STC173-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC173-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04677-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hern\u00e1n Felipe Merizalde Garc\u00eda contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Doce de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n radicado n\u00ba 2019-00398. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, como abogado, en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Lucero Rasmussen Velasco, inici\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n intestada de Johnny Enrique Rasmussen Lloreda (fallecido el 15 de octubre de 2018), que avoc\u00f3 el Juzgado Doce de Familia de Cali. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de abogado, se pactaron honorarios bajo la modalidad de cuota litis, estableciendo que le corresponder\u00eda el 15% de lo que llegara a adjudic\u00e1rsele a su mandante en la referida causa mortuoria. <\/p>\n
Sin embargo, resalta que posteriormente la se\u00f1ora Rassmusen Velasco present\u00f3 queja en su contra ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, cuestionando su labor y acus\u00e1ndolo de negligente en la tramitaci\u00f3n del juicio sucesoral, asunto que se decant\u00f3 a su favor, pues aqu\u00e9lla corporaci\u00f3n advirti\u00f3 que \u00abel disciplinable [llev\u00f3] id\u00f3neamente la representaci\u00f3n para la cual fue contratado\u00bb. <\/p>\n
Luego, destaca, el juzgado a cargo de la sucesi\u00f3n, acept\u00f3 la revocatoria del poder, de conformidad con el escrito que alleg\u00f3 la se\u00f1ora Rassmusen Velasco en dicho sentido, frente a lo cual, present\u00f3 dos solicitudes: incidente de regulaci\u00f3n de honorarios; y, ser reconocido como parte en el juicio. <\/p>\n
Refiere que, en audiencia del 18 de agosto de 2021 el despacho \u00abresuelve [\u2026] el incidente [\u2026] en mi favor, indicando que, en efecto, al suscrito le corresponde el 15% de lo que le sea adjudicado a la se\u00f1ora Lucero Rasmussen en la sucesi\u00f3n\u00bb; empero, apunt\u00f3 que el incidente se definir\u00eda en la sentencia, pues en ella se determinar\u00eda el monto de los honorarios. Luego, con auto del 19 de agosto, le neg\u00f3 su participaci\u00f3n en el proceso \u00abimpidiendo que haga efectiva mi acreencia laboral\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cali, Sala de Familia mediante prove\u00eddo del 11 de octubre de 2021. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones, las que acusa de constituir v\u00edas de hecho, pues alega que le asiste un inter\u00e9s econ\u00f3mico leg\u00edtimo y que debe hacerse parte de la sucesi\u00f3n para lograr el pago de su acreencia. Aduce tambi\u00e9n que la sucesi\u00f3n se encuentra paralizada porque la demandante no la impulsado con el prop\u00f3sito de \u00abno pagarle\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, \u00abcomo los honorarios del abogado que participa en la sucesi\u00f3n hacen parte del pasivo de la sucesi\u00f3n, es claro que se debe disponer la formaci\u00f3n de una hijuela aparte para el pago de mis honorarios, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 493 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. En ese particular, indica que existe prueba de su cr\u00e9dito en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales y por lo tanto funge como su \u00abacreedor laboral\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende se revoquen las providencias que en primera y segunda instancia le negaron participar en la sucesi\u00f3n de Johnny Enrique Rasmussen Lloreda y, como consecuencia de ello, \u00abordenar al Juzgado Doce de Familia de Cali, el reconocimiento del suscrito como parte e interesado, conforme lo dispuesto en los art\u00edculos 491 a 493 del C\u00f3digo General del Proceso, en la sucesi\u00f3n [\u2026] con el fin de actuar dentro del citado proceso, impulsar su avance y hacer valer mis derechos laborales conculcados por la heredera (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Doce de Familia de Cali, relacion\u00f3 lo acontecido en el proceso de sucesi\u00f3n en cuesti\u00f3n y rese\u00f1\u00f3 las decisiones que adopt\u00f3 respecto de las solicitudes presentadas por el abogado de la all\u00ed demandante, indic\u00f3 que aqu\u00e9llas se encuentran ajustadas a derecho por lo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al denegarle al aqu\u00ed actor, el reconocimiento como parte dentro de la sucesi\u00f3n de Johnny Enrique Rasmussen Lloreda, radicado 2019-00398. