STC172-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC172-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04679-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Sexto de Familia de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, \u00abprevalencia del derecho sustancial y verdad material\u00bb, seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y propiedad privada, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, se desprende que el 23 de septiembre de 2015 falleci\u00f3 su padre, Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz (q.e.p.d.), por lo que adelantaron el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n intestada ante el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga (rad. 2015-00857), en el que se les adjudicaron unos bienes. <\/p>\n
Con posterioridad, esto es, el 11 de abril de 2016, Nancy Mireya Mendoza Socha present\u00f3 demanda declarativa de la uni\u00f3n marital de hecho en su contra (rad. 2016-00136), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al hom\u00f3logo Sexto de Familia de esa ciudad, libelo que inicialmente se inadmiti\u00f3 y luego se rechaz\u00f3 por falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, por segunda vez, la se\u00f1ora Mendoza Socha promovi\u00f3 el asunto ante el mismo estrado (rad. 2016-00234), con fundamento en que \u00abdesde el mes de mayo del a\u00f1o 2007 y hasta el d\u00eda 23 de septiembre de 2015, hizo comunidad de vida, permanente y singular con [el de cujus]. Hecho que no nos consta\u00bb. En esa causa, se accedi\u00f3 al petitum en ambas instancias, por lo que, inconformes, recurrieron en sede extraordinaria de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia (rad. 2019-00714), con fundamento en la causal primera1, defensa que actualmente se encuentra en curso. <\/p>\n
En esta \u00faltima controversia, recurrieron a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el auto admisorio, decisi\u00f3n que fue ratificada al dirimir la primera defensa y no se concedi\u00f3 la segunda, por lo que formularon queja, pero el ad quem declar\u00f3 bien denegada la impugnaci\u00f3n vertical, \u00abolvidando en todo caso la justicia material\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el 9 de febrero de 2021, se realiz\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos, en la cual objetaron la totalidad de partidas, en tanto \u00ablos bienes \u00e1vidamente denunciados como sociales, no son de aquellos de los se\u00f1alados por el art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990, esto es, no son fruto del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros permanentes, sino que son parte de la universalidad de bienes \u2013 patrimonio del causante (Ahora de sus herederas), universalidad de bienes \u2013 patrimonio, que nunca se mezcl\u00f3 con el de la demandante, pues \u00e9sta, no hizo aporte alguno para conformarlo y\/o tan siquiera para aumentarlo, pues en el interregno de la mal decretada uni\u00f3n marital de hecho, no hizo otra cosa que ocultar una relaci\u00f3n sentimental de noviazgo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, dichos reparos fueron desatados de forma desfavorable, as\u00ed como la petici\u00f3n de reconocimiento de recompensas, por lo que presentaron los recursos de reposici\u00f3n y alzada, pero el primero fue desestimado, al paso que el ad quem confirm\u00f3 lo all\u00ed dispuesto; aspecto que, en su criterio, es constitutivo de varias causales de procedencia del amparo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidieron, en resumen, que se dejen sin valor ni efectos los prove\u00eddos de \u00ab09 de febrero de 2021, proferido por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, dentro del proceso Liquidatorio de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, con radicado 6800013110006-2019-00137-00, a trav\u00e9s del cual dicho operador judicial, aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos presentados por la se\u00f1ora Nancy Mireya Mendoza Socha en dicha fecha y neg\u00f3 las recompensas deprecadas por las suscritas a trav\u00e9s de nuestra apoderada judicial que en el proceso nos representa; [y de ]30 de agosto de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga- Dr. ANTONIO BOHORQUEZ ORDUZ, dentro del citado expediente de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 el auto proferido el d\u00eda 09 de febrero de 2021 por el ya mencionado juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones del proceso y manifest\u00f3 que \u00aben el presente caso no puede tener prosperidad la acci\u00f3n de tutela, por cuanto lo que pretenden las accionantes es utilizar esta acci\u00f3n constitucional como una TERCERA INSTANCIA, luego de ser decididas en su contra muchos de los