STC443-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC443-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01379-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Jos\u00e9 Ulises Vergara Meza contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso y las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicaci\u00f3n 15759-3105-001-2017-00001-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, igualdad, seguridad social, debido proceso, as\u00ed como a \u00ablos derechos m\u00ednimos del trabajador y pago oportuno de la pensi\u00f3n especial de vejez\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n especial de vejez por alto riesgo y otros emolumentos. <\/p>\n
2.2. El 13 de septiembre de 2017, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso neg\u00f3 sus pretensiones y absolvi\u00f3 a la demandada, al considerar que \u00abno hab\u00eda trabajado en miner\u00eda en socav\u00f3n y subterr\u00e1neo, sino como soldador labor bajo tierra fue en ocasiones\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada el 19 de junio de 2018 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
2.3. El accionante present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue despachado desfavorablemente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo de 2021 (SL1025-2021). <\/p>\n
2.4. En criterio del actor, la Sala convocada vulner\u00f3 sus derechos, pues en el proceso demostr\u00f3 que se desempe\u00f1\u00f3 en labores tanto en superficie como bajo tierra, aunado a que se dio un alcance equivocado a su actividad como soldador, dado que s\u00ed estuvo \u00abexpuesto a altas temperaturas producida por la flama que emite el equipo al momento de soldar las piezas o hacer mantenimientos con soldadora y la soldadura implica la exposici\u00f3n directa y permite a humos met\u00e1lico y una afectaci\u00f3n a la salud\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se deje sin efectos \u00abla sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por la Corte Suprema de Justicia\u00bb y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, \u00abcon fundamento, en que mi labor como soldador fue de alto riesgo, estuve expuesto a sustancias cancer\u00edgenas por m\u00e1s de 18 a\u00f1os y por haber cumplido los requisitos del art 15 del Decreto 2090\/2003\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso argument\u00f3 que el tr\u00e1mite cuestionado \u00abse adelant\u00f3 respetando las garant\u00edas sustanciales y procesales de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la entidad no hizo parte del juicio rebatido y que el tema all\u00ed discutido, en tanto est\u00e1 relacionado con el r\u00e9gimen de prima media, corresponde a Colpensiones. <\/p>\n
3. La empresa Acer\u00edas Paz del R\u00edo indic\u00f3 que no intervino en el proceso ordinario laboral atacado. <\/p>\n
4. Colpensiones pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, toda vez que lo pretendido por el accionante es reabrir un asunto que fue estudiado en las instancias competentes, sin vulneraci\u00f3n de derecho alguno. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al advertir que la providencia censurada era razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales. Precis\u00f3 que la tutela no era una instancia adicional para revivir etapas fenecidas y que no se evidenciaba que la accionada hubiera incurrido en \u00abalguna v\u00eda de hecho que habilite la procedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, a trav\u00e9s apoderada, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial de la tutela y resalt\u00f3 que la Sala convocada ech\u00f3 de menos las pruebas que permit\u00edan \u00abconcluir la exposici\u00f3n del demandante a altas temperaturas o trabajo en socavones, tema que fue ampliamente desarrollado en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb y que, de haberse realizado una adecuada valoraci\u00f3n del acervo probatorio, se hubiera accedido a la pensi\u00f3n pretendida por el demandante, al cumplir los requisitos del Decreto 2090 de 2003. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se deje sin efectos la sentencia emitida el 17 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, se ordene a dicha autoridad judicial emitir un nuevo pronunciamiento, mediante el cual reconozca la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; por tanto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma abiertamente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del tutelante, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Pues bien, mediante providencia CSJ SL1025-2021 del 17 de marzo de 2021, la Sala accionada resolvi\u00f3, en forma motivada, el asunto debatido e indic\u00f3 que los cuestionamientos del se\u00f1or Vergara Meza se centraban en que el Tribunal no hab\u00eda realizado una adecuada valoraci\u00f3n del material probatorio que acreditaba su exposici\u00f3n a altas temperaturas y las labores adelantadas bajo tierra; aunado a que tampoco tuvo encuenta lo contenido en el art\u00edculo 2 del Decreto 2090 de 2003. <\/p>\n
