STC464-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC464-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00017-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Imap Solutions S.A.S. en liquidaci\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el proceso verbal radicado n\u00ba 2019-00312. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, por intermedio de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, formul\u00f3 demanda contra Anwar El Khoja, con la pretensi\u00f3n de que se le declare \u00abcivilmente responsable (sic)\u00bb por los perjuicios ocasionados durante el per\u00edodo en que fungi\u00f3 como representante legal de la compa\u00f1\u00eda; este a su vez, con el mismo prop\u00f3sito, demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n a Imap Solutions y a su actual gerente Valery Guillou por los da\u00f1os causados con la sustracci\u00f3n y ocultamiento del programa inform\u00e1tico \u00abGeoportal o Portal Geogr\u00e1fico\u00bb. <\/p>\n
Relata que, el 3 de noviembre de 2020 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, dict\u00f3 sentencia de primera instancia accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda original y neg\u00f3 las de la reconvenci\u00f3n. Anwar El Khoja, apel\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, mediante auto del 9 de diciembre de 2020 admiti\u00f3 la alzada y posteriormente, con prove\u00eddo del 3 de mayo de 2021 dio traslado al recurrente para que allegara la sustentaci\u00f3n respectiva, bajo los par\u00e1metros y t\u00e9rminos del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, omitiendo pronunciarse frente a la referida petici\u00f3n, el 28 de junio de 2021, la colegiatura accionada dict\u00f3 sentencia de segunda instancia en la que revoc\u00f3 parcialmente la del a quo, concretamente en el sentido de desestimar las pretensiones de la demanda principal. <\/p>\n
Ahora bien, esencialmente, reprocha que el tribunal haya resuelto de fondo la apelaci\u00f3n interpuesta pese a que no fue sustentada. Adicionalmente, cuestiona dicha providencia, pues afirma, \u00abvalor\u00f3 indebidamente la prueba recaudada en el proceso e interpret\u00f3 incorrectamente las normas que le sirvieron de fundamento al fallo\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la supuesta irregularidad que resalta del tr\u00e1mite dado al recurso, sostiene que \u00abno se puede entender de ninguna manera que la formulaci\u00f3n de los reparos concretos frente a la sentencia haga las veces de sustentaci\u00f3n, pues la ley expresamente exige que dicha sustentaci\u00f3n debe hacerse ante el superior en la forma y oportunidad all\u00ed consignados\u00bb. Aduce que, lo que se impon\u00eda era declarar desierto el recurso, en consideraci\u00f3n del art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020 pero, al no hacerlo, el tribunal incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agrega que, \u00abninguno de los argumentos que le sirvieron al Tribunal Superior de Medell\u00edn para revocar la sentencia de primera instancia fue planteado por el recurrente [\u2026] ni al formular los reparos de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, recrimin\u00f3 tambi\u00e9n que la magistratura accionada no examinara las deficiencias que conten\u00eda la contestaci\u00f3n de la demanda, pues de haberlo hecho, correspond\u00eda aplicar la sanci\u00f3n prevista en los art\u00edculos 96 y 97 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Finalmente, alega que el tutelado \u00abtergivers\u00f3 la demanda y le dio un alcance que no ten\u00eda [\u2026] la demanda era clara en su prop\u00f3sito: obtener una declaratoria de responsabilidad [\u2026] resulta llamativo que la conclusi\u00f3n a la llega el tribunal para afirmar que la demanda pretend\u00eda que el demandado rindiera cuentas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efectos \u00abla sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, del 28 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. El Juez Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que la intenci\u00f3n de la accionante es \u00abcuestionar el criterio adoptado un\u00e1nimemente por el \u00f3rgano colegiado, situaci\u00f3n que de ninguna manera conlleva a vulneraci\u00f3n fundamental alguna; se trata de una discrepancia de interpretaci\u00f3n, situaci\u00f3n que como lo tiene por sentado la inveterada jurisprudencia constitucional, no