STC166-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC166-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02512-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gabriel Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez contra la Superintendencia de Sociedades y Mu\u00f1oz Echeverri Construcciones S.A. \u2013 Mecon S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso concursal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la petici\u00f3n, a la \u00abdignidad humana\u00bb y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial promovido respecto de Mu\u00f1oz Echeverri Construcciones S.A., con radicado No. 63451. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para que se ordene, en \u00faltimas, \u00ab[su] inclusi\u00f3n\u00bb como \u00abACREEDOR LABORAL\u00bb en el marco del asunto referido. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n de lo aqu\u00ed reclamado, que comoquiera que el 9 de junio de 2021 tuvo conocimiento que su acreencia no fue tenida en cuenta \u00abpor error involuntario\u00bb dentro del proceso citado en l\u00edneas anteriores, y que finalmente ser\u00eda tenida en cuenta pero en una \u00absuma (\u2026) muy por debajo de lo que realmente\u00bb se conden\u00f3 en las sentencias que le fueron favorables, el d\u00eda 11 del mismo mes y a\u00f1o, as\u00ed como el 9 de septiembre \u00faltimo, solicit\u00f3 \u00abel ajuste y correcci\u00f3n sobre los valores y sumas condenatorios en fecha de segunda instancia\u00bb; sin embargo, la Superintendencia de Sociedades \u00absolo remiti\u00f3 manifestaci\u00f3n de recibido, sin que ha (sic) la fecha haya dado respuesta\u00bb alguna, al igual que la sociedad concursada, circunstancias que, asegura, habilitan la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La representante legal de Mecon S.A. en reorganizaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, que no solo dio respuesta a las peticiones del actor el 16 de noviembre pasado, sino que est\u00e1 de acuerdo en que \u00e9ste debe ser incluido como acreedor, pero dejando de lado los intereses moratorios exigidos. <\/p>\n
b. El intendente Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades, al pronunciarse sobre los hechos de la acci\u00f3n, esgrimi\u00f3, en lo medular, que \u00aba la petici\u00f3n presentada por el actor, se le dio tr\u00e1mite de objeci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006, encontr\u00e1ndose, por tanto, el asunto, pendiente de citar a audiencia de resoluci\u00f3n de las mismas, ante un recurso de reposici\u00f3n presentado por un acreedor\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar, por una parte, que \u00ablas solicitudes elevadas ante la entidad y la promotora, (\u2026) conciernen a una gesti\u00f3n o actuaci\u00f3n propia del rese\u00f1ado diligenciamiento que se disciplina por las normas previstas en la Ley [1116 de 2006]\u00bb; y por la otra, que resulta prematuro el amparo, comoquiera que a las reclamaciones del actor se les \u00abimprimi\u00f3 el tr\u00e1mite de objeci\u00f3n, conforme el art\u00edculo 29 del ordenamiento de insolvencia, a las que se les corri\u00f3 el traslado pertinente. (\u2026). En decisi\u00f3n 2021-03-010587, el Despacho convoc\u00f3 a la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, asignaci\u00f3n de derechos de voto y aprobaci\u00f3n del inventario, la que se encuentra pendiente por desarrollar, ante el medio de censura enarbolado por uno de los acreedores que impidi\u00f3 su realizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; agregando, adem\u00e1s, que si bien la persona jur\u00eddica convocada emiti\u00f3 una respuesta, la misma no le fue notificada; y, aunque la Superintendencia dio tr\u00e1mite de objeci\u00f3n a su petici\u00f3n, tampoco lo enter\u00f3 de lo decidido a su correo electr\u00f3nico, ni f\u00edsicamente a su domicilio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC3077-2021). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que <\/p>\n
