STC269-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC269-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00351-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Rodr\u00edguez Calder\u00f3n y Lina Mar\u00eda Albarello L\u00f3pez de Mesa contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por los hoy accionantes contra Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez y Olivo Guti\u00e9rrez Torres, bajo el radicado 2021-00020-00. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado referido. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las probanzas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Los tutelantes iniciaron un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez y Olivo Guti\u00e9rrez Torres, con fundamento en la causal de mora en el pago del canon de arrendamiento, que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo, el cual, con auto de 1\u00ba de marzo de 20211, entre otras disposiciones, i) admiti\u00f3 la demanda y ii) orden\u00f3 prestar cauci\u00f3n, previo a decretar las medidas cautelares solicitadas; dicha decisi\u00f3n fue objeto de los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n por parte del apoderado del demandado Olivo Guti\u00e9rrez Dur\u00e1n2. <\/p>\n
2.2. El 3 de mayo de 20213, el Juzgado decret\u00f3 \u00abEL EMBARGO Y RETENCI\u00d3N DE LOS DINEROS que por cualquier concepto posea los demandados MAR\u00cdA ALEXANDRA TORRES V\u00c1SQUEZ y OLIVO GUTI\u00c9RREZ DURAN, en las cuentas de ahorros y corrientes de las entidades bancarias relacionadas en el escrito visto a folio 46 del C.1.\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 22 de junio de 20214, la accionada Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.4. Mediante providencia de 26 de julio de 20215, el Juzgado convocado, orden\u00f3, entre otros, i) escuchar al demandado Olivo Guti\u00e9rrez Dur\u00e1n; ii) no reponer el auto de 1\u00ba de marzo de 2021; iii) negar el recurso de apelaci\u00f3n, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia; iv) tener por contestada la demanda por parte de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez; y v) prestar cauci\u00f3n para levantar las medidas cautelares decretadas, concediendo \u00abel t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, para que la parte demadandada (sic) aporte al proceso la constituci\u00f3n de la p\u00f3liza por el valor aqu\u00ed determinado y s\u00f3lo ser\u00e1 aceptada si adem\u00e1s de ello se allega adem\u00e1s, el comprobante de pago de los canones (sic) de arrendamiento como lo exige el art. 384 del C.G.P.\u00bb, providencia que fue objeto del recurso de reposici\u00f3n por ambas partes y de apelaci\u00f3n por el apoderado de Olivo Guti\u00e9rrez Dur\u00e1n. <\/p>\n
2.5. El 5 de agosto de 20216, el accionado Olivo Guti\u00e9rrez Dur\u00e1n contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.6. El 20 de septiembre del presente a\u00f1o7, el Despacho dispuso i) no reponer el auto de 26 de julio de 2021 y ii) negar el recurso de apelaci\u00f3n, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.7. Con auto de 11 de octubre de 20218, el Juzgado accionado orden\u00f3 i) tener por no contestada la demanda frente al se\u00f1or Olivo Guti\u00e9rrez Dur\u00e1n, \u00abcomo quiera, que (\u2026) no demostr\u00f3 dentro de esta actuaci\u00f3n procesal haber consignado a \u00f3rdenes del Juzgado el valor total de los c\u00e1nones adeudados o en su defecto, los tres (03) \u00faltimos per\u00edodos como lo exige el Art. 384 del C.G.P.\u00bb, ii) no aceptar la p\u00f3liza allegada por Guti\u00e9rrez Dur\u00e1n y, en consecuencia, negar el levantamiento de la medida cautelar decretada y iii) correr traslado de las excepciones de m\u00e9rito y de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio formuladas por la accionada Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez. <\/p>\n
