STC247-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC247-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 20001-22-14-000-2021-00306-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Nelly Fonseca de Bonett contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, ambos de Valledupar. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jos\u00e9 Abel Castro, Fabi\u00e1n Daza Visbal, Pedro Loperena Nieves y Esteban Romero Alfaro. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, protecci\u00f3n especial a las v\u00edctimas de desplazamiento forzado y personas de la tercera edad, presuntamente conculcados en el proceso 20001-31-03-002-2009-00058-00. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que fue v\u00edctima de desplazamiento forzado el 27 de marzo de 1987, por lo que ella y su familia, \u00abfuimos obligados a desocupar el predio rural de nuestra propiedad denominado COROZAL, ubicado en el corregimiento de aguas blancas, municipio de Valledupar\u00bb, con matr\u00edcula inmobiliaria 190-21732, inmueble que \u00abfue ocupado de manera irregular por los se\u00f1ores FABIAN DAZ VISBAL, ESTEBAN ROMERO ALFARO, JOSE ABEL CASTRO, PEDRO LOPERENA NIEVES\u00bb. <\/p>\n
En el 2008 regres\u00f3 al municipio de Valledupar y solicit\u00f3 a la Personer\u00eda Municipal \u00abla protecci\u00f3n jur\u00eddica consagrada en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 127 de la ley 1152 de 2007, especial para la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado, la cual fue inscrita y consta en la anotaci\u00f3n 7 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No 190-21732\u00bb. <\/p>\n
Interpuso una demanda reivindicatoria contra los ocupantes del predio Corozal, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar. Notificados los accionados, presentaron una demanda de reconvenci\u00f3n solicitando la declaraci\u00f3n de pertenencia del predio, por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Durante el tr\u00e1mite de ese proceso solicit\u00f3, ante la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, \u00abla inscripci\u00f3n ante el registro \u00fanico de tierras abandonadas, el cual me fue denegado, sin desconocer mi condici\u00f3n de v\u00edctima de desplazamiento forzado, en raz\u00f3n que el art\u00edculo 75 de la ley 1448 de 2011 solo se aplica a los predios abandonados con anterioridad al 1 de enero de 1991, y la fecha de nuestro desplazamiento fue el 27 de marzo de 1987\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el mencionado Despacho remiti\u00f3 el proceso al Juzgado Primero del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, que profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 30 de julio de 2014 negando las pretensiones iniciales y accediendo a la declaratoria de pertenencia, por prescripci\u00f3n extraordinaria, solicitada en reconvenci\u00f3n1. Afirm\u00f3 que contra esa providencia su apoderado, \u00abcontrariando mis indicaciones y sus obligaciones profesionales no interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; luego, para enmendar su \u00abnegligencia\u00bb, propuso un incidente de nulidad, que fue rechazado por improcedente, al igual que los recursos en su contra. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el fallo referido, manifest\u00f3 que no se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n correcta del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 190-12732, \u00abpues en la anotaci\u00f3n No 7 de este se manifiesta una medida cautelar de prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n o transferencia de derechos sobre el predio objeto de la providencia, esta anotaci\u00f3n fue registrada el 15-05 2008, se hizo con base en el Titulo VII, Capitulo II de la ley 1152 de 2007 sobre \u2018ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA\u2019 \u00bb y que, a pesar de que esa ley fue declarada inexequible, \u00abde dicha anotaci\u00f3n se prueba inequ\u00edvocamente mi condici\u00f3n de v\u00edctima de desplazamiento forzado\u00bb, lo cual no le permiti\u00f3 ejercer su derecho, circunstancia que no tuvo en cuenta el fallador y constituye una v\u00eda de hecho, por defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
Dijo que, \u00abmediante sentencia C- 466 de 2014 se declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil bajo el entendido que la usucapi\u00f3n extraordinaria se suspende a favor de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado, que por esta circunstancia se han visto ante la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de propiedad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al agotamiento de los medios de defensa ordinarios, se\u00f1al\u00f3 que no interpuso recurso de apelaci\u00f3n, pero que \u00abesta situaci\u00f3n me est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, ya que la no aplicaci\u00f3n del precedente Constitucional configurado [en] la sentencia C-466 de 2014\u00bb vulnera sus derechos fundamentales, le genera un detrimento \u00abmoral como material\u00bb y la revictimiza. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez argument\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de sus derechos es continua y actual por parte del Estado Colombiano, dado que abandon\u00f3 su tierra por causa del desplazamiento, se le neg\u00f3 la inscripci\u00f3n en el registro \u00fanico de tierras abandonadas y se profiri\u00f3 la sentencia cuestionada. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse deje sin efectos la sentencia de 30 de julio de 2014 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Descongesti\u00f3n de Valledupar el cual avoc\u00f3 el conocimiento del proceso proveniente de Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, para dictar sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar manifest\u00f3 que la acci\u00f3n era improcedente, por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad y porque no justific\u00f3 las razones de la tardanza. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que no profiri\u00f3 la sentencia acusada, \u00abconstituy\u00e9ndose una falta de legitimaci\u00f3n por causa activa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la acci\u00f3n de tutela no cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez, \u00abtoda vez que entre la emisi\u00f3n de la providencia que se cuestiona como vulneradora y la formulaci\u00f3n de este mecanismo constitucional, transcurrieron aproximadamente 7 a\u00f1os y 3 meses\u00bb, t\u00e9rmino que supera el lapso fijado por la jurisprudencia como razonable para interponer la acci\u00f3n, sin que exista motivo que justifique la tardanza. <\/p>\n
