STC203-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC203-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01054-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de agosto de 20201, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ana Pastora del Valle Garc\u00e9s contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Adjunto al Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral (SL894-2020, rad. 71895). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra el extinto Instituto de Seguros Sociales y otros, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional o, en subsidio, de la legal, en tanto labor\u00f3 al servicio de esa entidad del 17 de diciembre de 1981 al 25 de junio de 2003, en calidad de trabajadora oficial; litigio que se defini\u00f3 de manera adversa a sus intereses en las instancias, por parte del Juzgado Segundo Adjunto al estrado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn y la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de esa localidad, respectivamente. <\/p>\n
Por lo anterior, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 dej\u00f3 inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, sin reconocer los efectos del tiempo de trabajo, aunado a que \u00abcentr\u00f3 su atenci\u00f3n en una circunstancia sobreviniente, del todo ajena a la voluntad de la trabajadora y extra\u00f1a al litigio mismo: El cambio de trabajadora oficial a empleada p\u00fablica, a partir del 26 de junio de 2003. Sin percatarse que en la demanda ordinaria inicial nada se pretendi\u00f3 se le reconociera como empleada p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, cuestion\u00f3 el desconocimiento de los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00abdel 10 de noviembre de 1998, radicado 10.876; del 31 de enero de 2000, radicado 25.795; del 6 de julio de 2000, radicado 13.336; del 15 de agosto de 2000, radicado 14.306; del 19 de septiembre de 2000, radicado 13.433; del 18 de julio de 2001, radicado 15.460; del 25 de junio de 2003, radicado 20.114; del 17 de marzo de 2004, radicado 22.681; del 26 de marzo de 2004, radicado 22.789; del 27 de julio de 2004, radicado 22.226; del 9 de mayo de 2006, radicado 25.689; del 28 de junio de 2006, radicado 23.371; del 19 de noviembre de 2009, radicado 38.328; del 1 de diciembre de 2009, radicado 39.487, entre otras\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, se infiere que busca la invalidaci\u00f3n de las providencias de casaci\u00f3n y de instancia que denegaron su pedimento. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada por el a quo constitucional2, no se allegaron intervenciones en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, porque \u00abno advierte la Sala compromiso de derecho fundamental alguno en detrimento de la demandante con ocasi\u00f3n de las determinaciones aludidas, puesto que, contrario a su parecer, una atenta lectura de la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, con la cual se puso fin al debate y por ello surge importante su inicial an\u00e1lisis, resulta f\u00e1cil concluir que con la suficiente argumentaci\u00f3n se emiti\u00f3 respuesta a los planteamientos expuestos por [la] censor[a]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00aben la demanda con la que se inici\u00f3 el proceso ordinario laboral, Ana Pastora del Valle Garc\u00e9s no pidi\u00f3 que se condenara a la parte demandada a pagarle emolumento alguno como empleada p\u00fablica, ni legal ni convencional. No obstante, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de marzo de 2020, decidi\u00f3 sobre la base de que la se\u00f1ora Del Valle Garc\u00e9s fue incorporada a la ESE RUU como empleada p\u00fablica (art. 17 Decreto 1753\/2003), y de acuerdo con la sentencia SL2137-2016, entre otras (cit\u00f3 tambi\u00e9n las SL12348-2014, SL 23 de julio de 2009 radicado 35399, SL468-2013, SL644-2013, etc.), \u201c\u2026 quienes adquirieron esa nueva condici\u00f3n en las mencionadas empresas tienen un r\u00e9gimen salarial y prestacional especial y no gozan dentro del ordenamiento de los beneficios convencionales o de las particulares ventajas de los trabajadores oficiales \u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abde acuerdo con lo planteado en la demanda de tutela (v\u00e9ase numeral 2 del cap\u00edtulo \u201cDERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS Y MODO DE VIOLACION\u201d), la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 apreci\u00f3 mal la demanda inicial -defecto f\u00e1ctico-, aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 17 del Decreto 1750 de 2003, disposici\u00f3n que no gobierna el caso pues, se repite, nada se pide se le reconozca como empleada p\u00fablica -defecto sustantivo- y aplic\u00f3 indebidamente, al no hacerle producir efectos en sentido positivo, el art\u00edculo 467 del C. S. del T., y su hom\u00f3logo el art\u00edculo 46 de la Ley 6\/1945, estando en el deber constitucional y legal de hacerlo -defecto sustantivo-.