2.8. Los promotores de la tutela adujeron que el Juzgado convocado vulner\u00f3 su derecho fundamental, al considerar que, \u00abal haberse embargado sumas de dinero con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares con este valor se cubre aproximadamente 3 meses de los c\u00e1nones de arrendamiento con lo cual estima satisfecha la exigencia procesal dando la posibilidad que los demandados sean escuchados en el proceso\u00bb, pues \u00abno se satisfacen las exigencias legales previstas en nuestra codificaci\u00f3n adjetiva procesal, que establecen consecuencias para la parte pasiva ante el incumplimiento de cargas procesales\u00bb, por lo que afirman que \u00abel despacho incurre en una interpretaci\u00f3n errada de la regla procesal antes citada, pues, son diversas hip\u00f3tesis que (\u2026) no se concretan para que el extremo pasivo sea escuchado\u00bb. <\/p>\n
Dijeron que \u00abLas reglas citadas no se suplen con las medidas cautelares que a la fecha se han practicada y ordenadas por el Juez, pues, la naturaleza del embargo no es suplir la carga del extremo pasivo de acreditar el pago de los c\u00e1nones debidos o de acreditar el pago de los \u00faltimos tres (3) periodos\u00bb y que, por tanto, \u00abno pueden ser o\u00eddo[s] y mucho menos tener por contestada la demanda corriendo traslado de las excepciones, como a nuestro juicio erradamente lo considera el despacho\u00bb. <\/p>\n
Concluyeron que \u00abLa posici\u00f3n del Juez de tener por contestada la demanda que realizo (sic) el extremo pasivo MARIA ALEXANDRA TORRES VASQUEZ transgrede las reglas previstas en el art\u00edculo 384 del CGP incurriendo en violaci\u00f3n del derecho al debido proceso y en especial el precedente jurisprudencial decantado por la Corte Constitucional en sentencia T-482 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidieron ordenar al Juzgado de conocimiento \u00abdejar sin efectos las providencias judiciales que tiene por contestada la demanda y corre traslado de las excepciones y la r\u00e9plica al juramento estimatorio efectuada por MARIA ALEXANDRA TORRES VASQUEZ y en su lugar como medida de protecci\u00f3n que se tenga por no contestada la demanda y no se escuchen a los demandados hasta tanto acrediten el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, ordenando al juez aplicar los efectos procesales previstos como es ordenar la restituci\u00f3n del inmueble\u00bb. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso, afirm\u00f3 que \u00abdentro del marco legal, procesal y constitucional, acogi\u00f3 la posici\u00f3n de tener por contestada la demanda por la se\u00f1ora TORRES V\u00c1SQUEZ mediante el prove\u00eddo del 26 de julio de 2021, como quiera, que dentro del plenario exist\u00edan para el momento de dicha actuaci\u00f3n procesal unos dep\u00f3sitos judiciales a \u00f3rdenes del Juzgado1 y para el proceso multicitado, que si bien es cierto, no fueron consignados directamente por \u00e9sta, ni se alleg\u00f3 los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos periodos, tambi\u00e9n es evidente, que exist\u00edan consignaciones efectuadas a consecuencia de una medida cautelar y que para todos los efectos seg\u00fan el raciocinio y sana critica de esta Togada y como Directora del proceso en cuesti\u00f3n, fueron arrogados con el \u00fanico fin de asegurar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados o que se llegaren adeudar de conformidad con el N\u00fam. 7 del Art. 384 Ib\u00eddem, y por lo que, en determinado momento configur\u00f3 la tercera opci\u00f3n para que la demandada tuviera la oportunidad de ser escuchada dentro de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n que se fundament\u00f3 en falta de pago y fue as\u00ed que se dispuso en el auto anteriormente relacionado\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, \u00abmediante auto del 11 de octubre del a\u00f1o en curso, se procedi\u00f3 a seguir con el tr\u00e1mite respectivo, esto es, correr traslado de las excepciones de m\u00e9rito y juramento estimatorio presentadas por la parte demandada MAR\u00cdA ALEXANDRA TORRES V\u00c1SQUEZ, decisi\u00f3n que no va en contrav\u00eda con los lineamientos normativos y constitucionales como lo pretende plasmar el querellante constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de los demandados en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, origen de la presente acci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos accionantes al parecer no interpusieron recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 