STC208-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC208-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2021-00237-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abpropiedad privada\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al resolver el tr\u00e1mite incidental propuesto por tercero dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que en el proceso de sucesi\u00f3n de su progenitora Mar\u00eda Odilia Restrepo de Arboleda -fallecida el 15 de abril de 2016-, el cual conoce en primera instancia el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos, tras registrarse el embargo de un inmueble ubicado en zona rural de ese municipio, el 20 de mayo de 2019 se practic\u00f3 la diligencia de secuestro -a trav\u00e9s de comisionado-, \u00abdentro de la cual se relacion\u00f3 un cultivo de \u00e1rboles [pero] no se mencion\u00f3 los linderos y cabida [del mismo]\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 10 de julio del a\u00f1o 2019, por intermedio de apoderado judicial, el se\u00f1or Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez (\u2026), interpuso incidente de levantamiento de embargo y secuestro\u00bb, aduciendo su \u00abcalidad de propietario del cultivo de pino p\u00e1tula que se encuentra en la finca Las Margaritas, paraje Monte Fr\u00edo, corregimiento de Arag\u00f3n, municipio de Santa Rosa de Osos (\u2026), la cual ocupa un \u00e1rea aproximada de 25 hect\u00e1reas\u00bb; que la adquisici\u00f3n se hizo \u00abpor compra que hizo a la se\u00f1ora Alba Luc\u00eda Arboleda Restrepo (\u2026) el 12 de febrero de 2019, quien a su vez lo hab\u00eda adquirido por compra realizada a Mar\u00eda Lucelly Arboleda Restrepo, seg\u00fan contrato suscrito el 1 de marzo de 2011, quien actuaba como apoderada del se\u00f1or Francisco Luis Arboleda Lopera\u00bb. <\/p>\n
Que el juez cognoscente, mediante prove\u00eddo del 25 de enero de 2021, \u00abaccedi\u00f3 a las s\u00faplicas del se\u00f1or Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez, bajo el supuesto de que [\u00e9l] era \u201cposeedor\u201d, circunstancia la cual nunca fue alegada [lo cual] sorprendi\u00f3 a nuestro abogado quien todo el tiempo bas\u00f3 nuestra defensa en demostrar que el incidentista no era el propietario del cultivo de pinos\u00bb, raz\u00f3n por la que interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Que el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, con providencia del 12 de agosto de 2021, confirm\u00f3 la anterior resoluci\u00f3n, se\u00f1alando \u00abque a pesar de haber alegado la condici\u00f3n de propietario a lo largo del incidente, se le reconoci\u00f3 la calidad de poseedor, la cual nunca fue objeto de debate\u00bb, pues, \u00abcon la prueba documental de la promesa de compraventa aportada al plenario, y al momento de absolver el interrogatorio de parte reconoce dominio ajeno, desvirtu[\u00f3] la calidad de poseedor [y] no prob\u00f3 dentro del proceso la rebeld\u00eda de poseedor o mejor decir la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, como adem\u00e1s el animus y el corpus para ser considerado como tal\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden que \u00abse deje sin efectos\u00bb lo decidido por los jueces de instancia, en relaci\u00f3n con el incidente de desembargo propuesto dentro del sucesorio. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos, dijo que con la actuaci\u00f3n adelantada por su despacho, \u00abno ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales deprecados (..), ya que desde la solicitud de levantamiento de la medida de cautelar el incidentista estableci\u00f3 el marco normativo en el cual fundamentaba su petici\u00f3n concretamente el contenido en el art\u00edculo 597 del C.G.P y 762 y siguientes del C\u00f3digo Civil, de all\u00ed entonces que llama la atenci\u00f3n del despacho que los accionantes a trav\u00e9s de su apoderado, acusen de la providencia emitida por este ente judicial de falta de congruencia. Ahora en lo atinente a los actos de posesi\u00f3n del incidentista se alleg\u00f3 abundante prueba con la cual se acreditaron efectivamente esos actos de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026), solo que el accionante presenta versiones incompletas y fuera del contexto acaecidas dentro del citado proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez, se opuso a lo pretendido al destacar que los actores presentan \u00abinformaci\u00f3n a medias del tr\u00e1mite del incidente, escoge[n] apartes y no tiene[n] en cuenta el contexto, con ello