STC486-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC486-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04702-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Andr\u00e9s Felipe Le\u00f3n Jim\u00e9nez contra Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y \u00ablegalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare nulo el auto que no admiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia entre a conocer de fondo la sentencia [en] su contra\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En contra de Andr\u00e9s Felipe Le\u00f3n Jim\u00e9nez se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abhomicidio agravado y tentado\u00bb, siendo condenado a 210 meses de prisi\u00f3n el 4 de abril de 2019 por el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogot\u00e1; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 13 septiembre siguiente. <\/p>\n
2.2. Contra esta decisi\u00f3n el condenado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante prove\u00eddo del 28 de abril de 2021; luego, con oficio INS n\u00b0 56 de 19 de agosto siguiente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n le inform\u00f3 al promotor que \u00abno existe m\u00e9rito para acudir al mecanismo de insistencia ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para que su demanda sea admitida. No se observa que, en la sentencia de segunda instancia, ni el auto inadmisorio del 28 de abril del 2021 de la Corte, se hayan menoscabado derechos y garant\u00edas fundamentales en materia sustancial o procesal\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, contrario a lo afirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00abno existe congruencia entre la acusaci\u00f3n y su formulaci\u00f3n oral y la sentencia, por lo cual no debi\u00f3 extraer, mutuo propio, el a quo, una causal de agravaci\u00f3n punitiva inferida de la exposici\u00f3n argumentativa por parte del Agente de la Fiscal\u00eda que no hab\u00eda sido tenida en cuenta en la respectiva audiencia de formulaci\u00f3n oral de la acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que conforme a la jurisprudencia \u00abla omisi\u00f3n de una imputaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica completa vulnera el debido proceso de este acto que da inicio y define el objeto del juicio, pero tambi\u00e9n puede menoscabar el derecho a la defensa porque impide conocer en su exacta dimensi\u00f3n los cargos y los hechos respecto de los cuales habr\u00e1 de ejercerse. De esa manera, la sentencia no podr\u00e1 condenar por un delito o por una circunstancia de agravaci\u00f3n cuya imputaci\u00f3n se haya omitido en su aspecto f\u00e1ctico o jur\u00eddico, so pena de infringir, a m\u00e1s de los anteriores derechos, el principio de congruencia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que \u00abla inadecuada adecuaci\u00f3n t\u00edpica o la indebida tipificaci\u00f3n y no estudio de la causal de ausencia de responsabilidad de la leg\u00edtima defensa rompe la ecuaci\u00f3n constitucional que soporta todo el acervo constitucional de nuestro Estado Social de Derecho, como lo es el respeto por la dignidad de la persona humana, dado que no es merecedora de un yerro in iudicando que le lleve a una carga penal completamente devertebrada de la realidad factual que debe partir de la apropiaci\u00f3n de los medios de conocimiento que tienen relaci\u00f3n con los hechos jur\u00eddicamente relevantes, no de otra manera debe entenderse una ponderada hermen\u00e9utica integradora constitucionalmente reafirmada dentro del art\u00edculo 288 del C.P.P.\u00bb <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar la solicitud de amparo, al considerar que no ha vulnerado los derechos reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia al tr\u00e1mite ordinario; que la decisi\u00f3n condenatoria no luce arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 23 Seccional manifest\u00f3 que el proceso se encuentra con sentencia ejecutoriada de 23 de septiembre de 2019, confirmanda por el Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Octavo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 inform\u00f3 las partes del proceso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues \u00ablos hechos objeto de este juicio acaecidos, se reitera, el 19 de octubre de 2013 el acto de acusaci\u00f3n que lo sustenta es el celebrado el 10 de julio de 2014 y no el 21 de febrero del mismo a\u00f1o, que sirvi\u00f3 de fundamento al juicio adelantado por los sucesos del 21 de septiembre de 2013, luego mal puede el accionante denunciar incongruencia entre la sentencia ac\u00e1 proferida y una acusaci\u00f3n que no es de este proceso; por lo mismo, sesgado es su examen al omitir cualquier referencia a la acusaci\u00f3n que en verdad debi\u00f3 confrontar, cu\u00e1l era la del 10 de julio de 