11 de octubre de 2021, lo que traduce el no agotamiento previo de los medios de defensa como presupuesto axial para implorar la protecci\u00f3n deprecada, trayendo como consecuencia la denegaci\u00f3n del amparo\u00bb, medios de impugnaci\u00f3n que s\u00ed fueron formulados por sus representados, por lo que reiter\u00f3 que, si la parte accionante consideraba que \u00abel demandado no debe ser o\u00eddo, debi\u00f3 impugnarse esta decisi\u00f3n mediante los recursos legalmente procedentes previamente a la promoci\u00f3n de la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional \u00abfue una decisi\u00f3n anticipada por cuanto dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acci\u00f3n de tutela, no han agotado todos los medios de defensa previos con los que cuentan y que deb\u00edan de agotar previamente al ejercitar esta acci\u00f3n excepcional, pues si el b\u00e1culo de su pretensi\u00f3n es la violaci\u00f3n al debido proceso previsto en el art\u00edculo 29 de la Carta Magna, debieron previamente haber agotado al interior del proceso respectivo todos los medios de defensa tendientes a satisfacer previamente esa pretensi\u00f3n al interior del escenario judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla decisi\u00f3n de tener por contestada la demanda por la se\u00f1ora Torres V\u00e1squez (\u2026) est\u00e1 debidamente fundamentada o motivada\u00bb y que \u00abla interpretaci\u00f3n hecha por el juzgado accionado en relaci\u00f3n con el precepto normativo y su aplicaci\u00f3n no merece reproche alguno en la medida que no se advierte arbitraria, ilegal o caprichosa y menos a\u00fan que implique la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, independiente de que sea o no compartida por este Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, \u00abrevisado el contenido del auto dictado el 26 de julio de 2021 (\u2026), as\u00ed como en particular el prove\u00eddo del 20 de septiembre siguiente (\u2026) se advierte que (\u2026) tambi\u00e9n estuvo fundamentada la decisi\u00f3n de escuchar a la demandada en la necesidad de garantizarle su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues consider\u00f3 la juez de conocimiento que se daban los presupuestos para ello, asunto este que no solo ya fue debatido y resuelto en su escenario natural como lo es el proceso en s\u00ed, sino que adem\u00e1s por esta misma raz\u00f3n, al no evidenciarse la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso invocado, no es posible que el juez de tutela emita un pronunciamiento de fondo al respecto, ello en virtud (\u2026) de la autonom\u00eda judicial de la que goza dicha funcionaria judicial, pues lo contrario implicar\u00eda convertir la presente figura constitucional en una instancia adicional, lo que conllevar\u00eda a su desnaturalizaci\u00f3n en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes, quienes manifestaron que \u00abLa reflexi\u00f3n expuesta por el tribunal para negar el amparo solicitado, se aleja diametralmente del precedente jurisprudencial del m\u00e1ximo tribunal de cierre como es la CORTE CONSTITUCIONAL\u00bb, dado que, al tener \u00abclaro que no existe discusi\u00f3n alguna en torno a la existencia o validez del contrato (\u2026) era imperioso aplicar la posici\u00f3n de la Corte Constitucional, en el sentido de que los demandados deben acreditar el pago del canon con el fin de ser o\u00eddos en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Adujeron que \u00abLa interpretaci\u00f3n dada por el TRIBUNAL no aborda el fondo de la discusi\u00f3n que fue propuesta en la acci\u00f3n de tutela, que no es otra que ser o\u00eddo[s] los demandados, sin haber acreditado el pago de los c\u00e1nones, aun cuando no se discute la validez del contrato, situaci\u00f3n que constituye una violaci\u00f3n al debido proceso que merece su protecci\u00f3n por esta via (sic) judicial excepcional\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidieron \u00abrevocar el fallo y acceder al amparo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los actores censuran la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso con los prove\u00eddos de 26 de julio, de 20 de septiembre y de 11 de octubre, todos de la presente anualidad, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado accionado tuvo por contestada la demanda por parte de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez y corri\u00f3 traslado de las excepciones de m\u00e9rito y de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio que formul\u00f3, a pesar de que no acredit\u00f3 el pago de la totalidad de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, como lo dispone el inciso 2, numeral 4 del art\u00edculo 384 del CGP. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues se considera que la determinaci\u00f3n rebatida, independientemente de que la postura sea o no compartida, no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
3. Pues bien, de conformidad con las probanzas obrantes en el expediente y para lo que interesa en este asunto, se observa que el Juzgado convocado, mediante prove\u00eddo de 26 de julio de 2021, entre otras disposiciones, resolvi\u00f3 tener por contestada la demanda de Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez, providencia en la cual se puso de presente la existencia de un embargo para cubrir parcialmente los c\u00e1nones reclamados y que estaba en discusi\u00f3n, por parte de aquella, las sumas de dinero adeudas frente al contrato del arrendamiento del inmueble donde funciona el Hotel Guamo Plaza. En ese sentido, el Juzgado indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSe puede apeciar (sic) que el monto total de dicha medida est\u00e1 destinado para cubrir el valor de lo adeudado por el arrendatario por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, que si bien no representan la totalidad de lo que se reclamana, (sic) tambi\u00e9n los es, que si (sic) alcanza, es m\u00e1s, supera, lo equivalente a los tres \u00faltimos canones (sic) de arrendamento (sic) contados a partir de la fecha que present\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, (23 de junio de 2021) es decir la suma de $10.523.072,34, por lo que, por dicho motivo ser\u00e1 escuchado el demando OLVIO (sic) GUTIERREZ DURAN quien interpuso el presente recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, aclarando, eso si que s\u00f3lo se exige el pago de los tres \u00faltimos canones (sic) de arrendamiento y no la totalidad de lo adeudado como lo exige el art. 384 del C.G.P, por cuanto se observa que en la contestaci\u00f3n realizada por la demamandada (sic) MARIA ALEXANDRA TORRES DURAN, se hacen cuestionamientos frente a lo que la parte demandante dice que se le adeuda por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, m\u00e1s no frente a la existencia del contrato mismo, y ante esta disyuntiva considera este despacho que en ar\u00e1s (sic) de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de un forma equilibrada y ecu\u00e1nime y poder esclarecer los hechos que confluyen en el proceso, en esta oportunidad ser\u00e1 escuchado el demandado recurrente, por encontrase acreditado a trav\u00e9s de lo recauado (sic) con las medida cautaler (sic) el cubrimiento de por lo menos de los tres ult\u00edmos c\u00e1nones de arrendamiento y m\u00e1s, y no se exigir\u00e1 la combrobaci\u00f3n (sic) del pago de la totalidad de lo adeudado como lo exigen la norma, por lo ya indicado, ante la discrepancia sobre la deuda, pero, no sin antes advertir, a la parte demandada que deber\u00e1 seguir pagando los canones (sic) de arrendamiento, en la forma como fueron pactados de el (sic) contrato de arrendamiento con el incremento correspondiente y aportar el comprobante de dicho pago, so pena de no ser escuchado tal como lo establece el art. 384 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Mediante providencia de 20 de septiembre de 2021, el accionado decidi\u00f3 no reponer el prove\u00eddo anterior, indicado que la decisi\u00f3n de escuchar a la accionada, \u00abno va[n] en contrav\u00eda de los lineamientos procesales, legales y constitucionales que enmarcan la administraci\u00f3n de justicia, como quiera, que si bien es cierto, la parte demandada no demostr\u00f3 que hubiere consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo a la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en su defecto de lo