STC449-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC449-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00080-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que John Jairo Jim\u00e9nez D\u00edaz le promovi\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Itag\u00fc\u00ed, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 05266600020320110399201 (Rad. Corte 50415). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pretendi\u00f3 que se ordene al juez de conocimiento declare \u00abla nulidad de todo lo actuado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y el escrito inaugural se extrae que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Itag\u00fc\u00ed lo conden\u00f3 a la pena principal de 156 meses de prisi\u00f3n por el delito de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os, agravado (30 ag. 2016), apel\u00f3 y el Tribunal la confirm\u00f3 (7 mar. 2017); postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Corte cas\u00f3 parcialmente la sentencia de segundo grado para, entre otras determinaciones, establecer el castigo en 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n (CSJ SP4516-2021, 6 oct.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que, el juez de conocimiento incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria, adem\u00e1s de obstaculizar la teor\u00eda del caso de la defensa pues su invenci\u00f3n [fue] ilegal al violarse el principio de imparcialidad, y en ese evento calific\u00f3 su condena de ilegal e il\u00f3gica. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n hizo el recuento de lo rituado, defendi\u00f3 su prove\u00eddo del cual remiti\u00f3 reproducci\u00f3n y resisti\u00f3 los anhelos. Los dem\u00e1s convocados se opusieron a las pretensiones. No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta ponencia fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Preliminarmente se precisa, que la Corte circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n al veredicto SP4516-2021 de 6 de octubre de 2021, pues, aunque el gestor objet\u00f3 las actuaciones de instancia, fue este mediante el cual la judicatura defini\u00f3 el asunto y, por ende, resulta inane detenerse en las mismas. <\/p>\n
Dicho esto, el ruego de Jhon Jairo Jim\u00e9nez P\u00e9rez ser\u00e1 negado porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga en lo penal no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En el caso objeto de estudio se encuentra que el gestor en el recurso extraordinario apoy\u00f3 el primero de los cargos de su demanda de casaci\u00f3n en los mismos motivos de nulidad invocados en el escrito de tutela y atinentes a la supuesta indebida intervenci\u00f3n del director del proceso en el tr\u00e1mite probatorio, lo que la colegiatura aludida resolvi\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
En orden a resolver el caso, verificar\u00e1 la Sala si, en verdad, el comportamiento de la juez de primer grado durante la audiencia de juicio oral muestra visos de parcialidad y, m\u00e1s importante a\u00fan, si ese supuesto error sustancial caus\u00f3 un perjuicio de tal entidad a la defensa que el \u00fanico mecanismo disponible para subsanarlo es la nulidad. <\/p>\n
Pues bien, al contrastar los puntuales momentos a los que hizo alusi\u00f3n el defensor en la demanda y, en general, al verificar el desarrollo de todos los interrogatorios cruzados que tuvieron lugar durante el juicio, no observa la Sala ning\u00fan comportamiento de la juez del que se pueda derivar un indicio de parcialidad o de alg\u00fan tipo de inclinaci\u00f3n a favor de la fiscal\u00eda y en contra del procesado. Su conducta, seg\u00fan as\u00ed se pudo escuchar en los registros de audio, siempre estuvo orientada a cumplir con sus funciones como directora del proceso y, en ese orden, a garantizar la lealtad e idoneidad de las preguntas que las partes les formulaban a los testigos. <\/p>\n
