STC478-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC478-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00041-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Alberto G\u00f3mez Romero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Penal del Circuito de Soledad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2010-00783 (radicado Corte n\u00ba 47063). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, salud y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relata que fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Soledad a la pena de 39 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado y acceso carnal con incapaz de resistir\u00bb (sentencia del 22 de mayo de 2012). <\/p>\n
Destaca que, el Tribunal Superior de Barranquilla, con fallo del 28 de julio de 2015, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en el sentido de condenarlo por los delitos de \u00abhomicidio preterintencional agravado\u00bb y \u00abacceso carnal en incapaz de resistir\u00bb, reconoci\u00e9ndole la condici\u00f3n de \u00abinimputable\u00bb, por tanto, lo sancion\u00f3 con medida de internaci\u00f3n por 20 a\u00f1os en centro m\u00e9dico de rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, resalta que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal al resolver el recurso extraordinario interpuesto por la representaci\u00f3n de la v\u00edctima y la defensa de los dem\u00e1s coprocesados, con providencia del 28 de julio de 2021, cas\u00f3 el veredicto del tribunal para en su lugar confirmar la condena que el juez de primer grado impuso, descartando la inimputabilidad reconocida por la segunda instancia. <\/p>\n
Cuestiona entonces la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Especializada, pues considera que constituye v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que la llevaron a desestimar la condici\u00f3n de inimputabilidad. <\/p>\n
Concretamente, alega que, contrario a lo indicado por la accionada, la enfermedad mental que padece y que determin\u00f3 el comportamiento punible, es permanente, por lo que no pod\u00eda colegirse que, para el momento de la ocurrencia de los hechos, esa afectaci\u00f3n hab\u00eda desaparecido. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse deje sin efectos la sentencia de fecha 28 de julio de 2021 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y se ordene a esa autoridad dictar una nueva providencia en la cual se realice una ponderaci\u00f3n correcta frente a la inimputabilidad del acusado, conforme en lo expuesto en la presente demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por intermedio del Magistrado ponente de la providencia recriminada, defendi\u00f3 la postura de la Sala en dicho asunto e indic\u00f3 que el accionante \u00ablejos de acreditar alg\u00fan yerro cometido por esta Sala, no hace cosa distinta que intentar continuar con la discusi\u00f3n que qued\u00f3 perfectamente zanjada al interior de la actuaci\u00f3n penal, \u00fanicamente con la pretensi\u00f3n de que prevalezca su personal punto de vista\u00bb; y, concretamente, en lo fue objeto de la decisi\u00f3n, sostuvo que si bien \u00abG\u00f3mez Romero sufre de trastorno bipolar [\u2026] fue necesario verificar si, para la fecha de la comisi\u00f3n de los hechos, se encontraba en crisis o si, para ese momento, tal padecimiento estaba en una fase remisiva sin incidencia alguna en sus facultades mentales y volitivas\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n pedida, por cuanto la tutela \u00abes un mecanismo subsidiario que tiene por fin exclusivo la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales constitucionales, raz\u00f3n por la cual no constituye herramienta para plantear discrepancias hermen\u00e9uticas que se tengan frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, la aplicaci\u00f3n normativa o, en todo caso, para reabrir el debate jur\u00eddico a modo de nueva instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soledad aclar\u00f3 que no fue ese despacho el que conoci\u00f3 del asunto penal al que alude el actor, por lo que solicita su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Especializada convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el aqu\u00ed accionante, al casar la sentencia del ad quem, para en su lugar confirmar la condena impuesta por el juez penal a quo, a 39 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado y acceso carnal con incapaz de resistir\u00bb, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto a la condici\u00f3n de inimputabilidad del procesado que le fue reconocida en segunda instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. El apoderado del actor, plantea discrepancias contra la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga Penal con especial \u00e9nfasis en lo que considera un \u00abfalso raciocinio\u00bb frente a la condici\u00f3n de inimputabilidad que la colegiatura ad quem estim\u00f3 que determin\u00f3 la comisi\u00f3n de las conductas reprochadas a G\u00f3mez Romero. <\/p>\n
Sobre el particular, censur\u00f3 la ponderaci\u00f3n efectuada por la accionada de la enfermedad diagnosticada al inculpado. Para el defensor, \u00aberr\u00f3\u00bb la Sala al entender que el \u00abtrastorno bipolar\u00bb es transitorio, por el contrario, asevera que es \u00abuna enfermedad mental permanente, pero sobre todo, que los s\u00edntomas que exhibi\u00f3 y se reconocieron como hechos probados, estaban directamente asociados con la conducta y los sucesos por los que fue condenado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade que, la referida condici\u00f3n de estable del enjuiciado no significaba que el trastorno hubiese desaparecido, sino que para el momento en que fue evaluado m\u00e9dicamente, se encontraba as\u00ed, \u00abpor lo que mal se hace al promover una imputabilidad, estender (sic) ese dictamen m\u00e9dico propio de un determinado momento, a un espacio temporal posterior, con la \u00fanica finalidad concluir ese concepto de imputabilidad\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n aduce que el ritual de exorcismo que termin\u00f3 en el hecho delictivo, se asociaba a los s\u00edntomas que de tiempo atr\u00e1s se reflejaban en el procesado y por lo cual se le dictamin\u00f3 el \u00abtrastorno afectivo bipolar\u00bb, en lo atinente, dijo que, \u00ab(\u2026) como consecuencia de ese trastorno se cre\u00eda sacerdote y los hechos en que perdi\u00f3 la vida la v\u00edctima [\u2026] tuvieron ocurrencia dentro de un ritual de exorcismo, n\u00f3tese que dable es concluir, que el hoy actor, nuevamente mostr\u00f3 comportamientos propios de la enfermedad que lo hac\u00edan creerse el \u201cpadre \u00c1ngel\u201d como se hac\u00eda llamar, y participar de lo que ese entendimiento lo ubicaba como competente para liberar a personas de esp\u00edritus malignos\u00bb. <\/p>\n