anterior, cuando se presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo a la ley y por los mismos periodos a favor de aqu\u00e9l., no con ello, se podr\u00eda configurar para esa \u00e9poca la negaci\u00f3n de ser escuchado el demandado en el proceso, toda vez, que a pesar de la carencia de aquellos requisitos, indudablemente dentro del plenario exist\u00eda, la materializaci\u00f3n de la medida cautelar solicitada y decretada a favor del aqu\u00ed demandante, y que surte con el \u00fanico fin de asegurar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados o que se lleguen adeudar de conformidad con el Numeral 7 del Art. 384\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente y con base en lo resuelto en el auto del 26 de julio de 2021, corri\u00f3 \u00abtraslado a la parte demandante por el t\u00e9rmino de tres (03) d\u00edas de las excepciones de m\u00e9rito presentadas por la demandada MAR\u00cdA ALEXANDRA TORRES V\u00c1SQUEZ. (Art. 391 del C. G. P).\u00bb, as\u00ed como \u00abde la objeci\u00f3n al juramento estimatorio (\u2026) de conformidad con el Art. 206 del C. G. P.\u00bb. <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con lo anterior, se destaca que el Despacho convocado consider\u00f3 escuchar a la accionada Mar\u00eda Alexandra Torres V\u00e1squez, teniendo en cuenta, entre otros, que hab\u00eda manifestado su desacuerdo frente a la deuda reclamada en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3.2. En efecto, aquella adujo que, por acuerdo verbal celebrado entre las partes, decidieron no incrementar el canon de arrendamiento, en raz\u00f3n a las mejoras locativas efectuadas por los arrendatarios en el inmueble objeto de la litis, las cuales se tendr\u00edan como abono anticipado de los c\u00e1nones de arrendamiento. Al respecto, la demandada dijo que, \u00abdado el grado de confianza leg\u00edtima y amistad \u00edntima entre demandantes y demandados se acord\u00f3 de manera verbal que no se incrementar\u00eda el canon de arriendo inicialmente acordado en virtud a que los demandantes instalaron mejoras locativas en el inmueble en cuant\u00eda considerable, inicialmente, por valor de $28.000.000, valores sobre los cuales los demandantes se comprometieron a que estos se tendr\u00edan en cuenta como abono anticipado de los c\u00e1nones de arrendamiento pretendidos en la demanda en raz\u00f3n a $1.800.000,00 pesos mensuales sin el incremento del 10% de cada a\u00f1o\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abse pact\u00f3 en el contrato de arriendo que durante la vigencia del mismo y sus prorrogas (sic) no se incrementar\u00eda el canon de arriendo y a su vez que conforme lo se\u00f1ala la ley se imputar\u00edan estos descuentos como abono al canon de arriendo durante la ejecuci\u00f3n el contrato y sus prorrogas (sic)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, expres\u00f3 que, agradecidos con las mejoras realizadas en el inmueble arrendado, los arrendadores decidieron \u00abcondonar los arriendos en compensaci\u00f3n a la inversi\u00f3n que han realizado ustedes, pues su apoyo ha sido valioso en estos momentos dif\u00edciles que vivimos econ\u00f3micamente\u00bb. <\/p>\n
A su vez, en la contestaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abSi bien dentro del contrato de arriendo se pact\u00f3 el incremento del canon en un 10%, realmente de manera verbal (\u2026) se acord\u00f3 entre los extremos litigiosos el no cobro del incremento del 10%, en raz\u00f3n a la inversi\u00f3n de capital efectuada por la parte arrendataria y (\u2026) dado que precisamente para el mes de abril de 2020 ya nos encontr\u00e1bamos en el estado de emergencia sanitaria y econ\u00f3mica declarada por parte del Gobierno nacional a causa del covid 19, (\u2026) en virtud de lo cual para que el inmueble no se degenerara se acord\u00f3 en plena \u00e9poca de pandemia que la inversi\u00f3n efectuada por la demandante se imputar\u00eda a cada canon de arriendo\u00bb y que ese incremento no ser\u00eda procedente \u00abhasta tanto el demandante compensara al demandado el capital invertido en el inmueble para efectos de poder ejecutar su destinaci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abno adeuda suma de dinero alguna por concepto de contrato de arrendamiento\u00bb y que \u00abTampoco es cierta la afirmaci\u00f3n del demandante en virtud de la cual esgrime en su demanda unos valores concretos no ajustados a la realidad sustancial y procesal\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
