STC1950-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1950-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00250-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Consorcio V\u00edas para El Choc\u00f3 contra el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones y el Instituto Nacional de V\u00edas – INV\u00cdAS. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las sociedades Infraestructura Belmira S.A.S., INTEC de la Costa S.A.S., Corvez S.A.S. e ICM Ingenieros S.A.S. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Consorcio V\u00edas para El Choc\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y libre asociaci\u00f3n, presuntamente vulnerados por el Ministerio y el Instituto convocados. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El consorcio tutelante, conformado por las sociedades Infraestructura Belmira S.A.S., INTEC de la Costa S.A.S., Corvez S.A.S. e ICM Ingenieros S.A.S., cuya participaci\u00f3n corresponde a los porcentajes del 25%, 20%, 5% y 50%, respectivamente, celebr\u00f3 el contrato 1456-2017 con el Instituto Nacional de V\u00edas, cuyo objeto es el \u00abMEJORAMIENTO, GESTI\u00d3N SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL QUIBD\u00d3 \u2013 MEDELL\u00cdN SECTOR 2 PARA EL PROGRAMA VIAS PARA EL CHOC\u00d3\u00bb, con vigencia hasta el \u00abTREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones inici\u00f3 proceso de cobro coactivo con radicado 01-20212 en contra de la Uni\u00f3n Temporal Centros Poblados Colombia 2020, integrada, entre otros, por las sociedades ICM Ingenieros S.A.S e INTEC de la Costa S.A.S, en virtud de lo establecido en la Resoluci\u00f3n 1747 del 19 de julio de 2021, \u00abpor la cual se decidi\u00f3 la actuaci\u00f3n administrativa correspondiente al Expediente No. 26 de 2021, relacionado con el incumplimiento y declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No 1043 de 2020\u00bb3. <\/p>\n
2.3. En dicho tr\u00e1mite compulsivo, la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Ministerio profiri\u00f3 el auto 644 del 20 de agosto de 2021, por el cual, entre otros, dispuso, \u00abel embargo y secuestro (\u2026) de los dineros que se encuentren pendientes para pago, presentes o futuros de los integrantes de la UNI\u00d3N TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 (\u2026) y solidariamente por sus integrantes (\u2026), ii) ICM INGENIEROS S.A.S (\u2026); iii) INTEC DE LA COSTA S.A.S.\u00bb, en el contrato 1456-2017, que el Consorcio V\u00edas para El Choc\u00f3 celebr\u00f3 con el Instituto Nacional de V\u00edas. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento del auto que antecede, el Instituto Nacional de V\u00edas realiz\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n de NOVECIENTOS TRECE MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO PESOS (913.768.342.35), presuntamente de las sociedades INTEC DE LA COSTA S.A.S e ICM INGENIEROS S.A.S\u00bb4. <\/p>\n
2.5. El auto 644 de 20 de agosto de 2021 fue adicionado, mediante las providencias 685 del 27 de agosto, 686 del 30 de agosto, 720 del 8 de septiembre, 766 del 20 de septiembre y 857 del 20 de octubre, todos de 20215, en el sentido de \u00abDECRETAR el embargo y secuestro (\u2026) de los dineros que se encuentren pendientes para pago, presentes o futuros de los integrantes de la UNI\u00d3N TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 (\u2026) y solidariamente por sus integrantes (\u2026) ii) ICM INGENIEROS S.A.S (\u2026); iii) INTEC DE LA COSTA S.A.S, en proporci\u00f3n a la participaci\u00f3n que tengan en cada una de las unidades plurales en las que participen, de conformidad a la siguiente relaci\u00f3n de contratos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. El Ministerio convocado, dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n 768 de 12 de octubre de 20216, en la que orden\u00f3 \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de la UNI\u00d3N TEMPORAL CENROS POBLADOS COLOMBIA 2020 (\u2026) y solidariamente por sus integrantes (\u2026) (ii) ICM INGENIEROS S.A.S (\u2026), (iii) INTEC DE LA COSTA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