Tan es as\u00ed que durante los testimonios que se practicaron a instancias tanto de la fiscal\u00eda como de la defensa, el profesional del derecho que represent\u00f3 los intereses de JOHN JAIRO JIM\u00c9NEZ P\u00c9REZ formul\u00f3 un sinn\u00famero de objeciones a las preguntas de su contraparte y, la gran mayor\u00eda, fueron resueltas por la juez a su favor, en unos casos, obligando al fiscal a reformular alguna pregunta y en otros, llegando incluso a exigirle que la retirara. En no pocas ocasiones, tambi\u00e9n reconvino a los testigos para que respondieran con claridad a las preguntas del defensor y hasta amonest\u00f3 al fiscal por la impropiedad t\u00e9cnica de sus interrogatorios. <\/p>\n
De esa manera, la auscultaci\u00f3n de la referida pr\u00e1ctica probatoria deja al descubierto que el censor desatiende la realidad procesal, pues lo verdaderamente acaecido es que la \u00abintromisi\u00f3n\u00bb de la funcionaria se dio en el contexto de un adecuado direccionamiento en la construcci\u00f3n de la prueba testimonial. Ello, en atenci\u00f3n a que, en el caso de los testimonios de Doris In\u00e9s Ledesma, Mauricio P\u00e9rez Luj\u00e1n, Gustavo Le\u00f3n Rom\u00e1n y H\u00e9ctor Jim\u00e9nez, hizo caer en la cuenta al defensor que estaba dirigiendo o, lo que es lo mismo, induciendo las respuestas en los testigos, al paso que, en el caso de Jaime Echeverry Vera, propendi\u00f3 porque el profesional formulara preguntas concretas y no incurriera en la pr\u00e1ctica de hacer preguntas sugestivas. <\/p>\n
Ahora, centrado en el estudio de los pormenores de la actuaci\u00f3n expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) ning\u00fan inter\u00e9s parcializado, como lo pretendi\u00f3 ilustrar el demandante, se gest\u00f3 en el proceder de la funcionaria y tampoco la Sala aprecia irregularidad alguna que pusiese en tela de juicio su imparcialidad en el curso del juicio oral. No demostr\u00f3 tampoco el censor que con alguna de las intervenciones de la funcionaria se hubiera desequilibrado el sistema adversarial de las partes. Por \u00faltimo, con su planteamiento el defensor desconoci\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ha venido se\u00f1alando que quien promueve una cr\u00edtica por esta v\u00eda tiene la obligaci\u00f3n de \u00abconvencer a la Corte de que en el caso analizado el funcionario de conocimiento evidenci\u00f3, mediante manifestaciones de \u00edndole objetiva, alg\u00fan inter\u00e9s personal o privado en el resultado del proceso, o busc\u00f3 un fin p\u00fablico o institucional distinto al respeto de las garant\u00edas fundamentales, en otras palabras, que ejerci\u00f3 o mostr\u00f3 el \u00e1nimo de ejercer funciones afines a las pretensiones acusatorias del Estado o bien a favor de los designios de la defensa, durante el transcurso de la actuaci\u00f3n procesal\u0002. (\u2026) En este orden de ideas, el demandante tiene que demostrar en sustento de la vulneraci\u00f3n del principio de imparcialidad durante la fase probatoria del juicio que no s\u00f3lo hubo una intervenci\u00f3n excesiva, extraordinaria o poco frecuente por parte del juez, sino que adem\u00e1s dicho proceder se tradujo en la pr\u00e1ctica en una efectiva perturbaci\u00f3n del equilibrio que debe garantizarse a las partes.\u00bb1 <\/p>\n
En este caso, seg\u00fan se vio, el defensor de JOHN JAIRO JIM\u00c9NEZ P\u00c9REZ ni siquiera logr\u00f3 demostrar que las intervenciones rese\u00f1adas de la funcionaria a quo resultaron excesivas, extraordinarias o poco frecuentes y la Corte, luego de analizar con detalle la totalidad del juicio, tampoco encuentra que ello haya sido as\u00ed. <\/p>\n
Tampoco de la decisi\u00f3n de la juez de compulsar copias a algunos de los testigos de la defensa se puede extraer su \u00e1nimo parcializado en contra de la defensa. Su proceder, amparado por su obligaci\u00f3n legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes posibles conductas o faltas penales o disciplinarias acaecidas dentro de los procesos que conoce, en manera alguna incidi\u00f3 en el resultado del juicio ni en el examen de las pruebas que le sirvieron de fundamento a la condena. <\/p>\n