sirve para quebrar las decisiones tomadas por la judicatura en torno a la definici\u00f3n de un juicio\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, ponente de la providencia discutida, defendi\u00f3 la postura adoptada por esa colegiatura y las motivaciones que dieron sustento al fallo en cuesti\u00f3n, indicando que en aqu\u00e9l se abordaron cada uno de los t\u00f3picos centrales de la controversia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la censura al tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n se\u00f1ala que, \u00abel tema en verdad fue despachado en la sentencia, advirtiendo que el recurrente hab\u00eda entregado sus razones de inconformidad desde la primera instancia y frente a las mismas el no recurrente hizo uso del respectivo traslado de rigor (\u2026) los reparos fueron debidamente planteados y desarrollados en primera instancia, incluso fueron ampliados en ese primer grado, tanto as\u00ed que fueron objeto de contradicci\u00f3n por el no recurrente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por la sociedad aqu\u00ed querellante dentro del proceso verbal radicado n\u00ba 2019-00312, con la sentencia del 28 de junio de 2021 que revoc\u00f3 la del a quo, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda principal, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por, (i) darle tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n pese a que no fue sustentada en tiempo, admitiendo los reparos expuestos ante el juez de primera instancia por el recurrente; (ii) indebida valoraci\u00f3n probatoria y falta de aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en los art\u00edculos 96 y 97 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando se presenta una deficiente contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En el asunto analizado, desde ya anticipa la Sala que se negar\u00e1 el resguardo respecto de la queja dirigida contra la tramitaci\u00f3n dada por el tribunal accionado al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, al no encontrarse acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que invoca la accionante como desconocidos por el aqu\u00e9l en el sentido que lo predica. <\/p>\n
Sobre el particular, es menester indicar preliminarmente que, la postura mayoritaria de la Sala ha considerado que la exposici\u00f3n de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en el C\u00f3digo General del Proceso propende por el respeto y la garant\u00eda del principio de oralidad, as\u00ed como de otros valores importantes como la celeridad y la concentraci\u00f3n de los actos judiciales. <\/p>\n
No obstante, la entrada en vigencia del Decreto Legislativo (transitorio) 806 de 2020 \u2013 que respondi\u00f3 a la necesidad de adaptar los procesos judiciales a la virtualidad impulsada por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del covid19 \u2013 trajo consigo una modificaci\u00f3n sustancial en el tr\u00e1mite de los recursos; al respecto, el art\u00edculo 14 ejusdem, dispuso que: <\/p>\n
\u00abEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. <\/p>\n
Es decir, con el procedimiento adoptado se abandon\u00f3, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n ante el ad quem, por lo que los argumentos de los apelantes podr\u00e1n formularse por escrito, con el prop\u00f3sito de restringir la presencialidad en las sedes judiciales y as\u00ed proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia. <\/p>\n
A partir de la implementaci\u00f3n de esta nueva normativa, la posici\u00f3n de la Sala vari\u00f3 y acept\u00f3 que, incluso si el apelante ante el juez a quo expone con suficiencia y claridad los motivos de su inconformidad, de manera que abarquen los puntos cardinales de su disenso, aqu\u00e9llos podr\u00e1n ser admitidos a fin de ser objeto de pronunciamiento en la segunda instancia. En ese sentido, en sede de tutela, esta Corporaci\u00f3n resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. <\/p>\n