pronunciamientos hechos por los jueces ordinarios y naturales del proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abse advierte que en el curso del proceso declarativo y dentro del proceso liquidatorio, las accionantes han presentado ya tres acciones de tutela, todas ellas sin ning\u00fan resultado favorable al amparo, y ahora nuevamente, con una modificaci\u00f3n de las peticiones, pretenden lo mismo, esto es, utilizar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia para que se detenga la actuaci\u00f3n en perjuicio de la compa\u00f1era permanente que no tiene la administraci\u00f3n de los bienes que se encuentran en poder de las accionantes HERNANDEZ SAAVEDRA. De otra parte, es evidente que, de prosperar la acci\u00f3n de REVISI\u00d3N, en \u00e9sta se deciden las consecuencias y efectos respecto de las decisiones que de ella dependan, por lo cual es en esa instancia, y no a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional, que se deben debatir los argumentos presentados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que se inici\u00f3 contra las memorialistas (rad. 2019-00137), por confirmar, en segunda instancia, el prove\u00eddo mediante el cual se desestimaron las objeciones formuladas en la diligencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los autos de 9 de febrero y 30 de agosto de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirm\u00f3, el 30 de agosto de 2021, la providencia de primer grado, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Sexto de Familia de esa localidad despach\u00f3 desfavorablemente las objeciones formuladas por las pretensoras en la diligencia de inventarios y aval\u00faos realizada en el liquidatorio de la referencia, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reproches formulados en el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por las aqu\u00ed censoras, fundados en que \u00abla totalidad de los bienes adquiridos entre mayo de 2008 y el 25 de septiembre de 2015 [por el causante] \u201cson bienes propios\u201d, debido a que fueron comprados con los dineros producto de la venta de los bienes que recibi\u00f3 la liquidaci\u00f3n de su sociedad conyugal con Rosa Delia Saavedra\u00bb y que, por consiguiente, \u00abtales bienes no fueron producto de la ayuda, trabajo y socorro mutuos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990\u00bb, la c\u00e9lula cognoscente precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPara la conformaci\u00f3n del inventario de la sociedad conyugal (o, para el caso de la sociedad patrimonial) en materia de inclusi\u00f3n de bienes, la regla primera a aplicar es la de la existencia de tales bienes en cabeza de uno de los dos c\u00f3nyuges para el momento de la disoluci\u00f3n; y si para entonces ya no aparecen en cabeza de uno de ellos desaparece la posibilidad de que puedan ser inventariados. Pues ocurre que los bienes enlistados se hallaban bajo la titularidad del compa\u00f1ero permanente CARLOS FELIPE HERN\u00c1NDEZ ORTIZ y, adem\u00e1s, fueron adquiridos durante la vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho. As\u00ed, a la luz del art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990 se presumen sociales y hay lugar a repartirlos en partes iguales para los dos compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Los argumentos de la parte demandada tienen solo apariencia de correctos, pues arguye que los bienes adquiridos con el producto de la venta de bienes propios son propios (art\u00edculos 1782 y siguientes del C\u00f3digo Civil) y que los bienes sociales son solamente los que hubiesen sido producto del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos de los compa\u00f1eros permanentes, de conformidad con el art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que \u00abla primera presunci\u00f3n omitida por la parte apelante [es] que todos los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad patrimonial ingresan al haber social, de acuerdo con el [canon] 1781 del mismo c\u00f3digo, en consonancia con lo pertinente prescrito en el art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990. Las dos normas no son id\u00e9nticas, es cierto; ya lo indic\u00f3 la sentencia C 278 de 2014 de la Corte Constitucional. Pero, solo lo expresamente dispuesto de manera diferente por la \u00faltima norma ser\u00e1 aplicable de manera preferencial a la sociedad patrimonial; en todo lo dem\u00e1s, gracias a la remisi\u00f3n que hace el art\u00edculo 7 de la Ley 54 de 1990, se aplican las mismas normas. No es la jurisprudencia la que ha promovido la aplicaci\u00f3n de las normas de la sociedad conyugal a la sociedad patrimonial; fue el propio legislador quien lo hizo, dejando unas pocas diferencias, que son trascendentales en