crea[n] cortinas de humo y faltan a la verdad\u00bb; que la etapa probatoria se surti\u00f3 sin reparo alguno ya que del documento allegado \u00aben ning\u00fan momento se interpuso tacha o desconocimiento de los mismos (\u2026), tienen plena validez y cumplimiento [y la tutela] no es la instancia para ponerlo en duda\u00bb. Asever\u00f3 que en relaci\u00f3n con la plantaci\u00f3n de madera no se requer\u00eda presentar t\u00edtulo, y que dada su \u00abreconocida\u00bb actividad de comerciante, \u00abtodos los actos de se\u00f1or y due\u00f1o se vinieron ejerciendo de forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb hasta la diligencia de secuestro cuando \u00abtodos los trabajos quedaron suspendidos [retom\u00e1ndose] con el acta de entrega del 30 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. El Inspector Municipal de Polic\u00eda de Santa Rosa de Osos, se abstuvo de realizar pronunciamiento en tanto esa oficina \u00abno es parte en dicho proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al concluir \u00abque pese a alegarse la calidad de propietario por el se\u00f1or Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n, el incidente propuesto ten\u00eda como presupuesto para su prosperidad la calidad de poseedor de quien lo elevara, la cual infiri\u00f3 de la propiedad que dijo ostentar, por lo que las pruebas se practicaron en tal sentido, posibilit\u00e1ndose a la parte accionante la contradicci\u00f3n\u00bb, y con ellas, el incidentante \u00abdefendi\u00f3 el derecho a la posesi\u00f3n que le otorga aquel y que aleg\u00f3 haber adquirido desde la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa que suscribi\u00f3 para la obtenci\u00f3n de la madera del cultivo de pino\u00bb, por tanto, las premisas de que se valieron los accionados \u00abno surgieron de una posici\u00f3n caprichosa, ni arbitraria, ni de una interpretaci\u00f3n il\u00f3gica e irrazonable de las normas jur\u00eddicas que soportaron la decisi\u00f3n [y] tampoco puede alegarse incongruentes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los promotores del resguardo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, pues \u00abaunque el juzgado llev\u00f3 las etapas procesales sin pretermitir actuaci\u00f3n alguna, se consolida esta v\u00eda de hecho, en el momento que el fallador resuelve el incidente, y solo hasta ese instante le da la calidad de poseedor al incidentista, cuando el mismo nunca invoc\u00f3 en el escrito de incidente, como los medios probatorios tal calidad\u00bb, en tanto que \u00ablo \u00fanico que prob\u00f3 dentro de la litis, fue haber sido un promitente comprador que desisti\u00f3 del negocio jur\u00eddico y decidido quedar a la espera del resultado del incidente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los herederos demandantes, al acceder al incidente de levantamiento de cautelas promovido dentro del juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2019-00090, o si, por el contrario, dicha determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del juzgador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien el reproche tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra la providencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de dicha localidad, el actual examen se circunscribir\u00e1 a la resoluci\u00f3n de su superior funcional, por corresponder a la que resolvi\u00f3 el caso tra\u00eddo para su debate constitucional, pues al respecto se ha dicho que \u00abes inane detenerse [a revisar la decisi\u00f3n inicial, cuando esta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada en STC16133-2021, 26 nov. 2021, rad. 00043-01, entre otras). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al reclamo constitucional y con vista en las copias de las piezas procesales adosadas al expediente, y en especial el prove\u00eddo de segundo grado contra la cual se enfil\u00f3 el ataque, se establece que la denegaci\u00f3n del auxilio habr\u00e1 de ser ratificada, por cuanto tal decisi\u00f3n no constituye defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. En efecto, para confirmar el auto dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos el 25 de enero de 2021, mediante el pronunciamiento del 12 de agosto de la misma anualidad, el ad quem, con fundamento en la normativa aplicable, despleg\u00f3 una actividad argumentativa fundada en las pruebas obrantes en el expediente, y ese sentido razon\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la incongruencia alegada no se presenta y por el contrario, es indicativa