STC263-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC263-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02463-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados S.A.S. contra el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 11001290000202001692901. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n y defensa, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial y dem\u00e1s documentos allegados, se coligen los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1.- En el decurso del proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 11001290000202001692901, que adelant\u00f3 Jenny Fernanda Pedraza contra la ahora tutelante, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profiri\u00f3 sentencia el 3 de junio de 2021, frente al cual Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados S.A.S. interpuso recurso de apelaci\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado. <\/p>\n
2.2.- La Superintendencia referida concedi\u00f3 el recurso impetrado, que fue admitido por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en auto del 2 de agosto de 2021, concediendo el t\u00e9rmino para sustentar la alzada, decisi\u00f3n en la que, seg\u00fan la accionante, \u00abincurri\u00f3 [en v\u00eda de hecho] al omitir la notificaci\u00f3n de la providencia\u00bb. <\/p>\n
2.3.- El 6 de septiembre de 2021, el Juzgado convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia del 3 de junio de 2021, porque no se present\u00f3 la correspondiente sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4.- La tutelante adujo que \u00abla superintendencia no inform\u00f3 a su solicitante un \u00e1pice de tal actuaci\u00f3n\u00bb y que \u00ablas actuaciones surtidas ante el Superior tampoco fueron comunicadas\u00bb. Agreg\u00f3 que s\u00f3lo se enter\u00f3 de las decisiones adoptadas por el Juzgado convocado cuando se profiri\u00f3 auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, \u00abPrimero: Se decreten como v\u00edas de hecho aquellas actuaciones del Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en las que incurri\u00f3 al omitir la notificaci\u00f3n de la providencia de 03 de agosto de 2021 y las subsiguientes que emanaron a partir de dicha providencia antes mencionada. Segundo: Dejar sin efectos el auto del 06 de septiembre de 2021, mediante el cual se consider\u00f3 desierto el Recurso de Apelaci\u00f3n interpuesto por la sociedad Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados S.A.S. Tercero. Ordenar al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que profiera ordene (sic) la adecuada notificaci\u00f3n de la providencia mediante la cual admiti\u00f3 el Recurso de Apelaci\u00f3n que la sociedad Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados S.A.S. interpuso en contra de la sentencia de fecha 03 de junio de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LA PARTE ACCIONADA <\/p>\n
E INTERVINIENTES <\/p>\n
1.- El Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 que, \u00abMediante auto del 2 de agosto del 2021, se admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta contra la sentencia proferida el 3 de junio de esta misma anualidad, por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura Asuntos Jurisdiccionales, y se concedi\u00f3 el t\u00e9rmino para que se sustentara la alzada, decisi\u00f3n que fue debidamente notificada e insertada en el sistema de informaci\u00f3n Justicia Siglo XXI\u00bb. <\/p>\n
Vencido el t\u00e9rmino concedido y, ante el silencio de la parte actora, \u00abse declar\u00f3 desierto el recurso a trav\u00e9s del auto emitido el 6 de septiembre de 2021, y se orden\u00f3 su devoluci\u00f3n a la entidad de origen; prove\u00eddo que igualmente fue legal y debidamente notificado por la secretar\u00eda del Juzgado, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno contra dicha decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(\u2026) no encuentra esta Entidad que se hubiese vulnerado los derechos alegados por el accionante, por cuanto las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio se concentran en acatar el procedimiento que las normas procesales establecen en cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del mismo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, sostuvo que \u00aben ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de informar sobre el tr\u00e1mite del recurso, ya que la concesi\u00f3n de dicho recurso se surti\u00f3 en estrados. Por el contrario, la accionante tiene el deber contin\u00fao (sic) de vigilancia del proceso, lo cual pod\u00eda efectuar a trav\u00e9s de los diversos canales que cuenta la Delegatura para conocer el estado de los procesos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- La Superintendencia de Sociedades pidi\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que la acci\u00f3n no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se acredit\u00f3 que la accionante hubiera \u00abformulado la solicitud de nulidad ante el funcionario judicial accionado, para que en el \u00e1mbito de su competencia determinara si existi\u00f3 o no alguna irregularidad en la notificaci\u00f3n de las providencias\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Por escrito allegado con posterioridad al fallo de primera instancia, Miguel Andr\u00e9s Rolong D\u00edaz, quien indic\u00f3 ser \u00abAbogado de Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados\u00bb, manifest\u00f3 ejercer el derecho de impugnaci\u00f3n frente a la providencia del 17 de noviembre de 2021, solicitando que \u00abse eleve esta impugnaci\u00f3n al ente Superior para que este decida de fondo sobre mis peticiones incoadas en la tutela que ante ustedes presente\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la sociedad Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n a que omiti\u00f3 notificar el auto del 2 de agosto del 2021, por medio del cual admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n del fallo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso con radicado 11001290000202001692901 y concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que se sustentara la alzada. Al respecto afirm\u00f3 que solo conoci\u00f3 las decisiones adoptadas por el Juzgado convocado cuando la Superintendencia de conocimiento dict\u00f3 el auto de obedecimiento al superior. <\/p>\n
