STC425-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC425-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-00015-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiseis de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante apoderado judicial, por Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate y Hern\u00e1n Reyes Torres frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a la Superintendencia de Sociedades – Delegatura de Procesos Mercantiles y a las partes e intervinientes en el asunto sub examine. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, al derecho internacional humanitario y sustancial, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes que dan origen a la presente salvaguarda: <\/p>\n
2.1. Indicaron los tutelantes que hacen parte de los 151 campesinos adjudicatarios de la finca guacharacas, la cual fue otorgada mediante escritura 168 del 17 de abril de 1997 por el Estado Colombiano, bajo el programa de la reforma agraria de la Ley 160 de 1994. <\/p>\n
2.2. Afirmaron que fueron despojados de la mencionada finca por los \u00absocios y administradores de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A. ahora S.A.S, mediante contratos con apariencia de legalidad que constituyen despojo al tenor de la Ley 1448 de 2011 art. 77, toda vez que fue adquirida de manera ilegal violando las prohibiciones de enajenaci\u00f3n consagradas en la escritura de adjudicaci\u00f3n 168 de 17 de abril de 1997 y la Ley 160 de 1994 aprovech\u00e1ndose del contexto de violencia predominante en la regi\u00f3n donde se encuentra ubicada la finca guacharacas para la \u00e9poca de la venta irregular hecho notorio y que constituye despojo de tierras\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, el se\u00f1or Capitolino Legro Oliveros, en nombre propio y en representaci\u00f3n legal de la Empresa Comunitaria Guacharacas, instaur\u00f3 demanda contra la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. y otros, mediante la cual pretendi\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de dicha sociedad y que se declarara la nulidad de ciertos actos defraudatorios relacionados con la adquisici\u00f3n de dicho predio; no obstante, por providencia del 20 de abril de 2017, la Coordinaci\u00f3n del Grupo de Jurisdicci\u00f3n Societaria II de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades desestim\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
2.4. Contra la anterior decisi\u00f3n, el se\u00f1or Capitolino Legro Oliveros interpuso el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por las causales 6 y 8 del art. 355 del C.G.P, por haber existido maniobras fraudulentas de los demandados en el proceso de desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica adelantado en la Superintendencia de Sociedades y por existir nulidad por uso de prueba il\u00edcita. <\/p>\n
2.5. Por sentencia del 29 de noviembre de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Los tutelantes advirtieron que el actuar del Tribunal accionado \u00abpuede configurar un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u00bb, al estimar que \u00abtodo se deb\u00eda discutir dentro del proceso de la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica porque es parte del procedimiento, cuando por ello es que se acudi\u00f3 al recurso de revisi\u00f3n ya que fueron discutidos y objetados todos los actos fraudulentos de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas pero totalmente omitidos por el Dr. Juan Pablo Amaya, por ello no se puede olvidar los derechos sustanciales y tomar como base el procesalismo, ya que los derechos sustanciales priman sobre los procesales y m\u00e1xime cuando los actos no son susceptibles de recursos como ocurre en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, destacaron que la autoridad accionada tambi\u00e9n desconoci\u00f3 que \u00abla carga de la prueba le corresponde al demandado en el recurso de revisi\u00f3n conforme a la Ley 1448 de 2011 y la sentencia de la corte suprema de justicia Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia ap5414-2018 radicaci\u00f3n no. 43707 del 11 de diciembre de 2018 en acatamiento de la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-648 de 2017\u00bb, que reconoce los derechos de las v\u00edctimas del conflicto en los distintos procesos. <\/p>\n
3. Pidieron revocar la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, en su lugar, que se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n que \u00abdeclare fundadas las causales 6 y 8 del art. 355 del C.G.P.\u00bb; as\u00ed mismo, instaron que se imponga al referido juez plural invalidar \u00abla sentencia de fecha 20 de abril de 2017 y ordene a la Delegatura de procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades dictar sentencia conforme a derecho decretando la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de acuerdo a las pretensiones de la demanda de desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 negar el amparo instaurado, toda vez que \u00ablos argumentos que los accionantes esgrimieron para fundamentar su queja constitucional no develan que la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 este Tribunal sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho, por el contrario, los mismos obedecen a su inter\u00e9s particular en reanudar el debate de una controversia que ya se resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de la providencia de 29 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades realiz\u00f3 un breve resumen del tr\u00e1mite adelantado en el proceso verbal sumario n.\u00ba 2015-800-00127, instaurado por la Empresa Comunitaria Guacharacas y Capitolino Legro Oliveros en contra de Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., Mario Guti\u00e9rrez Preciado, Guti\u00e9rrez e Hijos C\u00eda. Ltda. Luis Guillermo Cort\u00e1zar Garc\u00eda, Olga Luc\u00eda Triana Carrasquilla, Luis Daniel Cort\u00e1zar Triana, Mar\u00eda Ximena Cort\u00e1zar Triana, V\u00edctor Mart\u00ednez Palacio, Silverio Vega Espitia, Inversiones CM Prometea S.A.S. e Inversiones Mart\u00ednez Romero S.A.S., destacando que hab\u00eda \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa de los accionantes\u00bb, para promover la presente acci\u00f3n constitucional, dado que no ten\u00edan \u00abninguno de dichos sujetos la calidad de parte dentro del proceso verbal sumario n.\u00ba 2015-800-00127 ni de recurrentes en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los se\u00f1ores Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate y Hern\u00e1n Reyes Torres pretenden que se revoque la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n que \u00abdeclare fundadas las causales 6 y 8 del art. 355 del C.G.P.\u00bb; as\u00ed mismo, que se ordene al referido juez plural que se invalide el fallo del \u00ab20 de abril de 2017 y ordene a la Delegatura de procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades dictar sentencia conforme a derecho decretando la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de acuerdo a las pretensiones de la demanda de desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala considera que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, lo cual impide analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