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL894-2020, rad. 71895), por mantener en firme la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n absolutoria del tribunal ad quem, porque \u00abno err\u00f3 con la decisi\u00f3n de absolver a las demandadas de todas las pretensiones, pues si bien es cierto la relaci\u00f3n existente entre el ISS con la recurrente era bajo la calidad de trabajadora oficial, no es menos cierto que con la escisi\u00f3n mut\u00f3 a la de empleada p\u00fablica, lo que imposibilita la aplicaci\u00f3n de los beneficios convencionales que ven\u00eda disfrutando como trabajadora oficial\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cargos formulados por la memorialista, compendiados en la discusi\u00f3n sobre los alcances de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente para el periodo 2001-2004, el estrado enjuiciado arguy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPues bien, no existe discusi\u00f3n dentro del plenario que los extremos laborales fueron, para el ISS del 17 de diciembre de 1981 hasta el 25 de junio de 2003 y, para la ESE, del 26 del mismo a\u00f1o al 30 de noviembre de 2006; tampoco se controvierte que aquellos servidores que pasaron sin soluci\u00f3n de continuidad del ISS a las ESE, por mandato del art\u00edculo 17 del Decreto 1750 de 2003, adquir\u00edan la condici\u00f3n de empleados p\u00fablicos, salvo quienes \u00absin ser directivos desempe\u00f1en funciones de mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria y de servicios generales\u00bb. <\/p>\n
En el caso de ANA PASTORA DEL VALLE GARC\u00c9S, pertinente es se\u00f1alar que ella fue incorporada el 26 de junio de 2003, al servicio de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, como empleada p\u00fablica en el cargo de T\u00e9cnico Administrativo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la recurrente, del 17 de diciembre de 1981 hasta el 25 de junio de 2003, ostent\u00f3 la calidad de trabajadora oficial y, por motivo de la escisi\u00f3n del ISS, a partir del 26 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2006, fecha en que termin\u00f3 la relaci\u00f3n, adquiri\u00f3 y mantuvo la calidad de empleada p\u00fablica. <\/p>\n
Frente al caso concreto, esta Corporaci\u00f3n de manera pac\u00edfica y reiterada, en caso an\u00e1logo, mediante sentencia CSJ SL2137-2016, dijo: <\/p>\n
Lo anterior conducir\u00eda al quiebre de la sentencia impugnada, de no ser porque, en sede de instancia, se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n del Tribunal, toda vez que, en este tipo de casos, esta Sala ha venido sosteniendo que resulta improcedente la aplicaci\u00f3n de los beneficios convencionales, puesto que los servidores del Instituto de Seguros Sociales que pasaron a las empresas sociales del Estado, en virtud del Decreto 1750 de 2003, toda vez que cambiaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos, salvo quienes ejerc\u00edan labores propias del mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o de servicios generales, que conservan su condici\u00f3n de trabajadores oficiales, de suerte que quienes adquirieron esa nueva condici\u00f3n en las mencionadas empresas tienen un r\u00e9gimen salarial y prestacional especial y no gozan dentro del ordenamiento de los beneficios convencionales o de las particulares ventajas de los trabajadores oficiales. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia SL12348-2014, sobre la tem\u00e1tica en comento, esta Sala asent\u00f3: <\/p>\n
Al margen de las falencias t\u00e9cnicas que plantean los opositores, en torno a los temas que aborda la acusaci\u00f3n, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha definido en repetidas oportunidades que los servidores del Instituto de Seguros Sociales incorporados a las plantas de personal de las empresas sociales del Estado, mudaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos, salvo los que ejerc\u00edan labores propias de mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o de servicios generales. En el mismo sentido, ha adoctrinado que esos nuevos empleados p\u00fablicos tienen un r\u00e9gimen salarial y prestacional establecido legalmente, por lo que no pueden ser beneficiarios de los derechos establecidos para los trabajadores oficiales en las convenciones colectivas de trabajo. <\/p>\n
En la sentencia CSJ SL, 23 jul 2009, rad. 35399, reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL468-2013 y CSJ SL644-2013, se dijo al respecto: <\/p>\n