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos que, en primera y segunda instancia, negaron la participaci\u00f3n en el juicio sucesorio en cuesti\u00f3n del ac\u00e1 accionante, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 11 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia atacada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja y a las piezas procesales allegadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que la actuaci\u00f3n reprochada y en concreto la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 negativamente la solicitud de reconocimiento como parte interesada en la sucesi\u00f3n radicado 2019-398 del abogado Merizalde Garc\u00eda, se aprecia razonable. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Del citado precepto normativo se extrae que ser\u00e1n reconocidos dentro del proceso de sucesi\u00f3n, en la calidad que prueben, los herederos, legatarios, los cesionarios de aquellos, el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, o el albacea, ninguno de los supuestos en los cuales se enmarca el abogado Merizalde Garc\u00eda, toda vez que aquel, dice ser, acreedor de la heredera reconocida Lucero Rasmussen Velasco y si cree que su cr\u00e9dito se debe incluir dentro de los pasivos de la sucesi\u00f3n, esa es una discusi\u00f3n que deber\u00e1 zanjar en el momento procesal oportuno o reclamar su pago por las v\u00edas establecidas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, a\u00f1adi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abAhora, si bien el art\u00edculo 493 ibidem prev\u00e9 la aceptaci\u00f3n de la herencia por los acreedores del asignatario, esa solicitud s\u00f3lo procede cuando el heredero o legatario, seg\u00fan sea el caso, repudia la asignaci\u00f3n, no siendo este el caso puesto que la heredera Lucero Rasmussen Velasco expresamente acept\u00f3 la herencia con beneficio de inventario en la demanda y as\u00ed fue reconocido en el ordinal segundo del auto del 26 de agosto de 20191 , en el que, adem\u00e1s, se declar\u00f3 abierto y radicado el proceso de sucesi\u00f3n intestada que nos ocupa, sin que tenga fundamento legal la aserci\u00f3n del togado en el sentido que la desidia de aquella en el proceso \u201cequivale\u201d al repudio de la herencia, comoquiera que ya ejerci\u00f3 el derecho de opci\u00f3n en la forma indicada, misma que tiene efectos retroactivos (art\u00edculo 1296 del C.C.) y no puede rescindirse sino \u201cen el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo, y en el de lesi\u00f3n grave, a virtud de disposiciones testamentarias de que no se ten\u00eda noticia al tiempo de aceptarla.\u201d (art\u00edculo 1291 del C.C.)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aceptada la herencia con beneficio de inventario, se desl\u00ede la posibilidad del acreedor de la heredera de aceptar la herencia \u201chasta la concurrencia de su cr\u00e9dito\u201d, ya que en este caso no se dio el repudio del que trata la norma y por ese hecho tampoco es plausible que intervenga dentro del proceso de sucesi\u00f3n en la forma pedida bajo el argumento que lo afecta econ\u00f3micamente, pues esa situaci\u00f3n la puede sortear a trav\u00e9s, como ya se dijo, de los mecanismos legalmente establecidos para su cobro a ella (\u2026.)\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela del accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Consideraciones adicionales \u2013 Subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la regulaci\u00f3n de los honorarios por la labor profesional prestada, t\u00e9ngase en cuenta que la juez de conocimiento en la vista p\u00fablica del 18 de agosto de 2021 indic\u00f3 que aqu\u00e9l reclamo se definir\u00e1 en la sentencia que finiquite la sucesi\u00f3n, a partir de lo que le ser\u00e1 adjudicado a la causahabiente. <\/p>\n
De suerte que, al margen de la discusi\u00f3n suscitada, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se pretenda la soluci\u00f3n de problem\u00e1ticas que a\u00fan corresponde dirimir al funcionario ordinario en la instancia, adem\u00e1s porque el resguardo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley, ni para anticiparse a las decisiones que concierne proferir al competente, dado su eminente car\u00e1cter subsidiario y residual. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6.2. En lo que respecta al cobro de los honorarios profesionales, el amparo constitucional rogado resulta improcedente por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado o se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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