STC164-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC164-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00404-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Sonia Piedad Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal y el auxilio constitucional a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la accionante demanda la protecci\u00f3n de su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades jurisdiccionales convocadas por lo decidido dentro de la acci\u00f3n constitucional por ella interpuesta en contra la Unidad Administrativa Especializada para la Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras del Magdalena, radicada bajo el consecutivo 2021-00219. <\/p>\n
Entonces, para la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda superior solicita, concretamente, \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos la providencia de tutela proferida el d\u00eda 30 de agosto de 2021 dentro del radicado 2021-00-219-00 4. (sic) Fallar extra y ultrapetita sobre aquellos hechos que demuestren circunstancias violatorias de los derechos fundamentales vulnerados como consecuencia de la sentencia proferida en segunda Instancia\u00bb por el Juzgado Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, a trav\u00e9s del cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 5 de abril de 2021 adoptada en primera por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa misma municipalidad. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo dijo, en s\u00edntesis, que con anterioridad inco\u00f3 la preanotada salvaguarda, por considerar transgredida su garant\u00eda esencial al debido proceso, en la medida en que la all\u00ed accionada no la enter\u00f3 del acto administrativo a trav\u00e9s del cual \u00abregistr\u00f3\u00bb un predio de su propiedad \u00abcomo despojado por la violencia en virtud de un negocio jur\u00eddico\u00bb, en el marco de un tr\u00e1mite administrativo adelantado ante esa entidad; que en primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Banco protegi\u00f3 su derecho, pero el 30 de agosto de 2021, el Despacho del Circuito convocado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, para entonces, desestimar el auxilio. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que esa autoridad con sustento, dice, en una norma derogada \u2013Decreto 4829 de 2011, resolvi\u00f3 el asunto sin reparar en que el cuerpo normativo aplicable era el contenido en el Decreto 440 de 2016, y por lo tanto, convalid\u00f3 de forma errada la omisi\u00f3n en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, situaci\u00f3n que dice hace viable la intervenci\u00f3n de un nuevo juez constitucional, en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
Sin embargo, dijo en esencia, que el presente auxilio no pod\u00eda abrirse paso, en la medida en que la quejosa con anterioridad ya hab\u00eda hecho uso de esta senda excepcional, situaci\u00f3n que imped\u00eda examinar una vez m\u00e1s las decisiones ahora censuradas. <\/p>\n
b.) El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, simplemente dijo que desconoc\u00eda el tr\u00e1mite impartido a la acci\u00f3n. <\/p>\n
c.) El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Banco, Magdalena, dijo que conoci\u00f3 en primera instancia de la acci\u00f3n de tutela que en su oportunidad promovi\u00f3 la aqu\u00ed accionante en contra de la Unidad Especializada para la Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras Territorial Magdalena, resuelta favorablemente a la quejosa el 5 de abril anterior, y revocada por el Superior el \u00ab30 de agosto\u00bb siguiente; en consecuencia, y tras advertir que con su actuaci\u00f3n no quebrant\u00f3 garant\u00eda alguna, pidi\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
d.) El Juzgado Civil del Circuito de esa localidad dijo, que en efecto conoci\u00f3 en segunda instancia de la acci\u00f3n constitucional cuestionada, y en fallo del \u00ab31 de agosto\u00bb anterior revoc\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo, al encontrar que \u00abefectivamente la AUEGRTD hab\u00eda verificado la comunicaci\u00f3n del inicio de la actuaci\u00f3n administrativa en el predio denominado LA INTELIGENCIA (\u2026) del inicio del proceso de Restituci\u00f3n en su etapa administrativa tal y como lo exigua (sic) el [D]ecreto 4829 DE 2011\u00bb; explic\u00f3 que el canon \u00ab76 de la [L]ey 1448 de 2011 hoy Decreto 440 de 2016, no exige (\u2026) la notificaci\u00f3n personal del propietario, poseedor u ocupante del predio, sino la comunicaci\u00f3n del acto administrativo del inicio del estudio de restituci\u00f3n que fue solicitado, no una notificaci\u00f3n como acto formal de un proceso judicial, es una comunicaci\u00f3n tendiente a que la parte que ostente la calidad de propietario, poseedor u ocupante, si ha bien lo consideran, aporte pruebas documentales o cualquier otro orden que justifique su buena fe\u00bb (sic). <\/p>\n