De conformidad con el tenor literal del art\u00edculo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados p\u00fablicos de las ESEs, se regir\u00e1n por el r\u00e9gimen salarial y prestacional de los empleados p\u00fablicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el r\u00e9gimen propio de los trabajadores oficiales que ten\u00edan antes de la escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresi\u00f3n o definici\u00f3n concerniente a lo que se deber\u00eda entender por <derechos adquiridos> que conten\u00eda el citado art\u00edculo 18, seg\u00fan la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casaci\u00f3n, en esencia se fund\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] Ya que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es un sistema jur\u00eddico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convenci\u00f3n conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del \u00e1mbito de protecci\u00f3n de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
\u201cDe conformidad con lo dicho, esta Corporaci\u00f3n estima que la expresi\u00f3n [\u2026] es inconstitucional por restringir el \u00e1mbito constitucional de protecci\u00f3n de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 18\u201d (resalta y subraya la Sala).\u201d <\/p>\n
De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consider\u00f3 que dentro de los <derechos adquiridos> que se deb\u00edan respetar a quienes pasaran a ser empleados p\u00fablicos de las Empresas Sociales del Estado, por raz\u00f3n de la escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales, estaban tambi\u00e9n comprendidos aquellos que se derivaran de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, pero l\u00f3gicamente que se tratara de situaciones jur\u00eddicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales deb\u00edan cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, n\u00f3tese que la mencionada motivaci\u00f3n, cuando se refiere a quienes est\u00e1n cobijados por la convenci\u00f3n colectiva, alude exclusivamente a los <trabajadores> para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta Corporaci\u00f3n no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados p\u00fablicos de las ESEs se puedan beneficiar de ah\u00ed en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando \u00e9stos ostentaban la condici\u00f3n de trabajadores oficiales. <\/p>\n
Bajo esta \u00f3rbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relaci\u00f3n a quienes por mandato legal se les cambi\u00f3 la naturaleza del v\u00ednculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va m\u00e1s all\u00e1 del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos. <\/p>\n
Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jur\u00eddicamente aplicarle a un empleado p\u00fablico una norma convencional, m\u00e1xime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regir\u00e1n son los <contratos de trabajo>; se colige que los empleados p\u00fablicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisi\u00f3n del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relaci\u00f3n contractual laboral, como ocurri\u00f3 con la demandante, no pueden beneficiarse de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el art\u00edculo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelaci\u00f3n a la escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condici\u00f3n de trabajadora oficial; que no ser\u00eda el caso del reconocimiento o reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n implorada en esta litis en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atr\u00e1s se dijo el 16 de Diciembre de 2004 siendo la accionante empleada p\u00fablica. <\/p>\n
Por consiguiente, trat\u00e1ndose de un empleado p\u00fablico de las ESE, los derechos consolidados o causados despu\u00e9s de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convenci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n
En igual sentido, la Corte ha determinado que los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, incorporados como empleados p\u00fablicos a las empresas sociales del Estado, pod\u00edan adquirir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, si hab\u00edan consolidado ese derecho mientras ten\u00edan la condici\u00f3n de trabajadores oficiales, por tratarse de derechos adquiridos conforme a disposiciones vigentes. (Ver, entre otras, las sentencias CSJ SL644-2013 y CSJ SL803-2013). <\/p>\n