2.1. En efecto, en cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En torno al requisito referido, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado \u00ab(Ver sentencias T-082\/97, T-1220\/03, T-531\/02, T-017\/03, T-242\/03, T-301\/03, T-503\/03, T-629\/06, T-878\/07, T-312\/09, T-442\/12, SU-377\/14 entre otras.), (\u2026) que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un presupuesto esencial de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela dentro de un caso concreto, puesto que al juez le corresponde verificar de manera precisa qui\u00e9n es el titular del derecho fundamental que est\u00e1 siendo vulnerado y cu\u00e1l es el medio a trav\u00e9s de cual acude al amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
A su vez, esta Sala ha determinado que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. Se resalta). <\/p>\n
2.2. En estas diligencias, los tutelantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que consideran vulnerados por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con la decisi\u00f3n del 29 de noviembre de 2021 que declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n instaurado por el se\u00f1or Capitolino Legro Oliveros contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2017 por la Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles en el proceso 2015- 800-127, asunto en el que obraron como partes: la Empresa Comunitaria Guacharacas y Capitolino Legro Oliveros en contra de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., Mario Guti\u00e9rrez Preciado, Guti\u00e9rrez e Hijos C\u00eda. Ltda. Luis Guillermo Cort\u00e1zar Garc\u00eda, Olga Luc\u00eda Triana Carrasquilla, Luis Daniel Cort\u00e1zar Triana, Mar\u00eda Ximena Cort\u00e1zar Triana, V\u00edctor Mart\u00ednez Palacio, Silverio Vega Espitia, Inversiones CM Prometea S.A.S. e Inversiones Mart\u00ednez Romero S.A.S. <\/p>\n
En ese orden de ideas, resulta evidente que son las partes referidas las legitimadas para acudir a la acci\u00f3n de amparo y no los se\u00f1ores Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate y Hern\u00e1n Reyes Torres, pues no concurrieron a dicho tr\u00e1mite, como personas naturales, en calidad de sujetos procesales. <\/p>\n
3. Asimismo, ha de se\u00f1alarse que, aunque los actores aluden que tienen la calidad de desplazados y v\u00edctimas del conflicto, que sus derechos sobre el bien que les fue adjudicado en esa condici\u00f3n fueron vulnerados en dicho juicio y que se desconocieron las previsiones de las Leyes 160 de 1994 y 1448 de 2011, as\u00ed como de la sentencia SU648-2017, esta Sala, al resolver un asunto con alguna similitud, en una tutela instaurada tambi\u00e9n por el se\u00f1or Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate, precis\u00f3 que no eran los procesos ante la Superintendencia de Sociedades los mecanismos id\u00f3neos para reclamar por esos derechos, pues aquellos no pod\u00edan restituir el predio reclamado bajo las calidades alegadas por los accionantes y, por tanto, la tutela era improcedente. As\u00ed, en sentencia STC4518-2021, la Sala estableci\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abDe otra parte, no se advierte la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad del actor, pues a m\u00e1s que no alleg\u00f3 elementos de prueba que demostraran un caso similar al suyo, t\u00e9ngase en cuenta que la sentencia SU648-2017 de la Corte Constitucional, citada en el escrito de tutela y respecto de la cual, asevera, debe aplicarse en el juicio liquidatorio, de manera alguna establece la aplicaci\u00f3n general de la Ley 1448 de 2011 en cualquier tipo de proceso, por dem\u00e1s que hace las precisiones y salvedades necesarias para armonizar dicha norma con la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que tambi\u00e9n prev\u00e9 mecanismos para la restituci\u00f3n de tierras, es decir, que las v\u00edctimas reconocidas en esta \u00faltima sean beneficiarias y se les aplique en lo procedente la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de aplique en lo procedente la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, sin que el litigio concursal sea el escenario por naturaleza para debatir respecto de la ilicitud de mentado contrato de enajenaci\u00f3n u ordenar la restituci\u00f3n del predio objeto del acuerdo de voluntades. En ese orden de ideas, tal y como se precis\u00f3 en otra oportunidad a otro de los acreedores reconocidos en la aludida contienda, y que persegu\u00eda cuestionar el tan mentado contrato, \u2018el actor cuenta con los mecanismos propios del ordenamiento civil, siempre y cuando acredite su dicho y cumpla los requisitos para ello, para demandar precisamente la inexistencia de la relaci\u00f3n contractual criticada, situaci\u00f3n que torna improcedente la tutela por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal\u2019\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
4. De este modo, el presente amparo no puede abrirse paso y, por tanto, no puede el Juez de tutela estudiar las alegaciones aqu\u00ed formuladas, pues, como antes se anot\u00f3, los actores no est\u00e1n legitimados para actuar en esta causa. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC425-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC425-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-00015-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiseis de enero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante apoderado judicial, por Jos\u00e9 Alirio Cruz Bernate y Hern\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}