\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, comoquiera que, sin lugar a dudas, y tal como se expuso en precedencia y lo sostuvo el a quo constitucional, lo peticionado por el se\u00f1or Rodr\u00edguez Arango se refiere a temas propios del tr\u00e1mite procesal en comento que se encuentra regido por la Ley 1116 de 2006 y el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, luego dicha solicitud no engloba el contenido administrativo que exige el precedente para acceder al resguardo, m\u00e1xime se itera, si se tiene en cuenta que se present\u00f3 al interior del fustigado tr\u00e1mite concursal, en el que por dem\u00e1s, se itera, se rige por nuestro ordenamiento procesal y en tal orden, no hay lugar a que se notifiquen en el correo personal del actor o en su domicilio, las decisiones que all\u00ed se profieran, siendo deber de aqu\u00e9l, hacer el seguimiento respectivo del juicio a trav\u00e9s de la plataforma que la entidad convocada dispone para ello. <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, se observa que la solicitud de amparo es prematura, comoquiera que a las peticiones del actor en el tr\u00e1mite concursal se les dio curso como objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y toda vez que est\u00e1n pendiente de resolverse un recurso de reposici\u00f3n formulado por otro de los acreedores y no se ha practicado la audiencia de objeciones, y, es all\u00ed donde el aqu\u00ed inconforme puede hacer valer las inconformidades que ha expuesto, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que, \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
6. De otra parte, se advierte que el se\u00f1or Gabriel Rodr\u00edguez, tambi\u00e9n se duele de la falta de respuesta a las peticiones que elev\u00f3 a la sociedad Mu\u00f1oz Echeverri Construcciones S.A. en reorganizaci\u00f3n relacionadas con su inclusi\u00f3n en calidad de acreedor laboral en el asunto concursal criticado, pues si bien, la citada organizaci\u00f3n inform\u00f3 que el 16 de noviembre pasado emiti\u00f3 la respuesta correspondiente, el impugnante, afirma que esta no le fue remitida de manera alguna. <\/p>\n
6.1. Sobre el alcance de la salvaguarda mencionada, la jurisprudencia constitucional ha precisado que <\/p>\n
\u00ab(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado\u00bb (subraya la Sala, CC T-1130\/08). <\/p>\n
6.2. Visto lo anterior y auscultados los informes y los documentos que hacen parte del expediente digital, anticipa la Sala que el fallo impugnado habr\u00e1 de ser revocado parcialmente frente a la particular tem\u00e1tica, toda vez que a diferencia de lo se\u00f1alado por el a quo, ciertamente se vulner\u00f3 la garant\u00eda de petici\u00f3n al se\u00f1or Rodr\u00edguez, al omitir enterarlo de la contestaci\u00f3n que le fue dada. <\/p>\n
En efecto, si bien mediante escrito del 16 de noviembre de los corrientes, la promotora y representante legal de Mecon S.A. dio respuesta a la petici\u00f3n del accionante, no existe prueba siquiera sumaria de que dicho documento hubiese sido enviado y recibido por el interesado o en su defecto su mandatario judicial, pues si bien, el aludido documento se remiti\u00f3 a los correos electr\u00f3nicos wilbolanos@hotmail.com y grodriguez@meconsa.microsoftonline.com, lo cierto es que, ninguno de estos corresponde al del titular del derecho, pues n\u00f3tese, que el actor recibe comunicaciones en el e-mail gaboarq123@yahoo.es y su mandatario en wabv001@gmail.com. <\/p>\n
De manera que, en este caso es procedente amparar la prerrogativa de petici\u00f3n al aqu\u00ed interesado, pues aunque la empresa accionada ciertamente se pronunci\u00f3 frente al pedimento elevado por aqu\u00e9l, no se demostr\u00f3 que la respuesta hubiese sido efectivamente conocida por \u00e9ste. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado, que <\/p>\n
\u00aben relaci\u00f3n con el derecho de petici\u00f3n, no basta que se expida la respuesta, sino que adem\u00e1s, es necesario que \u00e9sta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestaci\u00f3n la que s\u00f3lo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la informaci\u00f3n\u00bb (CC T-249\/08). <\/p>\n
7. Estas breves consideraciones bastan para determinar, que habr\u00e1 de invalidarse el fallo impugnado, para conceder parcialmente la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, para en su lugar, CONCEDER al accionante solamente la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la sociedad Mu\u00f1oz Echeverri Construcciones SA \u2013Mecon SA, en cabeza de su representante legal o quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, notifique en debida forma la respuesta a las peticiones que le fueron elevadas por el se\u00f1or Gabriel Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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