Esa misma conclusi\u00f3n se ha construido desde el punto de vista f\u00e1ctico, teniendo en cuenta que el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, razonable y objetivamente entendido, obliga a que el respectivo servidor cumpla los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras mantiene la naturaleza jur\u00eddica de trabajador oficial (Ver CSJ SL888-2013 y CSJ SL713-2013). En dichas decisiones tambi\u00e9n se precis\u00f3 que, contrario a lo que aduce la censura, mientras el trabajador no tenga los requisitos de edad y tiempo de servicios, no genera alg\u00fan derecho adquirido, sino que mantiene una mera expectativa pensional\u201d. <\/p>\n
A la luz de este criterio jurisprudencial, resulta claro que la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, vigente para el periodo 2001- 2004, obrante a folios 168-210 del cuaderno principal, no le era aplicable a la demandante, toda vez que \u00e9sta pas\u00f3 a ser parte de la planta de personal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, sin soluci\u00f3n de continuidad, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 20 de noviembre de 2005, por lo que durante este tiempo ostent\u00f3 la calidad de empleada p\u00fablica y, por ende, no le resultaban aplicables las disposiciones convencionales para incrementar los salarios correspondientes a los a\u00f1os 2004 y 2005, ni la reliquidaci\u00f3n de prestaciones sociales causadas \u201centre el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2004\u201d, tal como fue solicitado en la demanda inicial\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, la Colegiatura refiri\u00f3 que esa postura ha sido reiterada en m\u00faltiples oportunidades, entre ellas, en: \u00aben sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35399, en CSJ SL468-2013, CSJ SL644-2013, CSJ SL12348-2014, CSJ SL16267-2014, CSJ SL13641-2014, CSJ SL4929-2015, CSJ SL5527-2016, CSJ SL5602-2016, CSJ SL6401-2016, CSJ SL8158-2016, CSJ SL21088-2017, CSJ SL040-2018, CSJ SL1335-2018, CSJ SL4453-2018 y CSJ SL465-2019\u00bb, sumado a que: <\/p>\n
\u00abDe lo anterior se desprende, que no err\u00f3 el a quem con la decisi\u00f3n tomada, de absolver a las demandadas de todas las pretensiones, pues si bien es cierto la relaci\u00f3n existente entre el ISS con la recurrente era bajo la calidad de trabajadora oficial, no es menos cierto que con la escisi\u00f3n mut\u00f3 a la de empleada p\u00fablica, lo que imposibilita la aplicaci\u00f3n de los beneficios convencionales que ven\u00eda disfrutando como trabajadora oficial, dado que, en virtud de lo regulado en el art\u00edculo 467 CST, la finalidad de las convenciones colectivas de trabajo es \u00abfijar las condiciones que regir\u00e1n los contratos de trabajo durante su vigencia\u00bb y, como los empleos p\u00fablicos no se rigen por un contrato de trabajo sino por una relaci\u00f3n legal y reglamentaria, no son beneficiarios de la convenci\u00f3n tantas veces mencionada. <\/p>\n
Finalmente, en lo concerniente al argumento de la censura, en el sentido de que la calidad de trabajador oficial perdura en el tiempo m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia del contrato de trabajo, basta con reiterar que esta Corte ha sido enf\u00e1tica en que la ley es la que determina la condici\u00f3n jur\u00eddica del servidor p\u00fablico y no otro tipo de acto, de modo que el v\u00ednculo con la administraci\u00f3n puede ser modificado, sin que la calidad jur\u00eddica inicial por la cual se vincula al trabajador constituya un derecho adquirido (CSJ SL2276-2018, CSJ SL1334-2018, CSJ SL, 19 jul. 2011, rad. 46457, CSJ SL, 25 ag. 2000, rad. 14146)\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los precedentes enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma providencia se hizo alusi\u00f3n a los criterios jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos CSJ SL2276-2018; SL1334-2018; SL, 19 jul. 2011, rad. 46457; SL, 25 ago. 2000, rad. 14146, relacionados con la determinaci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico con la administraci\u00f3n y los derechos adquiridos\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 14 de diciembre de 2021, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Providencia de primera instancia, f. 6: \u00abLas autoridades demandadas y los convocados al tr\u00e1mite de tutela, guardaron silencio en punto de los hechos y pretensiones expuestos en la demanda\u00bb. <\/p>\n
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STC203-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC203-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01054-01 (Aprobado en Sala de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60622","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60622"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60622\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}