Insiste en que las circunstancias de tiempo y modo en que se presentaron los hechos \u00abestaban directamente vinculadas [al] trastorno afectivo bipolar por el cual ven\u00eda siendo tratado desde hac\u00eda m\u00e1s de una d\u00e9cada y, por lo tanto, ese contexto es indicativo que el acusado se encontraba durante la ocurrencia de los hechos manifestando conductas propias de su padecimiento psicol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, aunque en la sentencia se dedujo que el implicado actu\u00f3 con dolo y con \u00ab\u00e1nimo libidinoso\u00bb frente a la v\u00edctima, llegar a esa conclusi\u00f3n solo ser\u00eda aceptable \u00aben la medida en que se olvide los antecedentes por los cuales fue diagnosticado y tratado el paciente como enfermo mental (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Expone que, \u00ablos hechos violentos catalogados en la sentencia como crueles y despiadados, solo se explican en su enfermedad mental, pero adem\u00e1s, contradicen lo que luego consider\u00f3 la providencia demandada, seg\u00fan la cual el procesado se mostr\u00f3 calmado y que en ning\u00fan momento dio cuenta de la violencia que solo se apreciaba cuando estaba en crisis [\u2026] ahora frente al tema de la crisis como \u00fanico escenario en el que para la sentencia censurada era dable concluir una inimputabilidad, ello implica que para la Colegiatura existe una regla seg\u00fan la cual, solo ser\u00e1 inimputable un enfermo mental si se encuentra en un estado de crisis (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Recalca que su representado no ten\u00eda la capacidad de autodeterminarse y por lo tanto, tampoco comprender la ilicitud de sus conductas. <\/p>\n
De otro lado, manifiesta que, la accionada valor\u00f3 \u00ablas pruebas relacionadas con el concepto del m\u00e9dico tratante y en especial las conclusiones sobre los s\u00edntomas en estado de crisis, de manera contraria a la sana cr\u00edtica\u00bb pues, seg\u00fan su criterio, lo \u00fanico que pod\u00eda extraerse del material probatorio, en espec\u00edfico de la parte m\u00e9dica del acusado era que, \u00ab(\u2026) padec\u00eda una enfermedad mental de trastorno afectivo bipolar desde hac\u00eda una d\u00e9cada antes de los hechos; (ii) el trastorno estaba vinculado a fantas\u00edas sobre temas m\u00edsticos y religiosos; (iii) los hechos lamentables contra la vida y la integridad sexual de la v\u00edctima se dieron en un contexto de un exorcismo, bajo el entendimiento de que es un acto m\u00edstico o religioso.; (iv) no existe prueba dentro del expediente que d\u00e9 cuenta que el acusado o cualquier otra persona con el padecimiento comprobado del acusado, solo pierde la conciencia y su capacidad de autodeterminarse cuando se encuentra en un estado cr\u00edtico.; (v) y a\u00fan m\u00e1s importante, la sentencia reconoce que lo que tiene frente al car\u00e1cter de imputable del acusado es una inferencia razonable, perdiendo de vista que [\u2026] [en] la sentencia condenatoria debe necesariamente existir un grado de conocimiento epistemol\u00f3gico m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, puntualiz\u00f3 que, \u00abal existir dislates sobre el raciocinio efectuado en la sentencia demandada [\u2026] no existir convicci\u00f3n sobre la imputabilidad m\u00e1s de toda duda razonable y la total ausencia de prueba directa para acreditar el estado de salud de un paciente enfermo sicol\u00f3gicamente con un trastorno bipolar desde hac\u00eda m\u00e1s de una d\u00e9cada y relacionado con conductas propias a las desplegadas por este durante los sucesos investigados, no queda otra postura razonable que concluir que afloran muchas dudas por lo menos frente al t\u00f3pico de la imputabilidad y con ello de la responsabilidad, que a la postre le impide al actor recibir el tratamiento en su salud que corresponde (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Sin embargo, n\u00f3tese, que alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia de que el actor, por intermedio de su abogado, pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de la Sala accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue desfavorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n judicial no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir, por ejemplo, la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n caprichosa, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ahora, si bien el mandatario del actor se\u00f1ala algunos supuestos \u00abyerros\u00bb cometidos por la tutelada, sobre todo al momento del ejercicio deductivo frente a la condici\u00f3n de inimputabilidad que se predic\u00f3 de G\u00f3mez Romero en la segunda instancia, observa la Corte que lo que hace es recabar en puntos agotados y resueltos en cada una de las etapas procesales, y adem\u00e1s, analizados con detalle en sede de casaci\u00f3n; argumentos que as\u00ed expuestos, en realidad constituyen un nuevo recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Y es que, la intenci\u00f3n del querellante es que su personal apreciaci\u00f3n sobre lo sucedido en el juicio penal y la forma en que debieron valorarse cada uno de los elementos de conocimiento arrimados y practicados en \u00e9l, prevalezca, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Entonces, la diferencia de criterio acerca de la forma en la que fue evaluado el contexto litigioso, no es suficiente per se para habilitar la salvaguarda constitucional, puesto que, como lo ha dicho repetidamente la Sala, \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, de manera uniforme se ha explicitado que, \u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que ante cuestionamientos de este tipo, esta Corte ha precisado que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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