STC248-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC248-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2021-00334-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada en el proceso ejecutivo hipotecario 76001-3103-004-2019-00713-00. <\/p>\n
En sustento de su queja sostuvo que los se\u00f1ores Guillermo Garz\u00f3n Ospina y Gloria Mar\u00eda Grueso S\u00e1nchez suscribieron contrato de mutuo comercial con el Banco Av Villas en 1999, en UPACS, obligaci\u00f3n amparada en la hipoteca abierta de primer grado constituida en la escritura p\u00fablica de compraventa 3815 del 28 de junio de 1996. <\/p>\n
Una vez incurrieron en mora, el Banco y FOGAFIN iniciaron proceso ejecutivo hipotecario en septiembre de 2001, que se adelant\u00f3 ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali bajo el radicado 2001-00488. En esa demanda la entidad financiera indic\u00f3 que efectu\u00f3 reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999, la sentencia C-955 del 2000 y la Circular 007 del 2000 de la Superintendencia Bancaria, \u00abobteni\u00e9ndose una reducci\u00f3n de $9.957.804, la cual fue aplicada retroactivamente al 01 de enero de 2000\u00bb. <\/p>\n
Luego de librarse mandamiento de pago, se profiri\u00f3 sentencia el 10 de julio de 2006 decretando, entre otros, la venta en p\u00fablica subasta del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 370-450939. <\/p>\n
El 26 de marzo de 2010 se radic\u00f3 ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali \u00abdocumento donde consta la cesi\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito realizada por la Compa\u00f1\u00eda REESTRUCTURADORA DE CR\u00c9DITOS DE COLOMBIA, quien a su vez hab\u00eda sido cesionaria del Banco AV VILLAS a favor de FRANCISCO RAUL MEDINA TOBON (\u2026)\u00bb, cesi\u00f3n aceptada por auto del 2 de agosto de 2010 y, en consecuencia, se tuvo al se\u00f1or Medina Tob\u00f3n como demandante. <\/p>\n
Adujo que, encontr\u00e1ndose en etapa de ejecuci\u00f3n de la sentencia, por solicitud de los demandados, mediante auto del 6 de mayo de 2015, se dispuso \u00abTERMINAR anormalmente este proceso ejecutivo, por falta de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, al no cumplirse con el requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, confirmado por el Tribunal Superior de Cali el 30 de noviembre de 2015. Contra esa decisi\u00f3n se present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, denegada por la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Posteriormente, present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n, \u00abcon el fin de que se convocara a los se\u00f1ores GUILLERMO GARZ\u00d3N OSPINA y GLORIA MARIA GRUESO SANCHEZ, para llevar a cabo la REESTRUCTURACI\u00d3N DE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb, quienes no asistieron pese a ser notificados y de lo cual se dej\u00f3 constancia en el acta de audiencia el 3 de abril de 2019, sin que presentaran justificaci\u00f3n alguna por la inasistencia. <\/p>\n
Con base en esa actuaci\u00f3n, instaur\u00f3 nuevamente una demanda ejecutiva hipotecaria, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali con radicado 76001-40-03-004-2019-00713-00, tr\u00e1mite en el que se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo el 7 de octubre de 2019, que fue revocado, mediante auto del 10 de marzo de 2021, al resolverse el recurso de reposici\u00f3n en su contra. Igualmente, se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y se conden\u00f3 en costas al demandante, todo ello, bajo el argumento de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del promotor. <\/p>\n
Frente a esa decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, el de apelaci\u00f3n, rechaz\u00e1ndose de plano el primero y concedi\u00e9ndose el segundo, que fue desatado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali en providencia del 9 de julio de 2021, en la que se confirm\u00f3 lo decidido por el a quo, pero en raz\u00f3n a que no se hab\u00eda cumplido con el requisito de la reestructuraci\u00f3n, dado que, para tal fin, no era id\u00f3neo el tr\u00e1mite adelantado ante el Centro de Conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, el actor argument\u00f3 que como persona natural no puede exig\u00edrsele el tr\u00e1mite de la reestructuraci\u00f3n ante la Superintendencia Financiera, dado que tanto la Sala Civil del Tribunal de Cali como la referida Superintendencia \u00abhan establecido que esa entidad NO ES COMPETENTE para conocer de las solicitudes de restructuraci\u00f3n relacionadas con cr\u00e9ditos de vivienda donde \u00fanicamente est\u00e1n involucradas personas naturales\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s que, de acuerdo con la jurisprudencia del se\u00f1alado Tribunal, \u00abla reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n se entiende agotada cuando el deudor o los deudores contaron con la oportunidad de replantear las condiciones de pago\u00bb, as\u00ed que tampoco se pod\u00eda exigir una reestructuraci\u00f3n unilateral del cr\u00e9dito, pues esta \u00abtal como est\u00e1 concebida en la sentencia SU-787 de 2012 es una herramienta que exige como requisito indispensable que exista falta de acuerdo entre el acreedor y el deudor, aspecto este que no se dio en el presente asunto, pues como ya se advirti\u00f3, los deudores fueron reticentes en comparecer ante el centro de conciliaci\u00f3n\u00bb. Aunado a ello, asegur\u00f3 que no contaba con la informaci\u00f3n sobre la capacidad de pago de los deudores para adelantar la reestructuraci\u00f3n por su cuenta, quienes de todos modos la habr\u00edan objetado, pues lo que persiguen es la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n. <\/p>\n