En este evento, [\u2026.] formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 1\u00ba de octubre del a\u00f1o en curso proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, sustentando por escrito las razones por las cuales consideraba que deb\u00eda revocarse aquella decisi\u00f3n; luego, en auto del 20 de octubre siguiente, la colegiatura criticada procedi\u00f3 a admitir la alzada y correr traslado al recurrente por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que sustentara por escrito dicho remedio, de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del art\u00edculo 14 del mentado Decreto Legislativo; y, comoquiera que el inconforme guard\u00f3 silencio, el d\u00eda 5 de noviembre, al calificarse insatisfecha, se produjo la declaraci\u00f3n de la deserci\u00f3n del citado mecanismo, determinaci\u00f3n que mediante prove\u00eddo del 23 del mismo mes, se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 la magistratura accionada al declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por el actor popular, ac\u00e1 interesado, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia; y, como ese escrito se hallaba dentro del expediente de la acci\u00f3n constitucional, la corporaci\u00f3n tutelada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
Lo hasta aqu\u00ed dicho, encuentra apoyo en un caso reciente de similares contornos, en el cual la Sala consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A]un de aceptarse que el mentado canon 14 [del Decreto Legislativo 806 de 2020] pudiera aplicarse al caso de marras, y por tanto, que deb\u00eda aportarse un escrito en el que se sustentara la apelaci\u00f3n, lo cierto es que una vez pronunciada la sentencia de primer grado, y concedida tal censura, la demandante, aqu\u00ed interesada, procedi\u00f3 a sustentar por escrito tal r\u00e9plica; entonces, al momento en que se admiti\u00f3 la alzada, ese memorial ya militaba en el expediente, motivo por el cual la Sala Civil Familia criticada pudo tener por cumplido el requisito que exigi\u00f3 en la primera de las providencias atacadas; no obstante, tampoco valor\u00f3 esa especifica situaci\u00f3n en aras de dar prevalencia al derecho sustancial sobe las formas, e incurriendo en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u00bb (CSJ STC5498-2021)\u00bb (CSJ STC17423-2021) Negrillas y subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En este caso, el recurrente no solo expuso en audiencia ante el juez a quo los reparos al fallo, sino que complement\u00f3 y ampli\u00f3 los mismos en escrito posterior (6 de diciembre de 2021) que alleg\u00f3 al despacho y que denomin\u00f3 \u00abprecisi\u00f3n sobre los reparos concreto al fallo\u00bb, all\u00ed plante\u00f3 y desarroll\u00f3 censuras espec\u00edficas frente a la decisi\u00f3n, tales como \u00abreparos a la valoraci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda principal y de la resoluci\u00f3n de las pretensiones principales (\u2026) aplicaci\u00f3n indebida, contraria a derecho y contraevidente [\u2026] de la sanci\u00f3n prevista en el inciso primero del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) El deber del juez de interpretar no solo las normas sino tambi\u00e9n todas las piezas procesales (\u2026) El art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso no exige m\u00e1s que un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones y esta carga est\u00e1 satisfecha (\u2026) Si no opera la presunci\u00f3n aplicada en el fallo, el caso debe resolverse a la luz de la carga de la prueba y la sana cr\u00edtica (\u2026) Particular reparo merece que no se hayan decretado los testimonios solicitados oportunamente por el demandado, con lo cual se conculca el debido proceso y defensa (\u2026) no se valoraron correctamente las pruebas aducidas y aportadas y no se consideraron otras [de la demanda de reconvenci\u00f3n] (\u2026) probada la responsabilidad de la sociedad demandante y de su representante legal [\u2026] se debe condenar por el momento establecido en el juramento estimatorio incorporado en la demanda de reconvenci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[s]i bien la parte demandada en la demanda inicial y demandante en reconvenci\u00f3n no alleg\u00f3 escrito de sustentaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino concedido en esta instancia, no obstante, ya hab\u00eda expresado ampliamente sus razones de inconformidad desde la primera instancia y, frente a las mismas, el no recurrente hizo uso del respectivo traslado de rigor\u00bb (sentencia de segunda instancia rad. 2018-312; del 28 de junio de 2021, Sala Civil, Tribunal Superior de Medell\u00edn). <\/p>\n
Por lo tanto, esta concreta queja resulta claramente infundada, de ah\u00ed que no se vislumbre un actuar del enjuiciado que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos demandados. <\/p>\n
