STC387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00023-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la William Henry Trujillo Devia contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarto Penal Especializado de la misma urbe, tr\u00e1mite al que se hace necesario vincular a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, al \u00abprincipio de legalidad\u00bb y a la \u00abfavorabilidad de la ley penal\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias procesales y el auto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n, dentro de la causa penal seguida en su contra por el delito de lavado de activos agravado, identificado con el consecutivo 2012-00008-00, interno Sala especializado en lo Penal de la Corte 53265. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, que se declare la nulidad de las antedichas determinaciones. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado se extrae del copioso y difuso escrito introductorio, que \u00abla presente acci\u00f3n es para que evitar las arbitrariedades y abuso del poder de los funcionarios judiciales que conocieron de estas diligencias y que realizaron actividades sin el seguimiento de las formas propias del juicio y de tal manera (\u2026) vulneraron las garant\u00edas y los derechos fundamentales\u00bb del aqu\u00ed interesado, en tanto que \u00abel delito con el cual se calific\u00f3 la actuaci\u00f3n no corresponde [desde los \u00e1mbitos] jur\u00eddico[o] y lega[l]\u00bb, motivo por el cual, \u00abluego de verificar el art\u00edculo 7 de Decreto Ley 2266 de 1991, y el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo Penal (Decreto 100 de 1980 vigente para la \u00e9poca de la ocurrencia de los hechos\u00bb por los que result\u00f3 condenado, se advierte que esta \u00faltima norma le resulta m\u00e1s favorable, \u00abya que la pena oscilaba entre 6 meses y cinco a\u00f1os y multa de mil a cien mil pesos\u00bb, por lo que se hace necesario que se declare \u00abla cesaci\u00f3n del procedimiento por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal bien\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1ala que no comparte las determinaciones adoptadas por las autoridades convocadas, en tanto que \u00abno es cierto que las conductas delictivas de enriquecimiento il\u00edcito y receptaci\u00f3n se deban asimilar al lavado de activos conducta punible que solo vino a estar vigente con la Ley 190 de 1995 a solicitud de la Convenci\u00f3n de Viena\u00bb, adem\u00e1s de la inadecuada valoraci\u00f3n que hicieron de los medios de convicci\u00f3n recaudados, motivos por los que considera que el reclamo elevado merece ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 13 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que mediante sentencia del 23 de marzo de 2018, confirm\u00f3 en su integridad la sentencia condenatoria de la que se duele el convocado, remiti\u00e9ndose a los argumentos en ella plasmados. De otro parte, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda solicitada, porque \u00abuna vez ejecutoriada la decisi\u00f3n de segunda instancia, incluso agotado el tr\u00e1mite en casaci\u00f3n, pretend[e] [el accionante] justificar vulneraciones constitucionales, con afirmaciones que, por dem\u00e1s, han sido decantadas dentro etapa procesal oportuna para ello\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, tras realizar un recuento de las actuaciones adelantadas con ocasi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el aqu\u00ed interesado junto con otros coprocesados, dijo en estricto sentido, que al haber inadmitido la demanda mediante auto calendado 26 de junio de 2019, se \u00abimpidi\u00f3 el estudio de fondo del proceso, [por lo que] la Sala Penal no ha incurrido en el desconocimiento de los derechos fundamentales alegados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
d. De otro lado, la Fiscal 17 Especializada DECLA inform\u00f3, que \u00abrevisado el sistema de informaci\u00f3n SIJUF se pudo verificar que dentro de ese proceso fue vinculado mediante diligencia de indagatoria, entre otros, el se\u00f1or WILLIAM HENRY TRUJILLO DEVIA; que clausurada la instrucci\u00f3n, ese despacho 17 UNEDLA el 16 de marzo de 2009, procede a calificar el m\u00e9rito del sumario profiriendo resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en su contra y en la de otras personas, como coautor del delito de lavado de activos previsto en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, agravado seg\u00fan el art\u00edculo 324 \u00eddem y ordena librar las respectivas \u00f3rdenes de captura en su contra, as\u00ed como de los otros acusados, decisi\u00f3n que confirmada el 21 de septiembre de 2011 por la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito; en firme la decisi\u00f3n el proceso fue remitido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
e. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y, que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n
2. Ahora bien, visto desde la perspectiva de la finalidad del auxilio, se sabe que no puede convertirse este mecanismo en un factor de inseguridad jur\u00eddica o fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite, en tanto el amparo que constituye su objeto, adem\u00e1s de ser efectiv\u00f3, tambi\u00e9n debe ser inmediato ante una vulneraci\u00f3n o amenaza que pueda calificase como actual. <\/p>\n
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC534-2020); por ello, quien se presenta como \u00abafectado\u00bb, debe procurar acudir tempestivamente al mecanismo excepcional. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la salvaguarda rogada por el ciudadano William Henry es improcedente, por incumplir con el presupuesto general de la prontitud, si en cuenta se tiene que la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, esta es, el auto mediante el cual la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de segundo grado, data del 26 de junio de 2019, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 26 de noviembre de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo desde la emisi\u00f3n de los memorados pronunciamientos (2 a\u00f1os y 5 meses), sin que el tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ, STC359-2021). <\/p>\n
4. Ahora bien, debe advertirse que no puede tenerse en cuenta la excusa alegada por Trujillo Devia, relativa a la \u00absuspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb con ocasi\u00f3n del estado de excepci\u00f3n decretado en marzo de este a\u00f1o, habida cuenta que dicha determinaci\u00f3n no se hizo extensiva a las acciones de tutela. Por tanto, no fue demostrada la existencia de alg\u00fan motivo o circunstancia que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Y es que el 15 de marzo de 2020, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 el Consejo Superior dispuso: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 1. Suspender los t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la funci\u00f3n de control de garant\u00edas y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podr\u00e1n realizar virtualmente. Igualmente se except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela1\u00bb. (subrayado de la Sala). <\/p>\n
5. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues como se vio, su libelo fue inadmitido, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir lo concerniente a la falta de congruencia entre los hechos por los que fue condenado y delito que le fue imputado, adem\u00e1s la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (STC3705-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Medida que se prorrog\u00f3 hasta el 01 de julio de 2020, en virtud del acuerdo PCSJA20-11567 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
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STC387-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC387-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00023-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la William […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60649\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}