de que el se\u00f1or Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez (\u2026), ejerc\u00eda al momento de practicarse el secuestro, esto es, el d\u00eda 20 de mayo de 2019, la posesi\u00f3n del cultivo de pino p\u00e1tula plantado en la finca Las Margaritas, bien inmueble identificado con matr\u00edcula 025-28062 de propiedad del se\u00f1or Francisco Luis Arboleda Lopera, pues como se indic\u00f3 (\u2026), para que se defina de manera favorable una oposici\u00f3n a la diligencia de embargo y secuestro, existe un requisito indispensable el cual es eminentemente de car\u00e1cter probatorio como es el de que, \u201cel opositor deber probar que al momento de practicarse el secuestro, ten\u00eda la posesi\u00f3n material del bien secuestrado\u201d, lo que se itera se hizo, pues la norma no establece que el opositor tenga que probar o exhibir registro o t\u00edtulo de propiedad alguna. <\/p>\n
(\u2026) Respecto a la prueba documental, se alleg\u00f3 con el escrito de incidente, contrato civil de compraventa de madera en pie, suscrito el d\u00eda 12 de febrero de 2019 entre los se\u00f1ores Mar\u00eda Lucelly Arboleda de Arboleda e Isaac Liborio Arboleda Restrepo, actuando en representaci\u00f3n del se\u00f1or Francisco Luis Arboleda Lopera conforme al poder otorgado mediante escritura N\u00b0 65 otorgada el d\u00eda 19 de enero de 2011 en la Notar\u00eda Quinta de Medell\u00edn, y Alba Luc\u00eda Arboleda Restrepo como vendedores, y Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez como comprador, documento con diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento privado ante notaria; documento contentivo de compraventa de cultivo de pino p\u00e1tula ubicado en la finca Las Margaritas (\u2026), suscrito el d\u00eda 1\u00b0 de marzo de 2011 entre los se\u00f1ores Mar\u00eda Lucelly Arboleda (\u2026). <\/p>\n
Frente a la prueba testimonial, se escuch\u00f3 en interrogatorio al incidentista Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez, quien bajo la gravedad del juramento manifest\u00f3 haber comprado a la se\u00f1ora Alba Luc\u00eda Arboleda, la pinera objeto de la diligencia de secuestro, pasando a ser propietario cuando le entregaron, iniciando trabajos all\u00ed cuando se instal\u00f3, haciendo adecuaciones e instalaci\u00f3n de energ\u00eda en la casa, acord\u00e1ndose como pago, una casa de habitaci\u00f3n ubicada en el barrio Boston de Santa Rosa, avaluada en ciento ochenta millones de pesos M.L. ($180.000.000) y cien millones de pesos ($100.000.000) en dinero, d\u00e1ndole un a\u00f1o para pagarle, cincuenta durante los primeros seis meses y el resto al a\u00f1o, agregando que no le cumplieron el negocio por el proceso de sucesi\u00f3n [y aunque -por acuerdo entre los abogados- hubo suspensi\u00f3n temporal de actividades] para la fecha del embargo, hab\u00eda empezado el trabajo, ten\u00eda algunas mulas en la propiedad sacando igualmente alguna madera (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) De otro lado (\u2026) se escuch\u00f3 a lo se\u00f1ores Aristides Enrique Arboleda Torres y Mar\u00eda Estella Rivera, quienes de una u otra forma ratifican los dichos del incidentista. En efecto, Aristides indic\u00f3 haber sido el administrador de la finca Las Margaritas, agregando que quien cultiv\u00f3 la pinera fue el se\u00f1or Mauricio M\u00fanera a quien el se\u00f1or Francisco Luis Arboleda Lopera le vendi\u00f3 la finca, pero como aquel incumpli\u00f3, la devolvi\u00f3 a la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucelly Arboleda, quien a su vez la vendi\u00f3 al se\u00f1or Le\u00f3n Castrill\u00f3n en el mes de febrero del a\u00f1o 2019, cambi\u00e1ndola a un apartamento, encim\u00e1ndose una plata. Por su parte, Mar\u00eda Estella Rivera se\u00f1al\u00f3 que el propietario del bien era el se\u00f1or Francisco Luis Arboleda quien le dio poder a la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucelly y a Liborio su esposo, quienes le vendieron [la pinera] a la se\u00f1ora Alba Luc\u00eda Lopera (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los medios de prueba cuya pr\u00e1ctica solicitaron los incidentados, el accionado precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se escucharon los testimonios de Pancracio de Jes\u00fas Herrera Mesa, Mauricio de Jes\u00fas M\u00fanera Gonz\u00e1lez, Carlos Mario Lopera Bedoya, Piedad Arboleda Restrepo y Oscar Mario Arboleda Restrepo. El primero (\u2026), indici\u00f3 que el propietario de la pinera es el se\u00f1or Francisco Arboleda, agregando que el se\u00f1or Mauricio