3. El accionante manifest\u00f3 que se \u00abembarg[\u00f3] de manera errada unos dineros que no pertenecen al patrimonio de las Sociedades antes mencionadas, puesto que ingresa de manera directa al CONSORCIO V\u00cdAS PARA EL CHOC\u00d3, con el fin y para la ejecuci\u00f3n de una obra de car\u00e1cter p\u00fablico como es la del objeto contractual\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abla medida est\u00e1 siendo excesiva toda vez que est\u00e1 afectando el patrimonio del CONSORCIO y la ejecuci\u00f3n de la obra, adem\u00e1s al hacer parte de un haber consorcial que tiene como fin el cumplimiento [d]e un contrato con destinaci\u00f3n social y p\u00fablica se torna inembargable\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, dijo que \u00abdichos valores se encontraban a\u00fan en la cuenta del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), pendiente para el pago a favor del consorcio tal como se evidencia en el CERTIFICADO SIIF que se adjunta en el ac\u00e1pite de pruebas de esta acci\u00f3n, es decir el valor no logr\u00f3 entrar a la cuenta y haber del CONSORCIO VIAS PARA EL CHOC\u00d3, realizaron la retenci\u00f3n antes de entregar el dinero al consorcio, por lo que desde ese momento el dinero en menci\u00f3n ya era inembargable puesto que la orden de pago presupuestal y el acta que hace el cobro del mismo dinero est\u00e1 realizada por el contratista teniendo estos dineros el car\u00e1cter de p\u00fablicos y por ende inembargables, adem\u00e1s de forma inmediata se viola el equilibrio contractual, dejando limitada la ejecuci\u00f3n del contrato al CONSORCIO VIAS PARA EL CHOC\u00d3\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que \u00abLa participaci\u00f3n de las Sociedades ICM e INTEC DE LA COSTA, se reflejan en un 70% sin embargo ese valor no es de estas sociedades si no (sic) del CONSORCIO VIAS PARA EL CHOC\u00d3 que es quien est\u00e1 ejecutando la obra p\u00fablica, y adem\u00e1s eventualmente lo que llega al patrimonio de las sociedades es el CINCO (5%) de utilidades que reflejan una suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE CON UN CENTAVO ($45.688.417,1), lo cual en ultimas es el valor que podr\u00eda ser embargado, teniendo en cuenta que es el porcentaje que llegar\u00eda a ser parte del patrimonio de cada sociedad\u00bb. <\/p>\n
Frente a la inembargabilidad de los dineros reclamados, afirm\u00f3 que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, tienen esa calidad las sumas \u00abque para la construcci\u00f3n de obras p\u00fablicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho p\u00fablico a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcci\u00f3n, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones\u00bb, de manera que, habi\u00e9ndose suscrito el contrato del consorcio tutelante con el INVIAS para la construcci\u00f3n de una obra p\u00fablica que se encuentra en curso, el embargo era improcedente. <\/p>\n
Y afirm\u00f3, respecto de dicho contrato, que el cumplimiento de la medida cautelar por parte de la entidad contratante, implicaba el rompimiento del equilibrio econ\u00f3mico de este y dejaba \u00abdescompensado y en peligro la ejecuci\u00f3n del mismo pudiendo causar un perjuicio irremediable y mayor al peculio del Estado y a la sociedad general por el incumplimiento de la obra para la cual fue contratado el CONSORCIO V\u00cdAS PARA EL CHOC\u00d3\u00bb, todo lo cual imped\u00eda su realizaci\u00f3n y afectaba los derechos contractuales y econ\u00f3micos del contratista. <\/p>\n
3.1. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 ordenar i) \u00abal MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES (MINTIC) el levantamiento de la medida cautelar de embargo del dinero retenido que asciende a: NOVECIENTOS TRECE MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO PESOS (913.768.342.35)\u00bb y ii) \u00abal INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) reestablecer el valor mencionado (\u2026) a la cuenta del CONSORCIO V\u00cdAS PARA EL CHOC\u00d3\u00bb. <\/p>\n