En tal medida, se\u00f1al\u00f3 que no se le puede impedir al acreedor que reclame judicialmente la obligaci\u00f3n y que los requisitos impuestos son violatorios del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abREVOCAR la decisi\u00f3n judicial que dio por terminado el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en contra de los deudores\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali manifest\u00f3 que con su decisi\u00f3n no estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n del cesionario demandante de acudir a la Superintendencia Financiera para lograr la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues solamente \u00abnos limitamos a dar aplicaci\u00f3n a la jurisprudencia mencionada, donde se considera la falta de legitimaci\u00f3n en la causa para que una persona natural se constituya en acreedor de un cr\u00e9dito de vivienda con las caracter\u00edsticas especiales que envisten la constituci\u00f3n en el antiguo sistema UPAC\u00bb; adem\u00e1s, destac\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada en sede de tutela era la proferida por el ad quem, sobre la cual se limit\u00f3 a obedecer lo resuelto por el superior. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali rechaz\u00f3 los hechos que se enuncian como vulneradores y se remiti\u00f3 al contenido de la providencia atacada. <\/p>\n
3. Los se\u00f1ores Guillermo Garz\u00f3n Ospina y Gloria Mar\u00eda Grueso S\u00e1nchez argumentaron que \u00abel ejecutante no plante\u00f3 una f\u00f3rmula de pago seria, que integrara adecuadamente los valores de la acreencia en UPAC, reliquidados conforme a la ley 546 de 1999 y luego redenominados en UVR, y no inconsultamente en pesos como lo tiene vedado la jurisprudencia constitucional\u00bb y, por tanto, no se pod\u00eda ejecutar la obligaci\u00f3n originada en un cr\u00e9dito de vivienda. <\/p>\n
Agregaron que la providencia del Tribunal Superior de Cali, tomada como referente por el actor, no era l\u00ednea jurisprudencial y que no se refer\u00eda a un caso semejante, puesto que aquel asunto \u00abse edific\u00f3 en raz\u00f3n a la exigencia que se le hac\u00eda al acreedor en cumplir los requisitos dispuestos en la SU-813 de 2007, para que se diera por cumplida la figura de la reestructuraci\u00f3n, precedente judicial que el superior adujo que no se aplicaba en ese asunto en particular por sus razones all\u00ed vertidas, en cambio en el asunto de esta acci\u00f3n de tutela, el juez aplica las exigencias incorporadas en la SU-787 de 2012, para dejar claro los caminos dispuestos que el acreedor, bien persona natural o jur\u00eddica, deb\u00edan cumplir, para que se diera por entendida o cumplida la figura de la reestructuraci\u00f3n\u00bb, la cual, si bien puede nacer de un acuerdo entre las partes, no se puede entender suplido con el documento que indica que la conciliaci\u00f3n fue fracasada, \u00absino que debe acompa\u00f1arse de una f\u00f3rmula de pago seria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la determinaci\u00f3n cuestionada no fue caprichosa o subjetiva y se emiti\u00f3 de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito de tutela. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el tutelante que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 9 de julio de 2021, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali confirm\u00f3 el prove\u00eddo del 10 de marzo de 2021, que revoc\u00f3 el mandamiento de pago emitido en el proceso 2019-00173, pues, en su criterio, el requisito de reestructuraci\u00f3n para proceder a ejecutar el cr\u00e9dito de vivienda se supli\u00f3 con la fallida audiencia de conciliaci\u00f3n y, por tanto, la obligaci\u00f3n s\u00ed es exigible. <\/p>\n
