STC262-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC262-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02391-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por el Centro Comercial Superbodega Maicao P.H. contra los Juzgado Quince Civil del Circuito y Treinta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 2017-015821. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas en el proceso de pertenencia con radicado 11001400303320170152100. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que promovi\u00f3 dos procesos declarativos de pertenencia, que fueron conocidos en primera instancia por el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 bajo los radicados 2017-01509-001 y 2017-01521-002, en los cuales, \u00abSalvo los inmuebles objeto de las demandas y los demandados: los hechos, las pretensiones y las pruebas de los escritos de demanda fueron id\u00e9nticas\u00bb, toda vez que el Centro Comercial \u00abtiene en posesi\u00f3n, quieta, pacifica e ininterrumpida\u00bb los locales mencionados en la demanda desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. <\/p>\n
No obstante, en el proceso 2017-01521 fueron denegadas las pretensiones en sentencia del 9 de diciembre de 2019, entre otras razones, por no evidenciarse posesi\u00f3n, sino mera tenencia de la demandante que ejerci\u00f3 como administradora o como agente oficiosa de los bienes, mientras que, en el proceso 2017-01509, se accedi\u00f3 a lo pretendido el 30 de julio de 2021. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que apel\u00f3 la sentencia desfavorable, argumentando que i) \u00abEl acto de la asamblea de copropietarios no es un requisito previsto por la ley para usucapir\u00bb, ii) no se valor\u00f3 la prueba en conjunto y iii) la imposibilidad de identificar e individualizar el bien con la inspecci\u00f3n judicial y el peritaje \u00abes prueba de la posesi\u00f3n, puesto que la eliminaci\u00f3n de los cerramientos que ten\u00edan los locales demandados, es justamente prueba de los actos de se\u00f1or\u00edo que dan cuenta del fen\u00f3meno posesorio\u00bb. La decisi\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia del 11 de agosto de 2021. <\/p>\n
Censur\u00f3 que i) \u00abLa disparidad en la administraci\u00f3n de justicia para con la accionante vulnera su derecho a la igualdad y, de paso, la seguridad jur\u00eddica (defecto sustantivo por desconocimiento del precedente horizontal)\u00bb, ii) \u00abLa ley no proh\u00edbe que la copropiedad intervierta su t\u00edtulo de mera tenedora a poseedora (defecto sustantivo) \u00bb, iii) \u00abLas pruebas del proceso s\u00ed acreditaban la interversi\u00f3n del t\u00edtulo (defecto f\u00e1ctico)\u00bb y iv) el ad quem \u00abno realiz\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n respecto de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n realizada por el apoderado de la aqu\u00ed accionante (defecto procedimental)\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se dejen sin efecto las sentencias proferidas en el proceso de pertenencia 2017-01521 y, en consecuencia, que se ordene al a quo proferir un nuevo fallo respetando los derechos fundamentales del Centro Comercial. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 sostuvo que, en el proceso 2017-01521, existi\u00f3 oposici\u00f3n \u00abpor parte del curador ad l\u00edtem que represent\u00f3 a la parte demandada y personas indeterminadas, quien formul\u00f3 las excepciones denominadas: (i) inexistencia de los presupuestos facticos y jur\u00eddicos (elementos axiol\u00f3gicos) propios de la prescripci\u00f3n adquisitiva; e (ii) innominada o gen\u00e9rica, amen que no existi\u00f3 un allanamiento a las pretensiones de la demanda por parte de la pasiva\u00bb, en tanto que, en el proceso 2017-01509, no se present\u00f3 oposici\u00f3n de la demandada, aunado al hecho de que el representante legal de la sociedad S\u00faper Centro Comercial Maicao en liquidaci\u00f3n confes\u00f3 en su declaraci\u00f3n que \u00abse desentendi\u00f3 de la administraci\u00f3n y posesi\u00f3n de los inmuebles, como la fecha desde que los hizo (\u2026)\u00bb y \u00abnarr\u00f3 las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que abandon\u00f3 los locales comerciales y ratific\u00f3 que la copropiedad demandante ingres\u00f3 a los mismos ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb; adem\u00e1s, en ese asunto \u00abse pudo constatar el momento a partir del cual la demandante (accionante) empez\u00f3 a ejercer actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre tales bienes\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en los referidos procesos, \u00abno existe identidad de partes, objeto, pretensiones, como tampoco de condiciones y pruebas\u00bb y que, en el sumario 2017-01521, se negaron las pretensiones de la demanda, por no encontrarse reunidas las exigencias previstas por la reiterada jurisprudencia para adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva los inmuebles all\u00ed solicitados. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 destac\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela y a\u00f1adi\u00f3 que la sentencia controvertida se apeg\u00f3 a las normas y jurisprudencia sobre la posesi\u00f3n e interversi\u00f3n del t\u00edtulo de mero tenedor a poseedor, sopesadas con los medios probatorios existentes, raz\u00f3n por la que se opuso a las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que lo alegado por la accionante \u00abse limita a lo que el considera es la correcta aplicaci\u00f3n de la normatividad\u00bb y \u00abpretende imponer su parecer con generalidades\u00bb que no constituyen una discusi\u00f3n constitucional sino legal. Argument\u00f3 que la actora exigi\u00f3 como precedente la aplicaci\u00f3n de una sentencia proferida con posterioridad al fallo de primera instancia cuestionado y, seg\u00fan lo informado por los convocados, los asuntos \u00abtuvieron un desarrollo procesal diferente, en la medida en que hubo medios exceptivos y pruebas practicadas diferentes, que bien soportan conclusiones dis\u00edmiles, por tanto, no se advierte vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad reclamado y se desvirt\u00faa los defectos que se pregonan\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que la sentencia de segunda instancia fue soportada con el acervo probatorio y la jurisprudencia, que permitieron establecer que no hubo interversi\u00f3n del t\u00edtulo, \u00abpuesto que no se demostr\u00f3 el \u00e1nimo, en tanto, no est\u00e1 claro el momento de rebeld\u00eda frente al desconocimiento del propietario del bien, por lo cual, el pago de impuestos y la suscripci\u00f3n de contratos de arrendamiento no son suficientes para desvirtuar la calidad de administrador y por el contrario, probar la calidad de actuar como se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien asegur\u00f3 que el fallo \u00aba) No se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de la petici\u00f3n; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar el pleno goce de un derecho fundamental, como lo establece la Constituci\u00f3n y la ley; c) Se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; d) Incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria\u00bb; adem\u00e1s, reiter\u00f3 los argumentos con los que sustent\u00f3 los alegados defectos, los cuales, en su opini\u00f3n, originan un perjuicio irremediable. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las sentencias de primera y de segunda instancia, proferidas el 9 de diciembre de 2019 y el 11 de agosto de 2021, respectivamente, mediante las cuales los Despachos accionados denegaron las pretensiones de la demanda en el proceso 2017-01521, pues, en su criterio, se realiz\u00f3 una inadecuada valoraci\u00f3n de las pruebas y las normas que gobiernan el asunto, aunado al hecho de que el a quo resolvi\u00f3 de manera diferente y sin fundamento dos juicios id\u00e9nticos. <\/p>\n
2. Preliminarmente, advierte la Sala que, si bien la accionante dirigi\u00f3 su queja en contra de los fallos proferidos en primera y en segunda instancia, el correspondiente an\u00e1lisis se adelantar\u00e1 respecto del proferido por el ad quem, en raz\u00f3n a que fue esa la decisi\u00f3n que puso fin al proceso. <\/p>\n
3. Sobre el particular, en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo del 11 de agosto de 2021, adelantada en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la parte demandante expuso sus reparos, los cuales coinciden con los alegados en esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Por su parte, el curador ad litem designado para representar a los demandados determinados e indeterminados solicit\u00f3 confirmar la sentencia recurrida3, dado que no se demostr\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, pues los actos realizados por la demandante sobre esos bienes no los despleg\u00f3 en su condici\u00f3n de poseedor, sino como administrador de la propiedad horizontal y, por tanto, \u00abno hacen p\u00fablica su condici\u00f3n de poseedores\u00bb. Record\u00f3 que, en la propiedad horizontal, el animus o voluntad est\u00e1 sentada en la asamblea de copropietarios y cuando se indag\u00f3 sus actas para saber en qu\u00e9 momento aquella decidi\u00f3 \u00abhacerse con la posesi\u00f3n\u00bb de esas unidades privadas, \u00abnos encontramos que no es claro, no aparece prueba alguna que revele que (\u2026) los copropietarios decidan o decidiesen convertirse en poseedores (\u2026) y en ese sentido el animus de se\u00f1or y due\u00f1o que exige la posesi\u00f3n no aparece revelado, m\u00e1s all\u00e1 de las manifestaciones que hiciese el administrador y algunos de los trabajadores del administrador, como el contador y otras personas que participaron como testigos\u00bb. Agreg\u00f3 que, en las asambleas de propietarios, la copropiedad demandante no se presentaba como poseedora, \u00abque era una oportunidad fabulosa para que ejerciera sus actos de se\u00f1or\u00edo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el