STC470-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC470-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00027-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por SBS Seguros Colombia S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales y las partes e intervinientes en el proceso declarativo 2019-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, acudi\u00f3 al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales se adelant\u00f3 el proceso declarativo de responsabilidad civil contractual y extracontractual 2019-00032, promovido por Mercedes del Consuelo Bastidas Cundar, Andrea Mayerlin Canchala Bastidas y sus familiares, contra Nilson Olarte Aranda, Carlos Enrique Jaimes Leal, Expreso Bolivariano S.A. y SBS Seguros Colombia S.A., buscando el resarcimiento de los perjuicios causados en el accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 20 de junio de 2017, como pasajeras del autob\u00fas de placa SPS 472. <\/p>\n
2.2. El 6 de agosto de 2020 la c\u00e9lula judicial cognoscente profiri\u00f3 sentencia parcialmente estimatoria, la cual apelaron ambas partes. <\/p>\n
2.3. Con fallo de 20 de agosto de 2021, que fue objeto de aclaraci\u00f3n mediante auto de 12 de noviembre siguiente, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto confirm\u00f3 la declaratoria de responsabilidad de los demandados, modificando la condena econ\u00f3mica impuesta en primer grado. <\/p>\n
3. Para la sociedad gestora la providencia de segundo grado adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u2026 por la indebida valoraci\u00f3n de las condiciones, alcance y coberturas pactadas en las p\u00f3lizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual para veh\u00edculos No. 1000916 y No. 1000916 [sic]\u00bb, pues \u00abno tuvo en cuenta que, en las car\u00e1tulas de tales documentos, que consignaba el alcance del negocio aseguraticio, se estipul\u00f3 de manera clara que los perjuicios directos o indirectos que tuvieran su g\u00e9nesis en las lesiones de pasajeros estaban excluidos\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, asegur\u00f3 que el colegiado ad quem incurri\u00f3 en una \u00abindebida valoraci\u00f3n de los distintos medios de prueba que denotaban que ni la ocurrencia ni la cuant\u00eda del siniestro estaban demostradas para el momento en que tuvo lugar la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial del 20 de septiembre de 2018\u00bb, lo que, a su vez, dio paso a la configuraci\u00f3n de sendos defectos materiales \u00abpor la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb y desconocimiento del precedente de esta Corte (SC1947-2021, rad. 2009-00171), al condenarla a sufragar intereses moratorios desde la calenda antedicha. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse ordene al tribunal\u2026 revocar [sic] la sentencia de 20 de agosto de 2021, para que\u2026 emita nueva decisi\u00f3n ajustada las normas de sustanciales aplicables [sic] y a los medios de prueba recaudados al interior del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
Expreso Bolivariano S. A., por conducto de apoderado judicial1 se opuso a la prosperidad del resguardo pues las alegaciones en las que la gestora funda su queja, que son totalmente coincidentes con las presentadas en la actuaci\u00f3n ordinaria, fueron \u00abobjeto de estudio, an\u00e1lisis y decisi\u00f3n de fondo del distinguido juez corporativo [sic], es decir, se presentan nuevamente los mismos alegatos tomando este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Pasto vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad accionante, al interior del proceso de responsabilidad civil 2019-00032 en el que fue demandada, con la expedici\u00f3n del fallo de 20 de agosto de 2021 a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3, con algunas modificaciones, la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Revisados los planteamientos en los que la persona jur\u00eddica accionante funda su queja, de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Pasto, observa la Corte que la motivaci\u00f3n expuesta por la colegiatura convocada no constituye yerro alguno que deba ser corregido a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta de protecci\u00f3n, pues obedece a una interpretaci\u00f3n v\u00e1lida y razonable del ordenamiento jur\u00eddico y las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, al amparo de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
En torno al reparo relativo a la \u00abindebida valoraci\u00f3n de las condiciones, alcance y coberturas pactadas en las p\u00f3lizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual para veh\u00edculos\u00bb, el tribunal accionado indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las p\u00f3lizas terminadas en 0916, 0094, 0095 y 0208 al momento del accidente\u2026 se encontraban vigentes, raz\u00f3n esta para que las mismas puedan ser afectadas en la modalidad que Expreso Bolivariano S.A., como tomador y beneficiario del respectivo seguir de responsabilidad haya contratado, hasta el monto o valor de las sumas aseguradas; de igual manera tal como se estudi\u00f3 en sede de primera instancia y en v\u00eda de apelaci\u00f3n\u2026 qued\u00f3 demostrada la responsabilidad civil, solidaria, contractual y extracontractual del extremo pasivo\u2026 motivo este para que SBS Seguros Colombia S.A., sea condenado al pago de las mentadas indemnizaciones conforme lo establece el art\u00edculo 1079 del Co de Co\u2026 <\/p>\n
(\u2026) de las estipulaciones contratadas y rese\u00f1adas en las mentadas p\u00f3liza, existe un amplia cobertura para amparar las contingencias respectivas, de manera que, con relaci\u00f3n a los perjuicios patrimoniales debidamente demostrados y condenados\u2026 para la se\u00f1orita Andrea Mayerlin y la se\u00f1ora Mercedes del Consuelo, \u00e9stos se encuentran amparados en la p\u00f3liza principal N\u00b0 1000094 que ampara la responsabilidad contractual y la N\u00b0 1000095 que ampara la responsabilidad civil contractual \u2013 capa exceso por veh\u00edculo, de suerte que las mismas ser\u00e1n afectadas siempre que la primera de ellas, como p\u00f3liza principal, no alcance a cubrir las sumas dispuestas en el fallo recurrido, ser\u00e1 la segunda p\u00f3liza la que ampare las sumas indemnizatorias que faltaren, hasta el monto del valor asegurado. <\/p>\n