Advirti\u00f3, igualmente, que la promotora no present\u00f3 recurso contra el referido fallo, lo que evidencia la falta del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora argumentando que el Tribunal pas\u00f3 por alto que sus pretensiones tienen como fundamento su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado, por ser desplazada por la violencia, circunstancia que se acredit\u00f3 y que no fue objeto de consideraci\u00f3n, desconoci\u00e9ndose con ello el precedente jurisprudencial sobre las excepciones a la aplicaci\u00f3n de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, contenidas en las sentencias SU-599 de 2019 y T-129 de 2019. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia del 30 de julio de 2014, que neg\u00f3 las pretensiones reivindicatorias por ella incoadas y declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a favor de los accionados, pues, en su opini\u00f3n, se desconoci\u00f3 que la suspensi\u00f3n de su posesi\u00f3n tuvo origen en el desplazamiento forzado del que fue v\u00edctima junto a su familia. <\/p>\n
2. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia, en primer lugar, que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, exigido para la salvaguarda impetrada, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada -30 de julio de 2014- y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -22 de octubre de 2021-, el cual supera el t\u00e9rmino previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Frente a dicho requisito, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026) En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (Reiterada, entre otras, en STC7721-2020). <\/p>\n
Ahora bien, sostiene la accionante que se debe obviar la falta del mencionado requisito, en consideraci\u00f3n a que es justificada su tardanza a causa del desplazamiento forzado del que fue v\u00edctima; al respecto, la Sala considera que tal alegaci\u00f3n se desvirt\u00faa, si se tiene en cuenta que la interesada, en previa oportunidad, promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela, para controvertir la sentencia del 30 de julio de 2014, tr\u00e1mite constitucional que se adelant\u00f3 bajo el radicado 20001-22-13-000-2015-00025-01 y en el que esta Colegiatura desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n mediante fallo STC3342-2015 del 24 de marzo de 2015, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n. <\/p>\n
Se establece con lo anterior que el desplazamiento forzado al que alude la accionante no le ha impedido ejercer, con posterioridad a la decisi\u00f3n controvertida, la petici\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
Como corolario de lo expuesto, no se avizora hecho alguno que permita justificar la inactividad de la tutelante para formular la presente acci\u00f3n, en tanto no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar oportunamente por esta v\u00eda los yerros que endilga a la actuaci\u00f3n judicial referenciada. <\/p>\n
3. Adicionalmente, tampoco se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que como se indic\u00f3 en la tutela anterior, la interesada no controvirti\u00f3 la decisi\u00f3n censurada en la respectiva oportunidad. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab2. Delanteramente, debe decirse que la aqu\u00ed tutelante, Fonseca Bonett, tuvo conocimiento de la providencia de 28 de febrero de 2012, por medio de la cual se acept\u00f3 la dimisi\u00f3n del mencionado abogado, desde el 27 de marzo de esa anualidad, data en la cual se arrim\u00f3 al expediente el poder otorgado por ella a un nuevo apoderado (fl. 5 cdno. Corte), mandato que se comprob\u00f3, a\u00fan se encuentra vigente\u2026 <\/p>\n
4. Ata\u00f1edero a la sentencia de 31 de julio de 2014, tampoco prospera el ruego tuitivo, por el desconocimiento del principio de subsidiariedad, pues, al estar verificado que la accionante estaba debidamente representada, se debi\u00f3 haber atacado esa providencia a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, procedente de conformidad con la regla 351 del Estatuto Procesal Civil. <\/p>\n
De esta manera, se desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del juicio, la citada providencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso\u00bb (STC3342-2015). <\/p>\n
De manera que, a pesar de que la parte estuvo judicialmente representada, se desperdici\u00f3 la oportunidad con que contaba para cuestionar la decisi\u00f3n que se ataca en esta instancia constitucional y para formular, ante el competente, los reproches esbozados en esta sede, lo cual torna improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, debe precisarse que las alegaciones referidas al presunto incumplimiento de las obligaciones del profesional del derecho que la representaba, quien, seg\u00fan la tutelante, \u00abcontrariando mis indicaciones y sus obligaciones profesionales no interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, no viabilizan la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab\u2026sobre el punto objeto de controversia, se precisa que \u2018la contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado\u2019 (CSJ STC, 7 nov. 2013, rad. 2013-02516-00); adem\u00e1s, no se puede \u2018dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u2019 (CSJ STC, 29 ene. 2007, rad. 2006-00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u2018existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u2019 (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011-01601-01 y STC10177-2018)\u00bb (STC4839-2021). <\/p>\n
En este caso, se observa que la condici\u00f3n propuesta por la accionante -v\u00edctima de desplazamiento forzado- no le ha impedido ejercer sus derechos y el deber de vigilancia mencionado, toda vez que, como se ha vislumbrado, otorg\u00f3 poder a un abogado, dio \u00abindicaciones\u00bb a aqu\u00e9l para que recurriera el fallo de primera instancia, quien posteriormente \u00abinterpuso un incidente de nulidad el cual fue rechazado por improcedente\u00bb y, adem\u00e1s, promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela previa, en la que cuestion\u00f3 el fallo del 30 de julio de 2014, alegando tambi\u00e9n su calidad de \u00abdesplazada por la violencia, y (\u2026) sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. Igualmente, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, por no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del mismo, alegaci\u00f3n que, en todo caso, no torna per se ilegal la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Por auto del 23 de febrero de 2015, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar reasumi\u00f3 el conocimiento del proceso, para adelantar tr\u00e1mite posterior a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
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