4.2. La sentencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura demandada resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el abogado de Anwar El Khoja contra el fallo de 3 de diciembre de 2020, que revoc\u00f3 el del Juez Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, para en su lugar denegar pretensiones de la demanda principal, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que aqu\u00e9lla fue el resultado de una razonada interpretaci\u00f3n del contexto procesal analizado conforme al problema jur\u00eddico trazado por las partes, como pasa a verse. <\/p>\n
Primero, frente a la discusi\u00f3n en torno a las deficiencias de la contestaci\u00f3n de la demanda principal y la de reconvenci\u00f3n, que impon\u00edan dar paso a la presunci\u00f3n se\u00f1alada en el art\u00edculo 97 del estatuto adjetivo, que en este evento ser\u00eda la responsabilidad social del administrador, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El se\u00f1or juez orient\u00f3 su fallo en tal sentido, esto es, atendiendo que una sola de las partes se beneficiaba probatoriamente con dicha presunci\u00f3n, haciendo lugar a las s\u00faplicas de la demanda, por lo menos, en cuanto al da\u00f1o emergente, dado que, en su leal saber, no se alleg\u00f3 una contestaci\u00f3n de la demanda con la suficiente fuerza para derruir tal presunci\u00f3n, lo que acarreaba forzosamente la certeza de lo narrado en los hechos de la demanda por el actor, a prop\u00f3sito de lo establecido en el art\u00edculo 97 del C. G. del P. <\/p>\n
(\u2026) seg\u00fan los art\u00edculos 96 y 97 del C\u00f3digo General del Proceso, el demandado, para contestar la demanda, debe cumplir con las exigencias all\u00ed enlistadas, pues su omisi\u00f3n conlleva a una contestaci\u00f3n deficiente, que tiene como consecuencia la presunci\u00f3n de certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n que est\u00e9n contenidos en la demanda, \u00ab\u2026salvo que la ley le atribuya otro efecto\u2026\u00bb. El art\u00edculo 97 ib\u00eddem, muestra que la contestaci\u00f3n de la demanda debe contener un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella o las afirmaciones contrarias a la realidad conlleva la mentada consecuencia. <\/p>\n
Es cierto, como lo alega la parte apelante, que el Juez no puede caer en formalismos ni rigorismos al momento de leer e interpretar cada uno de los escritos que son radicados en los procesos judiciales, pues ello implicar\u00eda una conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales, como lo ser\u00eda el de defensa, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Tampoco se trata de que el Juez haga una especie de listado de ac\u00e1pites de los escritos presentados, pues bien puede haber una contestaci\u00f3n sin denominaci\u00f3n de los p\u00e1rrafos, por ejemplo, pero s\u00ed es necesario que de su contenido surja la oposici\u00f3n y un pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones. Lo mismo ocurre con las excepciones: no es necesario que aquellas est\u00e9n previamente denominadas, pese a que, seg\u00fan la ley, as\u00ed debe ser, pues si el Juez logra extraer alg\u00fan medio exceptivo de todo lo escrito en la contestaci\u00f3n, debe estudiarla y resolver la misma, sin necesidad de exigir que el demandado le haya dado un t\u00edtulo o nombre a dicha excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, efectivamente, en este asunto el demandado ejerci\u00f3 su defensa y se opuso a las pretensiones, y aunque la contestaci\u00f3n no haya sido \u00abun dechado de t\u00e9cnica y claridad, se impon\u00eda resolver sobre la misma y entender como formuladas las excepciones de m\u00e9rito que en t\u00e9rminos generales constituyen una oposici\u00f3n a los pedimentos y a los hechos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente destac\u00f3 que, como el juzgador no tuvo por contestada la demanda original, presumi\u00f3 como cierto lo denunciado respecto del administrador y las presuntas actuaciones contrarias a sus deberes, empero, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) del examen acucioso del expediente, se observa que se dejaron de valorar en su conjunto las pruebas allegadas al plenario, por cuya auscultaci\u00f3n afloran hechos con entidad suficiente para derruir la presunci\u00f3n engendrada con ocasi\u00f3n de la responsabilidad social del administrador y, por contragolpe, de la confesi\u00f3n ficta que hizo obrar el funcionario. <\/p>\n
