STC178-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC178-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01611-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de agosto de 2021 de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Colpensiones, Mart\u00edn Gilberto Galindo Junco y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efectos la sentencia SL220-2021\u2026 por medio de la cual se resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb y se le ordene a la accionada que \u00abprofiera una nueva sentencia\u2026 con apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que el 31 de agosto de 2018 dict\u00f3 sentencia en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, conden\u00f3 a la empresa demandada a transferirle a Colpensiones el valor actualizado, c\u00e1lculo actuarial, de la totalidad de los aportes para pensi\u00f3n del periodo comprendido entre el 28 de septiembre de 1981 y 30 de abril de 1990, con sujeci\u00f3n al salario que percibi\u00f3 el demandante durante el contrato. <\/p>\n
2.3. Esta decisi\u00f3n fue apelada y modificada el 29 de noviembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el sentido de condenar a la demandada a pagar el c\u00e1lculo actuarial respecto de las cotizaciones dejadas de sufragar al demandante en el referido periodo, teniendo en cuenta como salario de referencia el m\u00e1ximo asegurable de acuerdo con la categor\u00eda vigente para la \u00e9poca en el ISS. <\/p>\n
2.4. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 3 de febrero de 2021 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 la sociedad accionante que en el fallo de casaci\u00f3n se consider\u00f3 que no incurri\u00f3 en omisi\u00f3n en el pago de aportes al sistema de pensi\u00f3n, pues las empresas del sector petrolero a\u00fan no hab\u00edan sido convocadas para efectuar los mismos, empero, se estim\u00f3 inequitativo que dichos periodos no se tuvieran en cuenta para que el demandante accediera a una pensi\u00f3n, por lo que se le orden\u00f3 que asumiera la totalidad del pago de esos lapsos, aplicando la norma sobre los empleadores que no hab\u00edan cumplido con la afiliaci\u00f3n oportuna de los trabajadores al sistema de seguridad social, desconoci\u00e9ndose as\u00ed la naturaleza de los aportes y gener\u00e1ndose una carga desproporcionada. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1al\u00f3 que el criterio acogido desconoc\u00eda lo dispuesto en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1833 de 2016, la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993 y el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como la jurisprudencia de la Corte Constitucional que precisan lo pertinente frente a la causaci\u00f3n de prestaciones por tiempo de servicio no cotizados inferiores a 10 a\u00f1os antes de la entrada en vigencia de la aludida Ley 100. <\/p>\n
2.7. Adujo que era un error afirmar que previo a la expedici\u00f3n de la Ley 100 los empleadores conservaban las cargas pensionales derivadas de los servicios prestados, en tanto que se trataba de una simple expectativa, no amparada por el derecho; y que la subrogaci\u00f3n de las prestaciones pensionales a cargo del empleador no exist\u00eda en el caso, pues el tiempo de servicios del trabajador fue menor a 10 a\u00f1os. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que no hab\u00eda lugar al reconocimiento de aportes en pensiones anteriores a la fecha en que el ISS asumi\u00f3 dicho riesgo, por lo que no adeudaba aporte alguno; que a lo sumo se podr\u00eda concluir que dicha obligaci\u00f3n empez\u00f3 a ser exigible a partir del 1994, por lo que no se le pod\u00eda ordenar el pago retroactivo. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que al no tener el deber de efectuar los aportes se encontraba ante una prohibici\u00f3n de hacerlos; que no hubo omisi\u00f3n alguna; que la figura del c\u00e1lculo actuarial se encontraba plenamente regulada en el ordenamiento; que era desacertado aplicarle una disposici\u00f3n de car\u00e1cter sancionatorio y una carga desproporcionada; y que se vulneraba la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que la Sala acusada no ten\u00eda la facultad de enmendar omisiones legislativas; que el c\u00e1lculo deb\u00eda ser asumido por el empleador, trabajador y la administradora de pensiones; que la providencia cuestionada no era equitativa; y que advert\u00eda la inobservancia y err\u00f3nea aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n a la gestora en sus argumentos, pues desde la sentencia SL9856-2014 se ten\u00eda decantado de forma pac\u00edfica y uniforme que los empleadores deb\u00edan responder por el c\u00e1lculo actuarial correspondiente a periodos en los que la prestaci\u00f3n del servicio estuvo a su cargo, pese a que no tuvieran la obligaci\u00f3n de afiliar a los trabajadores al ISS por falta de cobertura; que en la decisi\u00f3n criticada se le record\u00f3 que las normas de seguridad social deb\u00edan interpretarse en consonancia con las garant\u00edas fundamentales; que la providencia censurada fue el resultado de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acreditada en el proceso a la luz de las normas legales y constitucionales aplicables; y que no advert\u00eda la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda petici\u00f3n pendiente de resolver a favor del accionante o relacionada con el objeto de la tutela; que la pretensi\u00f3n reca\u00eda sobre la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acusada, por lo que no era de su competencia; que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna; que no se materializ\u00f3 vicio o defecto; y que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
