STC506-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC506-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00686-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 24 de noviembre de 2021, que deneg\u00f3 el amparo promovido por Edgar Luis M\u00e1rquez Macia contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso ejecutivo de radicado 2005-00563-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Yarlide Coa Blanco interpuso demanda ejecutiva en contra del aqu\u00ed accionante, con el fin de que se libre \u00abmandamiento de pago [\u2026] por la suma equivalente a [\u2026] $51.585.370, m\u00e1s los intereses moratorios [\u2026]\u00bb. Ello, en virtud del incumplimiento de las cuotas dispuestas \u00aben la sentencia emitida por es[e] despacho y que homolog\u00f3 el acuerdo entre las partes de fecha 13 de julio de 2016, la cual contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de abril de 2019, el despacho acusado orden\u00f3 \u00ablibrar mandamiento de pago por la v\u00eda ejecutiva en contra del se\u00f1or EDGAR LUIS MARQUEZ MACIA [\u2026]\u00bb por la suma de $51.585.3702. Tal determinaci\u00f3n no fue objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
2.3. El tutelante present\u00f3 \u00abexcepciones de m\u00e9rito\u00bb, relativas a que: (i) \u00abla parte demandante est\u00e1 ejecutando [\u2026] por m\u00e1s de lo que realmente [se debe]\u00bb, (ii) \u00abha cumplido con su obligaci\u00f3n alimentaria con su hijo\u00bb, y (iii) el valor de la cuota alimentaria \u00abest\u00e1 condicionado por la vinculaci\u00f3n contractual del [demandado] con la empresa SAIMPEM [\u2026], y el se\u00f1or M\u00e1rquez Macia no labora all\u00ed desde hace varios a\u00f1os [\u2026]\u00bb3. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor interpuso \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb5. Sin embargo, la citada autoridad lo despachado desfavorablemente, toda vez que se trat\u00f3 de una resoluci\u00f3n de \u00fanica instancia, conforme al numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso6. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, manifest\u00f3 que luego de que se surtieran los interrogatorios de parte y los alegatos de conclusi\u00f3n, no se llev\u00f3 a cabo \u00ablas pr\u00e1cticas de pruebas. Circunstancias que deja[ron] pasar por alto, pensando que el Juzgado iba a corregir el yerro de haber ordenado mandamiento de pago, echando para atr\u00e1s las irregularidades que avizora[ron] en las excepciones de fondo [\u2026]\u00bb. Igualmente, anot\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n le fue rechazado por improcedente, sin embargo, considera que la funcionaria judicial \u00abpod\u00eda adecuarlo (318 CGP), o sea, debi\u00f3 tramitarlo por las reglas del recurso precedente, como lo era el remedio horizontal y en atenci\u00f3n a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que las providencias reprochadas \u00abadolecen de un grave defecto f\u00e1ctico, teniendo en cuenta que el documento que sirve de t\u00edtulo base de recaudo no re\u00fane los requisitos sustanciales establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso, porque no contienen una obligaci\u00f3n actualmente exigible, en la medida en que estaba supeditada al cumplimiento de unas condiciones que la parte demandante del proceso ejecutivo de alimentos no demostr\u00f3\u00bb. Y, agreg\u00f3 que el \u00abacuerdo extraprocesal homologado por el despacho supeditaba la suma pactada como cuota alimentaria a la vinculaci\u00f3n del [demandado] en la empresa SAIMPEM, condici\u00f3n que nunca fue demostrada, desvirtuando la exigibilidad del t\u00edtulo, y, por lo tanto, no era dable declarar no probadas las excepciones propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, resalt\u00f3 que la \u00abprovidencia recurrida adolece de un grave defecto sustantivo, porque la se\u00f1ora juez aplic\u00f3 erradamente el segundo inciso del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual establece que los requisitos formales del t\u00edtulo solo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago\u00bb. Ello es as\u00ed, pues en su consideraci\u00f3n \u00abla exigibilidad es un requisito esencial o sustantivo \u2013no formal- del