STC187-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC187-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04686-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1 y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular 2021-00064. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acudi\u00f3 a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima trasgredido por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se extracta que en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1 se adelanta la acci\u00f3n popular identificada en p\u00e1rrafos precedentes, promovida por el ac\u00e1 gestor contra Bancolombia. <\/p>\n
En audiencia inicial realizada el 12 de octubre de 2021, luego de evacuada sin \u00e9xito la fase de pacto de cumplimiento, la defensora p\u00fablica solicit\u00f3, como prueba, oficiar a la inspecci\u00f3n de control urban\u00edstico del municipio de Amag\u00e1, a efectos de que se rindiera un informe t\u00e9cnico sobre si en el local donde funciona la sucursal de la entidad bancaria \u00abhay servicios sanitarios conforme a la normatividad expedida, adaptados en debida forma para las personas con especial protecci\u00f3n por discapacidad f\u00edsica\u00bb; petici\u00f3n que fue denegada por el juez cognoscente al encontrarla innecesaria. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n la parte interesada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el pasado 24 de noviembre en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. Para el promotor resulta \u00abinexplicable\u00bb que la autoridad querellada hubiere \u00abdado tramite a la apelaci\u00f3n del auto que niega la prueba pedida\u2026 pese que para mi, el auto que niega pruebas no tiene recurso de alzada [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Por ello, solicita \u00abnulidad de la alzada\u2026 y se ordene al tutelado consignar la norma en que se amparo para dar tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n presentada por la delegada de la defensor\u00eda del pueblo se ordene en sentencia dar seguridad jur\u00eddica y garantizar art 29 CN PRUEBAS [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VUNCULADOS <\/p>\n
La abogada Claudia Patricia Bernal Carvajal, quien adujo actuar en la acci\u00f3n popular \u00abcomo garante en su calidad de defensora p\u00fablica\u00bb, pidi\u00f3 desestimar el resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abse interpone bajo \u00f3ptica de consideraciones personales, que desconocen por completo el texto normativo\u00bb y la autoridad judicial convocada \u00abha actuado conforme a derecho y con las plenas facultades y garant\u00edas legales [sic]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Antioquia lesion\u00f3, dentro de la acci\u00f3n popular 2021-00067, las garant\u00edas invocadas por Gerardo Alonso Herrera Hoyos al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por la \u00abdefensora p\u00fablica\u00bb que dice intervenir \u00abcomo garante\u00bb, contra el auto que resolvi\u00f3 la solicitud probatoria, siendo que, en sentir del gestor, tal prove\u00eddo no era susceptible de dicho recurso. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Gerardo Alonso Herrera Hoyos acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia por cuanto resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta por la defensora p\u00fablica contra el auto que resolvi\u00f3 la solicitud probatoria, siendo que, en criterio del quejoso, tal providencia no es susceptible del aludido recurso. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que si bien el accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que, aun cuando el gestor oportunamente tuvo conocimiento de la decisi\u00f3n que considera lesiva de su garant\u00eda fundamental, no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n, procedente por virtud de la regla general contenida en los art\u00edculos 36 de la Ley 472 de 1998 y 318 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia del aludido medio de impugnaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo comoquiera que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La tutela no fue instituida para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC187-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC187-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04686-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60618","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60618"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60618\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}