STC268-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC268-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2021-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Daniela C\u00e1rdenas Salazar contra el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Armenia y el se\u00f1or C\u00e9sar Orlando C\u00e1rdenas Cort\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos al m\u00ednimo vital, debido proceso, pronta y cumplida justicia y dignidad humana, presuntamente transgredidos por los accionados. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 20 de septiembre del 2021, la accionante impuls\u00f3 proceso ejecutivo en contra del se\u00f1or C\u00e9sar Orlando C\u00e1rdenas Cort\u00e9s con el fin de obtener el cumplimiento del acuerdo conciliatorio \u00abcelebrado al interior de Proceso Declarativo Radicaci\u00f3n No. 2019-00304-00, a efectos de que se le d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente al interior del mismo expediente conforme a lo se\u00f1alado en el Art\u00edculo 306 del CGP\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que, pese a lo anterior, a la fecha de radicaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, el Despacho accionado no hab\u00eda realizado pronunciamiento alguno y \u00abespecialmente no se ha producido la expedici\u00f3n del mandamiento de pago o el auto que niegue librar dicho mandamiento\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene al juzgador \u00abpronunciarse sobre la solicitud de ejecuci\u00f3n en el proceso con Radicaci\u00f3n63001311000120190030499\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Armenia inform\u00f3 que, en virtud del ejecutivo incoado, \u00abse requiri\u00f3 en varias oportunidades al enlace del despacho con el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia de la localidad con el fin de que se subiera al sistema el expediente virtual contentivo del proceso de alimentos radicado al nro. 2019.00304-00, siendo necesario contar con el mismo para poderse resolver en derecho el pedimento de ejecuci\u00f3n; verific\u00e1ndose la vigencia, legalidad y otros aspectos necesarios de la obligaci\u00f3n alimentaria reclamada y del propio t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo. Advirti\u00e9ndose a decir de la tutelante que al parecer ha transcurrido un (1) mes de mora en el pago respecto a su progenitor\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, sostuvo que solo hasta el 25 de octubre del 2021 fue posible efectuar el ingreso del expediente virtual del proceso declarativo a la \u00abestanter\u00eda digital del despacho\u00bb. A su turno, y comoquiera que hasta el 10 de noviembre \u00abtuve conocimiento de lo acontecido dentro del presente asunto, por informaci\u00f3n de Auxiliar judicial de dicha judicatura, le inform\u00f3 que no se alcanz\u00f3 a notificar en el d\u00eda del hoy el auto Honorable Magistrado, pero se le env\u00eda copia del mismo para que tenga conocimiento de la decisi\u00f3n de despacho que en relaci\u00f3n con el amparo de tutela reclamado\u00bb. <\/p>\n
2.- La Defensora de Familia adscrita al ICBF \u2013 Centro Zonal Armenia afirm\u00f3 que la c\u00e9lula judicial cuestionada no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora dado que \u00abel proceso ejecutivo de alimentos se radico el 20 de septiembre de 2021 no ha transcurrido sino mes y medio, a espera de una decisi\u00f3n que se da de acuerdo a los procesos que ingresan al despacho en turno, y se encuentra dentro del t\u00e9rmino para dar tramite a los procesos de acuerdo a lo contemplado al articulo 121 del C\u00f3digo General del proceso (\u2026) , no se trata de una tutela donde se discute la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, por lo tanto la honorable Juez primera de familia no ha perdido competencia para no continuar el conocimiento del asunto, se encuentra ejerciendo los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, indico que era menester requerir al juez de Familia para que de oportuna repuesta a la peticionaria. <\/p>\n
3.- La procuradora Cuarta Judicial II para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres adujo que \u00abcomo se desconoce si ya se dio tr\u00e1mite a la pretensi\u00f3n ejecutiva de la accionante, es claro que si el juzgado a\u00fan no lo ha hecho est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales de la acccionante, en especial la del debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que el amparo debe concederse para que el Juzgado se pronuncie frente a la solicitud deprecada por la actora; de lo contrario, si el despacho judicial accionado ya emiti\u00f3 el pronunciamiento pertinente, es dable que se declare la improcedencia del amparo por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia deneg\u00f3 el amparo \u00aben vista de que en la actual oportunidad ha concurrido la nominada cesaci\u00f3n de la omisi\u00f3n violatoria o hecho superado, en los t\u00e9rminos consagrados por el art. 26 del antes anunciado Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3 que, de conformidad con lo manifestado por el juzgado, \u00abel pasado 10 de noviembre emiti\u00f3 auto, en el que inadmiti\u00f3 la demanda ejecutiva de alimentos impetrada por DANIELA C\u00c1RDENAS SALAZAR respecto de C\u00c9SAR ORLANDO C\u00c1RDENAS CORT\u00c9S y seguidamente concedi\u00f3 a la petente el interregno de 5 d\u00edas para que procediera a enmendar las falencias advertidas, so pena de ser rechazada; (\u2026) pronunciamiento este que fue noticiado por estado el 11 de noviembre consecutivo (legajo digital, archivo 12 y 13 pdf)\u00bb. <\/p>\n
