerdo privado del cual deba tomarse nota para estudiar la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
b. El representante legal para asuntos judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A. y el gerente del Consorcio Fopep, aunque en escritos diferentes, alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues las quejas no est\u00e1n dirigidas en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, comoquiera que la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares data del 7 de diciembre de 2020, y, adem\u00e1s, el actor no interpuso los recursos procesales a su alcance. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando que el Juzgado convocado, siempre niega sus peticiones y \u00abnunca recibi[\u00f3]\u00bb en su domicilio las \u00abnotificaciones\u00bb de las respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC3077-2021). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que <\/p>\n
\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, observa la Corte que el se\u00f1or Domingo Ter\u00e1n Matos radic\u00f3 el 28 de noviembre de 2019 y el 21 de noviembre de 2020, peticiones tendientes a obtener la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada, el levantamiento de las medidas cautelares, y, la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos que Yuri Paola Mahecha C\u00e1rdenas promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, comoquiera que, sin lugar a dudas, y tal como se expuso en precedencia, lo peticionado por el aqu\u00ed actor se refiere a temas propios del tr\u00e1mite procesal en comento, luego dichas solicitudes no engloban el contenido administrativo que exige el precedente para acceder al resguardo, m\u00e1xime se itera, si se tiene en cuenta que se present\u00f3 al interior del fustigado tr\u00e1mite ejecutivo, en el que por dem\u00e1s, el actor cuenta con los mecanismos procesales para lograr su cometido. <\/p>\n
5. Con todo, t\u00e9ngase en cuenta que el Juzgado convocado, en igual medida dio alcance a cada una de las solicitudes elevadas por el actor, mediante los prove\u00eddos proferidos el 12 de febrero de 2020 y 7 de diciembre de siguiente a trav\u00e9s de los cuales resolvi\u00f3 negativamente las peticiones del accionante, sin que aqu\u00e9l interpusiera el recurso de reposici\u00f3n procedente contra esas decisiones a voces del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, luego las quejas expuestas, resultar\u00edan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, al no haber hecho uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tal y como esta Corte lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
6. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2021). <\/p>\n
7. Por los argumentos anotados, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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