STC272-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STSTC272-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00360-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 9 de noviembre de 2021, que deneg\u00f3 los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y petici\u00f3n, y ampar\u00f3 el debido proceso en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Elena Veloza P\u00e1ez, Carmen P\u00e1ez de Veloza, Ang\u00e9lica Quintero y Libardo Quintero Moscoso contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito del Espinal (Tolima). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada en el marco del proceso de sucesi\u00f3n de radicado 2016-00169-00. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Tras la muerte de Leonardo Veloza, se lleva a cabo proceso de sucesi\u00f3n, el cual, es de conocimiento del Juzgado encartado. <\/p>\n
2.2. El causante, quien era propietario del taller Veloza falleci\u00f3 el 14 de marzo de 2015. Desde su incapacidad m\u00e9dica, en noviembre del 2014, su hija Luz Elena Veloza -aqu\u00ed accionante- asumi\u00f3 la administraci\u00f3n del negoci\u00f3 mencionado. Dicho trabajo se formaliz\u00f3 en fecha posterior a la muerte del se\u00f1or Veloza, a trav\u00e9s de \u00abun contrato laboral que por tratarse de un tema de sucesi\u00f3n se acord\u00f3 una remuneraci\u00f3n mensual de $800.000 m\u00e1s el pago de la seguridad social\u00bb. <\/p>\n
2.3. Los actores manifestaron que la sucesi\u00f3n no ha cumplido con el pago de salarios y dem\u00e1s obligaciones laborales. Por lo anterior, adujeron que han presentado varias solicitudes al Juzgado cuestionado, pidiendo que se realice el pago del dinero adeudado. Sin embargo, estas han sido negadas, toda vez que el apoderado \u00ab\u2026de la cesionaria de derechos Mar\u00eda Isnoelma Tovar de Garc\u00eda no est\u00e1 de acuerdo\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicitaron que se tutelen sus derechos fundamentales. En consecuencia, se ordene al Juzgado accionado realizar \u00abel pago de los adeudos a empleados por sueldos y liquidaciones de marzo de 2015 a {la} fecha actual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito del Espinal (Tolima)2, comenz\u00f3 por informar que \u00absolo hasta el 29 de abril de 2019, se pudo llevar a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos, diligencia judicial a la que asistieron algunas de las partes y los apoderados de todos los interesados, en la misma se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al inventario y avalu\u00f3 acordado de consumo por los apoderados, se design\u00f3 partidor y se suspendi\u00f3 la presentaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n hasta tanto la DIAN, no se pronunciara respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias\u00bb. Resalt\u00f3 que \u00abHasta el momento los interesados a pesar de los reiterados requerimientos no han solucionado el tema de la presentaci\u00f3n de las declaraciones de renta de la sucesi\u00f3n y la partici\u00f3n contin\u00faa suspendida\u00bb. <\/p>\n
En lo referente al pago de las acreencias laborales, indic\u00f3 que el taller fue dejado en dep\u00f3sito a la Carmen P\u00e1ez de Veloza desde el momento del secuestro, por tanto \u00abes ella quien en compa\u00f1\u00eda de la tutelante tienen el manejo y administraci\u00f3n de este activo y debe atender los gastos que genera la actividad comercial del mismo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, relat\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora LUZ ELENA VELOZA PAEZ y de otros herederos, present\u00f3 solicitud de pago de dineros a acreedores y a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, de esa solicitud se corri\u00f3 traslado a los dem\u00e1s interesados mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2021, corrido el t\u00e9rmino de traslado, uno de los apoderados se pronunci\u00f3 al respecto de dicha petici\u00f3n, encontr\u00e1ndose al despacho actualmente en turno para resolver lo pedido\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, deneg\u00f3 el amparo a los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y petici\u00f3n, al argumentar que \u00abeste mecanismo preferente como lo ha se\u00f1alado en m\u00faltiples pronunciamientos la jurisprudencia constitucional, no se encuentra dise\u00f1ado para suplir al juez ordinario o en su defecto para alterar las etapas del proceso que se encuentran se\u00f1aladas en la ley adjetiva civil, como ocurre para el caso de marras en los art\u00edculos 487 y siguientes del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