Despacho procedi\u00f3 a exponer los presupuestos procesales y delimitar la causa petendi, especificando los bienes inmuebles (locales comerciales) que se pretend\u00edan adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Comenz\u00f3 por analizar la calidad con la que fungi\u00f3 la demandante, asegurando que se trata de una persona jur\u00eddica, \u00abconformada por los propietarios de los bienes de dominio particular y su objeto ser\u00e1 la de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de inter\u00e9s com\u00fan de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de la propiedad horizontal, art\u00edculo 32, ley 675 de 2001. Por lo mismo, la representaci\u00f3n legal de la persona jur\u00eddica y la administraci\u00f3n corresponden a un administrador, cuyos actos y contratos que celebre en su ejercicio se radican en cabeza de la persona jur\u00eddica, art\u00edculo 50, ley 675 de 2001, por tanto, en tal calidad la persona jur\u00eddica es apenas un administrador de los bienes y servicios comunes de los propietarios, al igual que maneja los asuntos de inter\u00e9s com\u00fan de los propietarios, luego su calidad no es otra que la de mero tenedor de los bienes que administra\u00bb4. <\/p>\n
En ese orden procedi\u00f3 a estudiar los elementos configurativos de la posesi\u00f3n y la interversi\u00f3n del t\u00edtulo \u00abde mero tenedor a poseedor\u00bb y defini\u00f3 la prescripci\u00f3n como \u00abun modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse pose\u00eddo aquellas y no haberse ejercido estos durante cierto tiempo (\u2026) art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los presupuestos para la viabilidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, manifest\u00f3 que eran la \u00aba) posesi\u00f3n material en el demandante, b) que la posesi\u00f3n se prolongue por el t\u00e9rmino de ley, c) que se cumpla en forma quieta, pac\u00edfica, continua e ininterrumpida y d) que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesi\u00f3n sea susceptible de adquirirse por este fen\u00f3meno\u00bb, al igual que consider\u00f3 que deb\u00eda existir identidad entre el bien que se pretend\u00eda adquirir y el efectivamente pose\u00eddo. Sobre el primer elemento, expres\u00f3 que fue definido por el art. 762 del C.C. como \u00abla tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o (…)\u00bb, de donde se desprenden dos elementos: 1) la tenencia o aprehensi\u00f3n material del bien (corpus) y 2) \u00abel sentimiento del que tiene el bien como suyo en cuanto se\u00f1or y due\u00f1o de \u00e9l\u00bb (animus). <\/p>\n
Destac\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia, en la pr\u00e1ctica puede ocurrir que quien ostente un t\u00edtulo de mero tenedor se convierta en un poseedor, interversi\u00f3n o mutaci\u00f3n del t\u00edtulo que \u00abdebe manifestarse de manera p\u00fablica, con verdaderos actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo del titular y acreditarse plenamente por quien se dice poseedor, tanto lo relativo al momento en que oper\u00f3 la transformaci\u00f3n como los actos categ\u00f3ricos e inequ\u00edvocos que contradigan el derecho del propietario, pues para efectos de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se detent\u00f3 el bien a t\u00edtulo precario, que no conduce nunca a la usucapi\u00f3n y s\u00f3lo a partir de la posesi\u00f3n podr\u00eda llegarse a ella si se re\u00fanen los dos elementos a que se ha hecho referencia durante el tiempo establecido en la ley\u00bb5. <\/p>\n
Cit\u00f3 jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n, a fin de se\u00f1alar que \u00abla interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor en poseedor bien puede originarse en un t\u00edtulo o acto proveniente de un tercero o del propio contendor o tambi\u00e9n del frontal desconocimiento del derecho del due\u00f1o, mediante la realizaci\u00f3n de actos de explotaci\u00f3n que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para s\u00ed, o sea, sin reconocer dominio ajeno. (\u2026). M\u00e1xime que no se puede subestimar que de conformidad con los art\u00edculos 777 y 780 del C.C. la existencia inicial de un t\u00edtulo de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inici\u00f3 en ella\u00bb6. As\u00ed, si originalmente se arrog\u00f3 la cosa como mero tenedor \u00abdebe aportarse la prueba fehaciente de la interversi\u00f3n de ese t\u00edtulo, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequ\u00edvocamente, incluyendo el momento a partir del cual se revel\u00f3 contra el titular y empez\u00f3 a ejecutar actos de se\u00f1or y due\u00f1o, desconociendo su dominio, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido de posesi\u00f3n aut\u00f3noma y continua del prescribiente\u00bb7. <\/p>\n