Y complement\u00f3 que, a partir de lo probado, comprendi\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la demanda original persegu\u00eda en realidad una \u00abrendici\u00f3n provocada de cuentas\u00bb por parte del entonces administrador, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debido a que, los gastos que se iban generando y reportando en los extractos bancarios, no correspond\u00edan con los retiros de dinero realizados de la cuenta de la empresa, hecho que fue advertido por la contadora Blanca Nely Monsalve Garc\u00eda y fue eso lo que lo movi\u00f3 a acudir a los estrados judiciales al se\u00f1or Valery Guillou. <\/p>\n
Incluso, si se aceptara, en gracia de discusi\u00f3n, que hubo una malversaci\u00f3n de fondos imputable a la conducta del administrador y, visto en su integridad el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio -relacionado con la responsabilidad de los administradores-, de todas maneras, el esfuerzo argumentativo y probatorio ser\u00eda insuficiente para entender debidamente estructurada la responsabilidad del administrador de la sociedad. Recordemos que, en torno a su demostraci\u00f3n, no es posible dejar todo en manos de la presunci\u00f3n que campea en estos asuntos, ya que es \u201c\u2026indispensable que se compruebe la existencia de un detrimento patrimonial que le sea imputable, en forma espec\u00edfica, a las acciones u omisiones de estos funcionarios\u201d, en vista que, esta especie de responsabilidad es la denominada subjetiva, seg\u00fan lo tiene explicado la H. Corte Suprema de Justicia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as normas que se ocupan del contrato de sociedad, en general, y las especiales de cada tipo societario, en conjunto con la que se deja reproducida, es dable visualizar que el legislador, adem\u00e1s de la responsabilidad contractual fincada en el negocio jur\u00eddico que da origen a las sociedades comerciales y que vincula por igual a quienes lo celebran, estableci\u00f3 un r\u00e9gimen particular de responsabilidad en relaci\u00f3n con sus administradores, que opera s\u00f3lo respecto de ellos, nada m\u00e1s que en su condici\u00f3n de tales, y como consecuencia de las acciones u omisiones en que, mediando dolo o culpa, incurran al desempe\u00f1ar dicha funci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e debe destacar que las notas m\u00e1s significativas de la responsabilidad de que se trata y que, por lo tanto, permiten identificar su genuina naturaleza jur\u00eddica son las siguientes: se trata de un r\u00e9gimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de la actuaci\u00f3n de sus administradores; los sujetos que en ella participan est\u00e1n definidos en la ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensi\u00f3n resarcitoria son solamente la sociedad, los socios y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jur\u00eddica, independientemente de que concurra en ellos la condici\u00f3n de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos dolosos o culposos que \u00e9stos cometan en desarrollo de la administraci\u00f3n que ejerzan, es decir, que el factor de atribuci\u00f3n de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva; en los supuestos de \u2018incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u2019 (\u2026) se presume su culpabilidad; y, en virtud de dicho sistema, los administradores est\u00e1n llamados a responder en forma personal, aut\u00f3noma e ilimitada, esto es, con total independencia de la responsabilidad que como consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse para la sociedad, como persona jur\u00eddica independiente tanto de sus socios como de sus administradores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 que, el juez ning\u00fan pronunciamiento hizo de las defensas planteadas por el demandado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ni verific\u00f3 si el dinero en controversia ingres\u00f3 realmente de manera irregular al patrimonio del administrador o si, por el contrario, se emple\u00f3 en asuntos afines al objeto social de Imap Solutions S.A.S., como este lo plantea en su interrogatorio, que fue dinero destinado a gastos de representaci\u00f3n, pago de empleados, invitar a clientes a restaurantes para celebrar negocios, agregando que no pod\u00eda recordar con cuantos clientes almorz\u00f3 para realizar negocios y que no era el \u00fanico que ten\u00eda acceso a la cuenta de la empresa. En verdad, estas \u00faltimas actuaciones, contrario a ser negligentes, fraguadas o coludidas, encuentran fundamento en decisiones de negocios cuyos resultados, por virtud de la regla de la discrecionalidad antes aludida (business judgment rule) no corresponde auscultar, so pena de invadir la autonom\u00eda en las decisiones de negocios que le asiste a este tipo de gestores, como hombres de negocios que son. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En efecto, consta en el certificado de existencia y representaci\u00f3n que \u00e9se \u00f3rgano de administraci\u00f3n y direcci\u00f3n de la sociedad ser\u00eda \u201celegido para un periodo de un a\u00f1o y podr\u00e1 ser reelegido tantas veces cuanto sean necesarias, bajo las condiciones de un l\u00edmite de autorizaci\u00f3n de 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u201d. Con este margen financiero, mal podr\u00eda hablarse de un gasto desproporcionado, desbordado de los l\u00edmites negociales, pero es m\u00e1s, el mismo accionista mayoritario de la entidad empresarial demandante Valery Gillou, adujo que el administrador Anwar El Khoja, estaba autorizado para comprar mercados y realizar viajes, solo que, agreg\u00f3, de manera razonable, por lo que brota indubitablemente, que conoc\u00eda o, cuando menos como socio mayoritario, deb\u00eda conocer la limitaci\u00f3n anunciada, lo cual descarta una actuaci\u00f3n abusiva o enga\u00f1osa de este \u00faltimo. <\/p>\n
Por consiguiente, mal se puede establecer la configuraci\u00f3n de la \u201cresponsabilidad del administrador consistente en no obrar con la diligencia de un hombre de negocios\u201d, pues, no existe prueba en el plenario que apunte a que hubo falta de cuidado, minucia, previsi\u00f3n y diligencia en su labor que llevaran al detrimento patrimonial reconocido por el funcionario de primera instancia, decisi\u00f3n centrada en una presunci\u00f3n que se hizo valer a favor del actor, pero que, en realidad, no alcanz\u00f3 los est\u00e1ndares probatorios suficientes para edificar una responsabilidad de tal naturaleza\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que, la acci\u00f3n social de responsabilidad, por su naturaleza indemnizatoria, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) propende por imputar p\u00e9rdidas patrimoniales al administrador que ha transgredido el r\u00e9gimen de deberes y responsabilidades, y su finalidad no es otra que, el resarcimiento de los perjuicios que con dichas conductas ha ocasionado a la sociedad, a los socios y a terceros, lo cual, como se vio, lejos estuvo de probarse, pues el litigio se hizo girar en torno a un desv\u00edo de recursos de las cuentas que, analizadas al detalle, no alcanzan a comprometer el ejercicio objetivo del cargo de administrador que ejerc\u00eda el se\u00f1or Anwar el Khoja\u00bb. <\/p>\n
En definitiva, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, la pretensi\u00f3n de la sociedad querellante se circunscribe, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que el tribunal tutelado se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una valoraci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n notoria del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en este evento. <\/p>\n
En todo caso, con suficiencia ha precisado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. No se aprecia configuraci\u00f3n de irregularidad alguna o de un proceder atentatorio del debido proceso por la forma en que la colegiatura accionada tramit\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, teniendo por suficientes los reparos expuestos ante el juez a quo como sustento del recurso de apelaci\u00f3n a fin de habilitar su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
5.2. Los argumentos contenidos en la sentencia recriminada por esta senda excepcional, hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis, sustituy\u00e9ndolo, como lo pretende la sociedad actora, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo de las causas ordinarias y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC464-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC464-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00017-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Imap Solutions S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60691","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60691\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}