En el caso que se analiza, es claro que el censor cuestiona lo que a su juicio violent\u00f3 el derecho al debido proceso de su defendido por la aparente parcialidad de la juez de primera instancia. No obstante, la Sala no evidenci\u00f3 dicha transgresi\u00f3n de derechos, por cuanto las razones esgrimidas para la compulsa de copias no se advierten antojadizas o caprichosas, sino que son el resultado de su autorizada percepci\u00f3n directa sobre la posible mendacidad o complicidad de algunos testigos de la defensa. <\/p>\n
Bajo el mismo derrotero y luego de analizar lo acontecido en relaci\u00f3n con la compulsa de copias, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la funcionaria explic\u00f3 que su decisi\u00f3n de compulsar copias a los referidos testigos obedeci\u00f3 a que en algunos de ellos observ\u00f3 ciertas conductas que se pueden enmarcar dentro de la figura de la complicidad -art. 30 del C\u00f3digo Penal- y, en otros, consider\u00f3 que sus afirmaciones faltaron a la verdad porque, por ejemplo, en el caso de Piedad Elena Vel\u00e1squez Fern\u00e1ndez se demostr\u00f3 en el juicio que esta testigo se contradijo frente a lo que ella misma manifest\u00f3 en una entrevista que rindi\u00f3 antes del juicio oral. <\/p>\n
Finalmente, el demandante acus\u00f3 a la sentencia de vulnerar el debido proceso en su componente del derecho de defensa porque la juez no le permiti\u00f3 examinar en su integridad a varios de los testigos que convoc\u00f3 al juicio, con los cuales pretend\u00eda demostrar su teor\u00eda del caso, que consist\u00eda en que la v\u00edctima minti\u00f3 sobre los hechos por los que se acus\u00f3 a JOHN JAIRO JIM\u00c9NEZ P\u00c9REZ y para ello, le resultaba imprescindible probar la personalidad con tendencia a la mendacidad de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Tal fue el caso de lo que ocurri\u00f3 con la testigo menor de edad V.T., a quien el defensor quiso indagar sobre su opini\u00f3n acerca de si la v\u00edctima era o no una ni\u00f1a mentirosa. En esa oportunidad y bajo el argumento de que ese juicio no ten\u00eda por prop\u00f3sito juzgar la personalidad o comportamiento de la v\u00edctima, la juez se opuso a que el defensor le formulara a la deponente una serie de preguntas encaminadas a obtener esa informaci\u00f3n. <\/p>\n
En apoyo de su reclamo, el defensor argument\u00f3 que esa intervenci\u00f3n de la juez fue \u00abilegal\u00bb porque se opone abiertamente al contenido de los art\u00edculos 391 y 403 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal en los que se establece que el interrogatorio directo se limitar\u00e1, entre otros, a los aspectos relativos a la credibilidad de otro declarante y que se podr\u00e1 cuestionar ante el juez la credibilidad de un testimonio con relaci\u00f3n al \u00abcar\u00e1cter o patr\u00f3n de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, analizar las preguntas y la informaci\u00f3n que por conducto de la testigo V.T. pretendi\u00f3 introducir la defensa, encuentra la Sala que, contrario a lo que aleg\u00f3 este sujeto procesal, se ajust\u00f3 a derecho la decisi\u00f3n de la juez de rechazar por impertinente la pregunta encaminada a que la declarante respondiera si ella consideraba que M.V. era \u00abuna ni\u00f1a honesta\u00bb. <\/p>\n
Esto es as\u00ed porque, en primer lugar, el literal a) del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece que \u00abtoda pregunta versar\u00e1 sobre hechos espec\u00edficos\u00bb. La misma norma establece, adem\u00e1s, que \u00abel juez excluir\u00e1 toda pregunta que no sea pertinente\u00bb. De forma residual y atendiendo a la literalidad del texto legal, no est\u00e1n permitidas, entre otras, las preguntas que no se refieran a hechos concretos, como pueden ser todas aquellas en las que se indague al testigo sobre su opini\u00f3n respecto de una persona o situaci\u00f3n determinada, a lo que cabe agregar que en su declaraci\u00f3n solo estar\u00e1 autorizado para informar \u00absobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasi\u00f3n de observar o percibir\u00bb2. <\/p>\n