Seguidamente enlist\u00f3 las pruebas obrantes en el plenario, entre ellas, las documentales, las testimoniales y la inspecci\u00f3n judicial practicada. Afirm\u00f3 que de ellas \u00abs\u00f3lo puede extraerse a simple vista que la persona jur\u00eddica actora, Centro Comercial S\u00faper Bodega Maicao Propiedad Horizontal, ha ejercido actos de administraci\u00f3n, explotaci\u00f3n o de manejo, como es, realizar pagos por vigilancia y aseo o celebrar contratos de arrendamiento, es decir, que s\u00f3lo nos puede revelar que est\u00e1 dentro del objeto que desarrolla la persona jur\u00eddica al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 32 de la ley 675 de 2001\u00bb8. Y, luego de citar jurisprudencia relacionada, dedujo que \u00abrealizar ciertos actos como el arrendar y percibir los c\u00e1nones (\u2026) atender a las reparaciones de una casa o terreno dados, no implican de suyo posesi\u00f3n, pues pueden corresponder a mera tenencia, ya que para ello han de ser complementados con el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026)\u00bb. Sobre el mismo aspecto, resalt\u00f3 m\u00e1s adelante que \u00abno es indispensable que quien pague ostente la condici\u00f3n de due\u00f1o o de poseedor del respectivo predio, amen que, con suma frecuencia, son costeados por meros tenedores\u00bb9. <\/p>\n
Sobre la prueba testimonial recaudada, adujo que \u00abse refiere a los actos que ha venido realizando la parte actora, como los diversos pagos de aseo y vigilancia, los contratos de arrendamiento, de todo lo cual este Despacho judicial como as\u00ed lo observo el a quo, existe una inocuidad de estas pruebas testimoniales para establecer en forma inequ\u00edvoca, tanto la conversi\u00f3n del t\u00edtulo como la prolongaci\u00f3n del se\u00f1or\u00edo por un tiempo no inferior a diez a\u00f1os continuos. Es que ni siquiera se puede establecer a partir de qu\u00e9 momento se realiz\u00f3 ese acto frontal de desconocimiento de su propietario para entrar a realizar actos de se\u00f1or\u00edo\u00bb10. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abTampoco la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial ayuda a los prop\u00f3sitos del apelante ya que en ella no acredita plenamente la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, como tampoco la posesi\u00f3n (\u2026) dando p\u00fablica demostraci\u00f3n de que su tenencia se ha tornado en posesi\u00f3n, de manera eficaz, no solo por su deseo\u00bb. <\/p>\n
De tal forma, concluy\u00f3 que no se evidenciaron los requisitos consignados en la jurisprudencia citada, pues las pruebas documentales y lo declarado por los testigos \u00abno constituyen de por s\u00ed, la interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb y que la detenci\u00f3n material en la forma demostrada \u00abno refleja propiamente el comienzo de un se\u00f1or\u00edo por parte de la actora (\u2026) sino una tenencia inclusive precaria respecto de los bienes. No es un comportamiento propio de quien pretende presentarse como due\u00f1o exclusivo y excluyente sobre un espec\u00edfico bien (\u2026)\u00bb11, razones por las cuales confirm\u00f3 la sentencia de primer grado y conden\u00f3 en costas a la parte apelante. <\/p>\n
Lo anterior, aunado al hecho de que no es procedente realizar el an\u00e1lisis respecto del fallo proferido por el Juzgado Treinta y tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 en el proceso 2017-01509, dado que no configura un precedente, am\u00e9n de que, seg\u00fan lo manifestado por ese Despacho, se profiri\u00f3 con posterioridad a la decisi\u00f3n del a quo y con presupuestos procesales diferentes. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
6. Igualmente, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, por no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del mismo, alegaci\u00f3n que, en todo caso, no torna per se ilegal la sentencia reprochada. <\/p>\n
7. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Contra la sociedad S\u00faper Centro Comercial Maicao en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Contra Armando Ot\u00e1lora Casta\u00f1eda y Mar\u00eda Teresa Orrego de Ot\u00e1lora. <\/p>\n
3\u0002 Minuto 37:37 <\/p>\n
4\u0002 Minuto: 55:15. <\/p>\n
5\u0002 En minuto 01:04:14 repite esta cita de la Sentencia del 8 de agosto de 2013, Rad. 2014-02044. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia de Casaci\u00f3n del 28 de abril de 1989, reiterada el 24 de junio de 2005, expediente 0927. Minuto 1:01:43: <\/p>\n
7\u0002 Minuto 1:07:48. <\/p>\n
8\u0002 Minuto 1:09:25. <\/p>\n
9\u0002 1:13:38. <\/p>\n
10\u0002 1:12:09. <\/p>\n
11\u0002 1:15:01. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC262-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC262-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02391-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60637","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60637","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60637"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60637\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60637"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60637"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60637"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}