En cuanto a los da\u00f1os inmateriales debidamente acreditados y condenados\u2026 para\u2026 Andrea Mayerlin y\u2026 Mercedes del Consuelo, \u00e9stos si bien se encuentran catalogados como perjuicios extrapatrimoniales y del estudio de las dos p\u00f3lizas que amparan dicho da\u00f1o, esto es las terminadas en 0916 y 0208 dentro del \u00edtem de exclusiones rese\u00f1an que: \u201c(\u2026) bajo la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, no se cubrir\u00e1n perjuicios originados directa o indirectamente de lesiones y\/o muerte ocasionados a ocupantes o pasajeros del veh\u00edculo\u201d\u2026 <\/p>\n
(\u2026) aun cuando aquellos perjuicios denominados como da\u00f1o moral y vida de relaci\u00f3n para ocupantes del automotor no se hayan enlistado dentro de los amparos asegurables o que los mismos aparezcan enmarcados dentro del ac\u00e1pite de exclusiones, lo cierto es que al convertirse en un egreso para quien caus\u00f3 el da\u00f1o, esto es en cabeza de los demandados quienes estaban amparados bajo las dos p\u00f3lizas rememoradas en glosas atr\u00e1s, esto es, aquellas que amparan la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil contractual de capa de excesos por veh\u00edculo terminadas en 0094 y 0095 respectivamente, es preciso que la compa\u00f1\u00eda SBS SEGUROS COLOMBIA S.A entre a materializar la condena que ser\u00e1 impuesta con las modificaciones anotadas en \u00e9sta providencia, sin perjuicio de la literalidad que goza dicha p\u00f3liza, y al ser un da\u00f1o inmaterial el causado, debe indemnizarse con un amparo patrimonial que se encuentre estipulado en la p\u00f3liza, de suerte que las mismas ser\u00e1n afectadas siempre que la primera de ellas como p\u00f3liza principal no alcance a cubrir las sumas dispuestas en el fallo recurrido, ser\u00e1 la segunda p\u00f3liza la que ampare las sumas indemnizatorias que faltaren, hasta el monto o valor asegurado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora, frente a la condena al pago de intereses de mora, la colegiatura ad quem resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe recordarse que el d\u00eda 26 de junio de 2018 la parte demandante solicit\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n ante la inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u2013 Pasto (N), para que convoque a la parte demandada conformada por Expreso Bolivariano, Nilson Olarte Aranda, Carlos Enrique Jaimes Leal y SBS Seguros Colombia S.A., con el fin de lograr un acuerdo\u2026 respecto del accidente ocurrido el d\u00eda 20 de junio de 2017 y los da\u00f1os causados. Diligencia que termin\u00f3 sin previo arreglo entre las partes, conllevando a que se emita \u201cconstancia de no acuerdo\u201d conforme se evidencia a folios 28 y 29 del expediente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la parte actora tal como lo indica el art\u00edculo 1077 del Co de Co, con la presentaci\u00f3n del escrito de solicitud de conciliaci\u00f3n y audiencia de la misma puso de presente la ocurrencia del siniestro y los da\u00f1os causados, acredit\u00e1ndolo con los medios respectivos tal como se avizora en la mentada certificaci\u00f3n. No obstante, al no concertarse ninguna f\u00f3rmula de arreglo, la conciliaci\u00f3n fracas\u00f3, dando lugar a la presentaci\u00f3n del proceso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en el que no s\u00f3lo se acredit\u00f3 la ocurrencia del siniestro sino adem\u00e1s los perjuicios sufridos en la \u00f3rbita interna y externa del extremo activo, dejando de demostrar la pasiva de la litis la ocurrencia de alg\u00fan eximente de responsabilidad que les impida ser\u00e1 acreedores de la reparaci\u00f3n que persigui\u00f3 la acci\u00f3n incoada. De modo que la sanci\u00f3n impuesta por el fallador A quo, tal como lo regla el canon 1080 del C\u00f3digo de Comercio se ajusta a derecho\u2026 <\/p>\n
Por tanto, al albor del canon en cita, el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia\u2026 quedar\u00e1 intacto, siendo conducente adem\u00e1s de la condena impuesta, que los intereses que sobre la misma recaen, esto es, desde el mes siguiente de haber manifestado los demandantes el derecho que les asist\u00eda a reclamar una compensaci\u00f3n por los da\u00f1os ocasionados\u2026 frente al extremo pasivo, y como se dijo en antecedencia, fracasada la audiencia de conciliaci\u00f3n el d\u00eda 20 de septiembre de 2018, los intereses moratorios corren desde el mes siguiente, esto es desde el d\u00eda 20 de octubre de 2018, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 1080 ibidem (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Pero en el presente caso, si bien la gestora atribuye a la decisi\u00f3n que cuestiona defectos f\u00e1ctico y sustantivo, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consistieron, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso de responsabilidad civil contractual y extracontractual por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
As\u00ed, al auscultar los argumentos en los que se funda la queja, de cara a la razones presentadas por la autoridad judicial de segundo grado, se aprecia que, en \u00faltimas, la intenci\u00f3n de la querellante es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas llamadas a gobernar la materia y de los elementos de convicci\u00f3n, por encima del criterio de los juzgadores ordinarios, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la sociedad demandante, toda vez que las consideraciones expuestas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, la tutela no est\u00e1 llamada a prosperar pues lo pretendido por la demandante resulta improcedente, habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al buscar imponer un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Este profesional del derecho tambi\u00e9n adujo representar a Nilson Olarte Aranda y a Carlos Enrique Jaimes Leal; sin embargo, NO aport\u00f3 poder especial conferido por dichas personas que lo habilitara para actuar en su nombre en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
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STC470-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC470-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00027-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por SBS Seguros Colombia S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, tr\u00e1mite […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}