4. Surge de lo anterior que las determinaciones adoptadas por el accionado, para tener por contestada la demanda de la se\u00f1ora Torres V\u00e1squez y correr traslado de las excepciones y de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio que formul\u00f3, en raz\u00f3n a las discrepancias referidas frente a la deuda, la mora y los incrementos de los c\u00e1nones de arrendamiento, no son abiertamente arbitrarias ni manifiestamente alejadas del ordenamiento legal, raz\u00f3n por la cual no es procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el tema, recientemente, esta Sala, al analizar un asunto con alguna similitud, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a tono con el precedente constitucional, ha avalado la inaplicaci\u00f3n de dicha carga procesal se\u00f1alando que: \u2018no es viable aplicar la sanci\u00f3n antes aludida en los eventos en los cuales los presupuestos normativos no se cumplan, y esto se da, \u2018cuando existen serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento base del proceso de restituci\u00f3n, cuando pretende participar en el proceso un tercero legitimado, o cuando existan motivos para dudar de la vigencia o realidad de los incrementos cuya falta de pago haya motivado el proceso de restituci\u00f3n de tenencia\u2019 (CSJ, Sala civil, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 2010-00124-01). <\/p>\n
En otra oportunidad, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abel estamento reprochado encontr\u00f3 que era preciso \u2018inaplicar la regla contenida en el numeral 4 incisos 2 y 3 del art\u00edculo 384 del CGP\u2019, toda vez que concurren \u2018serias dudas sobre la mora en el pago del canon de arrendamiento que se est\u00e1 cobrando en este proceso\u2019, comoquiera que el inquilino trajo a colaci\u00f3n unos sucesos que dejaron en entredicho lo esbozado por la gestora respecto de la mora que le fue endilgada, m\u00e1xime cuando, seg\u00fan lo expres\u00f3 el juzgador, la \u2018jurisprudencia constitucional\u2019 respalda el pronunciamiento adoptado. <\/p>\n
Para justificar tal lineamiento, esa c\u00e9lula explic\u00f3, en concret\u00f3, que: <\/p>\n
(\u2026) al Juzgado le asalt\u00f3 y asalta esa duda acerca de la mora en el pago del canon de arrendamiento alegada en la demanda en contra del se\u00f1or Jos\u00e9 Domingo G\u00f3mez Serna, eventos en los cuales se requiere actuar con la virtud de la prudencia, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso, \u2018concretamente en sus garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n\u2019. Atendiendo que al existir duda sobre el valor del canon de arrendamiento que se endilga al demandado. Permite en este caso la inaplicaci\u00f3n de la norma que exige que para poder ser o\u00eddo en juicio el demandado debe probar que se han cancelado los c\u00e1nones que se denuncian en mora, por cuanto se est\u00e1 frente a una grave duda respecto del presupuesto f\u00e1ctico de aplicaci\u00f3n de la misma, que faculta al juez para apegarse a la subregla de aplicaci\u00f3n del numeral 4 incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 384 del C.G.P., toda vez que el momento procesal adecuado para realizar esta valoraci\u00f3n es una vez presentada la contestaci\u00f3n de la demanda, pues con ella se adjuntan las pruebas que eventualmente demostrar\u00edan la duda respecto del perfeccionamiento y vigencia del acuerdo, como sucedi\u00f3 en esta oportunidad. Lo anterior, no es otra cosa que la prohibici\u00f3n para los jueces de la aplicaci\u00f3n objetiva del art\u00edculo referido del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como se puede ver, tal interpretaci\u00f3n no es antojadiza ni derivada de la mera subjetividad, habida cuenta que est\u00e1 sostenida en una plataforma argumentativa que es plausible, por lo que debe ser conservada al margen que la tem\u00e1tica pueda admitir una ex\u00e9gesis diversa, pues no [es] este el terreno para zanjar la divergencia de criterios que en el fondo es lo que se percibe entre la postura del reprochado y la de la discordante. <\/p>\n