Habi\u00e9ndose negado la petici\u00f3n de amparo en sentencia de primera instancia, el abogado Miguel Andr\u00e9s Rolong D\u00edaz, aduciendo ser el apoderado de la sociedad gestora y quien, de acuerdo con el expediente del proceso de marras1, actu\u00f3 como apoderado judicial de la ahora tutelante en dicho tr\u00e1mite, alleg\u00f3 escrito en el que manifest\u00f3 ejercer el derecho de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Pues bien, la Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, que neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto el impugnante, Miguel Andr\u00e9s Rolong D\u00edaz, no acredit\u00f3 su apoderamiento especial para intervenir en esta salvaguarda en nombre de Atl\u00e1ntica Casas y Prefabricados S.A.S., de manera que no est\u00e1 legitimado para atacar el veredicto de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y, por tanto, no es posible resolver de fondo la pretendida impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En asuntos similares, la Sala ha destacado que: <\/p>\n
\u00abEs evidente que en este asunto el mencionado profesional del derecho, carece de legitimidad para impugnar el fallo del Tribunal que tutel\u00f3 el derecho del debido proceso a favor de las accionantes (…), porque seg\u00fan lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto, si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial de la demandante en dicho proceso, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos\u00bb (se subraya) (CSJ ATC3027-2017, Reiterada en STC6395-2021 y STC10232-2021). <\/p>\n
En ese aspecto, debe se\u00f1alarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha establecido: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha considerado: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, el inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir requiere no s\u00f3lo que la parte o el interviniente se encuentren autorizados por la ley para recurrir, sino que con la providencia motivo de impugnaci\u00f3n se le hubiese ocasionado un perjuicio. La raz\u00f3n es sencilla: si la decisi\u00f3n no le causa ning\u00fan agravio no puede importarle su contenido y mucho menos demandar su revocatoria. Una pretensi\u00f3n de esa entidad est\u00e1 llamada al rechazo\u00bb (CSJ SP, 15 feb. 2010, rad. 31767) (ATP802-2021), citada en STC10545-2021. <\/p>\n
De manera que son los poderdantes, esto es, las personas cuyos intereses representan los abogados en los respectivos juicios, quienes pueden resultar afectados con las actuaciones all\u00ed surtidas y, en consecuencia, son las personas con inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n para impetrar y actuar en sede de amparo constitucional. Por tanto, para presentar o impugnar una acci\u00f3n de tutela, los togados deben contar con poder especial. <\/p>\n
En este sentido, precisa la Sala que, si bien Miguel Andr\u00e9s Rolong D\u00edaz remiti\u00f3 el escrito referido desde el correo electr\u00f3nico que la parte accionante refiri\u00f3 para efectos de notificaciones2, lo cierto es que esto no es suficiente para acreditar el apoderamiento o las facultades de representaci\u00f3n en esta instancia, pues el poder especial para tutelas, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, es aqu\u00e9l que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
En consecuencia, ante la falta de poder especial para representar en esta sede a la accionante y la ausencia de un agravio respecto del impugnante para censurar la providencia de primer grado, no hay lugar a efectuar estudio de fondo alguno, por lo que se ratificar\u00e1 el fallo objetado. <\/p>\n
3.- Lo anterior, sin perjuicio de resaltar lo resuelto por a quo constitucional, en cuanto a que de lo allegado a este tr\u00e1mite no se vislumbra que la sociedad accionante hubiera agotado previamente todos los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico tiene a su disposici\u00f3n para reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales, en concreto, la solicitud de nulidad de lo actuado con base en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por la presunta falta o indebida notificaci\u00f3n de las providencias dictadas por el Juzgado accionado y de las que se afirma solo se tuvo conocimiento cuando se dict\u00f3 el auto de obedecimiento al superior. <\/p>\n
Sobre el particular, ha manifestado la Corte que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un instrumento de protecci\u00f3n alternativo, con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, lo cual es improcedente. <\/p>\n
4.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acta de audiencia del 3 de junio de 2021 celebrada en el proceso con radicado No. 20-169029 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, obrante a folio 352 del archivo \u201c1620-169029-DemandaProtecci\u00f3nConsumidor.pdf\u201d del expediente de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 A folio 2 del archivo \u201c22OficioMiguelAndresRolongD\u00edaz2021-2463Dra-Garcia.pdf\u201d del expediente de tutela se encuentra constancia de remisi\u00f3n desde el correo electr\u00f3nico mrolong2017@gmail.com, el cual coincide con el correo de notificaciones referido en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
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