muchos casos, no en este\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abtodos los dineros recibidos por los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes se presumen sociales. Art\u00edculos 1781 y 1795 del C\u00f3digo Civil y 3 de la Ley 54 de 1990\u00bb y \u00ablas deudas se presumen sociales, art\u00edculos 1796, numerales 1 y 2\u00bb; aunado a que \u00abninguna de tales presunciones es de derecho; pero, la prueba en contrario compete a quien alega el hecho distinto al presumido. As\u00ed, respecto de los bienes subrogados, era a la parte demandada a quien correspond\u00eda demostrar que el fen\u00f3meno ocurri\u00f3. Y si asegura que los bienes no son producto del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos, a quien hace tal aseveraci\u00f3n correspond\u00eda probarla. De ninguna manera puede el juez hacer esa deducci\u00f3n gratuitamente, mucho menos cuando entre la venta de tales bienes y la compra de algunos de los nuevos pas\u00f3 un tiempo m\u00e1s que considerable y, lo que es m\u00e1s grave, tal como lo indic\u00f3 la se\u00f1ora jueza, en el texto del t\u00edtulo de adquisici\u00f3n no se dej\u00f3 la constancia de la subrogaci\u00f3n, tal como lo exigen los art\u00edculos 1783 y 1789 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Ello, en l\u00ednea con la valoraci\u00f3n probatoria desplegada en el primer grado de esa causa, con base en la cual se estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abNo basta mostrar los documentos de venta y adquisici\u00f3n para deducir solo de las fechas que fue con los mismos dineros (para las compras relativamente cercanas a la venta de los anteriores bienes). Y en cuanto al inmueble, n\u00f3tese que el art\u00edculo 1789 del C\u00f3digo Civil exige que en la escritura se deje constancia de la subrogaci\u00f3n; no puede probarse de otra manera el punto. Lejos de hacer tal cosa, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Ortiz dej\u00f3 constancia en la escritura (el hecho lo resalt\u00f3 la se\u00f1ora jueza en la audiencia) que el bien se adquir\u00eda con dineros provenientes de \u201cde las fuentes que en virtud de la ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n u oficio desarrolla(mos) l\u00edcitamente y que por tanto dichos recursos no provienen de ninguna actividad il\u00edcita\u201d. Pues la ley dice, con absoluta claridad, que \u201clos salarios y emolumentos de todo g\u00e9nero de empleos y oficios\u201d pertenecen a la sociedad conyugal o marital (art\u00edculo 1781, numeral 1). As\u00ed que no importa si se trata de honorarios, pago de servicios, rentas de capital, c\u00e1nones, etc., todo dinero que reciba cualquiera de los compa\u00f1eros permanentes pertenece a la sociedad patrimonial. Incluso los dineros que ingresen como rentas, frutos o r\u00e9ditos provenientes de los bienes propios son sociales (art\u00edculos 3 de la Ley 54 de 1990 y 1781 del C\u00f3digo Civil, numeral 2). De modo que el propio adquirente dijo en la escritura que compr\u00f3 el bien con dineros sociales. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Desde luego, es posible desvirtuar tales presunciones; pero la tarea corresponde a quien alega el hecho contrario a la presunci\u00f3n. Y el expediente carece de pruebas en tal sentido; simplemente se afirma que los bienes no son producto del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos como si demostrarlo correspondiese a la compa\u00f1era permanente que ya logr\u00f3 el reconocimiento judicial de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial. Es m\u00e1s, se reprocha a la demandante que no prueba en qu\u00e9 consistieron sus aportes para conseguir esos bienes. No percibe la apoderada apelante, que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad patrimonial son bienes sociales, pues se presume que el dinero con el que fueron comprados pertenece a la sociedad, como ya se explic\u00f3. Y la \u00fanica forma en que es posible demostrar que un bien fue subrogado por uno nuevo es la constancia puesta en el mismo t\u00edtulo, de que oper\u00f3 la subrogaci\u00f3n, o mediante una prueba equivalente (en los bienes muebles), que garantice que los mismos dineros fueron conservados con tal fin. Si la sociedad patrimonial corri\u00f3 entre mayo de 2008 y el 23 de septiembre de 2015 y las presunciones anteriores no fueron desvirtuadas, pues la parte demandada simplemente afirma los hechos sin se\u00f1alar cu\u00e1l ser\u00e1 la prueba que los respalda (que los bienes no son sociales, porque, seg\u00fan su dicho, no son producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos), entonces, no hay error en lo decidido por la se\u00f1ora jueza de la primera instancia, ya que basta observar la \u00e9poca de adquisici\u00f3n para determinar que los bienes son sociales. Y el reproche que se hace a la decisi\u00f3n es infundado pues era a la parte demandada a quien correspond\u00eda desvirtuar la presunci\u00f3n seg\u00fan la cual los bienes adquiridos durante la convivencia de la pareja son \u201cproducto del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos\u201d. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la solicitud de que el valor de todos los bienes del inventario se traduzca en un pasivo a cargo de la sociedad y a favor del compa\u00f1ero permanente fallecido, es pedimento que no tiene menor respaldo jur\u00eddico. Veamos, si el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Ortiz adquiri\u00f3 unos bienes en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, el 17 de noviembre de 2005, antes de la relaci\u00f3n con la aqu\u00ed demandante, dos de los cuales vendi\u00f3 a terceros, antes de comenzar la relaci\u00f3n de hecho con la demandante; as\u00ed, nada tienen que ver con el problema actual. Los otros dos inmuebles los vendi\u00f3 despu\u00e9s de mayo de 2008. Y en ese punto, ser\u00edan estos dos valores los que podr\u00edan ser puestos en compensaciones; pero no le corresponde al juez hacerlo, jam\u00e1s se solicit\u00f3 tal cosa; y la petici\u00f3n inusual de la parte demandada no se refiere a ellos (sino a la totalidad de los bienes inventariados, lo cual es, a todas luces, completamente ilegal). <\/p>\n
Ahora, de los valores correspondientes a estos bienes, que se vendieron, seg\u00fan afirma la parte demandada en su memorial sustento del recurso, en escrituras del 12 de diciembre de 2008 y el 03 de mayo de 2010, se pregunta el Tribunal: \u00bfqu\u00e9 ocurri\u00f3 con esos dineros? No hay prueba que indique que fueran destinados a pagar deudas propias del causante, o que hubiesen sido subrogados por otros bienes; de esto \u00faltimo, solo tenemos la afirmaci\u00f3n de la parte demandada, que lo supone. En consecuencia, ninguno de los bienes enlistados puede sacarse de all\u00ed como propio, pues no hubo subrogaci\u00f3n. Los dineros ingresaron al arca social; pero las compensaciones no fueron inventariadas, por lo que no puede el juez oficiosamente ponerlas all\u00ed, sin que se haya pedido, mucho menos en segunda instancia, en apelaci\u00f3n de un auto, escenario en que la competencia del superior se halla restringida a resolver el recurso, de acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a la compensaci\u00f3n requerida por las libelistas, el ad quem arguy\u00f3 que \u00abadmitirla resulta completamente improcedente, pues est\u00e1 basada en un supuesto no probado, am\u00e9n de ilegal: que todos los bienes son propios porque los adquiri\u00f3 el causante con su dinero, sin aporte de la compa\u00f1era permanente, y se aportaron a la sociedad por el compa\u00f1ero fallecido. Pero ocurre que la \u00fanica manera de aportar bienes propios a una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes es la v\u00eda de las capitulaciones maritales, que, en este caso, tampoco se celebraron. La apoderada de las demandadas supone que se presume que los bienes son propios y es al rev\u00e9s: se presume que son bienes sociales los adquiridos en vigencia de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de las censoras no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellas frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, en lo que respecta a los reproches encaminados a enervar la legalidad de la admisi\u00f3n y tramitaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de la referencia, relieva la Sala que esos embates ya hab\u00edan sido previamente expuestos por las peticionarias mediante otra acci\u00f3n de tutela; aspectos dirimidos por esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de la sentencia del 31 de julio de 2020 (rad. 2020- 01436) \u2013confirmada en segunda instancia y excluida de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional2\u2013, en la cual se explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab1.- Prontamente la Sala anticipa la improsperidad del amparo porque las providencias fustigadas, expedidas dentro del aludido \u00abtr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial\u00bb, no evidencian una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