Por \u00faltimo, dijo que la acci\u00f3n que origin\u00f3 este nuevo resguardo fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, siendo ese el mecanismo id\u00f3neo para \u00abbrindarle certeza jur\u00eddica a los distintos actores y de manera especial a la accionante\u00bb. <\/p>\n
e.) Garibaldis L\u00f3pez Acu\u00f1a, vinculado, dijo que junto con la accionante adquiri\u00f3 un predio denominado La Inteligencia el cual fue objeto de restituci\u00f3n por cuenta de una denuncia de una \u00abfalsa v\u00edctima\u00bb, el se\u00f1or Walberto P\u00e9rez Noriega, quien de modo alguno pod\u00eda ser considerado como \u00abtitular del derecho de restituci\u00f3n de que trata la [L]ey 1448 de 2011\u00bb, y tampoco los herederos de \u00e9ste, quienes dijo, \u00abest\u00e1n condenados por el delito de falsedad y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
f.) La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013AUEGRTD, pidi\u00f3 denegar el resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en la que medida en que la profesional del derecho que dijo representar a la actora no aport\u00f3 poder especial con esa particular finalidad; por dem\u00e1s, pidi\u00f3 denegar el amparo, al considerar que no era viable por esta v\u00eda cuestionar una decisi\u00f3n de igual linaje. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta neg\u00f3 la salvaguarda pretendida. En primera medida dijo, que en el decurso de la actuaci\u00f3n y previo requerimiento realizado por esa Corporaci\u00f3n, la quejosa aport\u00f3 poder especial con el cual se acredit\u00f3 la legitimaci\u00f3n de su apoderada; y en segunda, consider\u00f3 que \u00abal realizar el examen de cumplimiento de las causales generales de procedencia, de inmediato se advierte que en este evento no concurren, por lo que resulta inviable el amparo\u00bb; que como el reproche se circunscribe a cuestionar un fallo de la misma naturaleza constitucional, esa circunstancia por s\u00ed misma impide la intervenci\u00f3n de un nuevo juez de tutela, m\u00e1xime al no encontrarse acreditada una causal excepcional de procedencia en este caso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del amparo se mostr\u00f3 inconforme con la decisi\u00f3n, e insisti\u00f3 en los primigenios argumentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por la ciudadana Sonia Piedad, concretamente, es que a trav\u00e9s de este mecanismo se deje sin valor ni efectos el fallo de tutela proferido el 31 de agosto de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de El Banco, Magdalena a trav\u00e9s del cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida el 5 de abril anterior por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa misma municipalidad, para as\u00ed, negar el amparo reclamado, pues, en su criterio, ese auxilio s\u00ed resultaba procedente y fue desestimado en sede de impugnaci\u00f3n con argumentos equivocados. <\/p>\n
4. De este modo, sin duda, es clara la improcedencia de esta salvaguarda, al formularse respecto de otra de la misma estirpe, siendo necesario memorar que esta Sala reiteradamente ha denegado resguardos como el presente, a fin de evitar \u00abla cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ 2255-2021). <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, tampoco se demostr\u00f3 el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, por cuanto no se halla acreditado un proceder ilegal de los juzgadores querellados, y menos una situaci\u00f3n de fraude auspiciada por esas autoridades. T\u00e9ngase en cuenta que la inconformidad de la censora no constituye una causal excepcional que amerite una nueva intervenci\u00f3n de un juez de tutela; por tanto, es inviable la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-627 de 2015 atr\u00e1s citada, al no configurarse ninguno de los presupuestos para la procedencia de las acciones de tutela respecto de otras de igual linaje. <\/p>\n
6. Aunado a lo expuesto, debe tenerse en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo n.\u00ba 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el expediente materia de reparo -conforme lo inform\u00f3 la entidad encartada- se remiti\u00f3 para tal finalidad de forma reciente a este resguardo. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: \u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
7. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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