t\u00edtulo ejecutivo, por lo tanto, su discusi\u00f3n s\u00ed deb\u00eda tramitarse mediante sentencia que decidiera las excepciones de m\u00e9ritos contenidas en la contestaci\u00f3n de la demanda, y no mediante recurso de reposici\u00f3n como erradamente lo expuso el despacho accionado en la sentencia reprochada\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abdejar sin efectos [\u2026] el auto del 1 de abril de 2019, mediante el cual se libr\u00f3 orden de pago [y de la] sentencia proferida en audiencia del 2 de octubre de 2021 por el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, mediante el cual se declar\u00f3 no probadas las excepciones de exceptio plus petitum, pago y cobro de lo no debido, ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n, ordenando la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, etc.\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado querellado remiti\u00f3 copia del expediente digital. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar que el ejecutado no acredit\u00f3 haber \u00abatacado el mandamiento de pago con la herramienta ordinaria puesta a su disposici\u00f3n para controvertir la validez del t\u00edtulo que soporta la obligaci\u00f3n\u00bb, por lo que le asisti\u00f3 m\u00e9rito a los argumentos de la juez accionada al \u00abdespachar de manera desfavorable su petici\u00f3n\u00bb frente a la ineptitud del t\u00edtulo. <\/p>\n
Adicionalmente, con relaci\u00f3n a los cuestionamientos por la falta de pr\u00e1ctica de prueba en esa instancia, se\u00f1al\u00f3 que la funcionaria judicial querellada \u00ab[\u2026] adem\u00e1s de ser improcedente tal reproche en esta sede (por cuanto ante la negatoria del decreto de una prueba pedida bien podr\u00eda el apoderado del accionante haber interpuesto los recursos de ley) no es cierto que se le haya negado tal prerrogativa, pues se encuentra acreditado que las pruebas que merec\u00edan practica tuvieron lugar y las documentales se tuvieron como tales\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, se\u00f1alando, esencialmente que \u00abimpugn[aba] el fallo de tutela de fecha 24 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el accionante, pues en su consideraci\u00f3n, el t\u00edtulo objeto de recaudo no cumpl\u00eda con el requisito esencial de exigibilidad, dado que \u00abno re\u00fane los requisitos sustanciales establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso, [\u2026] en la medida en que estaba supeditada al cumplimiento de unas condiciones que la parte demandante del proceso ejecutivo de alimentos no demostr\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, se observa que el Juzgado accionado en providencia del 20 de octubre de 2021, al resolver la causa ejecutiva, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se habr\u00eda paso a denegar las excepciones de m\u00e9rito propuestas7. Para ello, comenz\u00f3 por enunciar cada uno de los medios exceptivos alegados por el extremo demandado, a saber: \u00abexceptio plus petitum\u00bb, pues \u00abla parte demandante [\u2026] est\u00e1 solicitando m\u00e1s de lo realmente debido, que no se tuvieron en cuenta ciertos aspectos del acuerdo extraprocesal que sirvi\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo y que en el mismo no se inform\u00f3 o no se dijo que las cuotas deb\u00edan ajustarse de acuerdo al IPC\u00bb. Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el mencionado acuerdo se dice de manera libre y espont\u00e1nea que la cuota acordada est\u00e1 sujeta a la vinculaci\u00f3n contractual del demandado con la empresa SAIMPEM, y que como se probar\u00e1 en el proceso, el demandado no est\u00e1 vinculado a la misma\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, la juez indic\u00f3 que el ejecutado propuso \u00abel pago\u00bb de la obligaci\u00f3n, en el sentido de que \u00abel acuerdo extraprocesal estaba condicionado a la continuidad de la vinculaci\u00f3n contractual del se\u00f1or M\u00e1rquez Macia con la empresa SAIMPEM\u00bb. Adem\u00e1s, de que la parte coligi\u00f3 que \u00abha cumplido con su obligaci\u00f3n alimentaria con su hijo\u00bb. Sin embargo, el Despacho, en este punto, refiri\u00f3 que \u00abno se aportaron documentos que dieran fe