STC404-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC404-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00026-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Antonio Arambula Ochoa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, pide el accionante la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en la providencia de segunda instancia que profiri\u00f3 el 10 de diciembre de 2021, en el marco del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios promovido por el abogado Edgar Omar Sep\u00falveda Rodr\u00edguez en contra de la Unidad Hematol\u00f3gica Especializada IPS S.A.S. y el doctor Guillermo Antonio Ar\u00e1mbula Ochoa. <\/p>\n
De lo expuesto en el escrito constitucional y las pruebas allegadas, se extraen, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Manifiesta que posteriormente el abogado Edgar Ornar Sep\u00falveda, quien nunca hizo parte del citado contrato, promovi\u00f3 incidente en su contra y de la Unidad Hematol\u00f3gica Especializada IPS S.A.S., tendiente a la regulaci\u00f3n de \u00abunos supuestos honorarios\u00bb, y para lo anterior alleg\u00f3 un peritazgo, \u00absin el lleno de los requisitos legales y por valor excesivo a cancelar a su favor\u00bb, que al momento de ser evaluado desestim\u00f3 la Juez de primera instancia por no cumplir con los requisitos legales, y \u00abno ser coherente con la cuant\u00eda del proceso ni con la cuant\u00eda del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito entre el abogado doctor GUILLERMO ANTONIO ARAMBULA OCHOA y la demandante UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA\u00bb, y pese a lo anterior, tom\u00f3 la metodolog\u00eda propuesta por tal perito para la regulaci\u00f3n de honorarios que tas\u00f3 al incidentalista, \u00abcon base en un contrato del cual no hacia parte\u00bb. <\/p>\n
Agrega que conforme a lo establecido en el auto del Juzgador a quo de 29 de junio de 2021, \u00abNO se prob\u00f3 la existencia de v\u00ednculo alguno entre el incidentalista y la demandante UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA, raz\u00f3n por la cual se exoner\u00f3 de la obligaci\u00f3n de cancelar posibles honorarios al incidentalista, toda vez que la demandante UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA, nunca suscribi\u00f3 contrato con el incidentalista, ni realiz\u00f3 pacto o contrato alguno para representaci\u00f3n legal y menos acord\u00f3 pago de honorarios a su nombre\u00bb (Negrilla y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
Informa que apelada la decisi\u00f3n por las partes, la confirm\u00f3 parcialmente el Tribunal \u00abdesconociendo la ausencia de una relaci\u00f3n contractual entre el incidentalista y la UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA, y por lo que es a\u00fan m\u00e1s grave e injusto, se ha desconocido el reconocimiento que hizo el Doctor Ar\u00e1mbula Ochoa en audiencia al manifestar que reconoce se determinen la fijaci\u00f3n de honorarios pero de acuerdo con el objeto de la sustituci\u00f3n del poder y lo m\u00e1s importante, que se determinaran de acuerdo a como lo manifest\u00f3 la propia Se\u00f1ora Juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, pide, en concreto, que por ser contraria al debido proceso se revoque la providencia del Tribunal accionado de 10 de diciembre de 2021, y, \u00aben su defecto se ordene desvincular del proceso a la UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA tal y como lo decret\u00f3 la Juez Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta de primera instancia y se proceda a liquidar honorarios al incidentalista con base en los preceptos legales y no bajo el precepto de un peritazgo carente de validez, lo mismo que con base en un contrato del cual el incidentalista no tuvo participaci\u00f3n, induciendo a los operadores judiciales a la vulneraci\u00f3n del debido proceso, adem\u00e1s de normas y jurisprudencia constitucional ya mencionada, conservando el principio de naturaleza, calidad, cuant\u00eda del proceso y la duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el incidentalista\u00bb. (Negrilla y subraya en texto). Como medida provisional pidi\u00f3 ordenar la suspensi\u00f3n de la \u00abEJECUCION DE SENTENCIA, a fin de evitar da\u00f1os futuros irreparables a los demandados\u00bb. (Negrilla y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 13 del presente mes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado al Tribunal accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n al Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta y a las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite incidental de regulaci\u00f3n de honorarios a que refiere esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta remiti\u00f3 a las actuaciones consignadas en el expediente, del cual envi\u00f3 copia digital. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor Guillermo Antonio Ar\u00e1mbula Ochoa, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, cuestiona la providencia de 10 de diciembre de 2021 por la cual el Tribunal accionado, en sede de apelaci\u00f3n, decidi\u00f3 modificar parcialmente el numeral segundo del auto proferido el 29 de Junio de 2021 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, en el marco del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios promovido por el abogado Edgar Ornar Sep\u00falveda Rodr\u00edguez en contra de la Unidad Hematol\u00f3gica Especializada IPS S.A.S. y el doctor Guillermo Antonio Ar\u00e1mbula Ochoa, y en su lugar dispuso que los honorarios profesionales regulados estar\u00edan a cargo de los incidentados, por lo que pide, por esta v\u00eda extraordinaria \u00abse ordene desvincular del proceso a la UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA tal y como lo decret\u00f3 la Juez Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, impone a la Corte mirar con atenci\u00f3n la legitimaci\u00f3n activa, a lo cual se procede recordando que nadie se encuentra autorizado legalmente para invocar en nombre de otra persona natural o jur\u00eddica, vulneraci\u00f3n en determinado asunto si no revela su representaci\u00f3n, pues la Sala ha sostenido de manera inveterada que quien se encuentra habilitada constitucionalmente para acudir a esta espec\u00edfica v\u00eda es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus prerrogativas; en consecuencia, si bien esta acci\u00f3n es un instrumento de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y garant\u00edas de todas las personas, se encuentra supeditada a la legitimaci\u00f3n constitucional e inter\u00e9s concreto para obrar. <\/p>\n
Ha de recordarse, que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, as\u00ed, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, no le asiste inter\u00e9s que legitime al se\u00f1or Guillermo Antonio Arambula Ochoa, para acudir a esta v\u00eda excepcional para peticionar que se ordene al Tribunal accionado que en la providencia atacada desvincule \u00abdel proceso a la UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA\u00bb, adicionalmente, no alleg\u00f3 \u00abpoder especial\u00bb que lo facultara para ejercer esa funci\u00f3n en el tr\u00e1mite constitucional a nombre de la referida Unidad, como tampoco fue alegado, ni probado, que \u00e9sta se encuentre impedida al punto que requiera la intervenci\u00f3n de un tercero en calidad agente oficioso para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
2. Ahora en cuanto a la manifestaci\u00f3n referente, a que si bien el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta al evaluar el peritazgo que aport\u00f3 el promotor del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, lo desestim\u00f3 por no cumplir con los requisitos legales, y pese a lo anterior, tom\u00f3 la metodolog\u00eda propuesta por tal perito para la regulaci\u00f3n de honorarios que tas\u00f3 al incidentalista, encuentra la Corte al revisar la providencia de segunda instancia proferida el 10 de diciembre de 2021, que all\u00ed se dijo: <\/p>\n
\u00ab(…) Corolario de lo anterior se ha indicado por la Corte Suprema que, sin desconocer la funci\u00f3n judicial de la prueba pericial dentro de un proceso, en cualquier momento el juez puede apartarse de las conclusiones de este. Es que el juez no homologa el dictamen pericial, sino que lo analiza, lo examina, lo valora con sujeci\u00f3n a las reglas de este medio probatorio y al resto de elementos de convicci\u00f3n que subyacen en el proceso. De ah\u00ed que el legislador haya dispuesto en el art\u00edculo 232 del CGP la regla o pauta de valoraci\u00f3n consistente en que el dictamen debe apreciarse conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, as\u00ed como las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En franca concordancia con lo anterior debe decirse que le asiste raz\u00f3n al juzgado cognoscente para separarse de la experticia realizada porque no es suficiente para definir el caso que concita la atenci\u00f3n. No se puede ignorar que la remuneraci\u00f3n de los servicios prestados por los profesionales del derecho se encuentra determinada por lo convenido entre las partes en el correspondiente contrato de mandato, el cual es ley para ellos. La cuantificaci\u00f3n de los honorarios que hizo el perito ($218.829.202) parte de premisas err\u00f3neas y en verdad surge abiertamente desproporcionada a las actuaciones realizadas por el mandatario sustituto, e incluso a lo aspirado por el promotor del incidente ($69.832.548). <\/p>\n
Es que la jurisprudencia ha explicado con suficiencia que el tr\u00e1mite incidental propuesto tiene por objeto estudiar \u00fanicamente la labor desempe\u00f1ada por el profesional del derecho dentro del proceso jurisdiccional en el que se promueve el incidente, no puede extenderse antojadizamente hasta abarcar honorarios que eventualmente correspondan a otro tipo de gestiones. Admitir lo contrario, desbordar\u00eda la esfera de competencia que de manera puntual traza el legislador en la norma. <\/p>\n
Revisado el contenido del dictamen claramente se observa que este no se limita a valorar las actuaciones adelantadas por el interesado durante el tr\u00e1mite del proceso, esto es, desde que se otorg\u00f3 la sustituci\u00f3n del poder y hasta que le fue revocado. De las cuatro etapas en que dividi\u00f3 el proceso, valor\u00f3 actuaciones que a prop\u00f3sito no est\u00e1n enmarcadas dentro la gesti\u00f3n adelantada como abogado sustituto, y de las cuales no hay evidencia de que hubieren sido ejecutadas por el doctor \u00c9dgar Omar. <\/p>\n
