STC162-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC162-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2021-00787-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliver Rafael Sarmiento Caballero contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Sabanagrande y Segundo Civil del Circuito de Soledad, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y las Registradur\u00edas Municipales de Polonuevo y Malambo, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, personalidad jur\u00eddica, igualdad, salud y trabajo, entre otros, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas, dentro de la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l formulada contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y las Registradur\u00edas Municipales de Polonuevo y Malambo, radicada bajo el N\u00b0 08634408900120210019400. <\/p>\n
Solicita, en concreto, \u00abordenar a la RESGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL en un t\u00e9rmino no superior a las 48 horas se ordene llegar a su digno despacho la informaci\u00f3n requerida para la soluci\u00f3n de este problema, ya que esto me est\u00e1 ocasionando muchos perjuicios\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar su queja expone, que el 21 de febrero de 1995 el esposo de su progenitora lo registr\u00f3 con su apellido para vincularlo al sistema de salud, concurriendo a la Registradur\u00eda de Polonuevo y llam\u00e1ndolo Jos\u00e9 Alfredo Charris Caballero; que su verdadero padre, el d\u00eda 24 de los mismos, sin saber de la anotaci\u00f3n anterior, acudi\u00f3 a la Registradur\u00eda de Malambo y pidi\u00f3 que fuera registrado con el nombre de \u00d3liver Rafael Sarmiento Caballero. <\/p>\n
Advierte que al adquirir la mayor\u00eda de edad, y para obtener su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, le reclam\u00f3 a los mencionados entes registrales permitir que su nombre quedara como figur\u00f3 ante la Registradur\u00eda de Malambo, pues as\u00ed se ha identificado durante toda su vida; adem\u00e1s, exigi\u00f3 anular el registro de Polonuevo; sin embargo no obtuvo una decisi\u00f3n favorable al respecto, raz\u00f3n por la cual, formul\u00f3 la salvaguarda aqu\u00ed cuestionada; no obstante, el Juzgado Promiscuo de Sabanagrande en sentencia de 2 de julio de 2021, la deneg\u00f3 \u00abdeclarando la improcedencia, aduciendo que contaba con otro medio de defensa judicial como lo es (\u2026) [el] proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, (\u2026) [pero] debido a este problema de identificaci\u00f3n no puedo dar poder a un abogado y no puedo defenderme yo mismo\u00bb; adem\u00e1s, si bien impugn\u00f3 la mencionada providencia, \u00e9sta fue confirmada el 15 de septiembre siguiente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1ala, que reprocha las determinaciones rese\u00f1adas, porque lesionan sus garant\u00edas sustanciales y le impiden conseguir una definici\u00f3n para sus demandas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande advirti\u00f3, que conoci\u00f3 de la tutela otrora propuesta por el aqu\u00ed petente, resguardo que deneg\u00f3 el 2 de julio de 2021, \u00abtoda vez que el accionante cuenta con la v\u00eda ordinaria para realizar el tr\u00e1mite de correcci\u00f3n o anulaci\u00f3n del registro civil de nacimiento serial 23341205 y n\u00famero NUIP 950221 expedido por la Registradur\u00eda de Polonuevo, Atl\u00e1ntico\u00bb; adem\u00e1s, pidi\u00f3 negar el presente auxilio al no haber quebrantado las garant\u00edas aducidas. <\/p>\n
b. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad se opuso a la prosperidad del amparo, al tratarse de otro de id\u00e9ntico linaje; as\u00ed mismo expres\u00f3, que \u00ablos hechos y pretensiones del actor ya fueron ventilados dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia tal como el mismo lo admite al interior del escrito de tutela. Sobra decir, que las actuaciones adelantadas por esta agencia judicial en virtud del plurimencionado asunto constitucional NO obedecen a una actitud caprichosa del Despacho, sino en cumplimiento estricto de la normatividad que regula la acci\u00f3n de tutela, razones suficientes para asegurar que este Despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno en cabeza de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
c. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil manifest\u00f3, que no ha quebrantado las prerrogativas del tutelante, pues debi\u00f3 tomar \u00abprecauciones para evitar posibles problemas y eventuales fraudes, cumpliendo de esta forma con los deberes legales como entidad encargada de la identificaci\u00f3n de las personas\u00bb; as\u00ed, tras establecer que \u00abel accionante est\u00e1 incurso en un caso de doble identidad, pues con el nombre de JOS\u00c9 ALFREDO CHARRIS CABALLERO tramit\u00f3 c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.046.816.253 [y] adem\u00e1s intent\u00f3 que se expidiera c\u00e9dula de ciudadan\u00eda por primera vez con el cupo num\u00e9rico 1.048.304.315 a nombre de OLIVER SARMIENTO CABALLERO, aportando informaci\u00f3n biogr\u00e1fica diferente\u00bb, le manifest\u00f3 la imposibilidad de cancelar alguno de los registros por diferir en la fecha de nacimiento y filiaci\u00f3n paterna; sin embargo, dando aplicaci\u00f3n a la Resoluci\u00f3n N\u00b0 10017 de 14 septiembre de 2021, remiti\u00f3 el caso del