2014, en la que, tal como se precis\u00f3 en el auto proferido por la Sala, se hizo la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica de la agravante\u00bb; que ante la inidoneidad de los repartos del recurrente, lo procedente era inadmitir la demanda, resaltando que, no se apreci\u00f3 ninguna situaci\u00f3n que obligara a la intervenci\u00f3n oficiosa, ni quebranto de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Fiscal Jefe de Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal indic\u00f3 que las etapas del proceso penal adelantado contra el promotor se surtieron ante la autoridad competente y su apoderado tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos; que la solicitud de amparo no es una instancia adicional del proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisado el libelo de tutela, advierte la Corte que el promotor critic\u00f3 el prove\u00eddo de 28 de abril de 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso contra el fallo de segunda instancia calendado 13 de septiembre de 2019, pues, refiere que su asunto debe ser estudiado de fondo, comoquiera que, la sentencia condenatoria es incongruente entre el punible por el que fue acusado, con el que fue procesado, de ah\u00ed que, el alto Tribunal debi\u00f3 declarar la nulidad del juicio. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que la prenombrada determinaci\u00f3n no luce arbitraria ni caprichosa, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la referida providencia de 28 de abril de 2021, explic\u00f3 los motivos por los cuales no resultaba procedente darle tr\u00e1mite a la demanda de casaci\u00f3n que instaur\u00f3 el quejoso, sobre lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
3. Bajo dichas premisas evidente resulta que la demanda objeto de examen no se ci\u00f1e a las mismas y, por ende, habr\u00e1 de ser inadmitida. <\/p>\n
En efecto, lo primero que se observa, es que el libelista no exterioriz\u00f3 en esas condiciones la posibilidad de alcanzar alguno de los objetivos primordiales del recurso de casaci\u00f3n, ni del texto de la demanda se advierte la necesidad de ejercer ese control constitucional y legal. <\/p>\n
Su argumentaci\u00f3n, dedicada a proponer un equ\u00edvoco en la valoraci\u00f3n probatoria y una eventual infracci\u00f3n al axioma de congruencia, tampoco revela de qu\u00e9 manera se habr\u00eda producido la afectaci\u00f3n a una prerrogativa fundamental, m\u00e1s all\u00e1 de la simple menci\u00f3n de que se vulner\u00f3 el debido proceso, pero sin acreditaci\u00f3n alguna de que eso haya en efecto sucedido. <\/p>\n
4. Y si se trata de los requerimientos t\u00e9cnicos y argumentativos que deben acompa\u00f1ar la postulaci\u00f3n de los reparos, es incuestionable que el casacionista en manera alguna los satisface. <\/p>\n
As\u00ed, aunque no precisa el motivo que le sirve de sustento a sus censuras, dir\u00edase que en cuanto a la primera su fundamento ser\u00eda la causal tercera a juzgar porque plantea una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de un falso raciocinio a causa de una aducida transgresi\u00f3n de los par\u00e1metros de la l\u00f3gica. <\/p>\n
Empero, independientemente de la comprensi\u00f3n te\u00f3rica que el demandante revela sobre la naturaleza del yerro alegado es lo patente que \u00e9ste, en los t\u00e9rminos en que fue propuesto resulta sesgado y materialmente incorrecto. <\/p>\n
Cierto es que, a fin de establecer la intenci\u00f3n homicida que tuvieron los procesados al agredir a la v\u00edctima, el Tribunal acudi\u00f3 a un criterio jurisprudencial de acuerdo con el cual la naturaleza de la lesi\u00f3n adquiere especial trascendencia, pero no menos lo es que no fue ese el \u00fanico o exclusivo elemento de que se vali\u00f3 para arribar a aquella conclusi\u00f3n, por manera que con apoyo en la misma jurisprudencia resaltada consider\u00f3 que \u201c\u2026nuestra Corte Suprema de Justicia, clasifica las circunstancias de las cuales puede deducirse esa intenci\u00f3n en dos grandes grupos; 1- Modalidad del hecho: el medio operado, la direcci\u00f3n, n\u00famero o violencia de los golpes, las condiciones del espacio, tiempo y lugar, las circunstancias conexas a la acci\u00f3n delictuosa. 2-Manifestaciones del culpable y sus actividades anteriores al delito, las relaciones entre el autor del delito y la v\u00edctima, la causa para delinquir y la \u00edndole del culpable\u2026 es obvio que para determinar la intenci\u00f3n positiva de matar no tienen que darse todas y cada una de esas circunstancias\u201d, <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que el Tribunal hubiere resaltado con subrayas y negrillas aquel elemento no significa que lo hubiera considerado como el \u00fanico a partir del cual era deducible la intenci\u00f3n de matar, su conclusi\u00f3n en ese sentido se sustent\u00f3 en algunos de esos otros que refiri\u00f3 con base en jurisprudencia y doctrina. <\/p>\n