A su turno, frente a la pretensi\u00f3n subsidiaria, explic\u00f3 que \u00abtal aspiraci\u00f3n resulta a todas luces improcedente, como quiera que en esencia dicho pedimento constituye el objeto de la demanda de ejecuci\u00f3n que fue elevada por la accionante dentro del aludido juicio radicado bajo el n\u00famero 63001311000120190030499, por lo que es en ese escenario en el que las partes deber\u00e1n discutir el susodicho pedimento bajo las reglas que gobiernan los ritos de laya ejecutiva, garantiz\u00e1ndose el debido proceso de los contendientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la actora, quien consider\u00f3 la sentencia del a quo \u00abcontraria a derecho al revestir de legalidad una providencia judicial que realiza el establecimiento de una tarifa legal probatoria que no se encuentra prevista en la ley y as\u00ed como por omitir el sentido literal y obvio de la ley para dar lugar a interpretaciones cuando no hay lugar a ello\u00bb. <\/p>\n
Tras aludir al art\u00edculo 28 del Decreto 196 de 1971, sostuvo que \u00abante el sentido literal y obvio de la norma, no hab\u00eda que traer a colaci\u00f3n la interpretaci\u00f3n dada por la Corte Suprema de Justicia, la cual no se encuentra exenta de errores in judicando, al interpretar err\u00f3neamente que no es admisible la actuaci\u00f3n en causa propia en los procesos ejecutivos, cuando el Art\u00edculo 28 Inciso 2 del Decreto 196 de 1971 no hace referencia a un tipo de proceso en espec\u00edfico sino a la cuant\u00eda, permitiendo que se pueda actuar sin necesidad de apoderado judicial en los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, sentenci\u00f3 que el juez constitucional de primera instancia convalid\u00f3 \u00abel gazapo jur\u00eddico del Despacho Judicial en su auto inadmisorio al se\u00f1alar pretender que existe una tarifa legal que debe satisfacer la parte ejecutante para acreditar el incumplimiento por parte de la parte ejecutada en el caso de ejecuci\u00f3n por sumas de dinero (Art\u00edculo 424 del CGP), siendo esto una falsedad, puesto que el C\u00f3digo General del Proceso no establece en ning\u00fan momento alg\u00fan tipo de prueba en particular para acreditar sumariamente el incumplimiento por parte del deudor\u00bb. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abaunque la providencia se haya expedido y notificado en regular forma, no es menos cierto que mediante auto inadmisorio contra el cual no procede recurso alguno (Art\u00edculo 90 del CGP), se vulner\u00f3 mi derecho al debido proceso y el derecho a acceder efectivamente a la administraci\u00f3n de justicia, por cuanto se me exigi\u00f3 una tarifa legal no prevista en la ley y se me coart\u00f3 en forma ilegal la posibilidad jur\u00eddica de litigar en causa propia sin necesidad de apoderado judicial. Las irregularidades en dicha providencia adem\u00e1s amenazan mis derechos fundamentales en forma cierta y razonable, por cuanto resulta previsible que en caso de presentar nuevamente la solicitud de ejecuci\u00f3n sin atender dichas exigencias ilegales la misma puede ser inadmitida otra vez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso en concreto, la accionante se duele del retardo del Juzgado Primero de Familia de Armenia en pronunciarse sobre la admisibilidad del proceso ejecutivo que inco\u00f3 el pasado 20 de septiembre del 2021. <\/p>\n
2.- Revisada la documental allegada al plenario, observa esta Corporaci\u00f3n que el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que el prove\u00eddo del a quo habr\u00e1 de ser confirmado en su totalidad, tal como pasa a verse. <\/p>\n
3.- De las probanzas obrantes en el plenario se observa que el juzgado profiri\u00f3 auto el 10 de noviembre del 2021, mediante el cual resolvi\u00f3 \u00abINADMITIR la demanda EJECUTIVA POR ALIMENTOS impetrada por la se\u00f1ora DANIELA CARDENAS SALZAR contra el se\u00f1or CESAR ORLANDO CARDENAS CORTES\u00bb, por las razones expuesta en el aparte considerativo de tal prove\u00eddo. Adem\u00e1s, se le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas \u00abpara que la subsane seg\u00fan las deficiencias anotadas, so pena de rechazo de la demanda, conforme lo dispone el art. 90 del C.G.P\u00bb. Dicha providencia fue notificada por estado electr\u00f3nico del 12 de noviembre del 20212. <\/p>\n
Tal circunstancia constata que la reclamaci\u00f3n que enfila la suplicante fue atendida por la autoridad accionada en el curso de la primera instancia constitucional, lo cual denota que la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. <\/p>\n
Ciertamente, en lo tocante con la figura del hecho superado, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela pierde su fuerza \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb3. <\/p>\n
4.- Ahora bien, sobre los reparos esgrimidos por la actora en torno al contenido material de la decisi\u00f3n del 10 de noviembre del 2021, se observa que tal planteamiento es novedoso dado que no fue objeto de proposici\u00f3n en el escrito inicial. De all\u00ed que esta colegiatura debe abstenerse de pronunciarse sobre aquel, a riesgo de amenazar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los contendientes (CSJ STC, 27 may.2020, rad.00470). <\/p>\n
Al respecto esta corporaci\u00f3n ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c\u2026es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa.\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800. CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01 y STC4035-2021). <\/p>\n
5.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 7 del PDF \u00ab02EscritoTutelayAnexos20210012400R0475\u00bb. <\/p>\n
2\u0002https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/33349310\/57829247\/1F+Estado+158++12-11-2021.pdf\/e58740c3-ca31-4383-a6ff-2e8b34f0b48d <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC 21 jun. 2012, rad. 00121-01; citada en CSJ STC2539-2016, 2 mar. 2016, rad. 2016-00355-00; reiterada en CSJ STC8051-2020, 1\u00ba oct, rad 2020-02516-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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