STC175-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC175-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Luis Ru\u00edz M\u00e1rquez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00330-01 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, y \u00abvida digna\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada al dictar el fallo de segunda instancia, proferido en virtud del litigio n\u00ba 2018-00330-01. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
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1. Jos\u00e9 Luis Ru\u00edz M\u00e1rquez, y otros, promovieron el citado recaudo contra Agropecuaria la Docena, y C.I. Carib Banana S.A., asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn, quien el 31 de agosto de 2020 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La anterior determinaci\u00f3n fue apelada por el extremo pasivo y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en sentencia proferida el 30 de abril de 2021 revoc\u00f3 el fallo, y en su lugar, dispuso cesar la ejecuci\u00f3n por ausencia de t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme con ello, el 15 de diciembre de 2021, Jos\u00e9 Luis Ru\u00edz M\u00e1rquez formula la presente solicitud de amparo, asegurando que la citada providencia constituye una v\u00eda de hecho, en tanto que desconoce los preceptos contenidos en los art\u00edculos 430 y 443 numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resalta, que \u00abLa Sala Tercera Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn (\u2026) se apart\u00f3 completa y groseramente del procedimiento establecido en la ley incurriendo en un defecto sustantivo, ya que, el art. 30 CGP (sic) establece que: \u201cLos requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna, controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso \u2026\u2026\u2026.\u201d en tanto que el numeral 5 del art. 443 del CGP, determina:\u201d 5. La sentencia que resuelva las excepciones hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u2026\u2026.\u201d; adem\u00e1s desconoce burdamente la efectividad del titulo complejo\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que con la referida providencia se le causa un perjuicio irremediable, puesto que \u00ablos recursos dinerarios reclamados por v\u00eda ejecutiva constituyen [su] patrimonio, dan lugar a [su] subsistencia futura y a la seguridad financiera en [su] vejez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se invalide la providencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el 30 de abril de 2021, en virtud del proceso n\u00ba 2018-00330-01 \u00aby en su lugar se deje en firme la decisi\u00f3n de primera instancia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
Germ\u00e1n de Jes\u00fas M\u00fanera V\u00e9lez se opuso a la prosperidad del resguardo argumentando que la tutela no puede ser empleada como \u00abtercera instanciao el recurso extraordinario de las sentencias que no le son favorables a alguna de las partes\u00bb. Recalc\u00f3 que \u00abel Tribunal Superior de Medell\u00edn, fue completamente claro en sus apreciaciones y su an\u00e1lisis correcto de las facultades inherentes a la verdadera existencia de las caracter\u00edsticas del T\u00edtulo ejecutivo, que han conservado su vigencia en el r\u00e9gimen procesal anterior y subsisten a la fecha\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el gestora, al desatar la segunda instancia del recaudo n\u00ba 2018-00330-01. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales el temporal y el de la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que el resguardo implorado deviene improcedente por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Sobre el particular se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez respecto del reproche endilgado frente a la sentencia proferida el 30 de abril de 2021. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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