Por otro lado, ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes. Para ello, orden\u00f3 al Juzgado censurado que dentro de las 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, \u00abadelante las gestiones necesarias tendientes a lograr que el auxiliar de la justicia, cumpla con eficacia los deberes que se impusieron en la diligencia de secuestro, a fin de evitar afectaci\u00f3n a las partes e interesados en el juicio sucesoral\u00bb. Lo anterior, en raz\u00f3n a que \u00abno se entiende como se ha privilegiado por parte de los administradores el pago de \u201crefrigerios\u201d, \u201ccomida para gatos y perros\u201d, \u201cacarreos\u201d y otros gastos del mismo estilo, frente al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores \u2013 si los hay \u2013 sin que ello haya merecido ning\u00fan pronunciamiento por parte del juez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores, en el que manifiestan su desacuerdo con la decisi\u00f3n del Tribunal. Para ello, resaltaron su v\u00ednculo laboral y reiteraron los argumentos plasmados en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los accionantes al no ordenar el pago de las acreencias laborales adeudadas a los empleados del establecimiento de comercio por sueldos y liquidaciones desde marzo de 2015 a la fecha actual. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. En adici\u00f3n, se evidencia del legajo que en los inventarios y aval\u00faos presentados al interior del litigio no fueron incluidas las acreencias laborales que los accionantes hoy reclaman. Tampoco, se han presentado inventarios y aval\u00faos adicionales para lograr su inclusi\u00f3n. Adem\u00e1s, quienes afirman ser trabajadores del establecimiento de comercio \u201cOrnamentaci\u00f3n Veloza\u201d no se han hecho parte como acreedores a fin de que sean reconocidas sus acreencias como pasivo de la masa sucesoral. <\/p>\n
De lo narrado, esta Sala concluye la improcedencia del amparo ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. En efecto, los libelistas tienen a su alcance en el escenario natural las herramientas viables para la defensa de sus derechos y debatir lo que aqu\u00ed pretenden, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01; CSJ STC 125414-2021). <\/p>\n
4. Ahora bien, frente a las solicitudes realizadas por Luz Elena Veloza P\u00e1ez, se evidencia que el juzgado censurado ha dado respuesta a las mismas3, indicando a la actora la necesidad de que sean presentadas a trav\u00e9s de apoderado de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso4. Por supuesto, tales decisiones se han adoptado con apego a la ley y no podr\u00edan recibirse como irrazonables. <\/p>\n
5. Para terminar, se comparte la decisi\u00f3n del tribunal constitucional a-quo, en el sentido de que el juzgado accionado \u00aben cumplimiento de su deber de vigilar la calidad de la gesti\u00f3n que debe cumplir el secuestre como administrador del establecimiento de comercio \u201ctaller de Ornamentaci\u00f3n Veloza\u201d, adelante las gestiones necesarias para lograr que el auxiliar de la justicia, cumpla con eficiencia los deberes que se le impusieron en la diligencia de secuestro\u2026\u00bb. Lo anterior, con el fin de evitar la afectaci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-77. Anexo 01EscritodeTutela.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 06.2. RESPUESTA JUZGADO 2 PROM.FAM. ATUTELA 2021-360 (1).pdf <\/p>\n
3\u0002Folio1. Anexo17A.2016-0169-Sept-2-21pdf.Carpeta PROVIDENCIA. Link 73268318400220160016900. Anexo 06. CONTESTACI\u00d3N ACCI\u00d3N DE TUTELA 2021-00360-00.pdf. <\/p>\n
4\u0002 La ley exige para el proceso de sucesi\u00f3n en el que funge como parte la actora, derecho de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
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