del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, pues por lo menos no en las fechas establecidas o cobradas a trav\u00e9s de la demanda ejecutiva de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la funcionaria mencion\u00f3 que el extremo pasivo aleg\u00f3 la \u00abexcepci\u00f3n de cobro de lo no debido\u00bb, aduciendo que \u00abno se est\u00e1 cobrando realmente lo que se debe\u00bb. Ello pues, por un lado, \u00abno se puede aumentar la cuota del IPC, tal y como lo hizo la parte demandante [\u2026]\u00bb. Y por otro, el demandado \u00abno se encuentra vinculado actualmente a la empresa a la que se encontraba vinculado\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, consider\u00f3 que conforme a la normativa procesal que regla lo pertinente para estos juicios, \u00abel legislador ha sido claro en el sentido de manifestar que dentro de los procesos correspondientes a cobros de cuotas alimentarias\u00bb, la excepci\u00f3n que puede exponerse es la del \u00abcumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, ya que \u00abel pago es la \u00fanica manera de satisfacer la obligaci\u00f3n contra\u00edda dentro de un t\u00edtulo ejecutivo que contiene como obligaci\u00f3n la necesidad de suministrar alimentos, en este caso a un menor de edad\u00bb. Por tanto, mencion\u00f3 que \u00abse torna en evidentemente improcedente las excepciones 1 y 3, esto es, la primera de exceptio plus petitum y la de cobro de lo no debido, por lo que corresponde [\u2026] resolver exclusivamente respecto de la excepci\u00f3n de pago\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, advirti\u00f3 que \u00ablos argumentos del apoderado de la parte demandada son dos b\u00e1sicamente, uno el que corresponde a que no deben cobrarse una cuota mayor de la establecida en el t\u00edtulo ejecutivo, esto es la suma de $500.000 pesos, esto es en la medida en que el mismo t\u00edtulo ejecutivo no se estableci\u00f3 una modalidad o mecanismo de incremento de la cuota establecida. El segundo de los argumentos [\u2026], refiere a la situaci\u00f3n que manifiesta en el sentido de que el demandado no se encontraba laborando en la empresa citada, por lo que no podr\u00eda hacerse exigible la obligaci\u00f3n contenida dentro del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, cit\u00f3 lo relativo al art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, el cual, \u00abestablece que la cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliaci\u00f3n o en acuerdo privado, se entender\u00e1 reajustada a partir del primero de enero y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al \u00edndice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez o las partes de com\u00fan acuerdo establezcan otra forma de reajuste peri\u00f3dico\u00bb. Al respecto, discurri\u00f3 que esa modalidad de reajuste de las cuotas alimentarias \u00abobedecen [\u2026] a la necesidad de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los menores\u00bb, operaci\u00f3n que se debe cumplir \u00abipso jure independientemente de que un acuerdo, o en una providencia judicial o en un auto que homologa alg\u00fan acuerdo como en el presente caso se hubiese manifestado o no\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resalt\u00f3 que no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad \u00abla excepci\u00f3n propuesta por el apoderado demandado, en el sentido de alegar que la cuota no se pod\u00eda aumentar o incrementar como lo hiciera el abogado de la parte demandante [\u2026]\u00bb, toda vez que este present\u00f3 los incrementos con base en el IPC \u00abde la cuota que comenz\u00f3 en inicios del a\u00f1o 2007 en una suma de $500.000, y a trav\u00e9s de los aumentos de los porcentajes correspondientes del IPC, esto es en el 2007, 4.48, y as\u00ed sucesivamente\u00bb. Y, en referencia al \u00abt\u00edtulo que prest\u00f3 m\u00e9rito ejecutivo\u00bb, observ\u00f3 lo reglado por la codificaci\u00f3n procesal, sin que ello permita hacer \u00abinterpretaci\u00f3n distinta de lo que el legislador ha establecido de manera clara y enf\u00e1tica dentro de las normas\u00bb. Por lo expuesto, concluy\u00f3 \u00abque no est\u00e1n llamadas a prosperar las excepciones propuestas por el apoderado