STC414-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC414-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00065-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Moris Montero L\u00f3pez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el actor pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en la providencia proferida el 25 de junio de 2021. <\/p>\n
Afirma el apoderado judicial, que el accionante present\u00f3 el 4 de febrero de 2019 demanda verbal para que se declarara que Edgardo Rivera y Rub\u00e9n Suarez eran responsables por los da\u00f1os que le fueron causados \u00abcon ocasi\u00f3n de la culpa en que incurrieron al incumplir el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales que los vincul\u00f3 con \u00e9l, habida cuenta de su obrar imprudente o negligente\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que el proceso le fue asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, y la demanda fue admitida el 25 de febrero posterior, quedando pendiente la notificaci\u00f3n personal a los demandados, no obstante, el 1\u00ba de julio de 2020, el a quo \u00abluego de contabilizar un a\u00f1o de permanecer inactivo el expediente en la secretar\u00eda del despacho\u00bb, decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito \u00abSIENDO QUE SE ESTABA APENAS EN ESTADIO DE CONTINUAR EL TRAMITE DE LA DEMANDA\u00bb (Negrilla y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
Agrega que si la parte demandante no hab\u00eda cumplido con la carga procesal de iniciar las diligencias tendientes a notificar el auto admisorio a los demandados, el Juez previamente debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo establecido en el evento primero del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Indica que recurri\u00f3 inutilmente la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, porque se neg\u00f3 el primero y el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, en contrav\u00eda de lo estipulado en la norma en cita. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 13 del presente mes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado al Tribunal accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n al Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta y a las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite incidental de regulaci\u00f3n de honorarios a que refiere esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, cuestiona la providencia de 25 de junio de 2021, por la cual el Tribunal accionado, en sede de apelaci\u00f3n, decidi\u00f3 conforme a las motivaciones all\u00ed explicadas, confirmar el auto de 1\u00ba de julio de 2020 pro el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por haberse configurado el desistimiento t\u00e1cito por inactividad del demandante, de conformidad con el numeral 2 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Revisado el auto de segundo grado cuestionado, no se extrae irregularidad manifiesta lesiva de garant\u00edas sustanciales, raz\u00f3n por la cual, la tutela ser\u00e1 negada porque, la decisi\u00f3n atacada se adopt\u00f3 bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
En efecto, se observa que el Tribunal denunciado, previa revisi\u00f3n del expediente, extrajo las siguientes conclusiones: <\/p>\n
\u00ab1 La \u00faltima y \u00fanica actuaci\u00f3n del proceso fue el auto admisorio de la demanda que se efectu\u00f3 el 27 de febrero de 2019. <\/p>\n
2 Para el 27 de febrero de 2020 ya hab\u00eda transcurrido un a\u00f1o a partir de la citada actuaci\u00f3n, sin que el demandante hubiese notificado lo demanda, o solicitado o realizado actuaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3 El Consejo Superior de la Judicatura suspendi\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales a partir de 16 de marzo de 2020, los cuales se reanudaron el 1\u00b0 de julio de esa anualidad\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, destac\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En ese orden de ideas, se destaca con nitidez que el demandante dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de un a\u00f1o sin solicitar o efectuar actuaci\u00f3n alguna, incluso no cumpli\u00f3 con las cargas procesal correspondientes, luego entonces no puede bajo su propia negligencia achacar la decisi\u00f3n tomada por el juzgador en aquella instancia, por disponer la terminaci\u00f3n del proceso con base a lo que a la saz\u00f3n fue anotado. <\/p>\n
Aunado a ello, se extrae del plenario que el censor tampoco ejecut\u00f3 ninguna de las gabelas impuestas, como se anot\u00f3, de manera que no notific\u00f3 personalmente al se\u00f1or Edgardo Rivera, ni solicit\u00f3 ente el despacho de instancia el emplazamiento del se\u00f1or Rub\u00e9n Suarez, en tanto que obra en el expediente que respecto del primero si conoc\u00eda el lugar donde se deb\u00eda efectuar la correspondiente notificaci\u00f3n (folio 18), y del segundo se manifest\u00f3 en memorial subsanando la demanda que se ignoraba el lugar donde deba ser notificado (folio 16). <\/p>\n
Con lo expuesto, aflora la desgana del recurrente en darle continuidad al proceso, inobservando la celeridad y econom\u00eda que debe pregonar en los decursos procesales, de cara a eficacia y cumplimiento de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y concluy\u00f3 que se reun\u00edan los presupuestos all\u00ed establecidos para terminar el proceso por desistimiento t\u00e1cito, comoquiera que, la \u00fanica actuaci\u00f3n en el proceso fue el proferimiento del auto admisorio, sin que la parte demandante lo impulsara de alguna manera. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela de Moris Montero L\u00f3pez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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