Como pretensiones subsidiarias, pidi\u00f3 ordenar i) \u00abal MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES (MINTIC) (\u2026) el embargo SOLO en el porcentaje destinado a las utilidades (5%), que corresponden a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON UN CENTAVO ($45.688.417,1), ya que ser\u00e1 la \u00fanica que hace parte del haber de cada una de las sociedades, los dem\u00e1s valores tienen fin el cumplimiento de una relaci\u00f3n contractual que deber\u00e1 ser cumplida por parte del consorcio en menci\u00f3n\u00bb y ii) \u00abal INSITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), realice la consignaci\u00f3n del valor embargado y retenido que se relaciona por NOVECIENTOS TRECE MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 913.768.342,35) y deduzca del mismo los dineros que se embargar\u00edan de forma correcta correspondiente al porcentaje designado como utilidades, reitero asciende a CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON UN CENTAVO ($45.688.417,1); consignando al CONSOCIO VIAS PARA EL CHOC\u00d3 la suma de OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 867.479.925)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
De otro lado, advirti\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda con el principio de subsidiariedad, por cuanto el Consorcio tutelante pod\u00eda discutir, de conformidad con el art\u00edculo 101 de la Ley 1437 de 2011, la legalidad de los \u00abactos proferidos dentro del proceso administrativo coactivo\u00bb ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa y solicitar \u00abla pr\u00e1ctica de medidas cautelares, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 229 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que \u00ablas sociedades ICM INGENIEROS S.A.S y INTEC DE LA COSTA S.A.S, pertenecientes al Consorcio demandante, de manera deliberada, no han hecho uso de los mecanismos de defensa dentro del proceso coactivo, a pesar de que han sido debidamente notificados\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, sobre la inembargabilidad de los dineros dijo que \u00abel Accionante no demostr\u00f3 que se trataban de recursos correspondientes a un anticipo\u00bb. <\/p>\n
Y, frente al alegado perjuicio irremediable por la ejecuci\u00f3n de la medida de embargo, en tanto imped\u00eda ejecutar el contrato con el INV\u00cdAS, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno fue probada (\u2026) toda vez que en el escrito de tutela no se desarrollan los efectos irreparables que se causar\u00edan de no mediar el amparo (\u2026) respecto de la presunta ruptura del equilibrio contractual del contrato que suscribi\u00f3 con el INVIAS\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado especial del Instituto Nacional de V\u00edas se opuso a la prosperidad de las pretensiones e indic\u00f3 que \u00abdel escrito de tutela no se ha probado efectivamente la existencia de perjuicios de los denominados irremediables\u00bb y que la entidad se limit\u00f3 a dar cumplimiento \u00aba lo ordenado por el MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES (MINTIC)\u00bb, por tanto, no hab\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto del INV\u00cdAS. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos (\u2026) al interior del citado proceso de cobro coactivo, pues estos deben discutirse ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, con los medios de control dispuestos para ello\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno encuentra la Sala acreditado el perjuicio irremediable que imponga la procedencia de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado del accionante, quien destac\u00f3 que s\u00ed se caus\u00f3 un perjuicio irremediable, pues la retenci\u00f3n de los dineros del contrato suscrito con el INV\u00cdAS para la comunidad \u00abimpide y vulnera no solo el equilibrio contractual, sino tambi\u00e9n los derechos de la sociedad, as\u00ed mismo viola la normatividad partiendo de la afirmaci\u00f3n que los bienes de uso p\u00fablico, y aquellos destinados para obras p\u00fablicas se tornan inembargables\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, expres\u00f3 su desacuerdo frente a la manifestaci\u00f3n de que es el proceso de cobro coactivo donde se debe \u00abrealizar la defensa de estos intereses\u00bb, toda vez que dicho tr\u00e1mite concierne a las sociedades ICM Ingenieros S.A.S. e INTEC de la Costa S.A.S., m\u00e1s no al consorcio tutelante. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el Consorcio accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por cuanto el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, en el proceso de cobro coactivo que adelanta contra la Uni\u00f3n Temporal Centros Poblados Colombia 2020, integrada, entre otros, por las sociedades ICM Ingenieros S.A.S e INTEC de la Costa S.A.S, dict\u00f3 el auto 644 de 20 de agosto de 2021, adicionado mediante los prove\u00eddos 685, 686, 720, 766 y 857 de 2021, en los que decret\u00f3 \u00abel embargo y secuestro (\u2026) de los dineros que se encuentren pendientes para pago, presentes o futuros de los integrantes de la UNI\u00d3N TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 (\u2026) y solidariamente por sus integrantes (\u2026) ii) ICM INGENIEROS S.A.S (\u2026); iii) INTEC DE LA COSTA S.A.S.\u00bb, en el contrato 1456-2017, suscrito con el Instituto Nacional de V\u00edas \u00aben proporci\u00f3n a la participaci\u00f3n que tengan en cada una de las unidades plurales en las que participen\u00bb, decisi\u00f3n que fue acatada por el INV\u00cdAS y que, en su criterio, desconoce que los dineros retenidos son inembargables y, adem\u00e1s, afecta los derechos derivados del contrato de obra suscrito entre el Consorcio y el INV\u00cdAS y el equilibrio econ\u00f3mico del mismo. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la decisi\u00f3n a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo, habr\u00e1 de ser confirmada, pero en raz\u00f3n a que el Consorcio accionante no est\u00e1 legitimado para acudir a la salvaguarda impetrada, como entrar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
3. En efecto, la Sala ha considerado que ese tipo de agrupaciones no est\u00e1n facultadas, por regla general, para actuar directamente en acciones de tutela. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia STC13490-20187, en la que se resolvi\u00f3 una tutela interpuesta por un Consorcio, reiterada en la STC2551-20218, concluy\u00f3 que son las personas naturales o jur\u00eddicas con inter\u00e9s las legitimadas para presentar la petici\u00f3n de amparo, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abQuien acuda a este instrumento, a fin de propiciar el an\u00e1lisis del juez de \u2018tutela\u2019, debe tener legitimaci\u00f3n en la causa. Al respecto, el art\u00edculo 1 del Decreto 2591 de 1991 precisa que <\/p>\n
[t]oda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos que se\u00f1ale este Decreto. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 10 ibidem indica que \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u2019. <\/p>\n
De donde se infiere, que son las personas naturales o jur\u00eddicas las llamadas a reclamar la preservaci\u00f3n de tales privilegios, bien sea de forma directa o por medio de quienes detenten su representaci\u00f3n, salvo la existencia de alg\u00fan evento que se los impida. Esto, en virtud de su aptitud para ser sujetos de \u2018derechos\u2019. <\/p>\n
No en vano el art\u00edculo 53 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del inciso primero del canon cuarto del Decreto 306 de 1992, ense\u00f1a que <\/p>\n
Podr\u00e1n ser parte en un proceso: <\/p>\n
1. Las personas naturales y jur\u00eddicas. <\/p>\n
2. Los patrimonios aut\u00f3nomos. <\/p>\n
3. El concebido, para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s que determine la ley. <\/p>\n
Sin que figure el caso de los consorcios o una figura semejante\u00bb. <\/p>\n
3.1. Lo anterior, en consonancia con lo expuesto por la Corte Constitucional, en sentencia C-414 de 1994, que defini\u00f3 la constitucionalidad del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 7 de la Ley 80 de 1993, en la cual precis\u00f3 que los consorcios y las uniones temporales no son personas jur\u00eddicas, por tanto, su representaci\u00f3n conjunta solo tiene efectos frente a la adjudicaci\u00f3n, celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los contratos. En esa oportunidad, la Corte sostuvo: <\/p>\n