En efecto, se habla de una primera etapa o preprocesal en la que revis\u00f3 y organiz\u00f3 las 642 facturas base del recaudo ejecutivo, realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cartera en deuda y elabor\u00f3 la demanda. De nada de ello hay prueba y por ende el juzgado carece de facultades para considerarlas. Lo que el expediente muestra es que el sustituto no tuvo injerencia en la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva acumulada. Tampoco en las etapas de admisi\u00f3n, notificaci\u00f3n y contestaci\u00f3n del recurso interpuesto contra el mandamiento de pago y las excepciones formuladas. Equivoco en que incurri\u00f3 el perito al sopesar una serie de actuaciones bajo el fundamento de que el incidentalista era quien elaboraba los escritos y recursos que firmaba y radicaba el doctor Guillermo Antonio. <\/p>\n
Sumado a que \u2013y he ah\u00ed otro grave error de la experticia- termin\u00f3 considerando que el incidentalista deb\u00eda recoger una mayor cantidad de honorarios que el principal, cual si este \u00faltimo no hubiera ejercido actividad alguna en la causa. <\/p>\n
No fue irrazonado, falto de l\u00f3gica o de sind\u00e9resis que la a quo hubiere tasado en un 30% la actividad del sustituto. Valor que resulta m\u00e1s justo y equitativo a la actividad que se prob\u00f3 haber sido desplegada por este \u00faltimo y sin ser excesivamente onerosa para el mandante. As\u00ed las cosas, se estima que en esta parte la providencia censurada goza de total acierto. Por ende, no sale avante el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto (…)\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n con la aseveraci\u00f3n que realiza el accionante en el sentido de que el Tribunal desconoci\u00f3 la declaraci\u00f3n que \u00e9l hizo en la audiencia al manifestar, \u00abque reconoce se determinen la fijaci\u00f3n de honorarios pero de acuerdo con el objeto de la sustituci\u00f3n del poder y lo m\u00e1s importante, que se determinaran de acuerdo a como lo manifest\u00f3 la propia Se\u00f1ora Juez de primera instancia\u00bb, observa la Sala que concretamente sobre este punto, se afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) Es importante recordar que la primera instancia sali\u00f3 favorable al incidentalista, al acceder la a quo a la s\u00faplica regulatoria. Para ello consider\u00f3 que al no haberse acreditado un acuerdo entre las partes en contienda, la regulaci\u00f3n de los honorarios estaba sujeta (i) a lo pactado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre la ejecutante y el abogado principal, (ii) a la suma neta que se pag\u00f3 por concepto de honorarios y (iii) la naturaleza, calidad, cuant\u00eda del proceso y la duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada. Y dijo que se apartaba del dictamen pericial aportado como prueba por no ajustarse al convenio celebrado por el mandatario originario con su cliente y no avenirse con el monto pretendido por el impulsor de la solicitud. Adem\u00e1s de que el perito incurri\u00f3 en unas anomal\u00edas, al estimar unas actuaciones que no acompasaban con los servicios profesionales que evidentemente prest\u00f3 el incidentalista. <\/p>\n
\u00ab(…) Es que, a tono con lo que viene de verse, no puede perderse de vista que en esta causa media un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales en el cual poderdante y apoderado fijaron previamente los t\u00e9rminos de la relaci\u00f3n negocial. Y toda vez que la empresa no condicion\u00f3 ni restringi\u00f3 la sustituci\u00f3n, respecto de quien as\u00ed actu\u00f3 se deriva para ella la obligaci\u00f3n de contraprestaci\u00f3n. Por lo que al promoverse un incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, ya sea por parte del abogado principal como por los sustitutos, resulta determinante como requisito sine qua non dicho contrato para establecer los emolumentos que deben ser cancelados a cualquiera de quienes en los distintos roles prestaron sus servicios profesionales y contribuyeron a la defensa de la representada (…)\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, para la Sala resulta manifiesta que la decisi\u00f3n atacada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad accionada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a los hechos y pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio interpretativo, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el litigio, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el actor constitucional considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que, como invariablemente ha se\u00f1alado esta Sala: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018 y STC12889-2021, entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Guillermo Antonio Ar\u00e1mbula Ochoa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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