En tal sentido, una vez estableci\u00f3 la viabilidad de cesi\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda a favor de una persona natural, continu\u00f3 su estudio sobre la falta de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. Al respecto, mencion\u00f3 que \u00ablos demandados adquirieron dos obligaciones, una de ellas el 30 de septiembre de 1999 correspondiente a cr\u00e9dito de vivienda en UPAC, de la cual no se aport\u00f3 su reestructuraci\u00f3n, exigencia contemplada en el art\u00edculo 42 \u00eddem, m\u00e1xime cuando para iniciar el proceso judicial en el que se ejerce la obligaci\u00f3n con garant\u00eda real, por la naturaleza de la misma, el t\u00edtulo base de la obligaci\u00f3n se torna complejo, siendo necesario adosar tal documento, pues de lo contrario no es exigible\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente sostuvo que, de acuerdo con el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, la reestructuraci\u00f3n es \u00ab\u2018el acuerdo jur\u00eddico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se d\u00e9 una nueva estructura crediticia a las operaciones de cr\u00e9dito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos\u2019\u00bb, tr\u00e1mite que igualmente es aplicable al cesionario \u00abya que el negocio no produce el efecto de la supresi\u00f3n o eliminaci\u00f3n de los beneficios y garant\u00edas que el legislador le ha conferido a los deudores en raz\u00f3n del bien jur\u00eddico constitucional de la vivienda digna\u00bb. Sobre ese aspecto extract\u00f3 jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en la que se se\u00f1al\u00f3 que \u00abla citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aquellos reemplazan en todo al cedente. Esta corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb1. <\/p>\n
Ahora bien, sobre lo pretendido por el ejecutante apelante, en cuanto a que se tuviera por agotado el tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n con el fracasado intento de conciliaci\u00f3n por inasistencia de los deudores, argument\u00f3 que \u00abtal documento por s\u00ed solo no es id\u00f3neo para tal fin, pues como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, de no lograrse el prop\u00f3sito al que fueron convocados los deudores, el acreedor cuenta dos mecanismos, primero \u2018acudir a la Superintendencia Financiera para que sea all\u00ed donde se defina lo relativo a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, cumpliendo con los requisitos previstos para ello, am\u00e9n que, no s\u00f3lo se aplica para las entidades financieras, sino tambi\u00e9n para los cesionarios, tal como antes se anot\u00f3\u2019 y, segundo \u2018\u2026 la realizaci\u00f3n \u2018unilateral\u2019 de la \u2018reestructuraci\u00f3n\u2019 es una posibilidad permitida por la \u2018jurisprudencia constitucional -SU-787 de 2012-\u2019, particularmente en aquellos eventos en los que no medie \u2018acuerdo entre acreedor y deudor\u2019, pero advirti\u00f3 que para que ese acto jur\u00eddico surta efectos \u2018es necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u2019\u2019\u00bb2 (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que \u00abse falta por completo al requisito de restructuraci\u00f3n, pues ni siquiera se plante\u00f3 una f\u00f3rmula de pago seria, que integre adecuadamente los valores de la acreencia en UPAC, reliquidados conforme a la ley 546\/99, luego redenominados en UVR y no inconsultamente en pesos como lo tiene vedado la jurisprudencia constitucional, de modo que se pueda considerar que existe ese procedimiento necesario para la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n originada en un cr\u00e9dito de vivienda\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abal no haberse allegado el t\u00edtulo complejo requerido por ende no resultar exigible la obligaci\u00f3n\u00bb, determin\u00f3 que \u00abno debi\u00f3 librarse mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, confirm\u00f3 el auto que revoc\u00f3 el mandamiento de pago y conden\u00f3 en costas a la parte demandante. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas, la normatividad y jurisprudencia relacionada de esta Corporaci\u00f3n, de forma que se evacuaron satisfactoriamente los argumentos reiterados en sede de tutela para controvertir el auto del 9 de julio de 2021. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en forma motivada y citando pronunciamientos emitidos por esta Corte -\u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n-, el Juzgado accionado sustent\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n s\u00ed le era exigible al cesionario ejecutante, quien ante la inasistencia de los deudores al tr\u00e1mite conciliatorio contaba con otros mecanismos para concretar la aludida reestructuraci\u00f3n, incluso en forma unilateral bajo el cumplimiento de los lineamientos jurisprudenciales citados, de manera que al no haberse surtido el tr\u00e1mite correspondiente no pod\u00eda intentarse ni continuarse la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
En este orden y como quiera que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 STC, rad. 02499-00, 31 de octubre de 2013. <\/p>\n
2\u0002 STC217-2020 de 23 de enero de 2020. Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-04230- 00 (Ver tambi\u00e9n STC2549-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC248-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC248-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2021-00334-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. El gestor […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60636","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60636"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60636\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}