1.1.- El Tribunal de Bucaramanga, en auto de 24 de enero de 2020, luego de precisar la finalidad del \u00abrecurso de queja\u00bb, que no es otra que examinar, por parte del superior funcional, la procedencia o no de la apelaci\u00f3n, o en su defecto, de la casaci\u00f3n, cuando \u00e9stas hubieren sido denegadas por el inferior, sostuvo que las \u00abdecisiones susceptibles de apelaci\u00f3n\u00bb se establecieron de manera taxativa en la normatividad, implicando esa circunstancia que frente a las resoluciones all\u00ed no enlistadas, no procede el medio de impugnaci\u00f3n vertical. En ese orden, concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el a quo \u00abadmiti\u00f3 la demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial\u00bb, no era pasible de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, pues un pronunciamiento de ese talante no fue incluido por el legislador dentro de los susceptibles de dicho mecanismo de defensa, se\u00f1alados en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, ni en norma especial alguna, \u00abtampoco es equivalente a alguno que s\u00ed sea apelable[,] [pues] el \u00fanico auto apelable relacionado con la demanda es aqu\u00e9l que la rechace, seg\u00fan el numeral 1\u00b0 de dicha disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, emerge traslucido que desat\u00f3 de manera \u00edntegra la \u00abqueja\u00bb al indicar porque no era viable dar curso a la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb seg\u00fan las razones expuestas y, por consiguiente, la declar\u00f3 \u00abbien denegada\u00bb, sin que fuera pertinente emitir conceptos sobre otros temas que no se relacionan directamente con la procedencia o no del \u00abrito vertical\u00bb y que tienen que ver con los reparos inherentes a la \u00abalzada\u00bb, como lo pretendieron hacer ver las tutelantes. <\/p>\n
1.2.- En segundo lugar, se advierte que los dem\u00e1s interlocutorios censurados, esto es, el de 23 de abril, 12 de agosto de 2019 y 1 de julio de 2020 dictados en la \u00abliquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb en estudio, tampoco est\u00e1n permeados de un vicio que permita la injerencia de esta especial justicia, porque con ellos no se incurri\u00f3 en un yerro al no declarar de oficio la presunta \u00abcaducidad de la acci\u00f3n liquidatoria\u00bb, toda vez que el lapso que ense\u00f1a el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, es un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y no de caducidad, al prever, que \u00ab[l]as acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, prescriben en un a\u00f1o, a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros (\u2026)\u00bb . <\/p>\n
De suerte, que en caso de configurarse el citado \u00abt\u00e9rmino\u00bb, no existe obligaci\u00f3n de \u00abdeclararlo de oficio\u00bb, habida cuenta que, a diferencia de la \u00abcaducidad\u00bb, es necesario que sea invocada de manera oportuna por las partes, puesto que as\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte. <\/p>\n
(\u2026) Adem\u00e1s, era en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital entre Carlos Felipe Hern\u00e1ndez (fallecido) y Nancy Mireya Mendoza, donde las gestoras debieron exponer el reparo relacionado con la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, ya que \u201cla declaraci\u00f3n de disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial presupone que la acci\u00f3n judicial encaminada a obtenerla no est\u00e1 prescrita y por ello puede ser liquidada\u201d (CSJ. STC7474- 2018). <\/p>\n
(\u2026) 2.- En conclusi\u00f3n, en el sub lite aflora que las impulsoras buscan imponer su perspectiva, lo que contradice la naturaleza de este remedio, dado que el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar sus razonamientos, desde luego, sin \u00abincurrir\u00bb en desviaci\u00f3n ostensible al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica en discusi\u00f3n, supuesto que ac\u00e1 no se advierte configurado, por lo que le est\u00e1 vedado al \u00abjuez del amparo\u00bb interferir por el deber de respeto de los \u00abprincipios de autonom\u00eda e independencia\u00bb que demarcan esta funci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con todo, resulta di\u00e1fana la inviabilidad de someter nuevamente controversias que ya fueron zanjadas a escrutinio de la justicia constitucional, toda vez que \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otras, en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abLa causal de revisi\u00f3n invocada por las suscritas, es la prevista por el numeral 19 del art\u00edculo 355 del CGP, esto es, la de haber encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia, pruebas que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella\u00bb (f. 10, escrito inicial). <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver: expediente T8146213 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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STC172-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC172-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04679-00 (Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Ximena y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}