\u00abEl consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperaci\u00f3n entre empresas, cuando requieren asumir una tarea econ\u00f3mica particularmente importante, que les permita distribuirse de alg\u00fan modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnol\u00f3gicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, seg\u00fan el caso, pero conservando los consorciados su independencia jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 7o. de la mencionada ley se refiere al consorcio, pero en lugar de definir su contenido esencial, ofrece una relaci\u00f3n descriptiva de la figura se\u00f1alando los elementos instrumentales y vinculantes que lo conforman; ….seg\u00fan la ley, el consorcio es un convenio de asociaci\u00f3n, o mejor, un sistema de mediaci\u00f3n que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jur\u00eddica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, la Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa Ley 80 de 1993, al crear las figuras de los consorcios y uniones temporales y constituirlas como sujetos de la contrataci\u00f3n administrativa, reconoce una realidad del mundo negocial que son los denominados \u2018contratos de colaboraci\u00f3n econ\u00f3mica\u2019, que en la hora actual se celebran para la efectiva realizaci\u00f3n de proyectos de contrataci\u00f3n p\u00fablica altamente especializados e intensivos en capital y as\u00ed mismo indispensables para que el Estado Social de Derecho, cumpla los cometidos para los cuales fue instituido (Pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1 y 2 Superiores). <\/p>\n
Debe anotarse que en la intervenci\u00f3n de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relaci\u00f3n contractual, la autonom\u00eda de la voluntad est\u00e1 expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se presenten con ocasi\u00f3n de la gesti\u00f3n contractual consorcial o de la asociaci\u00f3n temporal\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Con base en ello, la Corte Constitucional, en la sentencia T-512 de 2007, concluy\u00f3 que los miembros de una uni\u00f3n temporal \u00abdeben ser convocados de manera independiente a un proceso judicial o administrativo ajeno a las partes del contrato, cada uno representado por quien conforme a la ley tenga la competencia jur\u00eddica para el efecto, dado que las atribuciones conferidas por la Ley 80 de 1993 al representante de una uni\u00f3n temporal o consorcio, se encuentran limitadas a la adjudicaci\u00f3n, celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los contratos suscritos conforme al acuerdo correspondiente. Su naturaleza jur\u00eddica independiente, en consecuencia, exige que se respeten las normas procesales especiales relacionadas con el acceso a los procesos administrativos y judiciales, conforme a la ley, cuando se trata de asuntos ajenos a los miembros del contrato\u00bb. <\/p>\n
3.2. La postura de esta Sala de Casaci\u00f3n a la que se alude, como principio general en materia de tutelas, no ri\u00f1e con lo referido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificaci\u00f3n del 25 de septiembre de 2013 (Exp. 1997-03930-01), en la cual rectific\u00f3 la tesis que ven\u00eda sosteniendo en torno a la falta de capacidad de estas agrupaciones para acudir directamente en juicio a trav\u00e9s de su representante contractual, en el sentido de indicar que \u00abmodifica la tesis que hasta ahora ha sostenido la Sala, con el prop\u00f3sito de que se reafirme que si bien los consorcios y las uniones temporales no constituyen personas jur\u00eddicas independientes, s\u00ed cuentan con capacidad, como sujetos de derechos y obligaciones (art\u00edculos 44 del C. de P.C. y 87 C.C.A), para actuar en los procesos judiciales, por conducto de su representante, sin perjuicio, claro est\u00e1, de observar el respectivo jus postulandi\u00bb, siempre que corresponda \u00aba los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selecci\u00f3n (\u2026)\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Destacando que es as\u00ed, dado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la capacidad jur\u00eddica que la Ley 80 otorg\u00f3 a los consorcios y a las uniones temporales se limit\u00f3 a la celebraci\u00f3n de esa clase de contratos y la consiguiente participaci\u00f3n en la respectiva selecci\u00f3n de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos a las relaciones jur\u00eddicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales v\u00ednculos pudieren tener como prop\u00f3sito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto esa facultad se refiere a los aspectos propios del respectivo contrato estatal y del correspondiente proceso de selecci\u00f3n y, por tanto, a las juicios ordinarios o ejecutivos que se adelanten en torno al acuerdo suscrito entre las partes. <\/p>\n