3. Juan Carlos Gonz\u00e1lez Cand\u00eda, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Mart\u00edn Gilberto Galindo, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no advert\u00eda transgresi\u00f3n que habilitara la intervenci\u00f3n excepcional del fallador constitucional, pues observaba una r\u00e9plica del cargo propuesto en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que fue resuelto siguiendo la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la aplicabilidad del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 en casos como el planteado; que la Sala acusada explic\u00f3 con suficiencia y con base en la normatividad y jurisprudencia aplicable las razones por las que no cas\u00f3 el fallo del Tribunal; que aunque en la tutela se alegaba el desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, advert\u00eda que uno de los fallos no exist\u00eda y del otro no se explicaba por qu\u00e9 produc\u00eda dicha confrontaci\u00f3n; que al margen de ello, en sentencia C-506 de 2001, la Corte Constitucional declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993; y que no evidenciaba la configuraci\u00f3n del defecto sustantivo alegado ni vislumbraba arbitrariedad alguna. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que pese a que se reconoci\u00f3 que no exist\u00eda normatividad que la obligara al pago del c\u00e1lculo actuarial, la decisi\u00f3n definitoria del asunto se fund\u00f3 en la jurisprudencia de la misma autoridad acusada; que brill\u00f3 por su ausencia un estudio real de la v\u00eda de hecho sobre la que se sustentaba la petici\u00f3n de resguardo; que el debate que se debi\u00f3 surtir era que si la sentencia era o no contraria al orden constitucional; que el hecho de que existieran distintos pronunciamientos en el mismo sentido, no significaba que ellos resultaran apegados a la Constituci\u00f3n; y que se desconoc\u00eda la prevalencia del precedente de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Analizado el cargo presentado y teniendo en cuenta que el mismo fue dirigido por la v\u00eda directa, entiende la Sala que los reparos de la recurrente son de orden estrictamente jur\u00eddico y que, por tanto, no han sido objeto de controversia los siguientes supuestos f\u00e1cticos: i) que Mart\u00edn Gilberto Galindo Junco labor\u00f3 del 28 de septiembre de 1981 al 30 de abril de 1990 y del 01 de abril de 1991 al 01 de enero de 1994, en las entidades que fueron absorbidas por Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia; ii) que no fue afiliado al ISS para que le fueron cubiertos por dicha entidad los riesgos de invalidez, vejez y muerte en el lapso corrido entre el 28 de septiembre de 1981 y el 30 de abril de 1990; y (iii) que la empresa demandada no realiz\u00f3 aportes, c\u00e1lculo actuarial o emiti\u00f3 t\u00edtulo pensional alguno por concepto del referido per\u00edodo en el que existi\u00f3 la prestaci\u00f3n personal del servicio. <\/p>\n
Al respecto, la recurrente sostuvo que no hab\u00eda lugar al pago de cotizaciones por el per\u00edodo ya se\u00f1alado, comoquiera que en el caso de las empresas del sector petrolero, dicha obligaci\u00f3n surgi\u00f3 solamente a partir del 1.\u00ba de octubre de 1993, cuando entr\u00f3 en vigencia la Resoluci\u00f3n ISS 4250 de ese a\u00f1o. <\/p>\n
En consecuencia, encuentra la Sala que el problema jur\u00eddico a resolver se circunscribe a determinar, si se equivoc\u00f3 el ad quem al definir que Halliburton Latin Am\u00e9rica SRL Sucursal Colombia deb\u00eda realizar las cotizaciones correspondientes al tiempo que el se\u00f1or Galindo Junco prest\u00f3 sus servicios. <\/p>\n
Entrados en materia, lo que s\u00ed es cierto es que la posici\u00f3n de la Corte respecto de la intelecci\u00f3n del art\u00edculo 76 de la Ley 90 de 1946 y los art\u00edculos 59 a 61 del Acuerdo 244 de 1966, aprobado mediante Decreto 3041 del mismo a\u00f1o, est\u00e1 decantada y ese resulta ser el aspecto nodular por dilucidar en este caso. <\/p>\n
Aunque hubo posiciones divergentes en el pasado, a partir de la sentencia CSJ SL9856-2014, el criterio respecto de que los empleadores deben responder por el c\u00e1lculo actuarial correspondiente a periodos en los que la prestaci\u00f3n del servicio estuvo a su cargo, pese a que no tuvieran la obligaci\u00f3n de afiliar a los trabajadores al ISS por falta de cobertura, ha sido pac\u00edfico y uniforme. As\u00ed razon\u00f3 entonces la Sala en ese momento\u2026 <\/p>\n
El razonamiento de la providencia transcrita en precedencia fue reiterado recientemente en pronunciamiento de la Sala CSJ SL2584-2020, en el que se asent\u00f3: \u201cAl respecto, vale recordar que la obligaci\u00f3n del pago de las pensiones de jubilaci\u00f3n, estaba en cabeza de los empleadores antes de la creaci\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales. Por ello, cuando la Ley 90 de 1946 estatuy\u00f3 el seguro social obligatorio, dispuso, en sus art\u00edculos 72 y 76, que esa entidad asumir\u00eda gradualmente el riesgo de vejez en aquellos sitios en los que iniciara su cobertura, para lo cual los empleadores deb\u00edan realizar la provisi\u00f3n proporcional al tiempo que el trabajador hab\u00eda laborado y entreg\u00e1rsela al instituto en tal momento, para efectos del reconocimiento del derecho pensional. <\/p>\n
