STC494-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC494-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00082-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Martina Pe\u00f1a \u00c1vila contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial 2015-00554. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y de los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio se adelanta el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes 2015-00554, promovido por Mar\u00eda Martina Pe\u00f1a \u00c1vila contra Alirio Mardoqueo L\u00f3pez Morales. <\/p>\n
2.2. El 12 de febrero de 2018 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos; en esa oportunidad, la ac\u00e1 accionante, por conducto de su apoderado, formul\u00f3 objeciones que fueron resueltas desfavorablemente mediante providencia de dicha data. <\/p>\n
2.3. La aludida determinaci\u00f3n fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante, siendo confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio el 29 de junio de 2021. <\/p>\n
3. La gestora acusa la incursi\u00f3n, por parte de las autoridades cognoscentes, en defectos \u00abf\u00e1ctico y sustantivo\u00bb; el primero \u00abpor valoraci\u00f3n defectuosa del acervo probatorio\u00bb y el segundo por cuanto los querellados realizaron \u00abuna interpretaci\u00f3n contra legem del art. 501 del C.G.P.\u00bb y del \u00abart. 7 de la Ley 54 de 1990, los art\u00edculos 1771 a 1848 del C\u00f3digo Civil\u2026 y 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 28 de 1932\u00bb. <\/p>\n
Por ello, solicita \u00abse invaliden las decisiones cuestionadas y ordene\u2026 emitir una nueva decisi\u00f3n que garantice nuestras prerrogativas superiores, excluyendo las partidas de los pasivos indebidamente incluidas e incluyendo la compensaci\u00f3n reclamada por mi representada\u00bb. <\/p>\n
1. La Juez Cuarta de Familia de Villavicencio se opuso a la prosperidad del resguardo pues \u00abno ha vulnerado los derechos invocados por el accionante\u2026 toda vez que se adelant\u00f3 el proceso de acuerdo a la norma aplicable para este asunto y se ha garantizado el tr\u00e1mite pertinente y oportuno de todas las objeciones y recursos interpuestos contra las decisiones\u2026 proferidas\u00bb, al tiempo que en la providencia cuestionada se expresaron las razones de \u00edndole probatoria y jur\u00eddica para resolver desfavorablemente las objeciones formuladas por la ac\u00e1 gestora, denot\u00e1ndose que lo pretendido con la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, es obtener una instancia a trav\u00e9s de la cual se acceda a su pedimento. <\/p>\n
2. Un abogado que sostuvo haber actuado \u00aben calidad de apoderado del se\u00f1or Alirio Mardoqueo L\u00f3pez Morales\u00bb, adujo desempe\u00f1arse actualmente como notario del municipio de Vistahermosa \u00ablo cual me imposibilita para ejercer como abogado y menos como representante judicial\u00bb de la prenombrada persona; sin embargo, al margen de dicha circunstancia, se\u00f1al\u00f3 que los fundamentos de las decisiones cuestionadas se soportaron tanto en las normas llamadas a gobernar la materia y en las pruebas allegadas al proceso, por lo que solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda. <\/p>\n
3. Germ\u00e1n D\u00edaz Ortigoza, quien dijo ser \u00abcesionario reconocido\u00bb y comparecer en tal calidad y como \u00abapoderado del se\u00f1or Hermides Ospina Ram\u00edrez\u00bb luego de hacer un extenso relato a cerca de sus pretensiones tanto en el proceso ejecutivo como en el liquidatorio, expres\u00f3 \u00abcoincidir\u00bb con los criterios de los juzgadores de instancia \u00abpor estimarlo ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Villavicencio vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, al interior de la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes 2015-00554 en el que es demandante, con la expedici\u00f3n del auto de 29 de junio de 2021 a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la providencia de 12 de febrero de 2018 en la que el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad resolvi\u00f3 desfavorablemente las objeciones formuladas frente a los inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil Familia Laboral de la aludida corporaci\u00f3n, comoquiera que fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto del 29 de junio de 2021, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura accionada, luego de hacer un breve recuento de los antecedentes procesales relevantes, identific\u00f3 los reparos formulados por la demandantes en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) indic\u00f3 el recurrente que deb\u00eda excluirse el pasivo reconocido a favor del se\u00f1or Hermides Ospina Ram\u00edrez -numeral primero- en tanto este acreedor ya hab\u00eda ejecutado los t\u00edtulos valores ante el juez competente por lo que no pod\u00eda buscar la soluci\u00f3n de la obligaci\u00f3n dos veces. Adem\u00e1s, que los documentos que conten\u00edan la obligaci\u00f3n no fueron presentados en la audiencia de inventarios y aval\u00faos. Finalmente, resalt\u00f3 que al haberse sostenido que este pasivo no ten\u00eda la connotaci\u00f3n de ser un \u201cpasivo social\u201d, correspond\u00eda a la parte demandada o al acreedor, demostrar dicha calidad, para que tal obligaci\u00f3n fuera asumida por la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Respecto de lo dispuesto en el numeral diecis\u00e9is, mediante el que se aprob\u00f3 la partida tercera del pasivo presentada por el demandado, critic\u00f3 que la misma no cumpl\u00eda con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 34 de la Ley 63 de 1936 en la medida que \u201cno se indica qui\u00e9n es el deudor, la fecha de creaci\u00f3n de los supuestos t\u00edtulos o deudas, fecha de exigibilidad, desde cu\u00e1ndo se deben intereses, si existen garant\u00edas sobre esos presuntos cr\u00e9ditos, el aporte del comprobante id\u00f3neo y dem\u00e1s especificaciones pertinentes\u201d, circunstancia que aparejaba su exclusi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, respecto de la exclusi\u00f3n de la partida novena -numeral 10- aclar\u00f3 que lo denunciado en la audiencia de inventarios, fue la \u201ccompensaci\u00f3n a que hubo lugar por la venta de un inmueble que pertenec\u00eda a la sociedad patrimonial (\u2026) sin que mi poderdante hubiese recibido el cincuenta por ciento (50 %) de los dineros de la venta\u2026\u201d y no el inmueble como tal, como -a su juicio- pareci\u00f3 entenderlo la se\u00f1ora juez a quo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sostuvo que el precedente expuesto en la sentencia C-278 de 2014 no era aplicable al presente asunto, en la medida que all\u00ed no se contemplaron todas las hip\u00f3tesis \u201c\u2026 en las cuales puede operar la figura de las recompensas y compensaciones en el r\u00e9gimen de la sociedad patrimonial\u2026\u201d aunado a que, los preceptos establecidos en los art\u00edculos 1771 a 1848 del C\u00f3digo Civil, son aplicables a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial por expreso mandato legal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en la resoluci\u00f3n del asunto, para lo cual abord\u00f3 el estudio, de forma individual, de cada una de las objeciones formuladas. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, se refiri\u00f3 a la partida relativa al pasivo inventariado consistente en un cr\u00e9dito a favor de Hermides Ospina Ram\u00edrez (partida tercera del pasivo denunciado por el demandado en el pleito ordinario) recordando, inicialmente, lo regulado en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, luego de lo cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) pasa por alto el recurrente que con el escrito visible a folio 27 y ss, del cuaderno principal, el demandado Alirio Mardoqueo L\u00f3pez Morales adem\u00e1s de relacionar esta acreencia en la partida tercera del pasivo, aporto copia de cuatro letras de cambio\u2026 giradas a favor del mencionado acreedor, as\u00ed como tambi\u00e9n copia del auto proferido el 19 de abril de 2017, por medio del cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 dentro del proceso 2016-00338\u2026 orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra del aqu\u00ed demandado\u2026 <\/p>\n
As\u00ed mismo\u2026 la se\u00f1ora apoderada judicial del mencionado acreedor\u2026 previo a la celebraci\u00f3n de la audiencia de que trata el art\u00edculo 501\u2026 aport\u00f3 certificaci\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, que da cuenta de la existencia del proceso ejecutivo promovido por este en contra del aqu\u00ed demandado\u2026 as\u00ed como cuatro copias de las letras de cambio ejecutados\u2026 documentos de los que se corri\u00f3 traslado a las partes en la audiencia\u2026 <\/p>\n