4. Pues bien, las referencias jurisprudenciales citadas resultan de especial relevancia en el presente asunto, por cuanto la tutela la formula el Consorcio V\u00edas para el Choc\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado judicial, seg\u00fan poder conferido por su representante legal, con el fin de atacar el auto 644 del 20 de agosto de 20219, proferido por la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, en el tr\u00e1mite del proceso coactivo 01-2021 iniciado por dicha entidad contra la Uni\u00f3n Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y solidariamente contra sus integrantes i) Fundaci\u00f3n de Telecomunicaciones Ingenier\u00eda, Seguridad e Innovaci\u00f3n, ii) ICM Ingenieros S.A.S., iii) INTEC de la Costa S.A.S. y iv) OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S. <\/p>\n
Dicho tr\u00e1mite se adelanta con base en la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020 suscrito entre las partes referidas, de manera que aqu\u00e9l no tiene relaci\u00f3n directa con la ejecuci\u00f3n del contrato 1456 de 2017 que desarrolla el Consorcio tutelante para el INV\u00cdAS; adem\u00e1s, en dicho juicio coactivo el Consorcio V\u00edas para el Choc\u00f3 no es parte. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha establecido que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (STC14371-2021). <\/p>\n
En ese orden, para este espec\u00edfico caso, el Consorcio accionante no est\u00e1 legitimado para interponer, a trav\u00e9s del apoderado designado por su representante contractual, la presente tutela con el fin de atacar el auto 644 de 2020 que decret\u00f3 unas medidas cautelares en contra de los integrantes de la Uni\u00f3n Temporal Centro Poblados Colombia 2020, por tanto, la salvaguarda es improcedente, no siendo viable hacer un an\u00e1lisis del fondo del asunto. <\/p>\n
5. De otro lado, la parte accionante asevera haber sufrido un perjuicio irremediable con la retenci\u00f3n que, en cumplimiento de la orden de embargo dispuesta en el juicio coactivo adelantado en contra de ICM Ingenieros S.A.S. y de INTEC de la Costa S.A.S., realiz\u00f3 el INV\u00cdAS por $ 913.768.342.35, pues, a su juicio, ello impide la ejecuci\u00f3n del contrato 1456 de 2017, afecta sus derechos como contratista, supera los montos permitidos seg\u00fan la utilidad pactada y rompe el equilibrio econ\u00f3mico del acuerdo negocial. <\/p>\n
Al respecto, es pertinente se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para resolver sobre los reproches expuestos, por cuanto los aspectos relacionados con la ejecuci\u00f3n de los contratos estatales, su cumplimiento, imprevistos, equilibrio contractual u otras reclamaciones que se presenten en el desarrollo de estos deben discutirse ante la administraci\u00f3n, a trav\u00e9s de los mecanismos dispuestos para tal fin, o mediante el uso de los medios de control previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC15506-2021). <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente de tutela, folios 2 y 3 del escrito inicial. <\/p>\n
2\u0002 Mandamiento de pago contenido en el auto 002 del 20 de agosto de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Expediente de tutela, folios 49 a 61, auto 644 del 20 de agosto de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, folio 5 del escrito de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Expediente 11001-02-03-000-2018-03011-00. Fallo del 17 de octubre de 2018. <\/p>\n
8\u0002 Expediente 76001-22-03-000-2021-00031-01. Fallo del 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
9\u0002 Adicionado con autos 685, 686, 720, 766 y 857 de 2021. <\/p>\n
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STC1950-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1950-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00250-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de enero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}