\u201cDe modo que la carga pensional de jubilaci\u00f3n continu\u00f3 bajo la responsabilidad de los empleadores aun cuando no hubiera presencia del ISS en algunas zonas geogr\u00e1ficas o frente a algunos sectores de industria; deber que se mantuvo con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, toda vez que as\u00ed se contempl\u00f3 en los art\u00edculos 259 y 260 de dicho estatuto. <\/p>\n
\u201cAhora, la inscripci\u00f3n para los riesgos de invalidez, vejez y muerte se orden\u00f3 por primera vez a trav\u00e9s del Acuerdo 224 de 1966 y, como bien lo cita la recurrente, para el sector petrolero comenz\u00f3 a partir del 1.\u00ba de octubre de 1993, y con la vigencia de la Ley 100 de 1993, se instituy\u00f3 la afiliaci\u00f3n obligatoria para todos los trabajadores dependientes del pa\u00eds, entre otros. Por su parte, en los art\u00edculos 23 y 24 de dicha norma se establecieron sanciones y acciones de cobro cuando los empleadores no efect\u00faen los aportes que les corresponde realizar en los t\u00e9rminos de tal regulaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, en el art\u00edculo 33 de la ley en comento se contempl\u00f3 la situaci\u00f3n de aquellos trabajadores que prestaron servicios a un empleador y que no fueron afiliados al r\u00e9gimen de pensiones, para lo cual se instaur\u00f3 que, a efectos del reconocimiento de la prestaci\u00f3n de vejez, se tendr\u00eda en cuenta dicho tiempo de servicio y que aquel deb\u00eda asumir el t\u00edtulo pensional correspondiente, conforme a las disposiciones de la misma normativa y en sus decretos reglamentarios. <\/p>\n
Los argumentos vertidos en las sentencias en cita bastar\u00edan para declarar la improsperidad del cargo, sino fuera necesario a\u00f1adir a lo ya arg\u00fcido que la lectura de las normas relativas a la seguridad social debe hacerse desde una perspectiva constitucional, que consulte la caracter\u00edstica fundamental de que a partir de la vigencia de la Carta de 1991 somos un Estado Social de Derecho (art. 1.\u00b0 CN), entre cuyos fines esenciales se encuentran los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n, as\u00ed como los de asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo (art. 2.\u00b0 CN). <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase a lo anterior que la seguridad social en particular fue definida a nivel constitucional como un servicio p\u00fablico de car\u00e1cter obligatorio, sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (art. 48 CN); y que la Corte, en desarrollo de ese fen\u00f3meno de constitucionalizaci\u00f3n del derecho laboral y de la seguridad social, ha propuesto y materializado la reinterpretaci\u00f3n de algunas normas de orden legal, preconstitucionales, para armonizarlas con el texto y el esp\u00edritu de la Carta del 91, cristalizando lo dispuesto en el art\u00edculo 93 en cuanto prevalecen en el orden interno los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que la interpretaci\u00f3n de los derechos y deberes debe sujetarse a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, entonces, el Tribunal en su sentencia manifest\u00f3 expresamente no desconocer los argumentos expuestos por la demandada tanto en la contestaci\u00f3n del escrito inaugural, como en la alzada respecto de las normas que ahora se acusan como violadas, pero se\u00f1al\u00f3 que el criterio interpretativo de las mismas ya hab\u00eda sido establecido por la Corte Suprema, a las cuales se agrega ahora un componente expreso de entendimiento constitucional. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
El eje fundamental y principal basamento de lo aqu\u00ed discurrido es entender que el trabajo es la actividad sobre la cual descansa la construcci\u00f3n de la prestaci\u00f3n pensional a lo largo de los a\u00f1os y que esa actividad se expresa en t\u00e9rminos de tiempo de servicio o semanas cotizadas, que como ha dicho la Corporaci\u00f3n en cuanto a los trabajadores subordinados, pueden haber sido sufragadas o no, porque siempre se podr\u00e1 acudir a las herramientas o instrumentos que han sido dise\u00f1ados con el prop\u00f3sito de obtener la financiaci\u00f3n del derecho que potencialmente se vaya a reconocer: t\u00edtulo pensional, bono pensional o c\u00e1lculo actuarial. <\/p>\n
As\u00ed, distinguir entre trabajadores de un espec\u00edfico sector de la producci\u00f3n (petr\u00f3leos), como lo pretende la censura, respecto de la generaci\u00f3n de derechos de tanta trascendencia como lo es la pensi\u00f3n no se encuentra plausible, menos, cuando quiera que la afiliaci\u00f3n obligatoria al sistema de seguridad de social vigente pende no de la propia voluntad del trabajador sino de la de las administradoras de los riesgos o a\u00fan, de la del empleador por efecto del ius variandi o de la cobertura operativa de los servicios de aqu\u00e9llas. <\/p>\n
Siendo coherentes con lo expuesto, el cargo resulta infundado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC178-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC178-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01611-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}