actor \u00abpor competencia a la oficina de Producci\u00f3n y Validaci\u00f3n de Registro Civil de la Direcci\u00f3n Nacional de Registro Civil a fin de que se adelante el tr\u00e1mite administrativo de que trata dicha resoluci\u00f3n para analizar la posibilidad de lograr la cancelaci\u00f3n pretendida por el accionante\u00bb, a quien se requiri\u00f3 el 11 de noviembre de 2021, para que impulsara el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla deneg\u00f3 la protecci\u00f3n incoada al formularse frente a otra de la misma estirpe; adem\u00e1s, expres\u00f3 que los \u00abdisensos [del petente] pretenden enervar la decisi\u00f3n proferida por los accionados no tienen asidero dentro del presente escenario constitucional al no avizorarse dentro del plenario que las actuaciones surtidas se puedan enmarcar como ilegales o transgresoras de los derechos ius fundamentales que se resguardan, por el contrario se observa que el contradictorio de marras fue integrado en debida forma y resuelto conforme a los lineamientos jurisprudenciales que impone la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, pidiendo la revocatoria del fallo de primer grado, toda vez que las omisiones de los acusados vulneran sus garant\u00edas, pues puede ser despedido de su trabajo y se le \u00abimposibilitan los estudios, el derecho a la salud ya que por esta situaci\u00f3n tengo problemas para afiliarme al Sisb\u00e9n, causas que estim[a] de respuestas institucional urgente e impostergable, por lo que la acci\u00f3n de tutela resulta procedente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. Auscultado el escrito introductor se establece que el promotor reprocha (i) la actividad de los Juzgadores censurados al desestimar, en primer y segundo grado, la salvaguarda otrora por \u00e9l propuesta frente a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y las Registradur\u00edas Municipales de Polonuevo y Malambo; (ii) y las omisiones de los mencionados entes registrales, de cara a la cancelaci\u00f3n del registro civil de nacimiento expedido con el nombre de Jos\u00e9 Alfredo Charris Caballero y el cual sustenta la \u00fanica c\u00e9dula de ciudadan\u00eda que le fue expedida al solicitante. <\/p>\n
4. Frente a lo primero, como lo esgrimi\u00f3 el Tribunal, la protecci\u00f3n fracasa porque se dirige frente a los fallos emitidos en la tutela antes rese\u00f1ada; por tanto, es clara la improcedencia de este nuevo amparo al formularse respecto de otro de la misma estirpe, siendo necesario memorar que esta Sala reiteradamente ha denegado resguardos como el presente, a fin de evitar \u00abla cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ 2255-2021). <\/p>\n
5. Aunado a lo expuesto, debe tenerse en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el expediente materia de reparo a\u00fan no se ha enviado para tal finalidad. <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. En torno al segundo motivo de reparo, la s\u00faplica tampoco progresa porque se constata que lo pretendido por el querellante, esto es, la cancelaci\u00f3n del registro civil de nacimiento a nombre de Jos\u00e9 Alfredo Charris Caballero, fue una cuesti\u00f3n ampliamente ventilada en la tutela cuestionada, deneg\u00e1ndose all\u00ed la protecci\u00f3n, dado que, de acuerdo con el fallador de segundo grado, correspond\u00eda iniciar el proceso judicial pertinente, comoquiera que \u00abconforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 65 del Decreto 1260 de 1970 en concordancia con el Decreto 1010 de 2000, la Direcci\u00f3n Nacional de Registro Civil se encuentra facultada para disponer por v\u00eda administrativa de la cancelaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento, (\u2026) si se han consignado los mismos datos en ambos registros, situaci\u00f3n que no se presenta en el subj\u00fadice, para lo cual deber\u00e1 acudir ante el juez ordinario a fin de definir la verdadera filiaci\u00f3n paterna y su verdadera fecha de nacimiento, ello conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1alando adem\u00e1s que en esos t\u00e9rminos se resolvi\u00f3 derecho de petici\u00f3n elevado por el actor y posteriormente notificado al correo electr\u00f3nico dispuesto para tal fin\u00bb; por tanto se refuerza la improcedencia de este mecanismo, pues, como lo ha reiterado la Sala, el mismo es inviable cuando \u00abla demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01). <\/p>\n
7. Adem\u00e1s, de acuerdo con lo informado por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, para que el querellante obtenga la aplicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 10017 de 14 septiembre de 2021, la cual prev\u00e9 un tr\u00e1mite que, eventualmente, puede finalizar en la cancelaci\u00f3n del renombrado registro, aqu\u00e9l debe concurrir a la Oficina de Producci\u00f3n y Validaci\u00f3n de Registro Civil de la Direcci\u00f3n Nacional para impulsar la gesti\u00f3n correspondiente; no obstante, nada evidencia que as\u00ed hubiese actuado, aun cuando el mencionado ente le inform\u00f3 que deb\u00eda hacerlo a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 11 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Por lo expuesto, se torna improcedente la tutela, por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1399-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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