STC416-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC416-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00498-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Martha Leonor Galvis C\u00e1rdenas frente a la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado del Circuito de Villeta, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo No. 25718408900120190022000. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora solicit\u00f3 que se declare la nulidad del prove\u00eddo por medio del cual el Juzgado accionado acept\u00f3 la oposici\u00f3n presentada en una diligencia de secuestro (1\u00ba octubre 2021), para que, en su lugar, se emita una decisi\u00f3n ajustada a derecho soportada en un an\u00e1lisis probatorio transparente. <\/p>\n
Como fundamento de su pedimento adujo que promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Mar\u00eda Del Carmen Galvis, tr\u00e1mite dentro del cual se decret\u00f3 como medida cautelar el secuestro del inmueble de propiedad de la demandada. Precis\u00f3 que en la diligencia de secuestro present\u00f3 oposici\u00f3n Edgar Carrillo quien adujo haber suscrito promesa de compraventa sobre el bien, defensa que el Juez Promiscuo Municipal de Sasaima declar\u00f3 infundada (20 octubre 2020); sin embargo, dicha decisi\u00f3n fue apelada y el Juzgado accionado dispuso su revocatoria tras considerar que \u00abel supuesto \u201ctercero\u201d es poseedor en virtud de la promesa de compraventa que hab\u00eda celebrado con la demandada (\u2026)\u00bb,. A juicio de la actora, tal proceder desconoce que la jurisprudencia ha establecido que siempre que exista una promesa que se encuentre vigente, no se puede catalogar al promitente comprador como poseedor sino como mero tenedor. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Villeta defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el resguardo por considerar razonable la actuaci\u00f3n del Juzgado accionado. <\/p>\n
4. La promotora del amparo impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en que el Juzgado accionado desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial e incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado, toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
En el caso objeto de estudio, contrario a lo aducido por la gestora, el Juzgado del Circuito de Villeta al revocar el prove\u00eddo por medio del cual se neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por Edgar Carrillo, no fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la existencia de una promesa de compraventa sobre el inmueble objeto del secuestro, sino que valor\u00f3 los actos posesorios que se hab\u00edan adelantado por el solicitante. Sobre este \u00edtem la autoridad judicial precis\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, sobre los actos posesorios, en el expediente obra la prueba testimonial recaudada a instancia del tercerista, de quien reconoce el testigo Alexander Montero, se presenta ante los dem\u00e1s como el due\u00f1o y se\u00f1or del inmueble, pues fue con quien la empresa Dalmet Ingenieria S.A.S. suscribi\u00f3 de manera directa un contrato de arrendamiento desde el mes de julio de 2017. Dijo adem\u00e1s que la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen C\u00e1rdenas es la persona que aparece en el recibo de la luz, pero que \u201cel propietario es el se\u00f1or EDGAR CARRILLO\u201d. Adem\u00e1s, que el arrendador fue quien realiz\u00f3 las adecuaciones al inmueble. Los anteriores dichos guardan concordancia con las manifestaciones del se\u00f1or Edgar Carrillo, quien adujo que entreg\u00f3 el predio en arriendo al se\u00f1or Eduardo Montero Rinc\u00f3n en el a\u00f1o 2017, pues, aunque si bien ten\u00eda el predio en su poder desde el a\u00f1o 2016, tard\u00f3 aproximadamente 12 meses realiz\u00e1ndole adecuaciones para poderlo entregar en arriendo. <\/p>\n
El contrato de arrendamiento referido tanto por el opositor como por el testigo, se alleg\u00f3 en la diligencia de secuestro del cual es f\u00e1cil colegir que en efecto aquel fungi\u00f3 como arrendatario de la empresa DALMET INGENIERIA S.A.S y que dicho convenio reca\u00eda sobre el predio trenzado en esta litis, v\u00e9ase tambi\u00e9n que en el par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula tercera del citado contrato, se pact\u00f3 \u201cLas partes acuerdan que el valor que cancelar\u00e1n durante los primeros 30 d\u00edas ser\u00e1 la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M\/C ($3.500.000.oo) en efectivo u que los restantes DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M7C ($2.500.000.oo) por cada mensualidad ser\u00e1n condonados al pago hecho a las mejoras realizadas por EL ARRENDATARIO y que recaen sobre el inmueble objeto de este contrato, este pago sobre el monto de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M\/C ($75.000.000.oo) se descontar\u00e1 hasta el d\u00eda 31 DE DICIEMBRE DEL A\u00d1O 2019\u201d.Lo cual guarda coherencia no solo con lo manifestado por el declarante Alexander Montero, pues inform\u00f3 sobre esta tem\u00e1tica que el inmueble fue objeto de varias adecuaciones y mejoras que fueron sufragadas por el recurrente, sino tambi\u00e9n con el informe t\u00e9cnico allegado en la diligencia de secuestro, en tanto en la primera hoja del mismo se consign\u00f3 \u201cmuy comedidamente le estoy remitiendo el informe t\u00e9cnico y valorizado de los trabajos realizados en su bodega ubicada en calle 16 a No. 13 26 del Municipio de Ch\u00eda Cundinamarca. Realizado en Noviembre del 2016\u201d. <\/p>\n
En suma, el Juzgado accionado hall\u00f3 acreditado que quien ejerci\u00f3 la oposici\u00f3n efectu\u00f3 actos posesorios tales como mejoras y explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble a t\u00edtulo personal. Lo anterior deja en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la precursora considera que se debi\u00f3 resolver el asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
Por lo discurrido se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC416-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC416-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00498-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Martha Leonor Galvis C\u00e1rdenas frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60666","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60666"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60666\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}