Por supuesto, no desconoce la Corte la evidente intenci\u00f3n del legislador de permitir cuestionar el car\u00e1cter o patr\u00f3n de conducta del testigo, aunque s\u00f3lo en lo atinente a su mendacidad, como as\u00ed se desprende del contenido de los art\u00edculos 375, 391 y 403 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Los dem\u00e1s aspectos de su personalidad como sus gustos, preferencias, comportamientos, etc., no podr\u00e1n ser ventilados ni convertidos en objeto de controversia dentro de un juicio oral. <\/p>\n
Con todo, ese prop\u00f3sito inherente al derecho a la confrontaci\u00f3n como expresi\u00f3n del debido proceso debe ajustarse, sin excepci\u00f3n, a las reglas que sobre la pr\u00e1ctica del interrogatorio establece la legislaci\u00f3n procedimental penal. Es decir, las partes s\u00f3lo podr\u00e1n atacar la credibilidad de un testigo o, en este caso, de la v\u00edctima, a trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de hechos que el testigo pudo percibir de forma directa y personal, m\u00e1s no de conceptos, opiniones o apreciaciones personales de quien est\u00e1 siendo interrogado con tal finalidad dentro del juicio. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n y siguiendo los derroteros trazados en el literal a) del art\u00edculo 392 ib\u00eddem, cualquier pregunta encaminada a auscultar el parecer o la opini\u00f3n de un testigo sobre la mendacidad de otro debe ser rechazada por impertinente porque, se insiste, lo que interesa al juicio es la demostraci\u00f3n de hechos que, para este particular prop\u00f3sito, conduzcan a menguar la credibilidad del declarante frente al juez, como podr\u00eda ser, por ejemplo, una pregunta en la que se le pida al testigo que informe de alg\u00fan episodio concreto en el que le conste que la v\u00edctima dijo mentiras. <\/p>\n
(\u2026) el asunto relativo a la credibilidad es un tema propio de valoraci\u00f3n judicial, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 404 de la Ley 906 de 2004. En otras palabras, es al juez a quien le corresponde ponderar si le cree o no a un testigo, con fundamento en lo que a partir de los hechos probados durante el debate oral pudo concluir sobre su fiabilidad, labor que de ninguna manera puede recaer sobre los testigos, a quienes no les corresponde emitir juicios de valor u opiniones sobre la honestidad de otro deponente o de la v\u00edctima. <\/p>\n
Para en ese escenario concluir que, <\/p>\n
(\u2026) ning\u00fan comportamiento indicativo de parcialidad pudo demostrar la defensa respecto de la juez de primer grado en quien, por el contrario, encontr\u00f3 la Corte el \u00fanico inter\u00e9s de garantizar el respeto al debido proceso y el principio de igualdad de armas dentro del juicio que se adelant\u00f3 en contra de JOHN JAIRO JIM\u00c9NEZ P\u00c9REZ. Sus intervenciones durante la pr\u00e1ctica probatoria estuvieron debidamente fundamentadas y se ajustan a las reglas que para el correcto desarrollo de los interrogatorios cruzados establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. En tal virtud, el cargo no prospera. <\/p>\n
Establecido el anterior panorama, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada sobre los hechos y pruebas que llevaron a la desestimaci\u00f3n de la nulidad planteada y que cerr\u00f3, de paso, la discusi\u00f3n sobre dicho t\u00f3pico, lo que pone en evidencia que en el presente asunto existe es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el precursor considera que se debi\u00f3 resolver el asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego. <\/p>\n
Por lo discurrido, la protecci\u00f3n implorada no puede abrirse paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no ser impugnado este veredicto, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ SP, 30 jun. 2010, rad. 33658. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 402 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
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