3.1. En torno al primero de los aspectos citados sostuvo que el Tribunal no encontr\u00f3 que las actividades desarrolladas por el actor estuvieran enmarcadas como de alto riesgo, indicando que, al respecto, el a quem estableci\u00f3 que los riesgos del se\u00f1or Vergara Meza en su primera labor como obrero general de patios y como operario de lavadora, seg\u00fan el \u00abacervo probatorio y (\u2026) las pruebas testimoniales (\u2026) se refieren a machucones, ca\u00eddas por tr\u00e1nsito en pisos irregulares, golpes, etc. Por lo anterior, se puede concluir que en estas dos labores no se gener\u00f3 ning\u00fan tipo de labor de alto riesgo\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en lo atinente a las labores de mantenimiento de cable a\u00e9reo, soldador de primera y de segunda y como mec\u00e1nico montador, destac\u00f3 que se acredit\u00f3 que las mismas fueron \u00aben la mayor\u00eda del tiempo, mantenimiento y reparaci\u00f3n de cables a\u00e9reos y no como minero propiamente dicho [\u2026] las labores desempe\u00f1adas bajo tierra no fueron como tal trabajando en la explotaci\u00f3n y extracci\u00f3n de minerales, sino que eran netamente de mantenimiento de la maquinaria [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, frente a los cuestionamientos relacionados con la indebida apreciaci\u00f3n de las certificaciones aportadas, la historia laboral, la demanda, su contestaci\u00f3n, entre otros, afirm\u00f3 que el juez plural se atuvo a su contenido literal, del cual dedujo que el actor trabaj\u00f3 para Acer\u00edas Paz del R\u00edo en los cargos: \u00abi) obrero general en almacenes de patios- operaci\u00f3n de plantas, del 16 de junio de 1980 al 21 de julio de 1981; ii) obrero de operaci\u00f3n de planta lavadora- operaci\u00f3n de plantas, del 1\u00ba de agosto de 1981 al 20 de septiembre de 1982; iii) operador de cable en chapa, del 1\u00ba de octubre de 1982 al 15 de julio de 1984; iv) ayudante calificado en mec\u00e1nica y soldadura taller central, del 16 de julio de 1982 al 28 de febrero de 1988; v) lubricador reparador de cables a\u00e9reos, del 1\u00ba de marzo de 1988 al 1\u00ba de abril de 1990; vi) soldador de segunda en mantenimiento de cables a\u00e9reos del 2 de abril de 1990 al 31 de mayo de 1991; vii) soldador de primera en mantenimiento de cables a\u00e9reos del 1\u00ba de junio de 1991 al 30 de abril de 2008, y viii) mec\u00e1nico montador de primera en mantenimiento de cable a\u00e9reo el Salitre, del 1\u00ba de mayo de 2008 al 13 de abril de 2009\u00bb, labores de las que no se pod\u00eda inferir que hubiese estado expuesto a altas temperaturas o trabajo en socavones, como se contempla en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2090 de 2003. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que tampoco se atacaron todas las pruebas que fueron apreciadas en la alzada, para, con ello, quebrar la sentencia acusada, pues en la respectiva instancia se analizaron en conjunto la confesi\u00f3n del se\u00f1or Vergara Meza con los testimonios rendidos en el proceso, de lo cual se evidenci\u00f3 la improcedencia de lo reclamado por este y que, al \u00abdejarlos hu\u00e9rfanos de ataque, permanece inc\u00f3lume la inferencia que de ellos extrajo la sala sentenciadora\u00bb. <\/p>\n
3.2. Asimismo, en punto del art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2090 de 2003 consider\u00f3 que s\u00ed fue tenido en cuenta, toda vez que fue estudiado el material probatorio allegado, con el fin de verificar si se ajustaba a los requisitos all\u00ed se\u00f1alados para obtener la prestaci\u00f3n reclamada, no obstante, su aplicaci\u00f3n fue \u00absimplemente (\u2026) en su fase negativa\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a dicha fase adujo que era \u00abdoctrina de esta Corporaci\u00f3n que al activarse una norma por parte del sentenciador, le har\u00e1 producir todos sus efectos o se abstendr\u00e1 de imponerlos de acuerdo con el an\u00e1lisis f\u00e1ctico o jur\u00eddico que circunstancialmente realice, pero en el segundo caso no se podr\u00e1, entonces, endilgar la infracci\u00f3n directa de su parte por falta de aplicaci\u00f3n, sino su indebida aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del mismo, casos que conllevan, cada uno, un particular juicio de valor que no puede ser suplido por el juez de casaci\u00f3n dado el principio dispositivo que permea el recurso extraordinario\u00bb1. <\/p>\n
En ese sentido, enfatiz\u00f3 que \u00abuna de las formas en las que es viable atacar una sentencia bajo la modalidad de infracci\u00f3n directa, es cuando descansa sobre el supuesto de hechos plenamente aceptados o suficientemente demostrados, situaci\u00f3n que no acontece en el asunto bajo escrutinio, toda vez que el juzgador no tuvo por acreditado que el promotor del juicio hubiese laborado en actividades de alto riesgo, durante el tiempo necesario para acceder a pensi\u00f3n, luego obs\u00e9rvese que aquello que el recurrente pretende es tener por cierto un hecho que no lo estuvo para el juez de alzada, lo que a las claras denota un divorcio f\u00e1ctico con las conclusiones de tipo probatorio que sirvieron de b\u00e1culo indiscutible del fallo gravado\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que el accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario y considerar que las pruebas allegadas no permit\u00edan establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos para reconocer la prestaci\u00f3n pretendida y que no se hab\u00edan desconocido las previsiones de la norma aplicable. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01741-01 11 juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
Por otra parte, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio. Cabe destacar que, en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, may. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Citando en sustento las sentencias CSJ SL, 27 de abr. 2010, rad. 33406 y CSJ SL, de 7 de jul. 2010, rad. 31646. <\/p>\n
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STC443-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC443-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60677","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60677"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60677\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}