STC385-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC385-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00034-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Enrique Barreto Fautoque y Mar\u00eda del Carmen Herrera Migues, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y a la \u00abverdad procesal\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que Carlos Stiven Cort\u00e9s Aldana promovi\u00f3 en su contra como progenitores del causante Gabriel Enrique Barreto Berrera, con radicado No. 2018-0146-00. <\/p>\n
Aunque no lo indican de forma expresa, del an\u00e1lisis del escrito inicial se infiere, que lo pretendido por los accionantes a trav\u00e9s de este mecanismo especial, es dejar sin valor ni efecto la sentencia que dentro del precitado asunto profiri\u00f3 el 29 de junio de 2021 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 23 de noviembre de 2020 del Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
Sostienen que el 23 de noviembre de 2020, el Juzgado Tercero de Familia de Tunja accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que aunque apelaron, fue confirmada el 28 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, determinaci\u00f3n que no comparten, porque no se prob\u00f3 la convivencia, los gastos compartidos y la ayuda mutua alegada por el demandante, y por el contrario, se demostr\u00f3 que para la fecha del supuesto inicio de la relaci\u00f3n su hijo no viv\u00eda en la ciudad de Tunja, no se acredit\u00f3 que a ellos y a la comunidad en general le constara la existencia de la uni\u00f3n, y, no se valor\u00f3 la historia cl\u00ednica de su descendiente que descartaba que fuera portador de VIH. <\/p>\n
Aseveran que por lo expuesto, existi\u00f3 una valoraci\u00f3n sesgada y parcial de los medios de convicci\u00f3n, que fue m\u00e1s flexible y favorable para el extremo actor, \u00abpues el rasero de valoraci\u00f3n o an\u00e1lisis de las pruebas testimoniales de la parte demandante, se somete a criterios de credibilidad m\u00e1s flexibles, sustentados en la diversidad sexual, omitiendo los factores que influyen en la prueba misma y su contenido, pues existiendo circunstancias que inciden en la credibilidad no se tuvieron en cuenta\u00bb, y en cambio, sus probanzas fueron \u00abcalificadas como sesgadas o poco confiables o cre\u00edbles y se les gener\u00f3 etiquetas con las cuales, pese a su contenido probatorio, ya exist\u00eda predisposici\u00f3n para ser valoradas, y en esencia, fueron desechadas\u00bb. <\/p>\n
Afirman que a pesar de lo coherente del relato que sostuvieron durante el juicio, de su declaraci\u00f3n se sac\u00f3 \u00abuna verdad bajo suposiciones, y de ah\u00ed se catalog\u00f3 y etiquet\u00f3 como poco cre\u00edble su relato\u00bb, mientras que su contraparte, incluso, \u00abmodific\u00f3 los hechos de la demanda\u00bb cuando dio su declaraci\u00f3n; as\u00ed mismo, el Tribunal infiri\u00f3 la preferencia sexual de su hijo, principalmente por su vida en soledad y la cercan\u00eda con otro hombre, siendo que \u00abdicha postura desconoce rasgos de la personalidad donde las personas t\u00edmidas, introvertidas, o sencillamente solitarias por decisi\u00f3n, resultan en sentir del Tribunal, homosexuales\u00bb, <\/p>\n
Finalmente aseguran, que no hay pruebas fotogr\u00e1ficas de la relaci\u00f3n alegada por el demandante; que \u00e9ste no fue afiliado a la seguridad social por su supuesto compa\u00f1ero; y, que existen una serie de contradicciones en la valoraci\u00f3n de las pruebas que no permit\u00edan que se declarara la uni\u00f3n marital de hecho, lo que, aseguran, vicia lo decidido por el ad quem por defecto f\u00e1ctico y, por ende, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 13 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso declarativo objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
b). La titular del Juzgado Tercero de Familia de la misma urbe, corrobor\u00f3 que all\u00ed curs\u00f3 el decurso criticado, donde se el 23 de noviembre de 2020 se emiti\u00f3 sentencia con que se dispuso \u00abPRIMERO: Declarar no probadas las excepciones primera y tercera propuestas por la parte demandada SEGUNDO. Declarar probada la excepci\u00f3n segunda, propuesta por la parte demandada, en cuanto a la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, por lo expuesto en la parte motiva. TERCERO. Declarar probada la pretensi\u00f3n primera de la demanda en el sentido de declarar que los se\u00f1ores Carlos Stiven Cortes y Gabriel Enrique Barreto Herrera, convivieron en uni\u00f3n marital de hecho desde el nueve (9) de agosto del a\u00f1o dos mil ocho (2008) y hasta el primero (1) de noviembre del a\u00f1o dos mil diecis\u00e9is (2016), fecha en la que termin\u00f3 dicha uni\u00f3n por fallecimiento del compa\u00f1ero permanente Gabriel Enrique Barreto Herrera, tal como se ha manifestado y fue demostrado dentro del proceso, que como tal se llamaron y fueron en s\u00ed mismos compa\u00f1eros permanentes tal como se\u00f1ala el art. 1\u00ba de la Ley 54 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que esa decisi\u00f3n fue apelada por los aqu\u00ed accionantes \u00fanicamente en cuanto a la decisi\u00f3n de declarar la uni\u00f3n marital de hecho; empero, el 24 de junio de 2021, el Superior ratific\u00f3 \u00edntegramente lo decidido, todo lo cual, dice, se desarroll\u00f3 con respeto a las garant\u00edas superiores de los intervinientes, raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada por incumplirse con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como requisito de procedibilidad a cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, los ciudadanos Carlos Enrique Barreto y Mar\u00eda del Carmen, cuestionan a trav\u00e9s de la presente v\u00eda especial\u00edsima, en lo fundamental, la sentencia de 24 de junio de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, que mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 23 de noviembre de 2020 del Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, de acceder a las pretensiones del proceso verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que Carlos Stiven Cort\u00e9s Aldana promovi\u00f3 en su contra como progenitores del causante Gabriel Enrique Barreto Berrera, pues seg\u00fan su dicho, el v\u00ednculo entre las partes no se prob\u00f3 y existi\u00f3 una interpretaci\u00f3n \u00absesgada\u00bb de los medios de prueba allegados al decurso. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que, lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la \u00faltima decisi\u00f3n cuestionada data del 24 de junio de 2021; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 12 de enero de 2022, es decir, transcurridos m\u00e1s de seis (6) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de los actores es reprochar las citadas decisiones de los estrados accionados, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de las mismas, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se explique en modo alguno. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer la inconformidad de los gestores del amparo en lo decidido de fondo al interior del litigio de marras, han debido atacar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Tunja a trav\u00e9s el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, conforme posibilita el par\u00e1grafo del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00abtrat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil solo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n del estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb, sin que, valga precisar, en este escenario importara la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, ya que el mismo no es tomado como requisito para procedencia del mecanismo \u00abcuando se trate de sentencia dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb, siendo el \u00faltimo evento el que aqu\u00ed se present\u00f3, donde la diferencia frente a la sentencia del Tribunal no ten\u00eda car\u00e1cter econ\u00f3mico, pues buscaba exclusivamente discutir la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, es decir, el estado civil de los compa\u00f1eros permanentes, situaci\u00f3n palpable no solo por el sustento de la inconformidad, sino tambi\u00e9n, porque la acci\u00f3n para declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial qued\u00f3 superada desde la decisi\u00f3n de primera instancia, al haber sido declarada prescrita all\u00ed, sin que ninguna de las partes apelaran lo decidido. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica esta Sala ha establecido que, <\/p>\n
\u00absi el debate judicial gravita sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, es evidente su conexi\u00f3n con el estado civil de las personas. Por el contrario, si el punto resulta pac\u00edfico, y solo se discute el lapso por el que se extendi\u00f3 la comunidad de vida permanente y singular entre los litigantes, la discusi\u00f3n \u00fanicamente tendr\u00e1 repercusi\u00f3n en las resultas patrimoniales del v\u00ednculo. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, al refirmar que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compa\u00f1eros permanentes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. Sin embargo, en la misma compilaci\u00f3n se prev\u00e9 que dicha relaci\u00f3n familiar puede ir acompa\u00f1ada o no de un lazo societario, seg\u00fan el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinaci\u00f3n puede adelantarse a la par. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simult\u00e1neamente la declaratoria de existencia de \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d y la de \u201csociedad patrimonial\u201d, las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casaci\u00f3n, ya que si queda completamente superada cualquier discusi\u00f3n sobre la conformaci\u00f3n de la primera en la forma perseguida, entonces la discusi\u00f3n trasciende de la esfera del \u201cestado civil\u201d para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilita dicho medio de contradicci\u00f3n\u00bb . <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, en CSJ AC5483-2019, 18 dic., al evaluar un asunto de contornos f\u00e1cticos id\u00e9nticos al que es ahora objeto de escrutinio de la Corte, se recab\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
1. <\/p>\n
\u00ab[L]a foliatura evidencia que la inconformidad del recurrente no radica en la declaratoria de existencia de la referida uni\u00f3n marital de hecho (pues fue \u00e9l quien elev\u00f3 ese reclamo a la jurisdicci\u00f3n), sino en los extremos temporales entre los que se habr\u00eda desenvuelto el referido v\u00ednculo, aspecto trascendente para establecer la composici\u00f3n del haber de la sociedad patrimonial que de all\u00ed se habr\u00eda derivado. <\/p>\n
Entonces, si el litigio se restringe a determinar el hito inicial de la uni\u00f3n marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaraci\u00f3n judicial, aspecto este que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mico. (…) As\u00ed, en casos como este el quantum del detrimento patrimonial debe establecerse \u2013por v\u00eda general\u2013 a partir de un esfuerzo argumentativo del recurrente, as\u00ed como una indagaci\u00f3n de la magistratura, orientados a precisar la cuant\u00eda de los bienes que, seg\u00fan el fallo impugnado, ser\u00edan propios de los litigantes, pero que, de prosperar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pasar\u00edan a integrar el patrimonio com\u00fan de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, en lo que interesa al estado civil de las personas, es intrascendente que se declare que una uni\u00f3n marital de hecho se extendi\u00f3 por un lapso m\u00ednimo, o por otro mayor; por el contrario, la extensi\u00f3n del lazo familiar resulta relevante para establecer el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, y para determinar los bienes y deudas que la conforman. En ese escenario, la cuesti\u00f3n resulta eminentemente econ\u00f3mica, y por lo mismo, queda sujeta a las reglas del inter\u00e9s que prev\u00e9 el ordenamiento procesal\u00bb (AC2840-2020). <\/p>\n
Era entonces el comentado recurso extraordinario, la v\u00eda para exponer la inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda, por lo que mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, pero como el mecanismo no fue agotado, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque los aqu\u00ed inconformes no utilizaron la herramienta que contemplaba la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria, postura sobre la cual la Sala ha reiterado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC306-2021). <\/p>\n
5. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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