Obra igualmente\u2026 el oficio\u2026 remitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en el que\u2026 certifica la existencia del proceso ejecutivo singular NUR \u20262016-00338\u2026 y aporta en cuatro folios copias de los t\u00edtulos valores ejecutados <\/p>\n
Quiere decir ello, que desde los albures [sic] de la etapa liquidatoria el demandado\u2026 y el acreedor\u2026 aportaron prueba de la existencia de la obligaci\u00f3n a cargo del primero\u2026 y a favor del segundo, sin que fuera necesario, como parece sugerirlo la parte apelante, que se aportara el t\u00edtulo original en la audiencia de inventarios y aval\u00faos. Ello, en la medida que con base en los mencionados documentos\u2026 pod\u00eda colegirse la existencia de la obligaci\u00f3n\u2026 y que presta m\u00e9rito ejecutivo, que es al fin y al cabo, lo que exige el art\u00edculo 501 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora, en torno al presunto quebrantamiento del principio constitucional del \u00abnon bis in \u00eddem\u00bb, indic\u00f3 que el hecho de que el acreedor hubiere acudido a la administraci\u00f3n de justicia con anterioridad a la iniciaci\u00f3n del proceso liquidatorio, para buscar la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00abno impide que a su vez concurra a este proceso a inventariar el mismo, pues lo cierto es que los efectos de acudir a una u otra v\u00eda se ver\u00e1n reflejados es en el pago de la acreencia, de lo que deber\u00e1 informarse por parte del acreedor y su apoderado al despacho que tramita la ejecuci\u00f3n, si es que primero se satisface su cr\u00e9dito con la partici\u00f3n que se realice en este asunto\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, frente a la \u00abpartida novena del activo denunciado\u00bb, a trav\u00e9s de la cual Mar\u00eda Martina Pe\u00f1a \u00c1vila buscaba la inclusi\u00f3n de \u00abla compensaci\u00f3n\u2026 del activo por $1.420.227.431 relativa a la venta del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 236-56289\u2026 en la medida que este fundo fue adquirido y vendido en vigencia de la sociedad patrimonial\u00bb sostuvo la colegiatura ad quem, con apoyo del material probatorio allegado y el precedente jurisprudencial de esta Corte (CSJ SC de 15 sep. de 1993, Rad. 3587) lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) puede afirmarse que es cierto, como lo dijo la parte demandante, que el predio\u2026 fue adquirido\u2026 y vendido\u2026 en vigencia de la sociedad patrimonial declarada entre las partes. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, tenemos entonces que est\u00e1 acreditado que el acto de disposici\u00f3n del predio realizado por el se\u00f1or Alirio Mardoqueo\u2026 se produjo cuando el v\u00ednculo afectivo con la aqu\u00ed demandante se encontraba vigente, por lo que de conformidad con la disposici\u00f3n citada [art. 1\u00ba de la Ley 23 de 1932] el compa\u00f1ero permanente ten\u00eda plena facultad de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de sus bienes y no estaba obligado a rendirle cuentas de su gesti\u00f3n a su compa\u00f1era. <\/p>\n
Circunstancia que releva al suscrito\u2026 de entrar a estudiar lo relativo a la compensaci\u00f3n, pues es claro que el bien inmueble\u2026 ingres\u00f3 y sali\u00f3 del patrimonio del se\u00f1or Alirio Mardoqueo\u2026 cuando \u00e9l ten\u00eda pleno ejercicio de la libre administraci\u00f3n que de ellos autoriza el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932. Adem\u00e1s porque seg\u00fan el an\u00e1lisis realizado, no est\u00e1 probado que los bienes de exclusiva propiedad del demandado se enriquecieran con los bienes del haber social, como para hablar de compensaci\u00f3n a favor del haber com\u00fan, tal como lo sostiene el apelante (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que se sustenta en las disposiciones legales y jurisprudencia pertinentes, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la gestora del resguardo se\u00f1ala los que, en su sentir, son \u00abdefectos\u00bb del juzgador ad quem en el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de este por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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