Luego el reparo se evidencia as\u00ed incompleto y como ya se dijo, sesgado, por omitir el examen de esas otras circunstancias, ninguna de las cuales puede entenderse desvirtuada s\u00f3lo porque desde el punto de vista m\u00e9dico las heridas no pusieron en riesgo la vida del agredido y cuando es claro que una similar afirmaci\u00f3n no puede hacerse desde una valoraci\u00f3n jur\u00eddica, de modo que ninguna incoherencia se revela por afirmarse desde esta perspectiva que hubo intenci\u00f3n de matar aunque m\u00e9dicamente las lesiones inferidas no hayan puesto en peligro la existencia de la v\u00edctima, mucho menos si se considera que la intenci\u00f3n homicida acompa\u00f1ada de actos de ejecuci\u00f3n es sancionable a\u00fan en casos en que el ofendido resulte absolutamente ileso. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 la alegaci\u00f3n de cara a la supuesta indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 104.7 del C\u00f3digo Penal, consignado que: <\/p>\n
En cuanto a la segunda inconformidad, sin precisar tampoco la causal que le sirve de fundamento, dir\u00edase en principio que acude a la primera por denunciarse la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 104.7 del C\u00f3digo Penal o acaso, a la segunda, por afirmarse infringido el axioma de congruencia. <\/p>\n
Como sea, es patente que en uno u otro sentido el reparo parte de un equ\u00edvoco en cuanto se sustenta en la audiencia de acusaci\u00f3n realizada el 21 de febrero de 2014, que lo fue en rededor de los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2013 y no los del 19 de octubre del mismo a\u00f1o, siendo estos los que aqu\u00ed se juzgan. <\/p>\n
Luego si alg\u00fan reproche surg\u00eda de la acusaci\u00f3n por raz\u00f3n de la circunstancia agravante, la remisi\u00f3n no pod\u00eda serlo respecto de aquel acto, sino del celebrado el 10 de julio de 2014 en el cual la fiscal\u00eda atribuy\u00f3 f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente la causa que incrementaba la sanci\u00f3n cuando afirm\u00f3 que el delito de homicidio tentado \u201cal ser cometido en contra del joven quien se encontraba indefenso y desarmado constituye la circunstancia de agravaci\u00f3n prevista por el art\u00edculo 104, numeral 7\u00ba\u201d. <\/p>\n
Mas equivocado se aprecia el reparo al solicitarse la nulidad de lo actuado desde la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, cuando de acreditarse la infracci\u00f3n de la congruencia respecto a una agravante la soluci\u00f3n no pasa por invalidar el proceso, sino simplemente por excluir la agravante as\u00ed considerada en la dosificaci\u00f3n punitiva. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Por tanto, como los reproches propuestos se advierten carentes de las exigencias que permitan su examen a trav\u00e9s de un fallo, la demanda que los contiene ser\u00e1 inadmitida, m\u00e1s a\u00fan cuando, de otro lado, no advierte la Corte que deba intervenir oficiosamente en aras de cumplir alguno de los fines del recurso extraordinario o de proteger una garant\u00eda fundamental. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, las referidas autoridades interpretaron las normas que regulan el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la solicitud de insistencia, concluyendo que la demanda g\u00e9nesis de ese tr\u00e1mite incumpl\u00eda las exigencias que para esos efectos contempla el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por lo que no hab\u00eda lugar a darle curso; sin que se observara la presencia de alguna eventualidad que hiciera operantes las potestades oficiosas que en dicha materia tiene la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, al no verificarse la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales del condenado, situaci\u00f3n que, a su vez, conllevaba la inviabilidad de la aludida insistencia. <\/p>\n
En tal caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. Lo dicho en precedencia resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
7 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC486-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC486-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04702-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Andr\u00e9s Felipe Le\u00f3n Jim\u00e9nez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60703","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60703","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60703"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60703\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60703"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60703"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60703"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}