STC336-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC336-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00419-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 26 de octubre de 2021, con la cual se concedi\u00f3 el amparo reclamado por Luis Guillermo Rojas Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, seguridad y confianza jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial presentada a continuaci\u00f3n del proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho de radicado 2019-00158-00. <\/p>\n
2. Indic\u00f3 que, declarada la uni\u00f3n marital de hecho, y disuelta la sociedad patrimonial, solicit\u00f3 -el 11 de marzo de 2021- continuar con el tr\u00e1mite liquidatorio. No obstante, ante la ausencia de pronunciamiento por parte del despacho, procedi\u00f3 -el d\u00eda 28 de julio y 23 de septiembre de 2021- a radicar solicitudes de impulso procesal, inclusive de manera presencial ante el juzgado el 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, uno de los empleados del despacho le indic\u00f3 que \u00abno exist\u00eda registro de recibo de ninguna clase de documentaci\u00f3n dirigida al proceso\u2026pues en el sistema no se encuentra como recibido ning\u00fan documento, sino al contrario se inform\u00f3 que este radicado se encontraba archivado por terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.1. Manifest\u00f3 que \u00abhan pasado 7 meses desde que se radic\u00f3 el tr\u00e1mite liquidatorio\u2026posterior a la Declaraci\u00f3n de Uni\u00f3n marital de hecho\u2026sin que se d\u00e9 inicio al tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abordenar a la entidad accionada que en el t\u00e9rmino de 48 horas se sirva dar el correspondiente tr\u00e1mite en los t\u00e9rminos de Ley, del proceso bajo radicado 2019-158-00\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, expuso que el 3 de marzo de 2021 el apoderado del demandante solicit\u00f3 copia aut\u00e9ntica del acta de conciliaci\u00f3n. Con posterioridad \u201328 de julio y 23 de septiembre de 2021- present\u00f3 solicitudes de impulso procesal, por lo cual, una vez notificado de la presente acci\u00f3n constitucional \u00abrequiri\u00f3 a la secretaria del juzgado a fin de que, en el menor tiempo posible, atienda la solicitud del apoderado judicial del demandante respecto a la expedici\u00f3n de copias del acta de conciliaci\u00f3n\u00bb. Adujo, adem\u00e1s, que \u00abel presente proceso se encuentra terminado y no tiene actuaci\u00f3n pendiente del Despacho\u00bb. <\/p>\n
2. La demandada Luisa Fernanda D\u00edaz Lascar, vinculada al tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n, expuso que \u00abno es pertinente esta acci\u00f3n de tutela por cuanto el accionante dispone de otros medios de defensa de los derechos que equivocadamente argumenta violados o en estado de amenaza\u2026\u00bb ya que, en el caso \u00fanicamente resta \u00abpor ejecutar el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial surgida, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 523 del C.G del Proceso\u2026 tr\u00e1mite \u00e9ste que por lo dem\u00e1s no aparece acreditado\u2026y, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o patrimonial no obra de oficio sino a petici\u00f3n de parte\u2026\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 la salvaguarda, al considerar que \u00abel despacho judicial accionado no ha adoptado ninguna determinaci\u00f3n a efectos de resolver el pedimento elevado por el accionante, justific\u00e1ndose en que, si el accionante no ha formulado demanda para iniciar el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, no puede tach\u00e1rselo de omiso en la resoluci\u00f3n de esas peticiones que le ha hecho el accionante. Ocurre sin embargo, que s\u00ed de los autos se desprende que el actor en el amparo ha efectuado esas peticiones a que se refiere el libelo de tutela\u2026no entiende el Tribunal cu\u00e1l es la raz\u00f3n por la que el juzgado excusa un pronunciamiento acerca de la petici\u00f3n\u2026independientemente de que ese pronunciamiento haya tenido venero en el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes, es inaudito que el juzgador todav\u00eda no haya adoptado ning\u00fan tipo de disposici\u00f3n con miras a determinar d\u00f3nde se encuentra ese escrito al que se refiere el accionante, el cual incluso, le fue reenviado el pasado 30 de septiembre\u2026\u00bb Concluy\u00f3, exponiendo que es deber del Juez \u00abno solo su condici\u00f3n de director del despacho, sino tambi\u00e9n el deber de adelantar los tr\u00e1mites en condiciones de normalidad dentro de los plazos perentorios fijados por el legislador. \u2013 (Sentencia T-747-2019)\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la vinculada, quien reproch\u00f3 que el Tribunal \u00abda por cierto que el accionante envi\u00f3 y el accionado recibi\u00f3, un correo a trav\u00e9s del cual se remit\u00eda por parte del primero al segundo, un escrito liquidatorio de la UMH declarada en audiencia de febrero 12 de 2021\u00bb. Expone que, \u00abla impresi\u00f3n que genera esta actuaci\u00f3n es que el actor dej\u00f3 pasar el tiempo desde el 12 de febrero de 2021 cuando ocurri\u00f3 la audiencia regulada en el art\u00edculo 372 del C.G.P. y se declar\u00f3 la existencia y se orden\u00f3 la disoluci\u00f3n de la UMH\u2026sin que realizara acciones pertinentes a efectos de obtener la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial correspondiente, y traslada injustificadamente tal incuria, al Juzgado de conocimiento y a su contraparte (a la cual se le acusa de causarle graves perjuicios, sin especificaci\u00f3n alguna y que ameritan la explicaci\u00f3n judicial de los mismos\u00bb. Finaliz\u00f3 argumentando que, \u00abmal pudo el H Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca haber declarado la vulneraci\u00f3n de los derechos en cabeza del accionante\u2026 otorgando una protecci\u00f3n a quien no ha demostrado requerirla y concordantemente calificando de negligente a un despacho judicial, sin contar con que han quedado flotando acusaciones contra este extremo procesal, injustificadas a todas luces\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor censura la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, con ocasi\u00f3n de la tardanza injustificada en darle tr\u00e1mite a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entablada por aqu\u00e9l a continuaci\u00f3n del proceso que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con Luisa Fernanda D\u00edaz Lascar. <\/p>\n
2. La Sala advierte la procedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a que el encausado desconoci\u00f3 los plazos legales para emitir un pronunciamiento acerca de la petici\u00f3n elevada, la cual fue reiterada en dos oportunidades y, reenviada por su apoderado judicial el 30 de septiembre de 2021. <\/p>\n
En efecto, se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, comoquiera que entre el env\u00edo del correo electr\u00f3nico -el 11 de marzo de 2021-, por medio del cual se indic\u00f3: \u00abme permito radicar ante su despacho, tr\u00e1mite liquidatorio a continuaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n y posterior disoluci\u00f3n de la Uni\u00f3n Marital de Hecho, la cual se encuentra en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, han transcurrido siete (7) meses, tiempo que la Sala estima excesivo para definir lo peticionado por el actor. <\/p>\n
3. Bajo ese panorama, se tiene que el fen\u00f3meno de la mora judicial halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina de esta Corporaci\u00f3n1 y de la Corte Constitucional2: (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial. (ii) la inexistencia de un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora. Y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. Al respecto, esta Corte ha sostenido lo que viene: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que (\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026) (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Sala de casaci\u00f3n de la Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01, entre otras. . <\/p>\n
2\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
4 <\/p>\n
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