de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, resulta necesario resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente8 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Con relaci\u00f3n a lo expuesto por el censor, relativo a que no se \u00abhiciera u ordenara las pr\u00e1cticas de pruebas\u00bb, la Sala advierte la improcedencia de la queja, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, de acuerdo con lo verificado en el audio de la sentencia del 20 de octubre de 2021 -que defini\u00f3 la litis de marras-, se avizora que el actor no present\u00f3 en la oportunidad procesal respectiva, cuestionamientos contra lo determinado por la juez al interior de la actuaci\u00f3n, la cual resolvi\u00f3 decretar concluida la etapa de instrucci\u00f3n9. <\/p>\n
En efecto, es ineludible que desperdici\u00f3 la herramienta que tuvo a su alcance, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n. Dicho medio era viable de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual debi\u00f3 ser alegado \u00ab[\u2026] inmediatamente se pronuncie el auto\u00bb. Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
6. Para terminar, y en atenci\u00f3n a que no se adecu\u00f3 el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb impetrado por el actor frente a la sentencia del 20 de octubre de 2021 conforme a lo estipulado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C.G.P. la Sala advierte, por un lado, que era dable decretar la improcedencia del remedio de alzada frente a la providencia que defini\u00f3 el compulsivo, por cuanto el numeral 7\u00b0 del canon 21 prev\u00e9 dicho tr\u00e1mite como de \u00fanica instancia. Y por otro, de cara a lo surtido en las manifestaciones vistas en la audiencia de fallo10, no se permiti\u00f3 colegir si la solicitud pretend\u00eda la correcci\u00f3n, aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n del veredicto, medios procedentes frente a la determinaci\u00f3n citada. <\/p>\n
En un caso de temperamento similar, la Corte resalt\u00f3 que <\/p>\n
\u00abfrente a la decisi\u00f3n del 7 de mayo actual, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 dijo que el proceso ejecutivo de alimentos es un asunto de \u00fanica instancia, y por lo tanto, no procede el recurso de apelaci\u00f3n, advierte la Sala que dicha determinaci\u00f3n obedece a una respetable interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que se entiende que esa decisi\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio respetable, en tanto que en ella se expusieron los fundamentos que sirvieron de sustento para declarar inadmisible la alzada formulada por el quejoso contra la sentencia que declar\u00f3 no probadas las excepciones all\u00ed propuestas y, por contera, sigui\u00f3 con la ejecuci\u00f3n, comoquiera que el asunto en el que se emiti\u00f3 tal orden, es un juicio ejecutivo de alimentos de \u00fanica instancia, y por tal efecto, no susceptible de alzada (CSJ STC11405-2021. Sept. 1\u00b0 de 2021. Rad. 2021-00216-01). <\/p>\n
7. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 39 a 46 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 51 a 52 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 27 a 29 del archivo PDF \u00ab01Dmdt Yarledis Coa Blanco Dmdo Edgar M\u00e1rquez Macia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab10.ActaAudiencia0563-05\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Mins. 1:02:51 al 1:03:57 del archivo de video \u00ab09.0563-05 Ejecutivo de Alimentos -20211020_152025-Grabaci\u00f3n de la reuni\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Mins. 1:05:00 al 1:06:10 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Mins. 0:49:45 a 0:59:56 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, entre otras. <\/p>\n
9\u0002 Mins. 0:28:14 a 0:28:44 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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STC506-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC506-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00686-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60716","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60716"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60716\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}