hab\u00eda comprado la finca a mediados del a\u00f1o 2009, pero que el negocio se hab\u00eda da\u00f1ado, volviendo la finca a manos de don Francisco, expresando s\u00ed, que la madera, refiri\u00e9ndose a la pinera, se la hab\u00eda vendido a don Le\u00f3n, pero que eso era un patrimonio y que la hab\u00edan vendido a espaldas de los hermanos. Los otros deponentes, a excepci\u00f3n del se\u00f1or Oscar Mario Arboleda Restrepo, quien indic\u00f3 que su hermana Luc\u00eda le hab\u00eda dicho que hab\u00eda hecho un cambio de la pinera por una casa y una plata, y que eso era reserva del sumario que a nadie le interesaba lo que hab\u00eda hecho, insinuaron no conocer del negocio de la venta\u00bb. <\/p>\n
Sobre los testimonios decretados de oficio, dijo que: <\/p>\n
\u00abfueron escuchados los se\u00f1ores Nora Cecilia, Mar\u00eda Lucelly y Alba Luc\u00eda Arboleda Restrepo, as\u00ed como tambi\u00e9n lo se\u00f1ores Liborio Arboleda, esposo de Mar\u00eda Lucelly y Francisco Luis Arboleda Lopera, propietario de la finca Las Margaritas donde se encuentra planteado el cultivo de pinos que es objeto de litigio. La primera [dijo] que el due\u00f1o de la pinera es su se\u00f1or padre Francisco y que se enter\u00f3 de la venta de la madera realizada por la se\u00f1ora Luc\u00eda, al inicio del proceso de sucesi\u00f3n de su se\u00f1ora madre. (\u2026) Los se\u00f1ores Francisco Luis Arboleda Lopera, quien es el propietario de la finca Las Margaritas (\u2026), Mar\u00eda Lucelly Arboleda Restrepo y Alba Luc\u00eda Arboleda Restrepo, son coincidentes y concordantes en lo esencial, respecto de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y valor de la venta de la madrea inicialmente a esta \u00faltima, lo cual hizo Mar\u00eda Lucelly Arboleda y su esposo Liborio Arboleda por poder que otorgara el se\u00f1or Francisco Arboleda, al se\u00f1or Le\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n \u00c1lvarez. <\/p>\n
Por \u00faltimo, (\u2026) se recibi\u00f3 respuesta del ICA mediante la cual remiten copia del registro de cultivos forestales 44606-5-954 de 12 de octubre de 2011, donde se consigna que el titular del registro del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 025-2828062, es el se\u00f1or Francisco Luis Arboleda Lopera (\u2026), siendo la especie cultivada \u201cPinus patula\u201d, se\u00f1alando como a\u00f1o de establecimiento el 2010\u00bb. <\/p>\n
Y tras lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abde la prueba tanto documental como testimonial acopiada, puede decirse, sin dubitaci\u00f3n alguna, que al momento en que se adelant\u00f3 la diligencia de secuestro del cultivo de pinos ubicado o plantado en la finca Las Margaritas de propiedad del se\u00f1or Francisco Luis Arboleda Lopera el d\u00eda 20 de mayo de 2019, era poseedor del mismo as\u00ed se haya alegado propiedad, lo cual no fue desvirtuado, no obstante hacerse alusi\u00f3n a la que no ejecuci\u00f3n del contrato, lo cual fue truncado precisamente por la diligencia de secuestro practicado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Se reitera que la acci\u00f3n es inviable cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no es fuente del amparo, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC12573-2021, 23 sep. 2021, rad. 00302-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la cr\u00edtica a la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el despacho querellado, la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada en STC11389-2021, 2 sep. 2021, rad. 00619-01, entre otras). <\/p>\n
En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador del auxilio para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por los reclamantes es anteponer su propio criterio al del accionado y reprochar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues esta no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Atendiendo lo antes discurrido, se avalar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, habida cuenta que la determinaci\u00f3n que los actores censuran, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante este mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC208-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC208-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2021-00237-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. Actuando en su propio nombre, los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60625","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60625\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}