STC192-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC192-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02587-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 1\u00ba de diciembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Vargas Rojas contra los Juzgados Cuarenta y Seis Civil del Circuito y Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 1998-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la demanda, sus anexos y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente se extracta que, en el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 curso el proceso ejecutivo 1998-00189 promovido por Bancolombia S.A. contra Miguel Vargas Rojas, que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria (se encuentra, en la actualidad, en etapa de remate en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad). <\/p>\n
Con auto de 20 de noviembre de 2017 el despacho de conocimiento acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que la entidad demandante efectu\u00f3 a favor de Reintegra S.A., decisi\u00f3n contra la cual no se formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
3. Vargas Rojas acude al presente instrumento pues considera que la aludida cesi\u00f3n est\u00e1 afectada de \u00abnulidad absoluta por ocultar el precio pactado [sic]\u00bb raz\u00f3n por la cual solicita declarar la ineficacia de dicho contrato, as\u00ed como de todo lo actuado a partir de la providencia en que fue aceptado tal convenio. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo solicitado\u2026 ya fue objeto de decisi\u00f3n en el curso normal del proceso, por lo tanto es claro que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 siendo utilizada de forma indiscriminada por el tutelante quien no ha podido obtener por los medios ordinarios que se acceda a lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
2. Bancolombia S.A., por conducto de su representante legal judicial, solicit\u00f3 desestimar el resguardo porque para obtener la satisfacci\u00f3n de las s\u00faplicas (nulidad absoluta de un contrato) el accionante debe promover las acciones judiciales que estime pertinentes y no acudir a la acci\u00f3n de tutela dada su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo por desatender los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez; el primero pues no atac\u00f3, a trav\u00e9s de los recursos consagrados en el ordenamiento procesal, el auto por medio del cual se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y, el segundo, dado que la tutela no fue interpuesta dentro del plazo que jurisprudencialmente se ha considerado como razonable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino establecido en el Decreto 2591 de 1991, el querellante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, sin presentar consideraci\u00f3n adicional alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si las autoridades judiciales querelladas lesionaron la garant\u00eda fundamental de Miguel Vargas Rojas dentro del proceso ejecutivo 1998-00189, al aceptar la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por Bancolombia S.A. a favor de Reintegra S.A. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1 El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 acept\u00f3 la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito a favor de Reintegra S.A., dentro del proceso objeto de escrutinio, data del 20 de noviembre de 2017, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 19 de noviembre1; es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte, para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero en este caso el actor, quien se resalta es abogado, no expuso ninguna raz\u00f3n tendiente a justificar la interposici\u00f3n tard\u00eda del resguardo, al tiempo que tampoco se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al mismo, haci\u00e9ndolo se itera, superado ampliamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
2.2 De la incuria <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, Vargas Rojas acude a esta especial herramienta en procura de obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al aceptar la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito realizada por Bancolombia S.A. en favor de Reintegra S.A. <\/p>\n
No obstante, en el caso que se revisa, advierte la Sala que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad pues el promotor, en el asunto objeto del reproche constitucional no formul\u00f3, en el t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que cuestiona, ning\u00fan recurso, con lo que se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido, permitiendo con ello que la condena impuesta, alcanzara firmeza. <\/p>\n
Es de resaltar que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1 El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez y no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza, y <\/p>\n
3.2 El inconforme actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 la providencia por medio de la cual el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito realizada por Bancolombia a favor de Reintegra S.A., siendo que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos dejados de utilizar por el interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan consta en el acta de reparto obrante en formato digital <\/p>\n
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