Para mayor claridad, obs\u00e9rvese c\u00f3mo esta Sala, al analizar asuntos que guardan cierta similitud con el de ahora, ha estatuido que: <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de la preceptiva establecida en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, relativa a no escuchar a los demandados en un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cuando no desvirt\u00faan la mora que se les imputa o cuando no consignan el valor de los c\u00e1nones adeudados a \u00f3rdenes del Juzgado, la Corte ha sostenido, y en esta ocasi\u00f3n lo hace extensivo al par\u00e1grafo 2\u00ba, numeral 4\u00ba, del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, por no haber existido un cambio sustancial que amerite apartarse de esa tesitura, que <\/p>\n
(\u2026) dicho presupuesto normativo \u2018reclama la existencia de una relaci\u00f3n contractual, y la manifestaci\u00f3n del demandante respecto de la falta de pago de la renta, por lo que si los requisitos mencionados se verifican en la actuaci\u00f3n de que se trate, resulta imperioso para el demandado acreditar el pago o la consignaci\u00f3n antes referida, toda vez que \u2018la exigencia de pagar los c\u00e1nones o reajustes debidos por el arrendatario para poder ser o\u00eddo en el juicio de restituci\u00f3n de tenencia, es un imperativo que se aviene a los mandatos constitucionales (Sentencia 070 de 1993) e, igualmente, que, precisamente por tal raz\u00f3n, es una carga de la que, en principio, no puede sustraerse antojadizamente aqu\u00e9l. <\/p>\n
Empero, la jurisprudencia constitucional, en particular la de esta Sala, ha establecido que no es viable aplicar la sanci\u00f3n antes aludida en los eventos en los cuales los presupuestos normativos no se cumplan, y esto se da, \u2018cuando existen serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento base del proceso de restituci\u00f3n, cuando pretende participar en el proceso un tercero legitimado, o cuando existan motivos para dudar de la vigencia o realidad de los incrementos cuya falta de pago haya motivado el proceso de restituci\u00f3n de tenencia\u2019. (CSJ. Sentencia de 14 de junio de 2011, Exp. 2011-00096-01. STC 19 feb. 2013, rad. 2012-00187-01; reiteradas en STC2109-2018. Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Esa misma visi\u00f3n dej\u00f3 sentada en CSJ STC9549-2018, en la que reliev\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) si el juzgador advierte alguna situaci\u00f3n de hecho que ponga en tela de juicio el fundamento de la restituci\u00f3n no podr\u00e1 exigirle al demandado la carga procesal estudiada, \u2018para evitar que su imposici\u00f3n sea desproporcionada, se quebrante inopinadamente su derecho de defensa y se le impida injustamente el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019. <\/p>\n
Con lo expresado se quiere significar que la soluci\u00f3n emitida por el ente replicado en el interlocutorio confutado (11. dic. 2018) no es desafortunada ni traduce atropello, ya que est\u00e1 soportada en una hermen\u00e9utica loable que es atendible desde el punto de vista de la legalidad\u00bb (STC3185-2019). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los accionantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Documento 0007. Cuaderno 01. Expediente de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. <\/p>\n
2\u0002 Documento 102. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento 0025. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Documento 0094\/98. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Documento 130. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Documento 150. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Documento 159. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Documento 12.6. Expediente de tutela. <\/p>\n
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STC269-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC269-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00351-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}